Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán presentó una moción escrita a mano al juez Brian M. Cogan, en la cual solicita un nuevo juicio debido a diversas irregularidades en el proceso que lo condenó a cadena perpetua.

Según imágenes del documento que compartió el periodista Alejandro Rincón de NTN24, Guzmán alega que su extradición a los Estados Unidos fue irregular.

«La extradición al Distrito Este de Nueva York fue ilegal. Yo debí haber sido extraditado al Distrito Este de Texas y al Distrito Sur de California. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado», afirma Guzmán en el documento que menciona Rincón.

Además, sostiene que no recibió una defensa adecuada.

«Mis abogados, tanto del juicio como de la apelación, no fueron efectivos. No contra examinaron a los testigos correctamente, lo que resultó en mi culpabilidad. Tampoco lucharon para excluir cierta evidencia del caso», señala el exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

Actualmente, Guzmán tiene como abogada a Mariel Colón Miró, quien también defendió a su esposa, Emma Coronel. Durante el ‘juicio del siglo’, su equipo legal lo encabezó Jeffrey Lichtman, quien ahora representa a sus hijos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, acusados en Chicago.

Es relevante destacar que en esta ocasión, ‘El Chapo’ se representó a sí mismo, ya que figura como su propio abogado en el documento. La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito recibió la solicitud el 15 de octubre, y aún no se conoce la respuesta de las autoridades.

Ismael Zambada García, “El Mayo”, podría ser condenado a pena de muerte en Estados Unidos (EE.UU).

Dicha condena en contra del histórico capo del cártel de Sinaloa podría aplicársele debido a que no fue extraditado por el gobierno de aquel país, sino secuestrado y entregado por otro criminal mexicano.

La operación clandestina para introducir a Zambada a EE.UU fue ejecutada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que “El Mayo” quedó fuera de los ordenamientos legales de un acusado extraditado.

Lo anterior fue dado a conocer este viernes (18.10.24) en el status report (reporte de estatus) celebrado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, encabezado por primera vez por el juez Brian M. Cogan.

A diferencia del juicio contra “El Chapo”, el caso de Zambada incluye acusaciones por tráfico de fentanilo y otros crímenes desde los años ochenta hasta 2024.

Es, precisamente, la acusación por tráfico de fentanilo hacia los EE.UU la que podría impulsar la petición de pena de muerte en contra de “El Mayo”.

Se informó que entre el cúmulo de evidencia que existe contra el capo mexicano se encuentran grabaciones, registros de aseguramientos e intercepciones y que por la relevancia de caso podrían realizarse audiencias secretas.

Durante el status report resultó llamativo el aspecto menos decaído del capo sinaloense, con el cabello más largo y con una abundante barba canosa.

Zambada es acusado de 17 cargos criminales. El juez estableció la celebración de la primera audiencia el próximo 15 de enero de 2025.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó este miércoles (16.10.24) una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Reforma al Poder Judicial.

A través de un comunicado, los senadores naranjas lamentaron la falta de análisis y de conocimiento de sus pares morenistas quienes aprobaron una “mal llamada Reforma Judicial” llena de inconsistencias.

“La mal llamada Reforma Judicial (…) trae consigo diversos obstáculos que no fueron analizados ni con el detenimiento suficiente, ni con un conocimiento profundo de sus consecuencias”, se lee en el documento.

“La legitimidad (de la misma) se ha basado únicamente en la aprobación de una mayoría artificial del partido en el poder y sus aliados, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados”.

Los legisladores emecistas, dice el comunicado, confían en la transformación de las reglas democráticas, siempre que sea el resultado de un proceso consciente, informado y enriquecido con las opiniones de la pluralidad política.

La acción de inconstitucionalidad presentada por MC está estructurada a partir de “cinco ejes de violaciones”, según se explica, que a su vez desarrollan más violaciones que deben ser analizadas por la SCJN.

“En ella (la acción de inconstitucionalidad) se plantean cinco ejes de violaciones: 1) por violaciones al principio de seguridad jurídica al existir vicios en el procedimiento legislativo; 2) por violaciones al principio de legalidad al faltar fundamentación y motivación; 3) por violaciones a los principios del buen gasto público; 4) por afectaciones generalizadas al orden democrático; 5) por inconvencionalidad de la reforma impugnada”, puede leerse.

“Como ejemplo de otras inconsistencias de la Reforma Judicial se encuentran diversas violaciones en el procedimiento parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en los congresos locales; por el incumplimiento de suspensiones judiciales; por no incluir a pueblos, barrios y comunidades indigenas y a personas con discapacidad  en una legislación que les afecta de forma inminente; por la indebida fundamentación y motivación en el dictamen legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República; por distorsionar los conceptos de democracia representativa del artículo 41 constitucional; por distorsionar la emisión del voto; por afectar de manera irreversible la justicia electoral y por afectar el régimen de derechos políticos y las obligaciones democráticas del estado mexicano, entre otras”.

En el boletín se sostiene que MC considera que el Poder Judicial de la Federación y la administración de justicia en el Estado Mexicano se encuentra en riesgo.

También denuncia el menoscabo de los derechos de las personas juzgadoras por lo que, a través de dicha acción de inconstitucionalidad, solicita que se suspendan los efectos y consecuencias de la Reforma Judicial aprobada.