Opinión
La trampa de la movilidad urbana en la Ciudad de México

Llevo 3 meses haciendo trabajo de campo en la Ciudad de México para mi tesis doctoral. Todavía tengo un mes y medio por delante en esta metropoli, pero regresaré en el verano de 2019 para seguir levantando investigación de campo. Mi proyecto de investigación lleva por nombre: “Personas, empleos e infraestructura de transporte en la Ciudad de México”. El objetivo de esta entrega para CuartaMx es escribir por primera vez lo que me parece que está pasando en esta ciudad, y que seguramente será la tesis que sostendré en mi disertación. Cualquier retroalimentación es muy bienvenida. Aquí voy.
La Ciudad de México tiene graves problemas de movilidad urbana y eso no es sorpresa para nadie. Pero los problemas no son nuevos, comenzaron por lo menos desde la década de los cincuentas cuando la ciudad se industrializó de manera acelerada por la política de substitución de importaciones. El acelerado incremento de la actividad industrial trajo consigo una importante ola migratoria con su correspondiente producción de espacio urbano. La expansión urbana puso presión a la capacidad de la ciudad para transportar de manera efectiva a sus nuevos habitantes.
La Ruta 100
Como resultado, la Ciudad de México fue objeto de una importante intervención del Estado en temas de transporte público durante el periodo que comprende desde finales de los sesentas hasta finales de los ochentas. En este periodo se hicieron importantes inversiones en el sistema de metro de la ciudad y hasta se expropió el pulpo camionero para crear la Ruta 100, una empresa de transporte público de propiedad totalmente estatal. Pero aquel buen momento del transporte público pasó, y desde principios de la década de los noventas la preocupación por el transporte público se fue desvaneciendo. La Ruta 100 se declaró en quiebra para después concesionarse, y la construcción del metro se ralentizó considerablemente.
No fue sino hasta principios de los años dos miles que se retomó la inquietud por mejorar la movilidad, pero ahora de la mano de la preocupación por la mala calidad del aire. Desde entonces se han retomado las acciones públicas por mejorar la movilidad de la ciudad a través de construir infraestructura vial -como los segundos pisos del periférico y las vías elevadas-, la implementación del nuevos esquemas público-privados para incrementar la oferta de transporte público -como el metrobús y el mexibús- o la promoción de nuevas alternativas de transporte no motorizado -como la ciclovía de Reforma o el sistema de bicicletas públicas Ecobici-.
Derecho a la movilidad
La discusión sobre el trasporte en la ciudad volvió a sufrir una nueva transformación a mediados de la presente década. Ahora, la discusión se está orientando hacia reconocer y garantizar el ‘derecho a la movilidad’ de las personas que habitan la ciudad. Es decir, que el Estado debe garantizar que las personas se puedan mover a través del espacio urbano para realizar sus actividades económicas, sociales y culturales. Cómo garantizar este derecho es una discusión que aún se está dando y que está lejos de ser resuelta: aún se discute cuál debería ser la combinación ideal de modos de transporte y las modalidades a través de las cuales el Estado puede garantizar el derecho.
Como resultado de todo este debate el concepto de ‘el viaje’ está ganando supremacía. La configuración de la acción pública se está enfocando en resolver ‘el viaje’ de las personas. Esto no tiene nada de malo en sí mismo, pero me parece que concentrar la atención en el viaje está restando atención a otros aspectos que también son importantes para comprender de forma más integral las implicaciones la movilidad urbana: específicamente me refiero a cuáles son las razones detrás de la existencia de ‘el viaje’.
Los elementos del viaje
Mi propuesta es que para comprender bien la movilidad de la Ciudad de México tenemos que ampliar la discusión para visibilizar la interacción entre tres elementos. El primero sí es el viaje, está bien. Pero el segundo es ‘dónde’ se origina el viaje y el tercero es ‘el destino’ del viaje. Estos elementos son muy complejos porque tienen que ver con agendas de investigación que normalmente se estudian por separado y desvinculadas de la agenda de movilidad urbana.
Para analizar estos elementos faltantes en la discusión voy a traer unos datos de contexto. De acuerdo con la última encuesta origen-destino levantada por el INEGI en el 2017, en un día entre semana en la Ciudad de México se realizan 34.56 millones de viajes, de los cuáles el 47.3% son para regresar al hogar y el 22% son para ir al trabajo. Es decir, que prácticamente el 70% de los viajes que se realizan en la Ciudad de México tienen que ver con el “lugar” en el que residen las personas y el “lugar” en el que trabajan. Esto significa que, contra la supremacía de “el viaje” en la discusión sobre la movilidad urbana, también hay que agregar a la discusión “el lugar”. Es decir, desde donde se hacen los viajes y cuál es su destino.
Discutir sobre el lugar
Por un lado, la discusión sobre “el lugar” en el que se localizan los hogares tiene que ver con las áreas de investigación sobre la producción del hábitat y la política de vivienda. Esta agenda de investigación está más orientada a discutir los procesos de urbanización informal, las lógicas del mercado inmobiliario y los esfuerzos del Estado por proveer vivienda de interés social. Por otro lado, la discusión sobre dónde se localizan las fuentes de empleo tiene que ver más con la literatura sobre economías de aglomeración y urbanización, con los esfuerzos del Estado para fomentar cierto tipo de actividad económica, o con las lógicas detrás del funcionamiento de la economía informal.
Pero el problema es que estas tres discusiones se están dando en sus respectivas arenas académicas y esferas públicas. Desafortunadamente, estas tres conversaciones rara vez se juntan. Pero unir estas tres discusiones sería muy conveniente para el campo de la movilidad urbana. Lo que estoy sosteniendo es que si pensamos en la interacción de estos tres elementos y sus implicaciones para la movilidad urbana -el lugar de residencia, el lugar de trabajo y el viaje-, entonces podemos comenzar a confeccionar otros tipos de hipótesis que quizá nos revelarían historias más ricas sobre lo que está pasando en la Ciudad de México, y que nos ayudarían a diseñar mejores políticas urbanas.

Foto: Cuartoscuro.
Desigualdad intra-urbana
He pasado los últimos tres meses pensando en esta interacción -el lugar de residencia, el lugar de trabajo y el viaje-, y en cómo puede tener una influencia sobre los patrones de desigualdad intra-urbana. Como resultado, he desarrollado la hipótesis que voy a compartir a continuación y que orienta mis esfuerzos de investigación. La hipótesis se tiene que leer como una serie de pasos en una cadena causal que desde mi punto de vista está produciendo una trampa de desigualdad en la Ciudad de México:
1-.
Los hogares que están localizados en zonas de la ciudad que carecen de infraestructura de transporte público tienen menos acceso a las actividades económicas de la ciudad. Estos hogares están en desventaja respecto a los hogares localizados en zonas de la ciudad mejor conectadas. Sin embargo, la localización de las personas en estas zonas que están más desconectadas no es coincidencia, sino el producto de la interacción entre el tipo de actividad económica de los hogares y el precio de la vivienda. Las implicaciones de esta cadena causal están reproduciendo una condición de desigualdad entre los hogares de la ciudad.
2-.
Por un lado, el precio de la vivienda en las zonas más desconectadas del transporte público tiende a ser más barato, por lo que estas zonas tienden a atraer a personas con más bajos ingresos que normalmente también poseen menos niveles educativos. Las personas con mayores niveles educativos y con trabajos mejor pagados sí pueden pagar el precio de vivir en zonas de la ciudad mejor conectadas.
3-.
Por otro lado, las personas que viven en zonas más desconectadas del transporte público tienen que gastar más dinero para moverse por la ciudad. En muchas ocasiones, las personas en este tipo de zonas tienen que tomar más rutas para poder conectarse con sus destinos. Además, las rutas de transporte público en el Estado de México tienden a costar más del doble que las rutas al interior de la Ciudad de México.
4-.
La interacción entre los altos costos de transporte y los bajos ingresos hace que las personas que viven en zonas más desconectadas del transporte público tengan que gastar una mayor proporción de sus ingresos mensuales en transportarse. Esto se debe al siguiente mecanismo: cuando las personas tienen trabajos mal pagados, llegar a sus trabajos implica gastar una considerable cantidad de dinero, por lo que los costos asociados al transporte absorben una mayor proporción de su presupuesto mensual. Es decir, a los hogares más pobres y ubicados en zonas más desconectadas de la ciudad les cuesta más dinero poder acceder a sus actividades económicas que a los hogares mejor conectados.
5-.
Este ciclo implica una trampa de pobreza y desigualdad de la que es muy complicado salir. Al gastar una mayor proporción de su ingreso mensual en transportarse, estos hogares tienden a invertir menos en incrementar los niveles educativos de la siguiente generación o en acumular bienes. Por el contrario, los hogares que se encuentran en zonas mejor conectadas -y que de entrada ya contaban con mayores niveles socioeconómicos que los hogares más desconectados porque precisamente pueden pagar el vivir en zonas mejor conectadas- sí pueden invertir una mayor proporción de su ingreso en la educación de la siguiente generación o en bienes.
Aún sigo en el proceso de refinar este argumento y de recopilar la evidencia empírica que me permita sostener mi tesis. Pero, sobre todo, sigo en el proceso de encontrar soluciones de política urbana que nos permitan sacar a las personas de la trampa de pobreza y desigualdad que acabo de describir.
*David López García es Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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