Opinión
La trampa de la movilidad urbana en la Ciudad de México
Llevo 3 meses haciendo trabajo de campo en la Ciudad de México para mi tesis doctoral. Todavía tengo un mes y medio por delante en esta metropoli, pero regresaré en el verano de 2019 para seguir levantando investigación de campo. Mi proyecto de investigación lleva por nombre: “Personas, empleos e infraestructura de transporte en la Ciudad de México”. El objetivo de esta entrega para CuartaMx es escribir por primera vez lo que me parece que está pasando en esta ciudad, y que seguramente será la tesis que sostendré en mi disertación. Cualquier retroalimentación es muy bienvenida. Aquí voy.
La Ciudad de México tiene graves problemas de movilidad urbana y eso no es sorpresa para nadie. Pero los problemas no son nuevos, comenzaron por lo menos desde la década de los cincuentas cuando la ciudad se industrializó de manera acelerada por la política de substitución de importaciones. El acelerado incremento de la actividad industrial trajo consigo una importante ola migratoria con su correspondiente producción de espacio urbano. La expansión urbana puso presión a la capacidad de la ciudad para transportar de manera efectiva a sus nuevos habitantes.
La Ruta 100
Como resultado, la Ciudad de México fue objeto de una importante intervención del Estado en temas de transporte público durante el periodo que comprende desde finales de los sesentas hasta finales de los ochentas. En este periodo se hicieron importantes inversiones en el sistema de metro de la ciudad y hasta se expropió el pulpo camionero para crear la Ruta 100, una empresa de transporte público de propiedad totalmente estatal. Pero aquel buen momento del transporte público pasó, y desde principios de la década de los noventas la preocupación por el transporte público se fue desvaneciendo. La Ruta 100 se declaró en quiebra para después concesionarse, y la construcción del metro se ralentizó considerablemente.
No fue sino hasta principios de los años dos miles que se retomó la inquietud por mejorar la movilidad, pero ahora de la mano de la preocupación por la mala calidad del aire. Desde entonces se han retomado las acciones públicas por mejorar la movilidad de la ciudad a través de construir infraestructura vial -como los segundos pisos del periférico y las vías elevadas-, la implementación del nuevos esquemas público-privados para incrementar la oferta de transporte público -como el metrobús y el mexibús- o la promoción de nuevas alternativas de transporte no motorizado -como la ciclovía de Reforma o el sistema de bicicletas públicas Ecobici-.
Derecho a la movilidad
La discusión sobre el trasporte en la ciudad volvió a sufrir una nueva transformación a mediados de la presente década. Ahora, la discusión se está orientando hacia reconocer y garantizar el ‘derecho a la movilidad’ de las personas que habitan la ciudad. Es decir, que el Estado debe garantizar que las personas se puedan mover a través del espacio urbano para realizar sus actividades económicas, sociales y culturales. Cómo garantizar este derecho es una discusión que aún se está dando y que está lejos de ser resuelta: aún se discute cuál debería ser la combinación ideal de modos de transporte y las modalidades a través de las cuales el Estado puede garantizar el derecho.
Como resultado de todo este debate el concepto de ‘el viaje’ está ganando supremacía. La configuración de la acción pública se está enfocando en resolver ‘el viaje’ de las personas. Esto no tiene nada de malo en sí mismo, pero me parece que concentrar la atención en el viaje está restando atención a otros aspectos que también son importantes para comprender de forma más integral las implicaciones la movilidad urbana: específicamente me refiero a cuáles son las razones detrás de la existencia de ‘el viaje’.
Los elementos del viaje
Mi propuesta es que para comprender bien la movilidad de la Ciudad de México tenemos que ampliar la discusión para visibilizar la interacción entre tres elementos. El primero sí es el viaje, está bien. Pero el segundo es ‘dónde’ se origina el viaje y el tercero es ‘el destino’ del viaje. Estos elementos son muy complejos porque tienen que ver con agendas de investigación que normalmente se estudian por separado y desvinculadas de la agenda de movilidad urbana.
Para analizar estos elementos faltantes en la discusión voy a traer unos datos de contexto. De acuerdo con la última encuesta origen-destino levantada por el INEGI en el 2017, en un día entre semana en la Ciudad de México se realizan 34.56 millones de viajes, de los cuáles el 47.3% son para regresar al hogar y el 22% son para ir al trabajo. Es decir, que prácticamente el 70% de los viajes que se realizan en la Ciudad de México tienen que ver con el “lugar” en el que residen las personas y el “lugar” en el que trabajan. Esto significa que, contra la supremacía de “el viaje” en la discusión sobre la movilidad urbana, también hay que agregar a la discusión “el lugar”. Es decir, desde donde se hacen los viajes y cuál es su destino.
Discutir sobre el lugar
Por un lado, la discusión sobre “el lugar” en el que se localizan los hogares tiene que ver con las áreas de investigación sobre la producción del hábitat y la política de vivienda. Esta agenda de investigación está más orientada a discutir los procesos de urbanización informal, las lógicas del mercado inmobiliario y los esfuerzos del Estado por proveer vivienda de interés social. Por otro lado, la discusión sobre dónde se localizan las fuentes de empleo tiene que ver más con la literatura sobre economías de aglomeración y urbanización, con los esfuerzos del Estado para fomentar cierto tipo de actividad económica, o con las lógicas detrás del funcionamiento de la economía informal.
Pero el problema es que estas tres discusiones se están dando en sus respectivas arenas académicas y esferas públicas. Desafortunadamente, estas tres conversaciones rara vez se juntan. Pero unir estas tres discusiones sería muy conveniente para el campo de la movilidad urbana. Lo que estoy sosteniendo es que si pensamos en la interacción de estos tres elementos y sus implicaciones para la movilidad urbana -el lugar de residencia, el lugar de trabajo y el viaje-, entonces podemos comenzar a confeccionar otros tipos de hipótesis que quizá nos revelarían historias más ricas sobre lo que está pasando en la Ciudad de México, y que nos ayudarían a diseñar mejores políticas urbanas.
Desigualdad intra-urbana
He pasado los últimos tres meses pensando en esta interacción -el lugar de residencia, el lugar de trabajo y el viaje-, y en cómo puede tener una influencia sobre los patrones de desigualdad intra-urbana. Como resultado, he desarrollado la hipótesis que voy a compartir a continuación y que orienta mis esfuerzos de investigación. La hipótesis se tiene que leer como una serie de pasos en una cadena causal que desde mi punto de vista está produciendo una trampa de desigualdad en la Ciudad de México:
1-.
Los hogares que están localizados en zonas de la ciudad que carecen de infraestructura de transporte público tienen menos acceso a las actividades económicas de la ciudad. Estos hogares están en desventaja respecto a los hogares localizados en zonas de la ciudad mejor conectadas. Sin embargo, la localización de las personas en estas zonas que están más desconectadas no es coincidencia, sino el producto de la interacción entre el tipo de actividad económica de los hogares y el precio de la vivienda. Las implicaciones de esta cadena causal están reproduciendo una condición de desigualdad entre los hogares de la ciudad.
2-.
Por un lado, el precio de la vivienda en las zonas más desconectadas del transporte público tiende a ser más barato, por lo que estas zonas tienden a atraer a personas con más bajos ingresos que normalmente también poseen menos niveles educativos. Las personas con mayores niveles educativos y con trabajos mejor pagados sí pueden pagar el precio de vivir en zonas de la ciudad mejor conectadas.
3-.
Por otro lado, las personas que viven en zonas más desconectadas del transporte público tienen que gastar más dinero para moverse por la ciudad. En muchas ocasiones, las personas en este tipo de zonas tienen que tomar más rutas para poder conectarse con sus destinos. Además, las rutas de transporte público en el Estado de México tienden a costar más del doble que las rutas al interior de la Ciudad de México.
4-.
La interacción entre los altos costos de transporte y los bajos ingresos hace que las personas que viven en zonas más desconectadas del transporte público tengan que gastar una mayor proporción de sus ingresos mensuales en transportarse. Esto se debe al siguiente mecanismo: cuando las personas tienen trabajos mal pagados, llegar a sus trabajos implica gastar una considerable cantidad de dinero, por lo que los costos asociados al transporte absorben una mayor proporción de su presupuesto mensual. Es decir, a los hogares más pobres y ubicados en zonas más desconectadas de la ciudad les cuesta más dinero poder acceder a sus actividades económicas que a los hogares mejor conectados.
5-.
Este ciclo implica una trampa de pobreza y desigualdad de la que es muy complicado salir. Al gastar una mayor proporción de su ingreso mensual en transportarse, estos hogares tienden a invertir menos en incrementar los niveles educativos de la siguiente generación o en acumular bienes. Por el contrario, los hogares que se encuentran en zonas mejor conectadas -y que de entrada ya contaban con mayores niveles socioeconómicos que los hogares más desconectados porque precisamente pueden pagar el vivir en zonas mejor conectadas- sí pueden invertir una mayor proporción de su ingreso en la educación de la siguiente generación o en bienes.
Aún sigo en el proceso de refinar este argumento y de recopilar la evidencia empírica que me permita sostener mi tesis. Pero, sobre todo, sigo en el proceso de encontrar soluciones de política urbana que nos permitan sacar a las personas de la trampa de pobreza y desigualdad que acabo de describir.
*David López García es Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).
Opinión
La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
México necesita mejores universidades públicas
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.