Con frecuencia, nos encontramos múltiples trámites y servicios que, si fueran dados a conocer como se debe, sin duda reportarían grandes beneficios a las y los mexicanos, que son sus destinatarios naturales.

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Uno de ellos es el Registro Público de Usuarios (REUS), de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Según la página de esta Comisión, se trata de un padrón que se construye con datos personales de usuarios del sistema financiero mexicano, para que no sean importunados con publicidad y promociones de las instituciones financieras.  Puede ser realizado por tres vías: telefónica, presencial o mediante la página https://webapps.condusef.gob.mx/reus/app/registro.jsp

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El registro es muy sencillo, pues únicamente hay que tener a la mano los números telefónicos, ya sean fijos o celulares, así como los correos electrónicos laborales o personales que deseamos incorporar. Igualmente, se nos brinda la opción de exceptuar a dos instituciones financieras, de las que deseemos seguir recibiendo todo tipo de información. Su vigencia es de dos años, contando a partir del día número 46 del que se hizo el registro, pues es en este lapso que es actualizado y las instituciones notificadas acerca de quienes nos incorporamos o nos damos de baja de esta base de datos.

Por su parte, el Registro Púbico para Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) cuya existencia fue previsto para evitar la publicidad y difusión institucional de sectores de telecomunicación, turístico y de comercio. En ese caso, el registro es mucho más sencillo pues a través de la página https://repep.profeco.gob.mx/, podemos dar de alta el número deseado, que de hecho es el único dato que se nos solicita, consultar el registro o incluso cancelarlo. A diferencia del REUS, el REPEP no vence, es decir, que no debemos rehacer el registro, sin embargo debemos esperar 30 días naturales a que el padrón sea actualizado.

Si bien es cierto que ambos adolecen de no inhibir las comunicaciones originadas desde organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores telefónicos, personas que llamen con funciones de cobranza, así como aquellas personas que no ofrezcan bienes, productos o servicios, me parece que esto debe llevarnos a hacer algunas reflexiones.

Por ejemplo, si nos preguntamos la razón por la que este tipo de organizaciones, incluyendo las que sí podemos bloquear mediante el registro, no debemos buscar más allá, sino preguntarnos cuándo dimos nuestros datos personales y a quién. Es por lo que hace 21 días proponíamos la reflexión acerca de la conveniencia de repasar ampliamente acerca de con quien compartimos este tipo de información tan personal, y no hacerlo sin haber pensado idealmente las consecuencias de esta acción o por lo menos, si de verdad necesitamos ese servicio o publicidad, es decir, ¿qué nos motiva a compartir información que podría llevar a identificarnos, localizarnos o incluso ser víctimas de un delito?

Y si ya hemos registrado los números, pero las instituciones descritas no respetan esos registros y seguimos recibiendo las llamadas; ¿hemos activados los mecanismos de inconformidad correspondientes?

Por ello, además de compartir esta información de utilidad, y más allá de criticar o cuestionar si los registros funcionan o la razón por la que no ha sido ampliamente difundido, queremos invitarles a hacer uso de los diversos mecanismos que las instituciones ponen en sus manos: explótenlos, difúndalos y hagan girar los engranajes de los organismos gubernamentales o constitucionales autónomos.

Muchísimas veces les culpamos, no digo que sin razón, de que no se aplica la legislación correspondiente, pero ¿nosotros exigimos que se aplique? ¿Estamos involucrados con el quehacer institucional y la vida pública de nuestro país? Eso, también es nuestra responsabilidad.

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