Con la configuración de la Guardia Nacional al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, le preocupa el lugar en el que operará la policía municipal, expresó en las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados.

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En el encuentro en el que participaron los presidentes municipales de las principales ciudades del país, Del Toro Castro señaló que acudió a estas audiencias con la esperanza y la confianza de encontrar oídos dispuestos a escuchar y sumar voluntades.

“Nuestro compromiso debe ser en todo momento aportar el cien por ciento de nuestros recursos para detener este escenario de crisis y reconstruir la paz en nuestras ciudades y en nuestras comunidades”, dijo Del Toro.

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Agregó que la crisis en materia de seguridad que se registra en México resulta innegable y que ha quedado en evidencia la insuficiencia y nula eficacia de las estrategias de seguridad que se han implementado en el país, al menos en la última década.

Por otra parte, reconoció la imperante necesidad de terminar con la infiltración de grupos criminales que existe en procuradurías, corporaciones, tribunales y cárceles de México.

Del Toro Castro aseguró que el desafío más grande que se tiene en este momento radica en la construcción de cuerpos e instituciones de seguridad profesionales y eficientes, capaces de prevenir, investigar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos.

Puntos a considerar

Ismael del Toro presentó seis puntos que deben ser tomados en cuenta para la discusión, dado que el «dictamen apunta de manera preocupante a relegar a las policías estatales y municipales, ya que se apuesta con todo, a la configuración de una Guardia Nacional de corte militar».

Otro punto que preocupa es que la estrategia de centralización se profundiza al plantear el dictamen que el ejecutivo “reglamente” las policías auxiliares de las entidades federativas y los cuerpos de seguridad privada, y el segundo al permitir que el Ejecutivo obtenga y articule información que generen las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo. 

La Guardia Nacional estará completamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante los próximos 5 años, militarizaría por completo sus funciones y operación, este periodo abarca prácticamente todo el sexenio, lo que limitaría al Ejecutivo Federal, a realizar ajustes a mitad de su periodo.

Cinco propuestas

1.- La reforma constitucional en materia de seguridad pública, debe orientarse a fortalecer las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

2.- Retirar las facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo Federal que trasgreden el pacto federal mexicano, ya que los acuerdos de la era de consolidación democrática que está arrancando en el país, deben estar fundados en el respeto a la autonomía de estados y municipios, y construidos a partir de un diálogo abierto, transparente y plural y del reconocimiento de las atribuciones y facultades de cada una de las entidades políticas que forman parte de nuestra federación.

3.- Se propone un mando civil para la Guardia Nacional y la realización de una evaluación a tres años de su implementación, que permita reorientar y acotar su ejercicio en caso de ser requerido.

4.- Orientar la reforma para que los estados y municipios logren a corto, mediano y largo plazo, desempeñar de manera eficiente la responsabilidad de la seguridad, a efecto de que en un periodo especificado en la reforma, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa, regresen a atender exclusivamente las tareas que la constitución les mandata y a las cuales responde su formación y misión esencial.

5.- En esta reforma se contemplan elementos propios de leyes secundarias, el texto constitucional no puede y no debe ser reformado a la luz de coyunturas temporales, sino que debe concebirse y resguardarse, como el contrato social que enmarca las relaciones de convivencia de nuestra federación, de forma que trascienda la inmediatez y brinde certeza de las reglas que rigen el futuro de la nación.

Finalmente, Del Toro Castro se manifestó a favor de los cambios que garanticen el fortalecimiento de la democracia nacional, siempre y cuando se asegure el respeto de las libertades, así como el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, consagrados en la Carta Magna. Externó su disposición a colaborar y poner todo el empeño necesario para recuperar la seguridad a través de la construcción de acuerdos alcanzados de manera colectiva y responsable en beneficio del país.