La propuesta electoral, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocida como el “Plan B”, ha generado todo tipo de reacciones entre la comentocracia mexicana.

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Son más quienes a través de los medios de comunicación convencionales advierten de un presunto retroceso democrático con la aprobación de dicha iniciativa pero, ¿de veras es un atentado a la democracia como sostienen quienes la rechazan?  

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El diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, tiene una visión diametralmente opuesta a la que suele escucharse en la radio y la televisión. Como es de esperarse, el legislador guinda se encuentra en las antípodas de lo que opinan, por ejemplo, los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

“El ‘Plan B’ es una consecuencia de la no aprobación de la reforma constitucional que discutimos el año pasado en materia electoral”, explica García Almaguer en entrevista exclusiva para Siker.

Dicha reforma tenía tres ejes primordiales: el primero era financiero, y buscaba principalmente reducir las prerrogativas de los partidos políticos; tan sólo en 2023 se les destinaran alrededor de seis mil millones de pesos, expone el diputado.

El segundo eje buscaba la reconfiguración de los órganos legislativos a partir de la elección de consejeros y magistrados en votación abierta, previa nominación de los tres poderes del Estado mexicano, y reducir el número de diputados, senadores, legisladores de los congresos locales y regidores en los cabildos.

Finalmente, el tercer eje, referente al acceso al voto, incluía el voto electrónico, la participación de votantes desde el extranjero, la representación de grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

“Los partidos políticos de oposición no se iban a dar un balazo en el pie, no iban a perder tres mil millones de pesos en un voto (…). (El “plan A”) lo rechaza la oposición: MC, PRI, PAN, PRD, entonces no se logran las dos terceras partes”, explica García Almaguer.

Luego de esa derrota —se requería mayoría calificada—, comenzó la discusión del “Plan B” de AMLO, que busca al menos modificar las leyes electorales secundarias, y que la oposición desea enterrar definitivamente.

Puntos clave del “Plan B”

Si bien, Morena ya no podrá reducir el presupuesto de los partidos políticos debido a que la fórmula de asignación de recursos económicos está establecida en la Constitución, sí hay margen en el “Plan B” para aplicar medidas de austeridad, principalmente al INE.

“Tenemos estructuras duplicadas porque, por ejemplo, en Jalisco está el instituto electoral local (IEPC), que tiene un consejo, que tiene estructura y demás; pero además de eso, hay una junta local del INE con vocales en el estado de Jalisco, y además de eso, hay juntas distritales en los 300 distritos del País integrados por cinco vocales”, describe el diputado.

“Los vocales distritales, los vocales locales, ganan salarios de 60 (mil), 80 mil, 100 mil pesos mensuales y mientras no hay proceso electoral federal no tienen trabajo que realizar, salvo uno, el del Registro Federal de Electores, ese tiene que trabajar todo el tiempo, tú vas y actualizas tu credencial (etc.)”, explica el morenista.

“El responsable de eso es un vocal del Registro Federal y ese sí tiene una función permanente pero, pues díganme, ¿qué hace el vocal de organización o el vocal de capacitación cuando no hay proceso electoral?, ¡está de vacaciones con un sueldazo!”.

Lo que propone la reforma es que la estructura del INE continúe siendo permanente en cuanto al Registro Federal de Electores —todo lo relacionado con la expedición de credenciales del INE continua igual— pero que el resto de vocales se sumen a sus labores una vez que esté por comenzar el proceso electoral y cobren su sueldo respecto a ese periodo laborado. Con esta sola medida, calcula García Almaguer, se obtendrían ahorros cercanos a los tres mil millones de pesos

“(Lo que también pudimos rescatar en el “Plan B”) son las acciones afirmativas y esto implica que grupos en situación de vulnerabilidad estén efectivamente representados en el Congreso”, explica el diputado.

Es decir, el “Plan B” establece que cada partido nacional deberá postular por lo menos 25 candidaturas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de alguno de los siguientes grupos sociales vulnerables: personas que provienen de grupos originarios, afromexicanos, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes. También se confirma la paridad.

“De tal forma que como hay siete partidos nacionales que van a competir en el 2024, hasta 150 candidatos provendrían de estas acciones afirmativas, y evidentemente muchos llegarían al Congreso”, subraya García Almaguer.

“(Por ejemplo) casi no tenemos legisladores de entre 20 y 30 años (de edad) (…). La idea es dejar este legado a la siguiente generación, a los centennials, que ya tengan la obligación los partidos de incluirlos en las listas de candidatos”.

Además, el “Plan B” busca brindar mecanismos de votación a los más de 30 millones de mexicanos que residen en el extranjero y que no suelen representar más de 200 mil votos durante las elecciones federales en México, de acuerdo con el diputado.

Es decir, a pesar de que soportan buena parte de la economía nacional —durante el periodo enero a octubre de 2022 México registró ingresos por remesas de 48 mil 338 millones de dólares— no están efectivamente representados en el Congreso federal ni se facilita su derecho al voto.

“Se trata de que ahora, en el extranjero, puedan votar con credencial de elector, con matrícula consular o con pasaporte (…) esto ha desatado objeciones de parte del Instituto Nacional Electoral (…)”, explica el entrevistado.

“En Estados Unidos es prácticamente inservible (la identificación del INE) no la reconoce ninguna autoridad, no les sirve para hacer uso del sistema financiero, no pueden realizar trámites con ese documento (…), y  la matrícula consular sí; les funciona para hacer muchos trámites y para su vida diaria, es un documento que está reservado para quienes viven en el extranjero”.

Las objeciones de algunos consejeros del INE respecto del uso de la matrícula consular para votar en el extranjero se sustentan en el argumento de que se estaría sufragando con documentos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no con documentos emitidos por la autoridad electoral.

En ese sentido, García Almaguer asegura que la SRE cuenta con profesionales de carrera que no trabajan para un partido político, sino que trabajan para el País; los cargos políticos que existen en dicha secretaría son a nivel de embajadores, no en la estructura operativa argumenta.

Convocan a manifestarse con el “Plan B”

El próximo 26 de febrero se esperan marchas en 35 ciudades del País. Las movilizaciones fueron convocadas por más de 60 organizaciones civiles que rechazan la reforma electoral propuesta por AMLO.

La concentración se promueve con el #MiVotoNoSeToca, y tendrá como sede principal el Zócalo de la Ciudad de México, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata del mismo sector de la población que salió a manifestarse en contra del “Plan A” el 13 de noviembre pasado y a la que se sumaron personajes políticos como Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI; el panista Vicente Fox, ex presidente de México; o el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

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