Denunció y acabó asesinada

Quinta de nueve entregas

Por Elsa Ángeles*.

HIDALGO.- Jessica González Mandujano tenía 16 años cuando conoció al capitán del Ejército CMET durante una histórica inundación en la ciudad de Tulancingo. Él prácticamente le doblaba la edad, era casado y tenía hijos. Eso no lo detuvo, la enamoró y la convenció de irse con él a Chiapas para iniciar una vida de pareja.

Fueron 14 años juntos, tres hijos y una violencia constante que fue en aumento hasta que la víctima fue objeto de torturas físicas y sexuales extremas en presencia de sus pequeños, de apenas 10, 7 y 6 de edad. Jessica solo concluyó la secundaria y nunca trabajó de manera formal, solo vendía productos por su cuenta.

Como se corrobora en el caso de Jessica, la gravedad de los feminicidios en Hidalgo no radica en abultadas cifras, sino en sus características y patrones. En primer lugar, los casos aumentan de manera constante en los últimos años; segundo, un número importante de las víctimas responden a contextos similares.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), los cuales son tomados de los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, organizados por la periodista Samantha Páez Guzmán, en Hidalgo aumentaron los casos de feminicidios en un 51% de 2012 a 2015.

Aunque el feminicidio se tipificó como delito en la entidad a partir del año 2013, es posible tomar los registros un año antes, cuando fueron definidas sus características desde el Código Penal Federal.

En Hidalgo, en 2012 se registraron 33 feminicidios, al siguiente año disminuyeron a 31, pero en los siguientes dos años, 2014 y 2015, aumentaron a 40 y 50 casos respectivamente. Es decir, un número acumulado de 154.

En ese periodo, casi la mitad de los feminicidios totales (46%) fueron de mujeres entre los 26 y 40 años de edad, como sucede en casi todas las entidades, aunque con la característica de que es mucha la diferencia con respecto a otros rangos de edad.

Al revisar el lugar en que fueron asesinadas las mujeres por entidad, en el hogar o en la vía pública, en Hidalgo, es casi equilibrada la cifra entre ambos rubros, con números más altos en el caso de la calle.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas durante las primeras horas de la mañana; vivían en unión libre; tenían estudios de secundaria completa; no trabajaban al momento de los hechos y muy pocas habían denunciado de manera previa violencia familiar.

Una de esas pocas fue Jessica. Y no solo denunció una vez, aunque de nada le sirvió.

A finales de 2013 ella levantó la primera denuncia por violencia familiar. El victimario fue detenido hasta mayo del siguiente año, pagó fianza y salió libre dos días después.

El juez 2º Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa emitió orden de restricción pero nunca notificaron a la víctima. El 15 de junio, CMET ingresó a la casa y golpeó a Jessica frente a sus hijos. Ella levantó la segunda denuncia por lesiones y decidió refugiarse en casa de sus padres.

Fue víctima de dos agresiones más de su ex pareja; en una de ellas, la violó y golpeó con una pistola. Todas las agresiones las denunció ante el Ministerio Público.

En julio, sacó a Jessica y a sus hijos de la casa de los abuelos a golpes y se los llevó a la casa de otro militar, donde los tuvo encerrados durante toda la noche. A lo largo de esas horas, la violó, golpeó y amenazó de muerte. Por la mañana, logró escapar con sus hijos. Nuevamente levantó una denuncia.

Dos días después decidió pedir ayuda en la 18ª zona militar a la que pertenecía su expareja, pero la remitieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor que pertenece al Sistema DIF. De ahí la canalizaron a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) que depende de la Secretaría de Salud estatal.

Tras una valoración psicológica a madre e hijos, solicitaron el ingreso inmediato al Refugio para mujeres violentadas en Pachuca; esto fue el 25 de julio de 2014.

Tenían apenas 12 días de resguardo cuando las autoridades notificaron a la familia que Jessica y sus hijos no podían seguir en el refugio porque ella “había tenido una conducta agresiva y había ido a mover a las demás” mujeres internas del refugio.

El abogado de la víctima, proporcionado por el Ejército,  los llevó a una casa particular prestada en el municipio de Mineral de la Reforma, zona conurbada de la capital del estado, mientras realizaban gestiones para sacarla hacia el norte del país.

Ahí estuvieron del 7 al 14 de agosto, hasta que su ex pareja CMET los encontró y la asesinó con arma de fuego, junto con su hermano Gerardo, frente a sus tres hijos, alrededor del mediodía. Jessica tenía entonces 31 años de edad.

La familia de la víctima presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo el 29 de agosto de 2014. El organismo tardó casi tres años en emitir la recomendación R-VG-0001-17, el 10 de marzo de este año. En 59 cuartillas detalló cada una de las omisiones y violaciones que cometieron autoridades y personal de tres instancias, Procuraduría, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia, instancias que no protegieron la vida de Jessica, ni a sus hijos.

Sin embargo, la recomendación de la Comisión solo pidió establecer protocolos en materia de atención a víctimas de violencia familiar, capacitar al personal y “girar instrucciones a quien corresponda para que inicie procedimientos contra la autoridad responsable”.

Hasta la fecha la recomendación sigue sin cumplirse y el feminicida de Jessica sigue prófugo.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.