Opinión
Gallos, toros y políticos hipócritas
Gallos y toros…
A pesar de que más de un Alcalde en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) buscó colgarse de las simpatías que atrae la defensa de los derechos de los animales, la realidad es que no hay uno sólo —tricolor o naranja—, que le haya plantado cara a las corridas de toros y las peleas de gallos en su localidad.
Lejos de combatirlos, todos los municipios del AMG incluyen en su Ley de Ingresos el cobro de impuestos sobre las ganancias generadas por la realización de los mencionados “espectáculos públicos”. El gravamen en 2017 osciló entre el 7 y el 11.5 por ciento y se cobró sobre el monto total de los ingresos obtenidos por la entrada al establecimiento.
Guadalajara y Zapopan —gobernados por Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro— fueron los Municipios más benévolos en la imposición de impuestos a quienes viven del “gozo” que provoca en algunos las peleas de gallos. Ambos municipios imponen gravámenes de apenas el 7 por ciento.
Desde 2015, los gobiernos del PRI y MC en la ex Villa Maicera no han incrementado un ápice la carga fiscal para dichas prácticas a pesar de contar con un reglamento de Sanidad, Protección y Trato digno para los Animales.
De hecho, la Ley de Ingresos de Zapopan establece sanciones para quienes violen el reglamento, pero hace una distinción entre gallos, toros y el resto de animales, como si los primeros no fuesen seres vivos ni mereciesen protección.
“(Serán sancionados) por provocar a los animales para que se ataquen entre ellos o hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado a excepción de los espectáculos de peleas de gallos y corridas de toros autorizados por la autoridad competente”.
En el caso de Guadalajara, la situación es aún más atípica; a pesar de contar con una dirección de protección jurídica para animales, el año pasado el Municipio decidió reducir el cobro de impuestos a las peleas de gallos que se realicen en la Ciudad.
De ser en 2015 el Municipio que menos cobraba a los galleros en el AMG —apenas un 4 por ciento—, la Perla Tapatía pasó en 2016 a tener el segundo impuesto más alto, con un 10 por ciento —sólo detrás de Tlajomulco, gobernado por Alberto Uribe Camacho, que impone un gravamen de 11.5 por ciento—, y nuevamente a tener el impuesto más bajo en 2017, con un 7 por ciento.
Tonalá y Tlaquepaque —a cargo de los munícipes Sergio Chávez Dávalos y María Elena Limón García, respectivamente— mantuvieron el cobro de 10 por ciento sobre las ganancias desde 2015.
Foto: Eckart Müllen.
Lo mismo con la tauromaquia
En el rubro de la tauromaquia, los gobiernos de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque fueron en 2015 y 2016 los que menos cobraron impuestos por estas exhibiciones con apenas un 4 por ciento, mientras que Tlajomulco mantuvo el gravamen más alto con 11.5 por ciento sobre el cobro total de ingresos obtenidos.
El año pasado, las Administraciones de Tonalá y Tlaquepaque, PRI y MC respectivamente, ostentaron el último lugar con apenas 4 por ciento de impuesto. Guadalajara aprobó un aumento de tres por ciento e igualó a Zapopan con 7 por ciento; Tlajomulco sigue a la cabeza con un gravamen de 11.5 por ciento.
Sin embargo, los hechos demuestran que ninguno de los entonces Alcaldes, —aunque aparenten lo contrario—, se planteó eliminar el presunto “derecho” que ostentan algunos particulares de “ganarse la vida” sacrificando animales para el divertimento de otros.