Opinión
A dos décadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
De acuerdo con el Ranking Global del Derecho a la Información (The Right to Information Rating) publicado por las organizaciones Access Info Europe y The Centro of Law and Democracy, México ocupa el segundo lugar gracias a su legislación vigente en materia de acceso a la información.
Esto es reflejo de la importancia que la transparencia y la rendición de cuentas han adquirido en las últimas décadas dentro de los regímenes democráticos, haciendo que las decisiones gubernamentales y administrativas estén al alcance de la ciudadanía, de forma accesible y clara.
Dentro de la vida pública, la transparencia es tan solo una parte de la rendición de cuentas, no basta con que la información esté expuesta de manera pública, sino que detrás hay toda una metodología que busca acercar, evaluar y sancionar en caso de que sea necesario, el manejo de los recursos públicos y las acciones que se llevan a cabo dentro de las instituciones que rigen el aparato estatal.
Hace unos días, se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicho proyecto de ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de junio de 2002, y entró en vigor el día 12 del mismo mes, la Ley de Transparencia vino a complementar al artículo sexto de la Constitución, referente al derecho a la información, generando el escenario actual, donde los ciudadanos podemos solicitar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal), al Poder Legislativo, Judicial y Legislativo, entre otros sujetos obligados, información, datos y documentos que han sido pagados con dinero del erario público.
Al igual que otros momentos históricos de cambio social y político, esta ley tuvo origen en una coyuntura similar, cuando un grupo heterogéneo de periodistas y académicos, que aprovechando la alternancia en el poder con la llegada de Vicente Fox, pugnaron por una ley de acceso a la información, que reglamentara el artículo sexto constitucional, y hacer válido el acceso a la información pública.
Un año después, en 2003, entró en funciones Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a través del cual, las personas podían ejercer su derecho de acceso a la información, mediante solicitudes formales dirigidas a las dependencias públicas, posteriormente en 2007, se publicó un decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones al Artículo 6º constitucional que establecen al acceso a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos.
Finalmente en 2014, se generaron nuevas reformas a dicho artículo constitucional, que entre las principales acciones, destacan la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) al dotarlo de autonomía constitucional, así como a los órganos existentes en las entidades federativas, formando un nuevo entramado institucional en materia de transparencia y acceso a la información.
A 20 años de este histórico suceso que unió a distintos sectores y partidos de la sociedad, en aras del proceso democrático que estaba ocurriendo en el País, hoy podemos decir que lamentablemente, la transparencia en México está en riesgo; por un lado, amenazada por el Gobierno Federal que quiere desaparecer el INAI y por gobiernos estatales que persiguen a quienes defienden el derecho a la información, principalmente periodistas y activistas por los derechos humanos, por lo que es importante, no dejar de cuestionar y solicitar información a través de las vías institucionales que se han creado, gracias a las luchas sociales a lo largo de estas décadas.
Sin importar el color del partido que esté en el poder, como ciudadanos tenemos el derecho de saber qué está ocurriendo dentro de las instituciones, a dónde van nuestros impuestos, qué acciones y programas públicos se están llevando a cabo y cuánto están costando, entre tantas otras preguntas, sobre las que el gobierno y las dependencias tienen la obligación de compartir dicha información.
En una administración, donde los macroproyectos son el pilar del gobierno en turno y que algunos, son muy cuestionables debido a la opacidad o delicadeza del tema, como el Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, por mencionar solo algunos, es indispensable que hagamos valer estos instrumentos y marco jurídico que está a la altura de los primeros países del mundo, y sobre todo bajo la premisa de que aquello que no se puede evaluar, no se puede mejorar, por lo tanto, si la legislación actual, no permite el escrutinio de los proyectos vigentes o el actuar gubernamental, así como ha venido ocurriendo, habrá que reformarse y proponer nuevos y mejores mecanismos para seguir evaluando y mejorando la administración pública, siempre en aras de una mejor vida democrática.
Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.