Aumentan funcionarios ligados a desapariciones forzadas en Jalisco durante gestión de Alfaro

En la vorágine de desapariciones que azota a Jalisco, el silencio de la actual administración retumba con una fuerza que ahoga la esperanza y el clamor por justicia. Las cifras son implacables y dejan poco espacio para eludir la realidad: 285 funcionarios públicos implicados en casos de desaparición forzada bajo la gestión del gobernador Enrique Alfaro. La pregunta es inevitable: ¿Es esta la “nueva política” prometida por Movimiento Ciudadano, o es el reflejo de un sistema que continúa fallando a sus ciudadanos más vulnerables?

El año 2020 se ha marcado como el más oscuro, con un número récord de funcionarios acusados de un delito que desgarra el tejido social. Más allá de las estadísticas, cada número representa un ser humano, una familia desgarrada, una comunidad en luto perpetuo. ¿Cómo es posible que aquellos encargados de proteger y servir sean partícipes de un crimen tan atroz?

Es preciso señalar que no basta con detenciones aisladas o discursos efímeros. La impunidad que parece permear en los rangos del poder es un cáncer que corroe la confianza pública y hace mella en la legitimidad de los gobernantes. El gobierno de Alfaro, proclive a vanagloriarse como el mejor vanguardista en políticas públicas y seguridad, enfrenta ahora la paradoja de justificar lo injustificable.

El Código Penal estatal es claro en su castigo hacia la desaparición forzada: penas que van de los 12 a los 40 años de prisión y multas económicas significativas. Pero, ¿qué son las leyes sin un sistema judicial que las aplique con celeridad y sin favoritismos? ¿Dónde queda la responsabilidad de un gobernador y de un partido que prometió una refundación política de Jalisco?

Los ciudadanos de Jalisco merecen más que un cambio de colores y slogans políticos. Merecen transparencia, acción decidida, y sobre todo, resultados tangibles que devuelvan la paz a sus calles y la seguridad a sus hogares. El voto popular no es un cheque en blanco; es un contrato social que exige rendición de cuentas.

Es momento de cuestionar si Movimiento Ciudadano puede realmente portar la bandera de la “nueva política” o si su legado será uno de retórica vacía y promesas incumplidas. El gobierno de Alfaro, y en extensión su partido, deben recordar que la confianza de los ciudadanos no es eterna y que cada desaparición forzada es una mancha que, con el tiempo, se convierte en una sombra que oscurece cualquier logro.

El silencio es cómplice y la inacción es una forma de violencia. La sociedad jalisciense no necesita más silencio; necesita respuestas, necesita justicia y, más importante aún, necesita encontrar a sus desaparecidos. No hay política pública que valga ante la ausencia de los que ya no están. No hay gestión exitosa que pueda maquillar la tristeza de un hogar vacío.

Por ende, este es un llamado no solo a la administración de Enrique Alfaro sino a cada ciudadano de Jalisco: alzar la voz, exigir justicia, y trabajar incansablemente para que ninguna desaparición quede impune. No olvidemos que el poder reside en el pueblo y que, unidos, nuestra voz es capaz de quebrar el más pesado de los silencios.