Opinión
Control del Ejecutivo en Jalisco: ¿un poder sin freno?
No hay que andarse por las ramas: en Jalisco, el poder parece tener un nombre propio, el gobernador Enrique Alfaro. Desde Casa Jalisco, donde las decisiones más trascendentales del estado cobran vida, el mandato de Alfaro resplandece, desafiando a menudo las barreras constitucionales que delimitan la división de poderes. Si bien algunos podrán discutir este punto, aquellos versados en la política jalisciense probablemente asentirán con comprensión. Pero, ¿es esto lo que realmente queremos?
El 5 de octubre, el Congreso de Jalisco fue el anfitrión de una conferencia llamada Control al Poder Ejecutivo, liderada por la diputada Mara Robles y con la destacada participación del académico Diego Valadez. Mara se pregunta, con justa razón, si sus propuestas de comparecencia, a pesar de enfrentar resistencias políticas, son meras trivialidades provincianas o si, por el contrario, revisten una importancia capital. Diego Valadez recuerda que la idea de separación de poderes tiene más de 25 siglos y fue consolidada por Montesquieu. Pero, en el Jalisco contemporáneo, ¿dónde descansa realmente ese poder?
En Jalisco, el orden constitucional nos ofrece mecanismos de control sobre el ejecutivo, pero la práctica nos muestra que son poco más que instrumentos decorativos. El verdadero control escapa al Congreso y se concentra en las manos del gobernador, Enrique Alfaro, cuyo poder parece no conocer límites. La explicación es simple: el partido en el ejecutivo domina el Congreso. Esta confluencia de poder da lugar a un escenario donde el control genuino es una mera quimera.
La luz al final del túnel podría provenir de un comentario del propio Valadez: si aspiramos a que el poder resida verdaderamente en el pueblo, el Congreso, en su calidad de representante, debe ser el verdadero guardián de la soberanía popular. Los demás poderes deberían estar sometidos a su vigilancia.
México debe mirarse en el espejo de naciones que, incluso con gobiernos más centralizados, poseen mecanismos de control político sólidos. Jalisco, por su parte, debe reconocer y corregir esta disparidad. La propuesta de la diputada Mara Robles para reformar la constitución estatal y otorgar más poder al Congreso es un paso audaz y necesario. En Jalisco, es inaceptable que los funcionarios puedan rechazar comparecencias sin enfrentar consecuencias.
Debemos enfrentar la impunidad que emana de este desbalance. La falta de mecanismos efectivos de control es, en esencia, una carta blanca para la impunidad, lo que se traduce en corrupción, no solo en las esferas altas del poder, sino en la médula misma de nuestras instituciones.
Por ello, si deseamos que las tragedias que nos asaltan diariamente no queden en el olvido y se traduzcan en acciones concretas, debemos exigir rendición de cuentas. Los partidos de oposición, en particular, tiene un rol crucial en la democracia de Jalisco: deben ser los adalides de la fiscalización y el control.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.