Opinión
De paralelismos y quesos manchegos en Acuerdo México-Unión Europea
Mediante un comunicado conjunto el 21 de abril, los Comisionados de la Unión Europea (EU), Cecilia Malmström (Comercio), Phil Hogan (Agricultura y Desarrollo Rural) y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, anunciaron que la UE y México lograron alcanzar “un acuerdo en principio” emanado de los esfuerzos por revisar y darle mayor dinamismo al marco legal bilateral.
Los principales puntos acordados (aunque no los únicos) —tras dos años de negociaciones— son en materia de comercio e inversión, por lo que ello supone una actualización del Tratado de Libre Comercio UE-México (TLCUEM) que, a su vez, forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. Pero este Acuerdo es de larga data, pues fue firmado en 1997, siendo presidente Ernesto Zedillo, para finalmente entrar en vigor en julio del 2000 durante el sexenio de Vicente Fox.
Lo que lograron las rondas de negociaciones que culminaron este 21 de abril, es una modernización de sus alcances: la eliminación, prácticamente en su totalidad, de aranceles sobre los bienes comerciados; la entrada de nuevos temas en la agenda bilateral, como el medio ambiente y el combate a la corrupción; y la incorporación de acuerdos en materia agrícola, un tema que en el pasado se había enfrentado con reticencias (no es casual que Phil Hogan participara en las negociaciones). Más sobre esto, en unos momentos.
Hace dos décadas, la firma de este acuerdo y del TLCUEM en específico, supuso un intento al término de la presidencia de Zedillo por lograr diversificar las relaciones de México con el mundo, tratando de relajar el enorme peso que ha tenido sobre el país la relación bilateral con Estados Unidos. Por su parte, para el sexenio de Fox, la Unión Europea representó uno de los bloques económicos resaltados como esenciales y prioritarios dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, una vez que llegó al poder. Dicha región creció en importancia para el primer gobierno panista, con el fin de dinamizar la actividad internacional mexicana e impulsar el desarrollo interno, buscando dar un giro de timón que desmarcase claramente su sexenio de las administraciones priístas.
La Cláusula Democrática
Entre los factores internos que resultaron cruciales para lograr pactar el acuerdo, dicen diversos autores, está la transición democrática que comenzaba a sentirse en el país y que era seguida de cerca por el resto del mundo; los “aires democráticos” se veían reflejados en las encuestas de tendencias electorales que situaban a Fox como el puntero. Otro de los factores fueron las giras realizadas por Ernesto Zedillo a ciertos países de la Unión Europea, durante el año de 1996, para efectos de cabildeo.
Con todo ello, logró firmarse el también llamado Acuerdo Global; pese a las reticencias iniciales de Bruselas por temor al incumplimiento mexicano de la denominada “cláusula democrática” establecida en el Acuerdo. Esta cláusula se refiere a los primeros tres artículos del texto legal, donde se establece de manera implícita el apego de ambas partes a “los principios democráticos y a los Derechos Humanos fundamentales”. Tal y como está redactado el acuerdo, dicha cláusula se convirtió en una condicionante para los acuerdos económicos y el diálogo político. La UE no podía darse el lujo de que se le señalara como promotora de acuerdos con países antidemocráticos (el PRI llevaba casi 70 años en el gobierno, después de todo) y México necesitaba reforzar su imagen como una democracia líder en América Latina.
El bono desaprovechado
Una vez que el político panista llegó a Los Pinos, el potencial del llamado “bono democrático” no tardó en manifestarse, en vista de que uno de los compromisos globales que México asumió desde la llegada de Fox al poder, consistió en la promoción de los Derechos Humanos y la democracia; o eso decía su gobierno en los foros internacionales. Con todo, ambos eran temas que se habían mantenido fuera de las agendas de política exterior en las administraciones priístas, “optando por principios legalistas tradicionales como el de la No Intervención” (Velázquez, 2010) .
Pero una serie de factores conjugados en el sexenio de Vicente Fox, tanto internos como del contexto internacional mismo, llevarían a un franco desaprovechamiento del Acuerdo Global. Fue dejándose de lado la expectativa del contrapeso surgida desde el sexenio de Zedillo, una vez que el gobierno de Fox colocó de nuevo a Estados Unidos como la prioridad en materia de política exterior, dada la estrategia de seguridad en la que buscó insertarse su gobierno. Del mismo modo, la búsqueda del tan anhelado acuerdo migratorio ocupó gran parte de la agenda bilateral con Estados Unidos —un acuerdo que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, quedaría lejos de alcanzarse—, relegando a segundo plano los acuerdos alcanzados con la Unión Europea.
Negociar en bloque
Si bien el Acuerdo Global de 2000 fue calificado en su momento como un tratado sui generis; —en tanto que fue el primero que firmó la UE con un país latinoamericano y debido a la amplitud de los temas pactados—; los acuerdos en materia agrícola quedaron como una asignatura pendiente. Esto se explica, en parte, por las complejidades de la Política Agrícola Común europea (PAC); pues el agrícola es uno de los mayores sectores económicos para todos los países miembros. Negociar en bloque sobre este punto fue forzosamente complicado.
No obstante, en las rondas de negociación iniciadas en 2016, la propia Comisión Europea expresó su deseo de incorporar mayores productos de este tipo en la nueva versión del Acuerdo. Pero si dichos bienes entraron a la mesa de negociaciones, quedó claro que los lácteos siguen siendo un tema sensible para la Unión Europea; no olvidemos lo importantes que son para el continente las industrias chocolateras o los derivados lácteos como el queso, porque no sólo pertenecen al terreno comercial, sino que están ligados culturalmente a Europa.
Discusiones manchegas
Justo sobre ese punto, la prensa reportó a inicios de 2018 que las delegaciones europeas y mexicanas comenzaron a chocar por el asunto del queso manchego. Y es que Europa mantenía que sólo se le puede llamar como tal al queso proveniente de la región de La Mancha en España; si los productores mexicanos querían colocar su producto en los supermercados, debían cambiarle el nombre.
Un argumento razonable, si tenemos en cuenta que la denominación de origen es fundamental para un comercio justo. Pero la importancia que esto tiene para México radica en que la industria quesera nacional se ha abierto camino en diversos mercados (uno de ellos el estadounidense) y el ceder espacios podría considerarse como un retroceso. Finalmente, como señala para El País el chef español Pablo San Román, “el manchego en México es una marca y en España un origen”. Adicionalmente, el manchego mexicano está hecho con leche de vaca, mientras que el español con leche de oveja. En términos prácticos, dándole entrada al criterio del consumidor, no debería existir tal conflicto.
Pero el asunto quedó zanjado por el ya citado Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, quien anunció en el comunicado final que México puede conservar la denominación de su queso manchego, siempre y cuando:
1) las etiquetas no muestren información engañosa que equipare esta variedad a la producida en La Mancha
2) que se especifique que está hecho con leche de vaca.
Hasta Don Quijote quedó contento.
El Acuerdo en perspectiva
Si bien falta que el texto sea ratificado para poder entrar en vigor, se da por terminada la tarea más importante: llegar a un acuerdo. Los detalles técnicos pendientes se irán resolviendo hacia el cierre de 2018. En resumidas cuentas, casi todos los bienes quedan desgravados e incrementa el número de servicios en esta situación; se deja listo el terreno para fomentar mayores inversiones directas; las empresas mexicanas y europeas podrán participar en licitaciones públicas y obtener contratos por ambas partes; se refuerzan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático; dando preferencia a soluciones sustentables en las industrias; y se integra el combate a la corrupción (tanto en el sector público como el privado); a los temas democráticos y de defensa de los Derechos Humanos, que ya estaban presentes desde el primer acuerdo.
¿Pero cuál es la relevancia de que nuestro país firme un instrumento como este? Según los datos presentados en el portal del Banco de México, del total de exportaciones mexicanas correspondientes a febrero de 2018 (35, 210 millones de dólares): el 86% tuvo como destino a Estados Unidos, mientras que apenas un 7% le correspondió a la Unión Europea. En un contexto donde el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte continúa extendiéndose, es evidente que la diversificación de la estrategia comercial mexicana adquiere un carácter prioritario.
El clima de proteccionismo
Aun así, parece que solemos interesarnos en buscar contrapesos hasta que ya sentimos pasos en la azotea. Trazando un paralelismo con el contexto en que se firmó el acuerdo de 1997; quizá estamos en la búsqueda por diversificar nuestro comercio porque la situación ya es urgente. El TLCAN 2.0 se está tardando más de lo esperado, como ya se dio, y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Pero el apuro no sólo es por parte de México. Decía Cecilia Malmström que este acuerdo envía un claro mensaje a todos aquellos escépticos del libre comercio que se rehúsan a creer que la modernización de los tratados comerciales es posible, habiendo voluntad por ambas partes. (Léase, Estados Unidos). Después de todo, los planes de la Unión Europea por alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU. (planteado durante la administración de Obama); y que eventualmente se habría convertido en un acuerdo transatlántico de grandes proporciones, se congelaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Una semana después de la actualización del TLCUEM, la Canciller alemana Angela Merkel declaraba en una entrevista que, así como siguen robusteciéndose los acuerdos bilaterales, es de suma importancia fortalecer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante un clima de creciente proteccionismo y discursos engañosos en el terreno del comercio internacional.
Algunas interrogantes
Volviendo a México, ¿será que la incorporación del combate a la corrupción le traerá un nuevo reto al gobierno mexicano? ¿Podemos considerar esta temática transversal como la nueva “cláusula democrática”? Con el recrudecimiento de la violencia desde el año 2000, y el crecimiento de los índices de impunidad; ¿qué tanto hemos cumplido con dicha cláusula? Después de las elecciones de 2012, ¿podemos decir que somos más democráticos?
Apenas tres días después de finalizar el acuerdo, señalaban los eurodiputados pertenecientes al Grupo de los Verdes, que las negociaciones habían sido precipitadas por temor a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral que nos ocupa estos meses. Apuntaron que todo fue parte de un acuerdo ente las élites empresariales de ambas partes para “blindarse” frente a un candidato tendiente a la implementación de barreras comerciales, a su juicio. Tanto si este análisis es acertado como si no, es innegable que quien ocupe la presidencia no debe perder de vista la necesidad de diversificar el comercio y realizar un cabildeo oportuno que nos permita mantener un rol activo en el intercambio internacional de bienes y servicios.
Es tiempo de que nuestro país siga buscando estrategias para profundizar sus múltiples acuerdos y tratados comerciales, teniendo como propósito el sacarles mayor provecho. De este modo, evitaríamos poner todos los huevos, o los quesos, en la misma canasta.
Opinión
La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
México necesita mejores universidades públicas
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
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Ramon vargas
05/05/2018 at 08:40
Pues como siempre muy concreto y completo tu comentario.