Desaparecidos en Jalisco: ¿Cuándo actuará el gobierno?

La crisis de personas desaparecidas en Jalisco es, sin lugar a dudas, una de las situaciones más desoladoras y complejas que enfrenta México en la actualidad. La administración de Enrique Alfaro, en este escenario, se ve envuelta en una maraña de inacción y apatía que no solo agrava el dolor de las familias afectadas, sino que también pone en evidencia la profunda desconexión del gobierno con las necesidades y urgencias de su pueblo.

El aumento alarmante de personas desaparecidas durante el gobierno de Alfaro es un reflejo de una crisis de seguridad y justicia que se ha enquistado en el estado de Jalisco, convirtiéndolo en el epicentro de una tragedia humanitaria sin precedentes en el país. Sin embargo, lo que agrava aún más esta situación es la respuesta del gobierno estatal: un esfuerzo desmedidamente insuficiente que se traduce en una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas manifiestamente inadecuada para enfrentar la magnitud de la crisis.

El caso de Jalisco no es único, pero sí emblemático de la falla sistemática en la protección de los derechos humanos y en la provisión de justicia para las víctimas y sus familias en México. La insuficiencia de recursos, reflejada en una comisión con solo 61 servidores públicos para más de 14 mil casos de desaparecidos, es una clara manifestación de la falta de prioridad que el gobierno de Alfaro otorga a esta crisis.

Más allá de la insuficiencia numérica, la actitud del gobierno hacia los colectivos de familiares y madres buscadoras es reveladora. Estos grupos han surgido como una respuesta desesperada de la sociedad civil ante la inacción gubernamental, llevando a cabo una labor que no deberían estar haciendo en primer lugar. La introducción por parte del gobierno estatal de protocolos que limitan su participación no solo es contraproducente, sino que también es un acto de insensibilidad y desconsideración hacia aquellos que han perdido a sus seres queridos.

Este escenario exige una reflexión profunda sobre el papel del estado y sus responsabilidades para con sus ciudadanos. La crisis de desaparecidos en Jalisco no es solo un asunto de seguridad, sino también de justicia social, dignidad humana y derechos humanos. La inacción del gobierno de Alfaro no solo es una omisión de sus deberes más fundamentales, sino también un acto de negligencia que contribuye a perpetuar el dolor y la incertidumbre de miles de familias.

Es imperativo que el gobierno de Enrique Alfaro y las autoridades en todos los niveles de gobierno reconozcan la gravedad de esta crisis y actúen con la urgencia y el compromiso que esta tragedia demanda. Esto significa no solo aumentar significativamente los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, sino también apoyar activamente a los colectivos de familiares y madres buscadoras, facilitando su labor en lugar de obstaculizarla.

La crisis de las personas desaparecidas en Jalisco es un urgente llamado a la acción que no puede ser ignorado. Es fundamental que la nueva persona gobernadora de Jalisco haga de este tema una prioridad absoluta, comprometiéndose no solo con palabras, sino con acciones concretas y efectivas que ofrezcan justicia y esperanza a las familias afectadas. 

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.