Opinión
El espejo y la boleta: reflexiones en torno al 1 de julio
En 1960, el gobierno de la república que encabezó Adolfo López Mateos, conmemoró el 50 aniversario de la Revolución Mexicana, con una compilación de ensayos sobre los logros del movimiento y sus tareas pendientes. En un ambicioso e inusitado ejercicio –que combinó la autocrítica con la promoción–, el propio López Mateos prologó el volumen resultante, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica.
Mediante la revisión de cuatro ejes (economía, sociedad, política y cultura), la gesta de 1910 fue analizada a medio siglo de su puesta en marcha; en sus páginas se desmenuzan los alcances revolucionarios, “tanto en lo que atañe a lo material como a lo espiritual”[1]. Para cumplir con la tarea, en la obra se dieron cita las plumas de Edmundo O’Gorman, Jorge Castañeda, Jesús Reyes Heroles, Emilio Portes Gil, Jaime Torres Bodet, Pablo González Casanova, José Luis Martínez y muchos otros. Ha sido de mis hallazgos más afortunados en una librería de viejo.
México entonces, México ahora
Pero si algo salta a la vista en aquellos textos –encargados por el llamado “último presidente popular de México”, quizá porque todavía le aplaudían–, es la perpetuidad que tienen en la agenda nacional temas como el combate a la pobreza, la desigualdad o el rezago educativo. Temas que, a más de cien años del inicio de la Revolución, continúan presentes.
En el sexenio de López Mateos, nuestro país crecía en un promedio de 6% anual; en el de Enrique Peña Nieto, el promedio ha sido de 2%, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Pese a las obvias diferencias macroeconómicas y de contexto, entre un periodo y otro, los retos a superar son gravemente coincidentes.
Foto: Archivo Casasola, Autor: Casasola, Lugar de asunto: México, 1961
El país impostergable
Quien sea que se convierta esta semana en presidente, tiene frente a sí un cúmulo de retos que exigen soluciones razonadas. Pero como ciudadanos, también tenemos por delante un ejercicio de introspección impostergable. Hoy inicia la veda electoral que marca el INE y que culminará en la elección del domingo. Quizá es buen momento para aprovechar los tres días en que gozaremos del silencio de las campañas, para construir reflexiones en el mismo espíritu de aquel libro.
En los últimos tres años, por ejemplo, los feminicidios en el país se han incrementado hasta alcanzar no menos de 7 por día, según las estadísticas que recogen ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Pese a que vivimos en una alerta de género perpetua, estos actos de violencia siguen encontrando voces que los justifican hasta alcanzar extremos tan absurdos como peligrosos. Al hacerlo, las mujeres que los padecen sufren una doble victimización. A ello se le añade la desigualdad de oportunidades laborales, que restringe el acceso de las mujeres a ciertos sectores o profesiones, y la disparidad de salarios.
En otra tendencia violenta, esta contienda electoral nos deja, hasta el día de hoy, 140 políticos asesinados. Del total, 47 fueron candidatos a un puesto de elección popular. Al estar sobreexpuestos frente a la brutalidad criminal, comenzamos a ver como “normales” este tipo de homicidios. Pese al gran número de candidatos muertos, la atención parece concentrarse en otros aspectos de la contienda, y las autoridades estatales o municipales tampoco parecen muy interesadas en encontrar a los responsables. La pérdida del asombro se combina con nuestro escepticismo hacia el sistema de partidos. Pero esa normalización de la violencia política no sólo cuartea nuestros procesos democráticos, sino que se lleva vidas humanas en el proceso.
La violencia no sabe de sexenios.
Desde la raíz
Por otro lado, siguiendo la máxima que vincula los índices delictivos y de violencia con el rezago educativo, no sorprende que nuestro país mantenga índices de escolarización bajos, en el nivel medio superior. De acuerdo con el diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque la cobertura de educación básica es casi universal, el índice de escolarización de quienes tienen 15 a 19 años, es de apenas 54%. México ocupa el puesto más bajo en un grupo de países cuya media se ubica en el 84%. Parte de la solución se encuentra desde la etapa formativa básica; es decir, en el preescolar, la primaria y la secundaria. Los maestros de esos niveles desempeñan un papel fundamental en la construcción de ciudadanía y, desde luego, en la formación en todas las disciplinas académicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que continuemos formando a los formadores. Que garanticemos en las aulas la presencia de profesoras y profesores capacitados, en constante actualización. Si bien sería un error dar marcha atrás a la Reforma Educativa, por ejemplo, también es necesario que a los docentes se les otorguen incentivos para continuar en la ruta de la profesionalización. Tal como está, la reforma le otorga un peso importante a la evaluación docente (lo cual es fundamental), pero no plantea la suficiente retribución a quienes dedican su vida a la enseñanza.
Una legislación persecutoria es incompatible con la meta de una educación de calidad. Pero si una educación de calidad es la raíz del progreso en todas sus dimensiones, entonces el Estado debe liberarla de las maquinaciones políticas y sindicales. Los maestros, por su parte, deben refrendar su compromiso ante la tarea que les fue encomendada. Y las familias, finalmente, tenemos la responsabilidad de involucrarnos y reforzar lo aprendido en las aulas, con una genuina formación en valores.
En casa y afuera
Pero además de la confrontación de cifras y leyes, también es urgente el fortalecimiento de nuestras instituciones, que se encuentran bajo una especie de asedio. No importa cuántas veces propongamos, aprobemos o deroguemos; si las instituciones están cojas, las reformas estarán mancas. No se puede operar sin un andamiaje institucional adecuado y libre de corrupción.
Combatir esta última es otro de los grandes retos que enfrentamos. El Sistema Nacional Anticorrupción es clave para lograr, entre otros objetivos, la desarticulación de redes de sobornos y la vigilancia del gasto público. Dándole entrada, además, a la sociedad civil en su conjunto. Para lograrlo, también los sistemas estatales deberán servir el propósito para el que fueron creados; deben evitar convertirse en vehículos del revanchismo político, como llega a suceder en algunas entidades.
Foto: EFE
En suma, unas instituciones fuertes contribuyen a enviar el mensaje de que el país no es presa de intimidaciones. Algo de lo que puede beneficiarse, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o todo aquello que se enmarque en la relación bilateral con Estados Unidos. Si bien el presidente Donald Trump lo dejó claro desde la elección estadounidense de 2016, la actual crisis migratoria que se vive en la frontera, reafirma la complejidad de la situación.
Pese a que las condiciones son disparejas, es evidente que contamos con capacidad de negociación. Este es un buen momento para hacer un despliegue de la diplomacia cultural de nuestro país, por ejemplo, que ha sido gravemente desaprovechada. Teniendo en cuenta que la renegociación del TLCAN se enfrenta con obstáculos aún mayores que cuando el tratado fue firmado, el próximo presidente deberá reforzar nuestra capacidad negociadora; la diplomacia cultural es el puente ideal para ayudar en la creación de consensos y el mantenimiento del diálogo. Ante la retórica del odio, la sagacidad diplomática. Frente a la obstinación, la diversificación de relaciones y el multilateralismo.
El México que viene
Hace algunas semanas (en una entrevista para El País), el ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, señalaba que en México está en juego una recomposición de las élites (económicas, políticas, sociales, culturales, etc.). Bajo esta lógica, no sólo son cuatro los proyectos de nación y sus respectivos candidatos, los que se enfrentan en la elección. Sino que la disputa también es entre los grupos que ven representados sus intereses en esas cuatro opciones.
Es verdad que el 1 de julio podríamos presenciar el cambio de unas élites por otras, o bien el mantenimiento del status quo; percibo difícil pensar en escenarios alternos. Pero, en cualquier caso, tendríamos la ocasión justa de aprovechar una coyuntura de ese carácter. A riesgo de parecer ingenuo, me atrevo a decir que ello abre la puerta para exigir más a la clase política y levantar la mano para incidir en la agenda nacional. Si tal recomposición es posible, existiría la oportunidad de avanzar en la lucha por los derechos LGBT, la equidad de género, la exigencia de soluciones sustentables en los sectores productivos, el combate eficaz al crimen organizado, la reducción de la pobreza y un larguísimo etcétera.
Foto: Especial
Cambiando el sentido de lo anterior, tampoco sería descabellado pensar en relajar un poco nuestro rígido sistema presidencialista, para ensayar con los gobiernos de coalición. Pese a que la Reforma Político-Electoral de 2014 contempla esta figura, no contamos con un terreno adecuado ni la voluntad de echarla a andar. Dice el texto emitido por el Gobierno de la República, a propósito de la aprobación de la reforma, que “en un gobierno de coalición los acuerdos construidos serán públicos y transparentes. Irán más allá de los temas de coyuntura, al tiempo que su implementación será más eficiente, más expedita y con beneficios concretos para los mexicanos”.
El México deseable
Si ya estamos enfrascados en “coaliciones Frankenstein” durante el proceso electoral (donde conviven fuerzas políticas heterogéneas y con objetivos dispares), quizá es el momento propicio para no quedarnos sólo en el pragmatismo electoral y plantear opciones colaborativas de gobernabilidad. Es célebre la hazaña de Abraham Lincoln cuando, tras convertirse en presidente de Estados Unidos, decidió integrar en su gabinete a quienes habían sido sus rivales en las contiendas electorales donde participó. Ese “equipo de rivales” fue decisivo durante la Guerra Civil estadounidense, como lo apunta Doris Kearns Goodwin, en su libro de 2005 sobre el tema.
Evidentemente, replicar algo así en México no es tan sencillo como cabría esperar; menos aún, teniendo actores políticos que se distinguen por su intransigencia o su tendencia a atacar a sus rivales políticos. Pero es innegable que nos merecemos un gobierno que genuinamente integre distintas visiones en su práctica. Que demuestre su voluntad de trabajar en conjunto con otras fuerzas políticas, buscando logros compartidos. Que se aleje de los ataques socarrones y las descalificaciones pueriles, que no contribuyen en nada al debate público. Aunado, por supuesto, a un Congreso de la Unión que cumpla a cabalidad su papel como contrapeso efectivo al poder ejecutivo. Si tales escenarios son posibles, ello nos daría una señal de que vamos alcanzando la madurez política.
Al cruzar el Rubicón
Este domingo, vayamos a votar por el proyecto de nación que más nos convenza. Votemos teniendo en mente el abandono del anacronismo y pensando en soluciones modernas y pertinentes, que resuelvan los problemas urgentes a los que nos enfrentamos. La agenda de lo absurdo la podemos olvidar, cuando tengamos las seis papeletas en la mano. Pensemos en el candidato, pero también en el gabinete que se conformará, el cual diseñará y ejecutará la dirección que la administración decida tomar. Ejerzamos el sufragio a favor del estado de derecho.
Pero eso sí, votemos por la convicción de hacerlo. Por ejercer nuestro derecho inalienable como ciudadanos. No acudamos a las urnas por miedo, o a raíz de las intimidaciones. Quien recurre al miedo como herramienta para convocar al voto, daña nuestra democracia y pone en evidencia las carencias del proyecto que defiende. Eso es inaceptable y es una forma de terrorismo.
Cuando tuve la fortuna de colaborar por primera vez en Cuarta, me prometí no hablar sobre ningún tema electoral hasta el fin de las campañas. No obstante, la situación que vivimos es apremiante y pudieron más mis ganas de contribuir al debate con algunas reflexiones.
Si tenemos suerte, quizá en cincuenta o cien años también se conmemore otro tipo de revolución: la de las conciencias.
Cristian J. Vargas Díaz es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
[1] Beltrán E. et al., (1963), México a 50 años de Revolución. México Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
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