Opinión
El silencioso tormento del desplazamiento forzado en Jalisco
El estado de Jalisco, conocido por su riqueza cultural y su pujante economía, enfrenta hoy una crisis humanitaria que parece desvanecerse entre las sombras de la indiferencia gubernamental: el desplazamiento forzado. Según datos revelados por Sandra Díaz Covarrubias, coordinadora general del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género AC, ya son 15 mil las almas errantes dentro del estado, víctimas de un clima de violencia e inseguridad que no discrimina.
Este éxodo interno, alimentado por conflictos socioambientales, violencia generalizada y la ominosa presencia del crimen organizado, ha sembrado el terror en corazones que una vez llamaron «hogar» a municipios como Teocaltiche y Lagos de Moreno. Aunque Jalisco se presenta ante el mundo con orgullo y color, sus rincones más oscuros cuentan historias de desesperación y miedo.
La respuesta del gobierno estatal ante esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Las políticas públicas parecen ignorar la seriedad del desplazamiento forzado, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y social. Estas personas no sólo pierden sus hogares, sino que también se enfrentan a la invisibilidad y la marginalización. Su sufrimiento se ve agravado por la falta de medidas de protección efectivas y de estrategias de integración que resguarden sus derechos fundamentales.
Además, Jalisco no es ajeno a la complejidad del fenómeno migratorio a nivel nacional. Ricardo Peña, del Voluntariado México Red de Atención Humanitaria, advierte que México está rompiendo récords en solicitudes de refugio, con cifras que ascienden a casi 100 mil en el primer semestre de 2023. Esta situación coloca al país como el cuarto en el mundo con más solicitudes de refugio, una estadística que, lejos de ser una medalla, es un llamado a la acción urgente.
La situación en Jalisco es un reflejo de una tragedia mayor; es un grito desesperado que resuena en los corredores del poder. Las autoridades deben reconocer que ignorar el desplazamiento forzado es negar la dignidad humana. Es imperativo implementar un marco de acción que no sólo aborde la violencia, sino que también fomente el desarrollo social y económico, garantizando que ningún ciudadano, independientemente de su origen, se vea forzado a abandonar su hogar por temor a la violencia o la persecución.
El gobierno del estado tiene la responsabilidad y la obligación de proteger a sus ciudadanos y de construir un estado donde la seguridad y la paz no sean un lujo, sino un derecho inalienable. El desplazamiento forzado no es sólo una cifra; son vidas humanas buscando esperanza en medio de la adversidad. Es hora de que Jalisco no sólo escuche, sino que responda con acciones concretas.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.