Opinión
El triunfo en las urnas y el enorme reto de cumplirle a los votantes

Triunfo en las urnas…
La pasada jornada electoral mexicana configuró un escenario de renovadas oportunidades y retos para el sistema político mexicano. Sin duda, el gran bono de legitimidad con el que arriban gobernantes y legisladores otorga una condición requerida para la gobernabilidad democrática: El consentimiento de la sociedad en aceptar a sus líderes políticos.
Sin embargo, como lo demuestra la historia contemporánea de nuestro país, el consenso social emanado de las urnas no es suficiente. Se requiere de liderazgo, claridad y consistencia sostenidas para dar rumbo y mantener la conducción efectiva de las instituciones públicas a fin de garantizar el contenido sustantivo de equidad, bienestar y progresividad de los derechos humanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas de gobierno. Los cuales deben expresarse en la agenda pública también conocida como agenda de gobierno.
Transitar de plataformas electorales y promesas expuestas durante las campañas políticas a compromisos de gobierno de corto, mediano y largo plazo, que sean posibles de traducir en acciones concretas, implica una mezcla de ingredientes políticos, institucionales e incluso culturales que permita cumplir con la palabra pública empeñada durante el proceso electoral.
Llega entonces el momento en que el sistema electoral y el de partidos interactúan para producir efectos en el sistema de gobierno.
El futuro próximo
En los próximos meses tanto el poder ejecutivo como el legislativo, federal y estatal, formularán sus respectivos planes nacional y estatal, sectoriales, regionales e institucionales; así como la agenda parlamentaria del Congreso de la Unión y de Jalisco. Ahí se fijarán los ejes de trabajo para los próximos tres y seis años.
El contenido y alcance de los instrumentos de planeación representan el primer peldaño de un conjunto de piezas que hacen funcionar al gobierno. Aunque sin lugar a dudas es el presupuesto de egresos en el que se constatará si las promesas se quedan en planes o cuentan con la suficiencia presupuestaría que las conviertan en realidad y así, la ciudadanía podrá evaluar si la oferta política que utilizaron los candidatos en campaña tiene suficiente viabilidad para convertirse en acciones de gobierno. También permitirá apreciar la auténtica orientación y carácter de la clase política respecto a la congruencia de su actuación. Esos primeros pasos de un gobierno fortalecen o erosionan la democracia.
Para llevar a cabo la transición de promesas electorales en actos de gobierno contamos con marco jurídico robusto en la materia. La Constitución de la República en el artículo 26 y la Ley de Planeación del estado de Jalisco y sus municipios en su artículo 9, refieren la existencia y funcionamiento del sistema de planeación democrática del desarrollo, como el mecanismo para que la ciudadanía tome parte en el diseño de los planes de gobierno. Sin embargo, existen fuertes críticas respecto de la vigencia y desgaste del modelo de planeación nacional, ya que se trata de un esquema con más de 30 años, que al parecer, ha logrado buenos documentos de planeación, pero insuficientes capacidades institucionales en la materia.
La real incidencia de la sociedad
Una pieza complementaria que puede potenciar la incidencia de la sociedad en la agenda de gobierno es el repertorio de instrumentos jurídicos establecidos en el Código Electoral y de Participación Social de Jalisco.
Figuras como el presupuesto participativo, referéndum, plebiscito, contraloría social, iniciativa popular y gobierno abierto, permiten desarrollar esquemas de comunicación y cooperación entre los sectores público, social y privado en la formación de los planes de gobierno, y más aún en el día a día de las decisiones políticas.
El espíritu de los mecanismos de participación social es que los poderes públicos sean intervenidos legal y legítimamente con las propuestas de organizaciones civiles, empresarios y grupos de interés para ser incluidas en el proceso de decisión política. El objetivo es corregir desviaciones en la gestión pública y de esa manera hacer valer la voluntad del pueblo. Claro, ello en el entorno de reglas y procedimientos que concretan las figuras de democracia directa.
Hay que recordar que la democracia mide sus frutos no sólo en la determinación de ganadores, sino en la capacidad de confeccionar políticas públicas que respondan a las demandas ciudadanas en congruencia con la visión de la renovada clase política que ocupará los puestos de mando público. ¿Cómo hacerlo?, ¿con quiénes? y ¿bajo qué reglas formales e informales se producirán?
¿De qué manera la ciudadanía podrá mantener control e incidencia en las decisiones y actos de gobierno, y de esta manera conservar el carácter democrático del sistema de gobierno aún fuera de una contienda electoral?
Gobierno responsable
Los puntos clave para dar respuesta a estas interrogantes corren por dos vías. Por un lado, se requiere de un gobierno responsable, con funcionarios profesionales que actúen en un entorno institucional que los vigile e incentive hacia el correcto desempeño de sus tareas.
Por otro lado, se requiere contar con el acompañamiento y corrección de la ciudadanía a través de instrumentos efectivos -no simulados, como ha sido una práctica asistencialista y clientelar del sistema político- que favorezcan y permitan la deliberación, discusión y cooperación social. Esta participación tiene que materliazarse en fijar temas y propuestas que impacten en las decisiones de políticas y la agenda de gobierno, así como en el diseño presupuestario. El gobierno y parlamento abierto son la llave para el ingreso de la administración jalisciense a la gobernanza democrática.
La democracia no es solamente un proceso electoral, sino un sistema de gobierno en el que interactúan agentes, recursos y normas que procuran relaciones de cooperación y coordinación entre la sociedad y su gobierno.
En la ruta que marquen nuestros gobernantes será imprescindible el acompañamiento, e incluso la corrección fraterna de la sociedad civil.
Gilberto Tinajero es maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Profesor de posgrado en temas de diseño institucional, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana. Coordinador del Seminario de Investigación anual del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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