Opinión
Élites y contrapesos: el nuevo grupo opuesto a AMLO
El sábado pasado, el diario Reforma publicó una nota donde dio a conocer la iniciativa de “un grupo de intelectuales, artistas, empresarios y políticos” que tiene el propósito de servir como contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Liderada por Javier Corral, el actual gobernador de Chihuahua, la iniciativa se construye a raíz de la mayoría aplastante que obtuvo Morena, tanto en el Congreso como en las legislaturas locales. El objetivo principal del grupo consiste en limitar y hacer frente a una presencia mayoritaria en los poderes ejecutivo y legislativo que, a juicio de los firmantes, es poco ventajosa para México.
De acuerdo con el propio Corral, sabotear al gobierno federal está fuera de sus intenciones. Según dijo en la entrevista para Reforma, lo que persiguen es “encarrilar [el proyecto de nación] y encauzarlo en este momento de gran oportunidad de transformación para México”. La noticia no fue sorpresa para nadie, teniendo en cuenta que el gobernador ha sido una de las voces críticas a López Obrador desde meses antes de que se celebraran las elecciones de julio pasado. En un país pintado de guinda, Corral se asume como el líder de un frente de resistencia blanquiazul.
Alfaro se deslinda
Otro de esos frentes parecía naturalmente destinado a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; y quien en no pocas ocasiones había manifestado su rechazo a las políticas del actual presidente; especialmente, a raíz de la creación de los “súper delegados” federales, que en Jalisco se traducen en la figura de Carlos Lomelí Bolaños. No obstante, aunque su nombre aparece en la nota original como otro de los integrantes, el propio Alfaro negó categóricamente pertenecer al grupo, a través de su cuenta de Twitter. Una decisión que probablemente es resultado del reciente clima de conciliación existente entre el gobernador y el presidente, tras la reciente visita a Palacio Nacional del abanderado de Movimiento Ciudadano.
Unos se van, otros se quedan
También se deslindaron Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín; quienes se asumieron como participantes de la vida pública a través de su trabajo intelectual y académico; pero fuera de agrupaciones de este tipo. Lo mismo hizo Gustavo de Hoyos, líder de COPARMEX y quien representa a un significativo bloque de empresarios que en los últimos meses han tenido desencuentros con el gobierno federal.
La lista del grupo también incluye a Roger Bartra, Jorge Castañeda y Luis Donaldo Colosio Riojas; quienes hasta la fecha no se han pronunciado al respecto. Bajo el hashtag “#YoSíQuieroContrapesos”, los que han manifestado abiertamente su membresía, hasta el día de hoy, son el activista Emilio Álvarez Icaza, el ex-presidente Vicente Fox y los políticos Martha Tagle y Agustín Basave. No obstante, el anuncio de Reforma ha dejado tras de sí una estela de refutaciones y contradicciones que ponen en duda los alcances de la agrupación y engendran discusiones sobre la naturaleza política de sus objetivos.
El Grupo San Ángel
Pero este ejercicio no es inédito. Ya desde los años noventa, después de casi setenta años de gobierno priista; en el país comenzaba a plantearse la idea de los contrapesos y la transición democrática como algo plausible y necesario. En junio de 1994 se oficializó la creación de un grupo cuyas reuniones periódicas ocurrían en el barrio de San Ángel (que le dio el nombre) y cuyos miembros tenían un objetivo en común: impulsar el fortalecimiento de las instituciones democráticas en México (comenzando por unas elecciones limpias para ese año) y “plantar” en la discusión pública las semillas de una alternancia política.
Entre los integrantes del Grupo San Ángel se contaron a Carlos Monsiváis; Carlos Fuentes; Adolfo Aguilar Zínzer; Laura Esquivel; Enrique Krauze; Paco Ignacio Taibo; Sergio Aguayo; Lorenzo Meyer; Bernardo Sepúlveda; Vicente Fox y hasta Elba Esther Gordillo. Jorge Castañeda, quien en muchos sentidos fungió como el vocero y líder moral del grupo, escribió para El País un artículo en agosto de ese mismo año, donde destacó la heterogeneidad de sus miembros como una de sus principales virtudes.
“Es la primera colección de corrientes políticas, de preferencias ideológicas y de diversidad profesional en la historia reciente de México, que realmente actúa de manera conjunta en vez de simplemente ser una junta de abajo-firmantes”, según apuntó.
El México de entonces, el México de ahora
Por supuesto, el México de ese año era muy distinto al de ahora: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional había logrado su primer levantamiento; el TLCAN se ponía en marcha tras las intensas rondas de negociaciones; y Luis Donaldo Colosio cumplía casi tres meses de haber sido asesinado. Tras el desastre electoral de 1988 (cuando la célebre “caída del sistema” levantó las sospechas de fraude electoral), el grupo alzó la voz frente a lo que vaticinaban como una situación de emergencia, donde la democracia mexicana corría un grave peligro al mantener sus mecanismos y procedimientos dependientes del propio gobierno.
Después de todo, la Secretaría de Gobernación aún era la responsable de organizar las elecciones. Algo impensable en el México de 2019, donde el INE –aún con los recientes y polémicos recortes sustantivos a su presupuesto– es quien asume esta tarea, como resultado de varios años de negociaciones y reforma política. Sin embargo, no deja de ser curioso que aquellos temas que ocuparon la agenda nacional parecen estar vigentes 25 años después. El efecto Donald Trump transmutó el TLCAN en el AEUMC; los zapatistas se pronunciaron en contra de los proyectos de alto impacto ambiental de López Obrador (comenzado por el Tren Maya); y a través del INAI se desclasificó información relevante sobre el magnicidio de Colosio.
“La historia no se repite, pero en ocasiones rima”, reza la frase que comúnmente se le atribuye a Mark Twain.
Un asunto de contrapesos
La suerte del Grupo San Ángel no fue la mejor. Zedillo ganó las elecciones del 94’ y la agrupación comenzó a perder fuerza; aún no terminaba el segundo año de aquel sexenio, cuando ya no había rastros palpables de la iniciativa conjunta. Quizá la misma heterogeneidad y diversidad de intereses que destacó Castañeda, fue lo que terminó por sellar el destino del grupo. Cabe entonces preguntarnos si la agrupación que ahora encabeza Javier Corral guarda o no paralelismos con la que se formó entre las calles empedradas de la capital.
El gobierno de México ya tuvo su primera transición democrática de la era moderna en el año 2000, y de nuevo en 2018. La izquierda, si es que aún podemos llamarle así, ostenta el gobierno federal y el PRI perdió la gran mayoría de sus gubernaturas. Sin embargo, las demandas más urgentes de la sociedad civil siguen sin satisfacerse. Por ello es natural y necesario que existan los contrapesos. ¿Cómo podría argumentarse lo contrario, justo cuando el federalismo, la forma de organización política y administrativa que nos rige, está bajo la lupa? En un escenario como este –donde además el voto diferenciado sigue siendo un desconocido para los electores mexicanos–, buscar espacios de disidencia organizada es positivo.
Y un asunto de élites
Pero nada es tan sencillo. Recuperando de nuevo a Castañeda; el Grupo San Ángel también representó un fragmento de la realidad política mexicana y sus formas de organizarse. “La política siempre ha estado reservada a las élites y el Grupo San Ángel refleja esta realidad”, escribió sin reparos el ex-canciller. Haciendo eco del mismo razonamiento, José Ramón Cossío advertía el año pasado que los comicios del 2018 traerían consigo un relevo de élites políticas. Y junto con ello, el enojo de quienes fueron relevados.
Es indudable que nuestro país funciona de acuerdo con los arreglos políticos entre las distintas facciones que aglutinan el poder. Desde luego no es un asunto de poderes ocultos (son, por el contrario, muy visibles). Simplemente, las prioridades que se fija cada gobierno están determinadas, en gran medida, por los grupos que les respaldan y que seguramente contribuyeron a ponerlos donde están.
No es casual, entonces, que la gran mayoría de quienes hicieron segunda voz a Corral; provengan de los partidos políticos que establecieron una coalición electoral en 2018: el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. No es casual que casi todos simpatizaran con Ricardo Anaya, abanderado de dicha coalición, el año pasado. Un año donde quedó claro que, por lo menos en la política mexicana, el pragmatismo puede más que la ideología. ¿Y dónde quedan los priistas en todo esto? ¿Optaron por desmarcarse o se fueron todos a Morena? Ya son muchos años en que Plutarco Elías Calles no descansa tranquilo en su tumba.
El verdadero equilibrio
Es evidente la legitimidad de todas las iniciativas que pugnan por un balance democrático; cuando las condiciones actuales le otorgan al gobierno todo el poder. Eso es un hecho. Pero esa legitimidad sólo puede mantenerse cuando las fuerzas políticas que sustentan dichas iniciativas, parten de principios éticos. Después de todo, el fortalecimiento de la democracia está intrínsecamente ligado a la responsabilidad moral de la oposición. Pero si detrás del discurso del equilibrio existe un fin meramente electoral; entonces esa iniciativa tramposa se vuelve perniciosa para la democracia. No hay diálogo, sino simulación.
La correlación de fuerzas entre élites es positiva, en la medida en que permite un reparto del poder que vuelve menos vulnerables las instituciones públicas. Pero frente a esas condiciones oligárquicas, la verdadera salvaguarda del estado de derecho recae en la sociedad civil. Cuando está organizada, cuando se vincula con el resto del mundo y cuando logra con su trabajo permear la agenda pública, se convierte en el verdadero contrapeso. Ese es el contrapeso que queremos todos.
Cristian J. Vargas Díaz es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a RayBradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
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Opinión
La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
México necesita mejores universidades públicas
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.