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Opinión

En Guadalajara, ¿el arte es público? 

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Apreciable lector/a, permítame contarle la siguiente anécdota que brinda un punto de partida hacia el establecimiento del motivo y la intención de este texto, cuyo tema principal es, a grandes rasgos, la política cultural en la ciudad de Guadalajara. Verá, pasé mis vacaciones decembrinas en el extranjero y en mi retorno en los primeros días de enero del año en curso, estando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cogí un taxi y el trayecto que tomamos de regreso a mi casa fue por avenida Lázaro Cárdenas; cuando pasamos el cruce con la calle Fuelle, difícilmente vi el conjunto escultórico “Las Tres Gracias” del artista plástico Sergio Garval. Debido a la velocidad con la que se circula en dicha avenida, es prácticamente imposible contemplar dicha obra, salvo que el tráfico lo permita.  

Posteriormente, fui a la plazoleta que alberga las tres esculturas y me percaté de que el lugar estaba por cerrar, puesto que su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de ello, el elevador, pensado para personas con discapacidad, no funcionaba. Estos eventos que conjuntan la situación relatada me llevaron a una primera inferencia en torno a la pertinencia del programa al cual pertenecen estas piezas artísticas. En efecto, estas y otras obras forman parte del programa Arte Público lanzado en agosto de 2016, cuando Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, era presidente municipal de Guadalajara y que sigue vigente, aún no se tiene claro cómo esta política pública de carácter cultural ha impactado en la sociedad tapatía.  

Es decir, y de acuerdo con Enrique Alfaro y su equipo de trabajo del área de cultura durante su gestión como alcalde de Guadalajara, existía una importante y distintiva tradición artística que se ha ido perdiendo y junto con ella, el respeto y el amor al patrimonio cultural, afirmación dicha sin ningún tipo de sustento; por este supuesto motivo, se crea el programa en cuestión con el que se pretendía hacer de la ciudad una galería para reactivar este sentido de pertenencia entre los tapatíos, lo cual puede interpretarse como el objetivo general, a través de cinco líneas de trabajo que se enlistan a continuación: 

  1. Recuperación del patrimonio. 
  2. Colosos urbanos. 
  3. Esculturas de bienvenida a Guadalajara. 
  4. Murales urbanos. 
  5. Premio de Escultura Juan Soriano. 

Se puede inferir que los objetivos particulares de cada línea de trabajo previamente mencionados del programa Arte Público, denotan un intento de política cultural a nivel municipal y procuran acercarse a lo pretendido por parte del gobierno de Guadalajara, pero que no terminan por resultar en pro de la ciudadanía tapatía. 

Para la primera línea de trabajo referente a la recuperación del patrimonio, entabla la restauración, conservación y promoción del patrimonio cultural bajo la coordinación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO); los objetivos para las líneas 2 y 3 que abordan los colosos urbanos y las esculturas de bienvenida a la ciudad respectivamente, indican la elaboración de intervenciones y esculturas de grandes dimensiones y para luego ubicarlas en puntos destacados dentro de la Perla Tapatía. La producción de estas obras estuvo a cargo de varios artistas reconocidos no solo en la escena local, sino nacional e incluso internacional, nombres como los de Dolores Ortiz, el referido Sergio Garval, Ismael Vargas, José Fors, Pedro Escapa, entre otros. Los criterios para la elección de estos artistas fueron socializados, pero se decidieron unilateralmente, lo cual no funciona para los fines de la democratización de la política cultural. Las líneas 4 y 5, sobre los murales urbanos y el Premio Juan Soriano, básicamente invitan a las y los jóvenes artistas locales, nacionales e incluso extranjeros, a la creación de nuevas obras manifestadas en murales de diferentes espacios públicos y en esculturas bajo el premio mencionado.   

Arte Público, como potencial caso de estudio de política cultural en Guadalajara, nace del supuesto de regeneración y recuperación del espacio público basado en una perspectiva que pretende la continuidad -claramente no lograda- de “una tradición artística (y gubernamental) y amor por el patrimonio” de implementación de políticas de arte público con la finalidad de propiciar el acceso y vivencia de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, así como el disfrute y ocupación del espacio público a través de la contemplación de obras de arte. Sin embargo, solo es parte de los argumentos que definen la problemática que envuelve a esta política, asimismo, cobra importancia analizar si en la construcción de la agenda pública de dicha política ha estado presente el seguimiento por parte de las autoridades y los sistemas oficiales que legitiman las artes.  

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En agosto de 2016, el gobierno de Guadalajara, en ese entonces encabezado por Enrique Alfaro, llegó a la débil conclusión de que “la tradición artística y monumental de Guadalajara hizo que fuera reconocida en todo México por su riqueza cultural y su compromiso con el arte. “No obstante, luego de más de 30 años de malos gobiernos, el abandono es evidente en los espacios de la ciudad: la infraestructura vial y de servicios, los espacios recreativos, sus monumentos y jardines, son el testimonio de una riqueza urbana dejada al olvido”.

Dicha declaración detonó la formulación de Arte Público como política cultural, asimismo, fue la única justificación que arrojaron las autoridades en consecuencia del diagnóstico realizado, lo cual recayó en la detección y definición del problema para el diseño e implementación de la referida política. Este planteamiento puede comprenderse de mejor forma si se considera que para que una problemática sea prioridad en la agenda, debe tener relevancia pública para la comunidad en cuestión, en este caso, la ciudadanía de Guadalajara con los enfoques relativos a la democracia participativa y con la intención de garantizar sus derechos culturales a partir de necesidades radiografiadas.  

Por lo tanto, la detección de la problemática fue realizada por la autoridad municipal unilateralmente, lo cual constata un dictamen de 2016 y el “Informe de final de actividades del Programa de Arte Público” de 2018, lo que muestra que, en realidad, las decisiones sobre Arte Público se dan bajo influencia política y agendas privadas. Lo anterior expone que la decisión del gobierno para el diseño e implementación de esta política cultural se basó en una justificación incierta, por lo que su definición de la problemática fue parcial y no se realizó con la profundidad requerida y tampoco contó con el apoyo de suficientes instrumentos de participación ciudadana.  

El diseño, la implementación y la evaluación de toda política cultural debe hacerse por todos los agentes sociales, es decir, Estado, grupos comunitarios, sector privado, sociedad civil organizado, la academia, etc., puesto que, si se formula solo por el Estado, esto cobra un sentido particular cerrando las puertas a una política de ciudadanía cultural. La intención de Arte Público era incorporar el arte y reavivar la cultura como parte de la agenda pública y, aunque no se haya cumplido cabalmente, se convierte en un precedente a nivel nacional y se coloca en la óptica para un estudio más profundo, sin embargo, hay evidentes sesgos y debilidades en su estructuración que deben ser exploradas.  

El descontento de la ciudadanía se percibe por la escasa participación de la sociedad civil (artistas emergentes o colectivos independientes, gestores y en general habitantes de la ciudad) en los procesos de toma de decisiones, es decir, no hubo mayor fortalecimiento en el ejercicio democrático y los intentos llevados a cabo no lograron trascender contundentemente en la aplicación de esta política cultural. En síntesis, en materia de toma de decisiones, las autoridades tomaron las más esenciales, esto es: definición de la problemática, formulación de la política pública y de estrategias de implementación sin evidentes mecanismos de seguimiento y evaluación.  

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El gobierno de Guadalajara ejerció un control de la agenda, lo que le permitió realizar modificaciones sin democratización para lograr un resultado alineado a los intereses particulares de la autoridad en turno. Esto se considera como el mayor desacierto de esta política cultural, debido a que para que esta tenga durabilidad y aplicabilidad, debe surgir de una discusión que genere acciones de consenso en un contexto determinado y que desencadene una legitimación y votación. No obstante, se reconoce que Arte Público logró colocar al arte y la cultura en el debate público y se posicionó con cierta importancia en la agenda pública, sin embargo, aunque el debate no fue propiciado como un ejercicio democrático, da muestras de un ligero avance en la politización de la ciudadanía en materia de cultura. También se destaca que es una política con carácter innovador y funge como antecedente y referente nacional con mucho que examinar. La elección de artistas que participaron en la creación de las obras escultóricas se hizo unilateralmente, por lo que, de nueva cuenta, no hay democratización. Aunado a lo anterior, la revisión y análisis en torno a los motivos, construcción y características de la política en cuestión, revela las deficiencias tanto en la definición del problema, como en su justificación, formulación y evaluación, sobre todo por el fuerte control de la agenda, la toma de decisiones sin consenso y los nulos mecanismos de participación ciudadana, aspectos esenciales para definir si una política pública es o no eficiente. 

En conclusión, las políticas culturales son el fruto de los cimientos sociales, de la mediación de todos los agentes sociales que conforman itinerarios y estrategias para lograr la garantía de los derechos culturales. Arte Público es un caso relevante que deja un interesante referente que puede fungir como base para el diseño de futuras políticas, no por su éxito, sino por las deficiencias señaladas y que, a pesar de ellas, se muestra un intento por considerar al arte y la cultura como punto relevante dentro de la agenda pública, pero, para ello, siempre se debe considerar la participación activa de la sociedad civil en el proceso de democratización y politización en la toma de decisiones, convirtiéndonos en una ciudadanía cultural.

 

 

Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.

 

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La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles

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El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco

El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.

Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.

Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.

El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.

No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.

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La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.

Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.

Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.

La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.

El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.

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La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.

El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.

A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.

Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.

Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.

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Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.

Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.

Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.

Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.

Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.

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Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo

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opinion humberto mendoza sobre claudia sheinbaum

El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.

El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.

Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.

Continuidad versus Cambio

Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.

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Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.

Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.

Desafíos Financieros y Políticos

Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.

Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.

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Un nuevo rostro para la transformación

Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.

Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.

La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.

Sobre el autor

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Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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México necesita mejores universidades públicas

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México necesita mejores universidades públicas

El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.

A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.

Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.

La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.

Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.

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Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.

Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .

Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .

Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.

El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.

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Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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