¿Fiscalizar las promesas de campaña? El caso de la Línea 5 en Jalisco

En México, la temporada electoral suele ser una pasarela interminable de promesas: infraestructura de primer nivel, planes de transporte masivo, más hospitales y un sinfín de proyectos que cautivan a la ciudadanía.

Sin embargo, una vez que los candidatos logran el cargo, la realidad se impone y muchas de esas promesas quedan en el tintero o se transforman en algo muy distinto a lo anunciado.

El caso más reciente es el del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien durante su campaña prometió la construcción de la Línea 5 de Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero terminó confirmando que, en lugar de un tren, se desarrollará un sistema de transporte eléctrico tipo BRT.

Este ejemplo es revelador en varios sentidos. Primero, exhibe la falta de mecanismos formales para que la ciudadanía exija el cumplimiento de lo prometido.

Aunque Lemus argumenta que la decisión se debe a recomendaciones técnicas y a la apuesta por la electromovilidad, lo cierto es que el proyecto final difiere de lo que se anunció en campaña. ¿Por qué es grave esto?

Porque las promesas electorales son compromisos que un aspirante a gobernar establece con la sociedad y deberían ser vinculantes de alguna manera. Cuando la esencia de la propuesta se modifica drásticamente, no hay una sanción clara ni una figura legal que exija explicaciones detalladas.

En la práctica, queda en la discrecionalidad de los gobernantes el cumplir parcial o totalmente lo que prometieron.

En un país que busca consolidar su democracia, resulta esencial instaurar mecanismos que permitan la vigilancia y fiscalización de las promesas de campaña.

Al igual que se audita el uso de recursos públicos, se debería auditar el grado de cumplimiento de los compromisos oficiales, en especial aquellos que se convirtieron en banderas electorales. Ello no implica entorpecer la gestión pública con más burocracia, sino promover la transparencia y la rendición de cuentas, recordando que un gobierno electo fue, en teoría, “contratado” por la ciudadanía para ejecutar un programa de gobierno que prometió.

¿En qué países se hace algo similar?

Estados Unidos: Existen iniciativas independientes de verificación, como Politifact o FactCheck.org, que monitorean si las promesas de campaña se concretan o no cuando el político asume el cargo. Estas organizaciones, aunque no tienen carácter oficial, funcionan como una poderosa herramienta de transparencia y presión social.

Canadá: El Parliamentary Budget Officer (Oficina del Director Parlamentario de Presupuesto) revisa la viabilidad de ciertas propuestas de campaña y monitorea el gasto público, lo que ejerce un control indirecto sobre el cumplimiento de promesas, ya que obliga a los políticos a presentar cifras realistas.

Reino Unido: Aunque no existe una figura legal que penalice directamente el incumplimiento del manifiesto (programa de gobierno), el debate público y la cultura política generan presión para que los partidos cumplan lo que se comprometen a realizar. Además, diversos grupos de la sociedad civil rastrean y evalúan el nivel de cumplimiento de dichas promesas.

Algunos países de Europa: En naciones como Alemania, los acuerdos de coalición (Koalitionsvertrag) se consideran una especie de “contrato” entre partidos, y, aunque no hay una fiscalización judicial, el sistema parlamentario exige reportes constantes sobre el progreso de los compromisos pactados. Por su parte, grupos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales también monitorean de manera independiente el cumplimiento de lo prometido.

Estas experiencias en el extranjero demuestran que es factible, e incluso benéfico, obligar a los políticos a rendir cuentas sobre lo que ofrecen durante sus campañas. Si bien no hay un modelo universal, la fiscalización puede realizarse desde organismos gubernamentales, a través de la sociedad civil organizada o mediante una combinación de ambas.

Por supuesto, es legítimo que un proyecto se ajuste cuando existen causas de fuerza mayor o hallazgos técnicos que lo justifiquen. Sin embargo, la ciudadanía merece explicaciones claras y oportunas cuando un plan se modifica. Si desde el principio se sabía que la Línea 5 de Tren Ligero era inviable, se debió informar responsablemente en lugar de “vender” la idea para obtener votos.

Fiscalizar las promesas de campaña no es un capricho ni un obstáculo burocrático: es un paso necesario para robustecer nuestra democracia. Sólo así los proyectos que surjan de la voluntad popular se ejecutarán de manera transparente, y la ciudadanía dejará de ver cómo sus ilusiones se traducen en obras recortadas o simplemente inexistentes.

El caso de la Línea 5 en Jalisco es un ejemplo más de por qué México necesita avanzar hacia la rendición de cuentas y la vigilancia activa de los compromisos electorales. Es hora de que los políticos entiendan que sus promesas no son simples discursos, sino compromisos reales que deben cumplirse o, al menos, justificarse de forma creíble ante la sociedad.

Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona.