Opinión
Justicia a la deriva
El 14 de octubre, Blanca Paredes comenzó con una huelga de hambre a las afueras de Casa Jalisco, la residencia del Gobernador de la Entidad. Solicitaba una audiencia con Enrique Alfaro, toda vez que ha sido víctima de violencia vicaria y, en general, de machismo. Blanca ha iniciado los procesos legales correspondientes, teniendo como contraparte nada más y nada menos que al ex Magistrado José de Jesús N, quien es señalado de violencia y abuso sexual; como sucede con muchas otras personas, su caso no presenta avances y ella continua sufriendo de amenazas y violencia.
Decir que un caso judicializado no progresa se ha vuelto una cotidianeidad en México, además, situaciones como las de Blanca dan nuevos elementos para reflexionar sobre cómo el acceso a la justicia es cada vez más lejano y propenso de ser imparcial, tal y como lo pretende el artículo 17 de la Constitución Federal. Esto llevó a Blanca peticionar la intervención del Poder Ejecutivo en su caso, por supuesto, para que presente avances, sin embargo, ello resultaría una alteración a la propia separación de poderes, de la cual, no la podemos culpar.
La ineficacia del Poder Judicial comienza a llevar a casos como el de Blanca: víctimas que deben recurrir a poner- aún más- en riesgo su vida y a permitir que otros poderes tengan la oportunidad de intervenir, anulando presupuestos básicos del debido proceso. Blanca pidió la intervención del Ejecutivo como una medida desesperada, y ante la falta de atención de este dejándola por más de 70 horas en huelga de hambre, otros actores políticos dejaron ver comportamientos que confirman el aumento de riesgo que se tiene para el acceso a la justicia.
Sobre lo anterior, una Regidora municipal solicitó, a través de un tweet, la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Blanca, también y de la misma manera, una Diputada local y otras militantes de su partido, solicitaron al Gobernador atender el caso. Propiamente, no hay nada de malo en pedir justicia y ejercer contrapesos entre poderes, más esto podría convertirse en un medio para politizar los recursos judiciales y dejar a las víctimas en manos de la atención que les puedan dar partidos políticos o poderes ajenos al judicial.
Lo descrito podría visualizarse como cierto populismo partidista en materia judicial o hasta una forma prematura de captar votos al mostrar “interés” en que se resuelvan las causas de las víctimas. No se deja de lado la buena fe y voluntad que podrían tener diversos actores políticos hacia casos como el de Blanca, pero las falencias del Poder Judicial y la urgencia de su captura en Entidades como Jalisco, son elementos para poner en entredicho la presunta preocupación.
Un Estado sin contrapesos corre el riesgo de ser autoritario, las víctimas sin un Poder Judicial efectivo corren el riesgo de quedar en el olvido, con impunidad y enormes cantidades de violencia. Las instituciones se caen a pedazos, intereses partidistas lo aprovechan o fomentan y la sociedad continúa sufriendo las consecuencias de ello.
Sobre la autora
Daniela Bonilla Castañeda es abogada por el ITESO, especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Desempeñada en al área de investigación académica y la incidencia social para la garantía de derechos.