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Opinión

La abdicación del Emperador japonés y una reflexión sobre los símbolos

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abdicación del Emperador japonés

Duque de Windsor: Y ahora llegamos a la unción, el momento más santificado, más solemne y sagrado de toda la ceremonia.

Amigo del Duque: ¿Y entonces, por qué no la podemos ver? [apuntando al televisor]

Duque de Windsor: Porque somos mortales. Aceites y juramentos, orbes y cetros… símbolo sobre símbolo, son un insondable tejido de misterio arcano y liturgia; la línea que los separa es tan difusa, que ningún clérigo, historiador o letrado podría descifrarla.

The Crown (2017)[1]

El próximo 30 de abril será el último día de Akihito como Emperador del Japón. Tras asumir el Trono del Crisantemo en 1988, el monarca nipón anunció desde 2016 su deseo de abdicar debido a su avanzada edad y una salud menguante. Asumirá el trono su hijo, el Príncipe Naruhito, quien tomará la batuta desde el primer día de mayo, pero cuya ceremonia oficial no se llevará a cabo sino hasta octubre de este mismo año. El ejercicio no es inédito para el país, pero sí poco usual. La última abdicación ocurrió hace más de doscientos años, cuando las bases institucionales de la nación nipona estaban muy lejos del sistema democrático que mantienen ahora.

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La mañana de este lunes, faltando un mes para el ascenso del nuevo emperador, fue anunciado el nombre con el que se denominará a su reinado: Reiwa. Si bien no existe un consenso sobre el significado exacto, una traducción de la fuente –el antiguo poemario del Man’yōshū, que data del año 759– y las declaraciones del Primer Ministro Shinzo Abe, permiten situarla en algo cercano a “la buenaventura armoniosa”.  

 

Cambio de nombre

El cambio de nombre que acompaña cada nueva era es sumamente relevante para el país. Constituye el sistema que los japoneses utilizan para medir el tiempo de manera oficial, pues el nombre no sólo queda registrado en monedas, licencias, documentos y oficios públicos, sino que funciona como un sistema paralelo al del calendario gregoriano, que utilizamos en casi todo el mundo. Estando inserto en la economía global, el país mantiene ambos sistemas de medición de tiempo, permitiendo que la tradición no se someta a la modernidad; uno de los rasgos distintivos de la cultura japonesa.

Reiwa 1, o el primero año de la era Reiwa, se anuncia con la promesa de una renovación institucional, social y cultural que los japoneses adoptan en este acto simbólico. El cambio de nombre o gengo (seleccionado por un panel de expertos notables y académicos), recoge las aspiraciones y el “estado de ánimo” del Japón actual, al tiempo que sienta las bases para lo que habrá de venir. “Así como el florecimiento de los maravillosos ciruelos marca la llegada de la primavera, después de un amargo invierno, cada japonés puede aspirar a un mejor futuro y hacer florecer sus propias flores”, dijo Shinzo Abe tras el anuncio del nombre.

abdicación del Emperador japonés

Fotos: AFP.

Una abdicación histórica

La abdicación de Akihito fue resultado de un prolongado proceso legislativo que implicó el asentamiento de un nuevo precedente, dado que la abdicación no es una figura reconocida por la Casa Imperial. El proyecto de ley que finalmente fue aprobado, también reavivó las discusiones en torno a las reglas de sucesión, las cuales mantienen una rigidez que impide a las mujeres ascender al trono; estas incluso pierden sus derechos reales cuando se casan, debiendo abandonar sus tareas en la familia imperial y en la vida pública. Tal debate es especialmente relevante en un contexto de crisis demográfica, donde la dinastía real se está quedando sin herederos varones. En muchos sentidos, la propia familia imperial parece más abierta a estas discusiones que los sectores más conservadores del Japón, quienes temen que el linaje “se pierda”.

El Primer Ministro Shinzo Abe, quien en 2017 se enfrentaba a su eventual reelección, prefirió la mesura en el debate por temor a perder el voto de dichos sectores.

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Aunado a todo ello, la que es considerada como la monarquía más antigua en el mundo, también enfrenta una peculiaridad que en 1947 fue motivo de desconcierto colectivo. Tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial, el Emperador Hirohito (padre del actual monarca) emitió su “Declaración de Humanidad”; un rescripto que cimentó su relación con el pueblo japonés en la confianza y el respeto “y no en simples mitos y leyendas”, según señala el texto. Como resultado del mandato Aliado, el emperador se vio obligado a renunciar a su carácter divino y reconocerse como un mortal, cuya función en la nueva constitución sería la de fungir como “símbolo del Estado y de la unidad del pueblo”. Justo así lo establece el artículo 4° de la actual constitución.

 

Un carácter más humano 

Desde su entronización, su hijo Akihito, quizá consciente de que su tarea sería significativamente distinta a la de su padre, buscó imprimirle un carácter más humano a su reinado (conocido como la Era Heisei, o “de la consecución de la paz”). Abanderando el pacifismo, el actual soberano –el primero en ascender como el ceremonial Jefe de Estado “mortal”– mantuvo en su discurso el llamamiento a la reconciliación y un rechazo a la belicosidad. Tras la abdicación, tanto su esposa la Emperatriz Michiko como él, tendrán el carácter de emperadores eméritos, marcando así el final de una etapa comenzada en el orden de la posguerra.

                                         

¿Monarquías en el Siglo XXI?

Pero, si una monarquía simbólica como la japonesa carece de poderes constitucionales efectivos, ¿por qué seguimos hablando de familias reales a la par de los propios gobiernos? ¿Por qué en países como el Reino Unido o Dinamarca, ambas consideradas como democracias de avanzada (Brexit aparte), se siguen manteniendo monarquías constitucionales? Máxime cuando existen poderes en la propia constitución cuyos pesos y contrapesos regulan la vida pública y ponen en marcha los mecanismos de la democracia. ¿Son necesarias estas figuras emanadas del derecho divino? O, volviendo al caso japonés, ¿qué explica, entonces, la permanencia de una institución que, pese a estar depuesta de ese carácter divino, mantiene unas formas totalmente enraizadas en la mística? ¿Cómo se entiende una institución que, aún con su poder de agencia limitado al mínimo, no muestra signos que vaticinen su desaparición?

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Como lo sugiere el diálogo que inaugura estas líneas, quizá la respuesta está en el misterio. En ese delicado velo que cubre los elementos del mundo objetivo para trasladarlos, valiéndose del secreto y la solemnidad, al mundo de la imaginación. Dado el carácter divino de la mayoría de las monarquías, el principio mismo que sostiene los mandatos proviene de Dios (sea el anglicano, el católico, etc); los monarcas, en ese sentido, fungen como los representantes ungidos para hacer valer la voluntad divina, mediante su gobierno, y conducir al pueblo con apego a determinados valores morales y religiosos. Dicho principio se encuentra aderezado de elementos místicos y representativos para legitimarse frente a los gobernados. Estos elementos poseen un carácter mágico-misterioso que, bajo esa lógica, los vuelve inasequibles para los seres humanos.

abdicación del Emperador japonés

La nueva pareja imperial. Foto. AFP.

Entre la divinidad y el laicismo

Ese fenómeno no es, desde luego, ajeno a nuestras vidas diarias. Por ejemplo, quienes practican el catolicismo están familiarizados con el misterio de la “transubstanciación”. Dicho concepto de la doctrina católica, emanado de las reformas del Concilio de Trento, supone que los elementos de pan y vino que se utilizan durante el ritual de la eucaristía, representan el cuerpo y la sangre de la figura de Cristo. Más que una alegoría, para el catolicismo se trata de una verdadera transfiguración de elementos terrenales en divinos. Al igual que el derecho dinástico de los monarcas, la legitimación frente a los creyentes ocurre cuando dichos elementos se recubren de misterio y se les dota de propiedades inefables para los mortales.

Japón es un estado laico, al igual que los ejemplos de Dinamarca y el Reino Unido (este último es mayoritariamente secular salvo el caso de Inglaterra, que sigue siendo un estado confesional). Entonces ¿qué explica el arraigo de la sociedad nipona a una tradición con las características descritas? Gilbert Durand, antropólogo y mitólogo francés, proporciona algunas claves. En su polémico texto “La Imaginación Simbólica” (1964)[2], rescata la distinción que hace Ernst Cassirer entre signo y símbolo: “un signo es una parte del mundo físico del ente (being); un símbolo es una parte del mundo humano de la significación (meaning)”. Dice Durand lo siguiente:

La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una “directa”, en la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción o la simple sensación. Otra “indirecta”, cuando, por una u otra razón, la cosa no puede presentarse en carne y hueso a la sensibilidad. […] En todos los casos de conciencia indirecta el objeto ausente se “re-presenta” ante ella mediante una “imagen”, en el sentido más amplio del término”.

Los símbolos

Nuestras vidas están cargadas de símbolos. Tomemos como ejemplo la ceremonia que simboliza la obtención de un grado académico. En este acontecimiento, un panel de expertos (el sínodo) pone a prueba a quien defiende su trabajo recepcional y le cuestiona cada aspecto. Cual Sor Juana sustentando el examen ante las 40 eminencias en teología y filosofía, el graduado mantiene en vilo a la familia y amigos que le acompañan. Aún en ese contexto académico y con un carácter sesudo, el ritual no está exento de un profundo simbolismo.

Sea en 1651 o en 2019, el signo (materializado en un documento físico como el título o el acta) y el símbolo, son los mismos. Este último representa, al fin y al cabo, la culminación de una etapa formativa y el domino sobre un campo profesional, con todo lo que ello implica. Un ascenso al mundo de los expertos y la promesa de una mejor calidad de vida. Quizá por ello, los verdaderos beneficiarios de la ceremonia terminan siendo nuestros familiares.

En el mismo texto, Durand define al símbolo como “un signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar concretamente esta adecuación que se le evade […] y hacerlo mediante el juego de las redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrigen y completan inagotablemente la inadecuación”. La monarquía, en este caso, opera desde la manera indirecta de representación que propone el galo. Esa operación se traduce en un símbolo que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser el del poder y la autoridad absolutos, para transmutar en el de la identidad nacional y el arraigo a unos valores culturales específicos.

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La monarquía simbólica

En Japón, como en la mayoría de los países monárquicos, esos valores culturales se eternizan en una institución y se encarnan en una persona que asume la jefatura del Estado. No obstante, como también es usual en las monarquías de nuestro tiempo, esa tarea de naturaleza pública y gran exposición mediática deviene, paradójicamente, en una función completamente impersonal. El soberano, erigido como un símbolo personificado, existe para dirigir sin gobernar. Para despojarse de sus convicciones privadas y representar, mediante el ceremonial, el contrato social que planteara Rousseau; un concepto político que, según lo ideó el filósofo, es diametralmente opuesto a la idea de la monarquía.

Sin embargo, con el correr de los años, el carácter absolutista que volvía contraria la figura del monarca con respecto a ese pacto civil, fue sustituido por un arreglo institucional ajeno al sistema de partidos y las “politiquerías”. En el Japón de hoy, el emperador es la expresión de la permanencia y la continuidad. La familia imperial, en cuanto que embajadores culturales, fungen como una representación de la familia nuclear que la historia se ha encargado de convertir en un arquetipo aspiracional. Pero no debemos olvidar que ese ideal de familia corresponde a coyunturas sociales, políticas y culturales muy específicas, ya rebasadas por las justas demandas de nuestra época.

 

Una institución anacrónica

Porque pese a todo, la monarquía (entendida con este carácter simbólico) no deja de ser una institución anacrónica. Aunque no lo parezca a simple vista, lleva en su diseño la marca de la obsolescencia. Pero si ha de permanecer, entonces deberá adoptar el cambio y las renovaciones constantes como una regla. Comenzando, por ejemplo, con la derogación de su indignante ley sálica, en el caso nipón. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un ornamento caduco.

[1]Duke of Windsor: And now we come to the anointing, the single most holy, most solemn, most sacred moment of the entire service.

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Friend of the Duke:  So how come we don’t get to see it?

Duke of Windsor:  Because we are mortals.   …  The oils and oaths, orbs and scepters, symbol upon symbol, an unfathomable web of arcane mystery and liturgy, blurring so many lines that no clergyman nor historian nor lawyer could ever untangle any of it.

[2] Durand, G. (1964) La Imaginación Simbólica. Amorrotu Editores. Buenos Aires, Argentina.


Cristian J. Vargas Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.

 

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Opinión

México necesita mejores universidades públicas

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México necesita mejores universidades públicas

El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.

A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.

Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.

La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.

Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.

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Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.

Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .

Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .

Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.

El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.

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Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Nuevo proyecto educativo para Sheinbaum

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El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco

El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco el pasado 11 de julio, no solo reunió a las principales voces en el ámbito educativo, sino que planteó con claridad los retos y las oportunidades para el próximo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Este foro, convocado y liderado por la incansable diputada Mara Robles, puso sobre la mesa las propuestas más urgentes y necesarias para transformar la educación en nuestro País.

A las 10:30 horas, figuras de renombre como Sylvia Schmelkes, Sylvia Ortega, Martha Vergara y Enrique Velázquez se dieron cita en el Patio Constituyentes del Congreso para discutir las reformas que se requieren para enfrentar los desafíos actuales en la educación. Cada uno de estos expertos presentó recomendaciones específicas que, si son adoptadas por el próximo gobierno, podrían dar un giro crucial al sistema educativo mexicano.

Mara Robles destacó su apoyo a Claudia Sheinbaum, reconociendo su trayectoria como defensora de la educación pública y como académica de alto nivel. Subrayó que el objetivo de este foro fue garantizar que las propuestas de los expertos lleguen a las autoridades nacionales y se conviertan en acciones concretas.

“La educación debe ser una prioridad estratégica”, afirmó Robles, convencida de que este es el momento para relanzar el debate educativo no solo en Jalisco, sino en todo el País.

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Sylvia Schmelkes, por su parte, insistió en la necesidad de recuperar la percepción de la educación como un derecho humano fundamental, lamentando el impacto negativo que la pandemia ha tenido en la matrícula escolar, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. Schmelkes planteó que es urgente mejorar los resultados de aprendizaje en habilidades básicas como la lectura y las matemáticas, y pidió al nuevo gobierno que invierta más en educación, no solo en cantidad, sino también en calidad y equidad .

Sylvia Ortega ofreció una perspectiva más estructural, sugiriendo una reforma educativa integral que aborde los cambios demográficos, tecnológicos y ambientales que impactan al país. Ortega abogó por una coordinación intersectorial que permita a la educación ser un verdadero motor de transformación social y económica .

El diputado Enrique Velázquez también puso sobre la mesa propuestas clave, señalando que la educación debe ser vista como una herramienta crucial para reducir la pobreza. Velázquez destacó la importancia de vincular los programas sociales con la educación para evitar la deserción escolar, además de una mayor inversión en áreas clave como matemáticas y lectura .

Finalmente, Martha Vergara hizo un llamado urgente para mejorar la infraestructura educativa en Jalisco y en todo el país, señalando que sin instalaciones adecuadas y suficientes, los esfuerzos por mejorar la calidad educativa estarán condenados al fracaso

La pregunta que nos deja el foro no es si podemos hacerlo, sino si Claudia Sheinbaum está dispuesta a ser la líder que transforme la educación en México. Ya no hay espacio para la tibieza. ¿Será Claudia la presidenta que finalmente ponga a la educación en el centro de su agenda, o permitirá que se pierda esta oportunidad histórica?

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El momento es ahora, y la educación no puede esperar. Si el nuevo gobierno toma decisiones firmes desde el principio, esta podría ser la administración que logre lo que tantas otras han prometido sin cumplir. Claudia tiene el poder y la visión para hacerlo, y México espera que se atreva a dar ese paso.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Órganos autónomos en la mira: El debate sobre su desmantelamiento 

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El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Escribe Humberto Mendoza
El debate sobre el desmantelamiento de los órganos autónomos marcará la agenda legislativa. Foto: Especial.

El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Por un lado, el oficialismo defiende la medida como una forma de racionalizar el gasto público y redirigir recursos hacia programas prioritarios, mientras que la oposición y diversos sectores de la sociedad ven en esta acción un riesgo para la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.

Argumentos a favor: Austeridad y eficiencia

Los defensores de la propuesta del presidente destacan que la eliminación de estos órganos autónomos podría generar un ahorro significativo para el erario. Según estimaciones del propio López Obrador, se podrían liberar más de 100 mil millones de pesos que, en su visión, podrían destinarse a programas sociales y proyectos estratégicos que beneficiarían directamente a la población, como las pensiones para adultos mayores.

Además, se argumenta que muchos de estos organismos, creados en un contexto de desconfianza hacia el Poder Ejecutivo en los años noventa, ya no cumplen con su propósito original de manera eficaz. Los críticos de los órganos autónomos señalan que estos, en ocasiones, han caído en la burocratización y la falta de transparencia que se suponía debían combatir. Ejemplos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han sido señalados por no cumplir completamente con sus objetivos, lo que cuestiona la justificación de su existencia independiente.

Otro punto a favor de la iniciativa es la idea de que estos órganos autónomos operan de manera aislada del Poder Ejecutivo, lo que podría hacerlos menos sensibles a las demandas y necesidades del electorado. Al incorporar sus funciones dentro de las secretarías de Estado, se busca que estas decisiones respondan más directamente a las políticas públicas del gobierno en turno, lo que, según los defensores, podría generar una mayor coherencia en la implementación de políticas.

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Argumentos en contra: Transparencia y equilibrio de poderes

Por otro lado, los opositores a la medida advierten que la desaparición de estos órganos autónomos podría debilitar los contrapesos esenciales en una democracia. Estos organismos fueron creados para garantizar que ciertas decisiones técnicas y de regulación no estuvieran sujetas a las fluctuaciones políticas, manteniendo así un grado de independencia necesario para la estabilidad institucional.

Un ejemplo citado frecuentemente es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha jugado un papel crucial en la promoción de la transparencia gubernamental. Sin la autonomía que le permite actuar sin la influencia directa del ejecutivo, existe el riesgo de que las prácticas de opacidad y falta de rendición de cuentas se intensifiquen.

Además, la propuesta del presidente ha sido criticada por su falta de claridad en cuanto a cómo se gestionarán las funciones de estos órganos una vez que se integren en las secretarías de Estado. La ausencia de un plan detallado de reingeniería institucional y presupuestal genera incertidumbre sobre si las secretarías tendrán la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir estas responsabilidades sin que se vea afectada la calidad del servicio público.

También se han planteado preocupaciones respecto a los compromisos internacionales de México, como los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Algunos de los órganos en riesgo de desaparecer, como la Cofece y el IFT, son fundamentales para cumplir con las obligaciones de regulación económica exigidas por estos acuerdos internacionales. Su eliminación podría traer repercusiones negativas en las relaciones comerciales y económicas de México con sus socios internacionales.

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Un futuro en juego

En resumen, el debate sobre la eliminación de los órganos autónomos en México enfrenta posturas bien definidas. Por un lado, se busca reducir el gasto público y centralizar las funciones en el Ejecutivo para una mayor coherencia en la implementación de políticas. Por otro, se teme que esta medida socave los contrapesos democráticos y la transparencia, pilares fundamentales en una democracia moderna.

El desenlace de esta iniciativa aún está por definirse, y dependerá en gran medida de cómo se aborden las preocupaciones y se presenten soluciones claras para garantizar que, de llevarse a cabo, la eliminación de estos organismos no signifique un retroceso en la calidad de la gobernanza y en los derechos de los ciudadanos. En este sentido, es crucial que el debate se mantenga abierto, informado y centrado en el interés público.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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