Opinión
La abdicación del Emperador japonés y una reflexión sobre los símbolos
Duque de Windsor: Y ahora llegamos a la unción, el momento más santificado, más solemne y sagrado de toda la ceremonia.
Amigo del Duque: ¿Y entonces, por qué no la podemos ver? [apuntando al televisor]
Duque de Windsor: Porque somos mortales. Aceites y juramentos, orbes y cetros… símbolo sobre símbolo, son un insondable tejido de misterio arcano y liturgia; la línea que los separa es tan difusa, que ningún clérigo, historiador o letrado podría descifrarla.
The Crown (2017)[1]
El próximo 30 de abril será el último día de Akihito como Emperador del Japón. Tras asumir el Trono del Crisantemo en 1988, el monarca nipón anunció desde 2016 su deseo de abdicar debido a su avanzada edad y una salud menguante. Asumirá el trono su hijo, el Príncipe Naruhito, quien tomará la batuta desde el primer día de mayo, pero cuya ceremonia oficial no se llevará a cabo sino hasta octubre de este mismo año. El ejercicio no es inédito para el país, pero sí poco usual. La última abdicación ocurrió hace más de doscientos años, cuando las bases institucionales de la nación nipona estaban muy lejos del sistema democrático que mantienen ahora.
La mañana de este lunes, faltando un mes para el ascenso del nuevo emperador, fue anunciado el nombre con el que se denominará a su reinado: Reiwa. Si bien no existe un consenso sobre el significado exacto, una traducción de la fuente –el antiguo poemario del Man’yōshū, que data del año 759– y las declaraciones del Primer Ministro Shinzo Abe, permiten situarla en algo cercano a “la buenaventura armoniosa”.
Cambio de nombre
El cambio de nombre que acompaña cada nueva era es sumamente relevante para el país. Constituye el sistema que los japoneses utilizan para medir el tiempo de manera oficial, pues el nombre no sólo queda registrado en monedas, licencias, documentos y oficios públicos, sino que funciona como un sistema paralelo al del calendario gregoriano, que utilizamos en casi todo el mundo. Estando inserto en la economía global, el país mantiene ambos sistemas de medición de tiempo, permitiendo que la tradición no se someta a la modernidad; uno de los rasgos distintivos de la cultura japonesa.
Reiwa 1, o el primero año de la era Reiwa, se anuncia con la promesa de una renovación institucional, social y cultural que los japoneses adoptan en este acto simbólico. El cambio de nombre o gengo (seleccionado por un panel de expertos notables y académicos), recoge las aspiraciones y el “estado de ánimo” del Japón actual, al tiempo que sienta las bases para lo que habrá de venir. “Así como el florecimiento de los maravillosos ciruelos marca la llegada de la primavera, después de un amargo invierno, cada japonés puede aspirar a un mejor futuro y hacer florecer sus propias flores”, dijo Shinzo Abe tras el anuncio del nombre.
Fotos: AFP.
Una abdicación histórica
La abdicación de Akihito fue resultado de un prolongado proceso legislativo que implicó el asentamiento de un nuevo precedente, dado que la abdicación no es una figura reconocida por la Casa Imperial. El proyecto de ley que finalmente fue aprobado, también reavivó las discusiones en torno a las reglas de sucesión, las cuales mantienen una rigidez que impide a las mujeres ascender al trono; estas incluso pierden sus derechos reales cuando se casan, debiendo abandonar sus tareas en la familia imperial y en la vida pública. Tal debate es especialmente relevante en un contexto de crisis demográfica, donde la dinastía real se está quedando sin herederos varones. En muchos sentidos, la propia familia imperial parece más abierta a estas discusiones que los sectores más conservadores del Japón, quienes temen que el linaje “se pierda”.
El Primer Ministro Shinzo Abe, quien en 2017 se enfrentaba a su eventual reelección, prefirió la mesura en el debate por temor a perder el voto de dichos sectores.
Aunado a todo ello, la que es considerada como la monarquía más antigua en el mundo, también enfrenta una peculiaridad que en 1947 fue motivo de desconcierto colectivo. Tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial, el Emperador Hirohito (padre del actual monarca) emitió su “Declaración de Humanidad”; un rescripto que cimentó su relación con el pueblo japonés en la confianza y el respeto “y no en simples mitos y leyendas”, según señala el texto. Como resultado del mandato Aliado, el emperador se vio obligado a renunciar a su carácter divino y reconocerse como un mortal, cuya función en la nueva constitución sería la de fungir como “símbolo del Estado y de la unidad del pueblo”. Justo así lo establece el artículo 4° de la actual constitución.
Un carácter más humano
Desde su entronización, su hijo Akihito, quizá consciente de que su tarea sería significativamente distinta a la de su padre, buscó imprimirle un carácter más humano a su reinado (conocido como la Era Heisei, o “de la consecución de la paz”). Abanderando el pacifismo, el actual soberano –el primero en ascender como el ceremonial Jefe de Estado “mortal”– mantuvo en su discurso el llamamiento a la reconciliación y un rechazo a la belicosidad. Tras la abdicación, tanto su esposa la Emperatriz Michiko como él, tendrán el carácter de emperadores eméritos, marcando así el final de una etapa comenzada en el orden de la posguerra.
¿Monarquías en el Siglo XXI?
Pero, si una monarquía simbólica como la japonesa carece de poderes constitucionales efectivos, ¿por qué seguimos hablando de familias reales a la par de los propios gobiernos? ¿Por qué en países como el Reino Unido o Dinamarca, ambas consideradas como democracias de avanzada (Brexit aparte), se siguen manteniendo monarquías constitucionales? Máxime cuando existen poderes en la propia constitución cuyos pesos y contrapesos regulan la vida pública y ponen en marcha los mecanismos de la democracia. ¿Son necesarias estas figuras emanadas del derecho divino? O, volviendo al caso japonés, ¿qué explica, entonces, la permanencia de una institución que, pese a estar depuesta de ese carácter divino, mantiene unas formas totalmente enraizadas en la mística? ¿Cómo se entiende una institución que, aún con su poder de agencia limitado al mínimo, no muestra signos que vaticinen su desaparición?
Como lo sugiere el diálogo que inaugura estas líneas, quizá la respuesta está en el misterio. En ese delicado velo que cubre los elementos del mundo objetivo para trasladarlos, valiéndose del secreto y la solemnidad, al mundo de la imaginación. Dado el carácter divino de la mayoría de las monarquías, el principio mismo que sostiene los mandatos proviene de Dios (sea el anglicano, el católico, etc); los monarcas, en ese sentido, fungen como los representantes ungidos para hacer valer la voluntad divina, mediante su gobierno, y conducir al pueblo con apego a determinados valores morales y religiosos. Dicho principio se encuentra aderezado de elementos místicos y representativos para legitimarse frente a los gobernados. Estos elementos poseen un carácter mágico-misterioso que, bajo esa lógica, los vuelve inasequibles para los seres humanos.
La nueva pareja imperial. Foto. AFP.
Entre la divinidad y el laicismo
Ese fenómeno no es, desde luego, ajeno a nuestras vidas diarias. Por ejemplo, quienes practican el catolicismo están familiarizados con el misterio de la “transubstanciación”. Dicho concepto de la doctrina católica, emanado de las reformas del Concilio de Trento, supone que los elementos de pan y vino que se utilizan durante el ritual de la eucaristía, representan el cuerpo y la sangre de la figura de Cristo. Más que una alegoría, para el catolicismo se trata de una verdadera transfiguración de elementos terrenales en divinos. Al igual que el derecho dinástico de los monarcas, la legitimación frente a los creyentes ocurre cuando dichos elementos se recubren de misterio y se les dota de propiedades inefables para los mortales.
Japón es un estado laico, al igual que los ejemplos de Dinamarca y el Reino Unido (este último es mayoritariamente secular salvo el caso de Inglaterra, que sigue siendo un estado confesional). Entonces ¿qué explica el arraigo de la sociedad nipona a una tradición con las características descritas? Gilbert Durand, antropólogo y mitólogo francés, proporciona algunas claves. En su polémico texto “La Imaginación Simbólica” (1964)[2], rescata la distinción que hace Ernst Cassirer entre signo y símbolo: “un signo es una parte del mundo físico del ente (being); un símbolo es una parte del mundo humano de la significación (meaning)”. Dice Durand lo siguiente:
La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una “directa”, en la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción o la simple sensación. Otra “indirecta”, cuando, por una u otra razón, la cosa no puede presentarse en carne y hueso a la sensibilidad. […] En todos los casos de conciencia indirecta el objeto ausente se “re-presenta” ante ella mediante una “imagen”, en el sentido más amplio del término”.
Los símbolos
Nuestras vidas están cargadas de símbolos. Tomemos como ejemplo la ceremonia que simboliza la obtención de un grado académico. En este acontecimiento, un panel de expertos (el sínodo) pone a prueba a quien defiende su trabajo recepcional y le cuestiona cada aspecto. Cual Sor Juana sustentando el examen ante las 40 eminencias en teología y filosofía, el graduado mantiene en vilo a la familia y amigos que le acompañan. Aún en ese contexto académico y con un carácter sesudo, el ritual no está exento de un profundo simbolismo.
Sea en 1651 o en 2019, el signo (materializado en un documento físico como el título o el acta) y el símbolo, son los mismos. Este último representa, al fin y al cabo, la culminación de una etapa formativa y el domino sobre un campo profesional, con todo lo que ello implica. Un ascenso al mundo de los expertos y la promesa de una mejor calidad de vida. Quizá por ello, los verdaderos beneficiarios de la ceremonia terminan siendo nuestros familiares.
En el mismo texto, Durand define al símbolo como “un signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar concretamente esta adecuación que se le evade […] y hacerlo mediante el juego de las redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrigen y completan inagotablemente la inadecuación”. La monarquía, en este caso, opera desde la manera indirecta de representación que propone el galo. Esa operación se traduce en un símbolo que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser el del poder y la autoridad absolutos, para transmutar en el de la identidad nacional y el arraigo a unos valores culturales específicos.
La monarquía simbólica
En Japón, como en la mayoría de los países monárquicos, esos valores culturales se eternizan en una institución y se encarnan en una persona que asume la jefatura del Estado. No obstante, como también es usual en las monarquías de nuestro tiempo, esa tarea de naturaleza pública y gran exposición mediática deviene, paradójicamente, en una función completamente impersonal. El soberano, erigido como un símbolo personificado, existe para dirigir sin gobernar. Para despojarse de sus convicciones privadas y representar, mediante el ceremonial, el contrato social que planteara Rousseau; un concepto político que, según lo ideó el filósofo, es diametralmente opuesto a la idea de la monarquía.
Sin embargo, con el correr de los años, el carácter absolutista que volvía contraria la figura del monarca con respecto a ese pacto civil, fue sustituido por un arreglo institucional ajeno al sistema de partidos y las “politiquerías”. En el Japón de hoy, el emperador es la expresión de la permanencia y la continuidad. La familia imperial, en cuanto que embajadores culturales, fungen como una representación de la familia nuclear que la historia se ha encargado de convertir en un arquetipo aspiracional. Pero no debemos olvidar que ese ideal de familia corresponde a coyunturas sociales, políticas y culturales muy específicas, ya rebasadas por las justas demandas de nuestra época.
Una institución anacrónica
Porque pese a todo, la monarquía (entendida con este carácter simbólico) no deja de ser una institución anacrónica. Aunque no lo parezca a simple vista, lleva en su diseño la marca de la obsolescencia. Pero si ha de permanecer, entonces deberá adoptar el cambio y las renovaciones constantes como una regla. Comenzando, por ejemplo, con la derogación de su indignante ley sálica, en el caso nipón. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un ornamento caduco.
[1]Duke of Windsor: And now we come to the anointing, the single most holy, most solemn, most sacred moment of the entire service.
Friend of the Duke: So how come we don’t get to see it?
Duke of Windsor: Because we are mortals. … The oils and oaths, orbs and scepters, symbol upon symbol, an unfathomable web of arcane mystery and liturgy, blurring so many lines that no clergyman nor historian nor lawyer could ever untangle any of it.
[2] Durand, G. (1964) La Imaginación Simbólica. Amorrotu Editores. Buenos Aires, Argentina.
Cristian J. Vargas Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
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