La abdicación del Emperador japonés y una reflexión sobre los símbolos

Duque de Windsor: Y ahora llegamos a la unción, el momento más santificado, más solemne y sagrado de toda la ceremonia.
Amigo del Duque: ¿Y entonces, por qué no la podemos ver? [apuntando al televisor]
Duque de Windsor: Porque somos mortales. Aceites y juramentos, orbes y cetros… símbolo sobre símbolo, son un insondable tejido de misterio arcano y liturgia; la línea que los separa es tan difusa, que ningún clérigo, historiador o letrado podría descifrarla.
The Crown (2017)[1]
El próximo 30 de abril será el último día de Akihito como Emperador del Japón. Tras asumir el Trono del Crisantemo en 1988, el monarca nipón anunció desde 2016 su deseo de abdicar debido a su avanzada edad y una salud menguante. Asumirá el trono su hijo, el Príncipe Naruhito, quien tomará la batuta desde el primer día de mayo, pero cuya ceremonia oficial no se llevará a cabo sino hasta octubre de este mismo año. El ejercicio no es inédito para el país, pero sí poco usual. La última abdicación ocurrió hace más de doscientos años, cuando las bases institucionales de la nación nipona estaban muy lejos del sistema democrático que mantienen ahora.
La mañana de este lunes, faltando un mes para el ascenso del nuevo emperador, fue anunciado el nombre con el que se denominará a su reinado: Reiwa. Si bien no existe un consenso sobre el significado exacto, una traducción de la fuente –el antiguo poemario del Man’yōshū, que data del año 759– y las declaraciones del Primer Ministro Shinzo Abe, permiten situarla en algo cercano a “la buenaventura armoniosa”.
Cambio de nombre
El cambio de nombre que acompaña cada nueva era es sumamente relevante para el país. Constituye el sistema que los japoneses utilizan para medir el tiempo de manera oficial, pues el nombre no sólo queda registrado en monedas, licencias, documentos y oficios públicos, sino que funciona como un sistema paralelo al del calendario gregoriano, que utilizamos en casi todo el mundo. Estando inserto en la economía global, el país mantiene ambos sistemas de medición de tiempo, permitiendo que la tradición no se someta a la modernidad; uno de los rasgos distintivos de la cultura japonesa.
Reiwa 1, o el primero año de la era Reiwa, se anuncia con la promesa de una renovación institucional, social y cultural que los japoneses adoptan en este acto simbólico. El cambio de nombre o gengo (seleccionado por un panel de expertos notables y académicos), recoge las aspiraciones y el “estado de ánimo” del Japón actual, al tiempo que sienta las bases para lo que habrá de venir. “Así como el florecimiento de los maravillosos ciruelos marca la llegada de la primavera, después de un amargo invierno, cada japonés puede aspirar a un mejor futuro y hacer florecer sus propias flores”, dijo Shinzo Abe tras el anuncio del nombre.

Fotos: AFP.
Una abdicación histórica
La abdicación de Akihito fue resultado de un prolongado proceso legislativo que implicó el asentamiento de un nuevo precedente, dado que la abdicación no es una figura reconocida por la Casa Imperial. El proyecto de ley que finalmente fue aprobado, también reavivó las discusiones en torno a las reglas de sucesión, las cuales mantienen una rigidez que impide a las mujeres ascender al trono; estas incluso pierden sus derechos reales cuando se casan, debiendo abandonar sus tareas en la familia imperial y en la vida pública. Tal debate es especialmente relevante en un contexto de crisis demográfica, donde la dinastía real se está quedando sin herederos varones. En muchos sentidos, la propia familia imperial parece más abierta a estas discusiones que los sectores más conservadores del Japón, quienes temen que el linaje “se pierda”.
El Primer Ministro Shinzo Abe, quien en 2017 se enfrentaba a su eventual reelección, prefirió la mesura en el debate por temor a perder el voto de dichos sectores.
Aunado a todo ello, la que es considerada como la monarquía más antigua en el mundo, también enfrenta una peculiaridad que en 1947 fue motivo de desconcierto colectivo. Tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial, el Emperador Hirohito (padre del actual monarca) emitió su “Declaración de Humanidad”; un rescripto que cimentó su relación con el pueblo japonés en la confianza y el respeto “y no en simples mitos y leyendas”, según señala el texto. Como resultado del mandato Aliado, el emperador se vio obligado a renunciar a su carácter divino y reconocerse como un mortal, cuya función en la nueva constitución sería la de fungir como “símbolo del Estado y de la unidad del pueblo”. Justo así lo establece el artículo 4° de la actual constitución.
Un carácter más humano
Desde su entronización, su hijo Akihito, quizá consciente de que su tarea sería significativamente distinta a la de su padre, buscó imprimirle un carácter más humano a su reinado (conocido como la Era Heisei, o “de la consecución de la paz”). Abanderando el pacifismo, el actual soberano –el primero en ascender como el ceremonial Jefe de Estado “mortal”– mantuvo en su discurso el llamamiento a la reconciliación y un rechazo a la belicosidad. Tras la abdicación, tanto su esposa la Emperatriz Michiko como él, tendrán el carácter de emperadores eméritos, marcando así el final de una etapa comenzada en el orden de la posguerra.
¿Monarquías en el Siglo XXI?
Pero, si una monarquía simbólica como la japonesa carece de poderes constitucionales efectivos, ¿por qué seguimos hablando de familias reales a la par de los propios gobiernos? ¿Por qué en países como el Reino Unido o Dinamarca, ambas consideradas como democracias de avanzada (Brexit aparte), se siguen manteniendo monarquías constitucionales? Máxime cuando existen poderes en la propia constitución cuyos pesos y contrapesos regulan la vida pública y ponen en marcha los mecanismos de la democracia. ¿Son necesarias estas figuras emanadas del derecho divino? O, volviendo al caso japonés, ¿qué explica, entonces, la permanencia de una institución que, pese a estar depuesta de ese carácter divino, mantiene unas formas totalmente enraizadas en la mística? ¿Cómo se entiende una institución que, aún con su poder de agencia limitado al mínimo, no muestra signos que vaticinen su desaparición?
Como lo sugiere el diálogo que inaugura estas líneas, quizá la respuesta está en el misterio. En ese delicado velo que cubre los elementos del mundo objetivo para trasladarlos, valiéndose del secreto y la solemnidad, al mundo de la imaginación. Dado el carácter divino de la mayoría de las monarquías, el principio mismo que sostiene los mandatos proviene de Dios (sea el anglicano, el católico, etc); los monarcas, en ese sentido, fungen como los representantes ungidos para hacer valer la voluntad divina, mediante su gobierno, y conducir al pueblo con apego a determinados valores morales y religiosos. Dicho principio se encuentra aderezado de elementos místicos y representativos para legitimarse frente a los gobernados. Estos elementos poseen un carácter mágico-misterioso que, bajo esa lógica, los vuelve inasequibles para los seres humanos.

La nueva pareja imperial. Foto. AFP.
Entre la divinidad y el laicismo
Ese fenómeno no es, desde luego, ajeno a nuestras vidas diarias. Por ejemplo, quienes practican el catolicismo están familiarizados con el misterio de la “transubstanciación”. Dicho concepto de la doctrina católica, emanado de las reformas del Concilio de Trento, supone que los elementos de pan y vino que se utilizan durante el ritual de la eucaristía, representan el cuerpo y la sangre de la figura de Cristo. Más que una alegoría, para el catolicismo se trata de una verdadera transfiguración de elementos terrenales en divinos. Al igual que el derecho dinástico de los monarcas, la legitimación frente a los creyentes ocurre cuando dichos elementos se recubren de misterio y se les dota de propiedades inefables para los mortales.
Japón es un estado laico, al igual que los ejemplos de Dinamarca y el Reino Unido (este último es mayoritariamente secular salvo el caso de Inglaterra, que sigue siendo un estado confesional). Entonces ¿qué explica el arraigo de la sociedad nipona a una tradición con las características descritas? Gilbert Durand, antropólogo y mitólogo francés, proporciona algunas claves. En su polémico texto “La Imaginación Simbólica” (1964)[2], rescata la distinción que hace Ernst Cassirer entre signo y símbolo: “un signo es una parte del mundo físico del ente (being); un símbolo es una parte del mundo humano de la significación (meaning)”. Dice Durand lo siguiente:
La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una “directa”, en la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción o la simple sensación. Otra “indirecta”, cuando, por una u otra razón, la cosa no puede presentarse en carne y hueso a la sensibilidad. […] En todos los casos de conciencia indirecta el objeto ausente se “re-presenta” ante ella mediante una “imagen”, en el sentido más amplio del término”.
Los símbolos
Nuestras vidas están cargadas de símbolos. Tomemos como ejemplo la ceremonia que simboliza la obtención de un grado académico. En este acontecimiento, un panel de expertos (el sínodo) pone a prueba a quien defiende su trabajo recepcional y le cuestiona cada aspecto. Cual Sor Juana sustentando el examen ante las 40 eminencias en teología y filosofía, el graduado mantiene en vilo a la familia y amigos que le acompañan. Aún en ese contexto académico y con un carácter sesudo, el ritual no está exento de un profundo simbolismo.
Sea en 1651 o en 2019, el signo (materializado en un documento físico como el título o el acta) y el símbolo, son los mismos. Este último representa, al fin y al cabo, la culminación de una etapa formativa y el domino sobre un campo profesional, con todo lo que ello implica. Un ascenso al mundo de los expertos y la promesa de una mejor calidad de vida. Quizá por ello, los verdaderos beneficiarios de la ceremonia terminan siendo nuestros familiares.
En el mismo texto, Durand define al símbolo como “un signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar concretamente esta adecuación que se le evade […] y hacerlo mediante el juego de las redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrigen y completan inagotablemente la inadecuación”. La monarquía, en este caso, opera desde la manera indirecta de representación que propone el galo. Esa operación se traduce en un símbolo que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser el del poder y la autoridad absolutos, para transmutar en el de la identidad nacional y el arraigo a unos valores culturales específicos.
La monarquía simbólica
En Japón, como en la mayoría de los países monárquicos, esos valores culturales se eternizan en una institución y se encarnan en una persona que asume la jefatura del Estado. No obstante, como también es usual en las monarquías de nuestro tiempo, esa tarea de naturaleza pública y gran exposición mediática deviene, paradójicamente, en una función completamente impersonal. El soberano, erigido como un símbolo personificado, existe para dirigir sin gobernar. Para despojarse de sus convicciones privadas y representar, mediante el ceremonial, el contrato social que planteara Rousseau; un concepto político que, según lo ideó el filósofo, es diametralmente opuesto a la idea de la monarquía.
Sin embargo, con el correr de los años, el carácter absolutista que volvía contraria la figura del monarca con respecto a ese pacto civil, fue sustituido por un arreglo institucional ajeno al sistema de partidos y las “politiquerías”. En el Japón de hoy, el emperador es la expresión de la permanencia y la continuidad. La familia imperial, en cuanto que embajadores culturales, fungen como una representación de la familia nuclear que la historia se ha encargado de convertir en un arquetipo aspiracional. Pero no debemos olvidar que ese ideal de familia corresponde a coyunturas sociales, políticas y culturales muy específicas, ya rebasadas por las justas demandas de nuestra época.
Una institución anacrónica
Porque pese a todo, la monarquía (entendida con este carácter simbólico) no deja de ser una institución anacrónica. Aunque no lo parezca a simple vista, lleva en su diseño la marca de la obsolescencia. Pero si ha de permanecer, entonces deberá adoptar el cambio y las renovaciones constantes como una regla. Comenzando, por ejemplo, con la derogación de su indignante ley sálica, en el caso nipón. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un ornamento caduco.
[1]Duke of Windsor: And now we come to the anointing, the single most holy, most solemn, most sacred moment of the entire service.
Friend of the Duke: So how come we don’t get to see it?
Duke of Windsor: Because we are mortals. … The oils and oaths, orbs and scepters, symbol upon symbol, an unfathomable web of arcane mystery and liturgy, blurring so many lines that no clergyman nor historian nor lawyer could ever untangle any of it.
[2] Durand, G. (1964) La Imaginación Simbólica. Amorrotu Editores. Buenos Aires, Argentina.
Cristian J. Vargas Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
Guadalajara y su caótico transporte público. Parte 3

En Jalisco, durante años, los gobiernos de todos los colores han repetido la misma liturgia burocrática: más rutas, más unidades, más inversión, más modernización.
Cambian los logotipos, las campañas y las promesas, pero el viacrucis del usuario permanece intacto. El caos ya no es una falla del sistema. El caos es el sistema.
La burocracia mexicana posee una habilidad admirable para medir aquello que menos importa. Nos dicen cuántos millones se invirtieron, cuántos camiones se compraron o cuántos kilómetros se “modernizaron”. Pero evitan cuidadosamente responder las preguntas incómodas: ¿cuántas horas pierde una persona cada semana esperando un camión que nunca pasó?, ¿cuántas mujeres sienten miedo al regresar de noche en transporte público?, ¿cuántos usuarios terminan viajando hacinados como mercancía de traslado y no como ciudadanos?, ¿cuántas personas renunciaron al transporte público por su pésimo servicio?
Una política pública que mide únicamente el gasto o el esfuerzo, pero ignora el resultado, termina confundiendo movimiento con progreso. Guadalajara lleva años moviéndose en círculos.
El transporte público es, por naturaleza, un monopolio natural. El usuario no puede “cambiar de proveedor” cuando la ruta falla. Si el camión no pasa, pasa lleno o simplemente ignora la parada, el ciudadano queda atrapado. Esa asimetría obliga al Estado a regular con firmeza. El problema es que aquí la regulación parece haberse diseñado con la delicadeza del pétalo de una rosa en la mano pública de quien no quiere incomodar a nadie, especialmente a los concesionarios.
Es una de las grandes contradicciones del modelo tapatío: los subsidios multimillonarios entregados a empresas privadas que operan el servicio sin que existan mecanismos serios y transparentes de evaluación del desempeño-resultados se convierten en incentivos perversos. La lógica termina siendo tan absurda como predecible: si el concesionario sabe que el dinero llegará de cualquier manera, ¿para qué mejorar el servicio?, ¿para qué invertir en mantenimiento?, ¿para qué capacitar operadores?, ¿para qué reducir tiempos de espera o evitar sobrecupos? El subsidio deja de ser una herramienta de equilibrio social y se convierte en premio institucional a la mediocridad.
Bajo este esquema, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. El ciudadano financia el sistema mediante impuestos o tarifa, soporta el mal servicio y todavía debe agradecer que el camión aparezca. Una obra maestra de la administración pública latinoamericana: convertir al usuario en rehén financiero de su propio deterioro.
Mientras tanto, la autoridad presume convenios “innovadores”. Hace apenas unos días, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció un acuerdo con Uber para otorgar traslados gratuitos a mujeres en situación de violencia. La medida fue presentada como un avance humanitario. Y en el caso individual, ciertamente puede representar ayuda urgente para muchas mujeres. El problema no está en la víctima. El problema es el mensaje político detrás de la solución. El Estado acaba admitiendo, sin decirlo abiertamente, que el propio sistema público que regula no puede garantizar seguridad mínima a las personas.
La solución no consistió en mejorar paraderos, iluminar zonas inseguras, aumentar frecuencias nocturnas o profesionalizar operadores. No. La salida rápida fue delegar la responsabilidad a una aplicación privada que cobra tarifas elevadas, se apropia de 1/3 del valor del negocio sin asumir riesgo ni inversión y llena el vacío dejado por el desastre institucional.
La ironía es clara: después de décadas hablando de fortalecer el transporte público, la solución oficial parece resumirse en una frase vergonzosa y simple: “si el camión no sirve, tome Uber”. Hablamos de una versión gubernamental de poner cubetas cuando el techo lleva veinte años colapsándose.
La violencia en el transporte no comienza cuando aparece un delito. Comienza mucho antes, como lo señalaba Galtung: la violencia estructural empieza cuando el Estado falla y una persona debe esperar cuarenta minutos en una parada oscura. Empieza cuando una unidad va tan saturada que el cuerpo deja de tener espacio propio y, si logra entrar, asume las condiciones de un cuadrúpedo en traslado al matadero. Por eso resulta tan revelador que los funcionarios presuman reuniones, adquisiciones o videos estéticamente editados en sus redes sociales; el secuestro comunicacional cosmético es parte del mismo caos y pasa en todos los sectores de la vida pública. Sucede que medir resultados obliga a rendir cuentas. Y rendir cuentas arruina muchas narrativas oficiales.
La tragedia de Guadalajara no es solamente técnica. Es moral. Una ciudad revela sus verdaderas prioridades en la manera en que mueve a quienes la sostienen todos los días. No en los renders futuristas, no en los discursos sobre innovación, no en las conferencias llenas de Canvas y adjetivos motivacionales. Una ciudad se define por el respeto que tiene hacia el tiempo, la seguridad y el agotamiento de su gente.
La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios. Eso resulta evidente incluso para quienes jamás se han subido a un camión… que casualmente suelen ser quienes diseñan buena parte de estas políticas públicas. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguiremos confundiendo subsidios con soluciones, ocurrencias mediáticas con transformación y movilidad con simple capacidad de sobrevivir al trayecto diario. Cuando una ciudad normaliza que trasladarse sea una forma cotidiana de desgaste, termina erosionando algo más profundo que la eficiencia urbana: erosiona la confianza pública.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.
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México: Un Estado capturado y erosionado

El Estado surgió entre los siglos 16 y 18 como solución a la violencia feudal, a las guerras incitadas por la religión y a la excesiva dispersión del poder. Cuando los individuos se reunieron para constituir una entidad soberana, en la cual delegaron un poder absoluto sobre ellos, lo hicieron para protegerse y poder vivir con seguridad en sus bienes y en su persona.
Surgió así el Estado con la promesa fundacional de centralizar autoridad, monopolizar la violencia legítima y producir previsibilidad para enfrentar entornos inestables e inciertos. La teoría política lo concibe como un aparato racional diseñado para limitar y regular conductas, contener el caos y garantizar seguridad, impuestos y justicia.
El Estado moderno en México, y el que sentó las bases para lo que tenemos en la actualidad, surgió después de la Revolución iniciada en 1910, de ahí surgió un régimen para controlar el proceso de distribución del poder político y las instituciones que buscaban materializar los preceptos del proceso revolucionario. Conocidos estos antecedentes, ¿cómo podemos clasificar en la actualidad al Estado mexicano? De un tiempo a esta parte se han suscitado debates en torno a la eficacia y funcionalidad del Estado en nuestro país. Algunos consideran que estamos en un Estado fallido. Yo no soy de los que piensan así.
Un Estado fallido se materializa cuando se ha perdido por completo la capacidad de ejercer control efectivo sobre el territorio, garantizar seguridad básica, monopolizar el uso legítimo de la fuerza y sostener instituciones funcionales. En el caso de México, aplicar esa categoría exige mesura en el análisis, porque el país todavía mantiene capacidades firmes en materia fiscal, diplomática, financiera y administrativa. Lo que no se puede negar es que existen ciertos episodios que muestran zonas de fragilidad institucional, captura criminal y erosión de la potestad operativa que alimentan ese debate.
¿Qué es lo que estimula esa narrativa? Dos casos recientes han sido utilizados para estimularla. Las versiones sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operaciones vinculadas con Chihuahua y las acusaciones políticas y judiciales contra Rubén Rocha Moya en el contexto de investigaciones criminales impulsadas desde Estados Unidos (sobre lo cual escribí en mi colaboración anterior). Ambos episodios permiten analizar qué dimensiones de la gobernabilidad muestran deterioro.
El problema aparece en la desigualdad territorial del poder del Estado. Hay regiones donde grupos criminales ejercen funciones propias del Estado tales como control social, seguridad, movilidad, tributaciones, economía local y coerción. Esa fragmentación parcial del monopolio de la fuerza genera percepciones de que el Estado no mantiene con éxito ciertas atribuciones que le son propias. Por ello, una categoría más precisa para México sería la de un Estado con capacidades erosionadas en ciertas regiones.
Hasta el momento, no existe todavía evidencia pública concluyente que pruebe una intervención unilateral abierta de la CIA en Chihuahua fuera de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad. Sin embargo, el simple hecho de que esas versiones resulten creíbles para amplios sectores sociales revela una pérdida de confianza en la autonomía operativa del Estado mexicano, y ahí habita un punto nodal de la gobernabilidad, porque cuando un Estado no logra convencer plenamente de que controla su seguridad interior, se abre espacio para narrativas de tutela externa. Si bien es cierto que la cooperación entre México y Estados Unidos en inteligencia no es nueva y que existe desde hace décadas en temas de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de armas, el problema surge cuando la cooperación no es del todo transparente y alimenta posibilidades de opacidad, las autoridades mexicanas se perciben como subordinadas y las agencias extranjeras parecen tener más capacidad de investigación que las instituciones locales.
Por otro lado, las acusaciones y señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya deben analizarse bajo las ópticas jurídicas y políticas. Hasta ahora, muchas versiones han circulado en medios, columnas y rumores vinculados a investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico y redes de protección política. No obstante, todavía no existe una sentencia judicial firme que pruebe responsabilidad penal directa del gobernador, pero el daño político no depende exclusivamente de una condena judicial. En materia de gobernabilidad, la percepción pública importa, y mucho, porque impacta la legitimidad institucional.
En el caso Rocha Moya se perciben, por lo menos, tres aristas. La dificultad para separar poder político y estructuras criminales en regiones históricamente penetradas por el narcotráfico; la dependencia creciente de información e investigaciones provenientes de Estados Unidos, y la debilidad de las capacidades mexicanas para cerrar rápidamente controversias mediante investigaciones transparentes y creíbles. Cuando las acusaciones más graves sobre actores políticos mexicanos parecen investigarse más enérgicamente fuera del país que dentro del mismo, surge una percepción de vacío institucional o de encubrimiento, ambos igual de graves. Eso fortalece la narrativa de fragilidad estatal.
Estos dos botones de muestra nos revelan que un grave riesgo para la gobernabilidad mexicana es la normalización gradual de esquemas excepcionales como la dependencia de inteligencia extranjera; la existencia de gobiernos subnacionales colonizados y condicionados por grupos del crimen organizado, así como la normalización y aceptación social de que existen zonas en donde la ley opera parcialmente. Todo ello conlleva una erosión gradual de la legitimidad institucional del Estado.
En términos prospectivos, el desafío para el Estado mexicano no es sólo combatir al crimen organizado, sino reconstruir capacidad institucional civil, credibilidad judicial y soberanía operativa. Si esos elementos no se fortalecen, la discusión sobre un Estado fallido seguirá apareciendo cada vez que surjan casos donde el poder criminal, la presión estadounidense y la fragilidad política parezcan cruzarse.
Siguiendo los criterios clásicos, México no es un Estado fallido, pero exhibe con progresiva claridad los síntomas de un Estado disfuncional, capturado y erosionado con regiones en donde el crimen organizado cogobierna y el gobierno no puede o no quiere ejercer su potestad y atribuciones.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
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