Opinión
La moneda de cambio del PRI
Desde mayo pasado, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, emprendió una férrea campaña mediática en contra del ex gobernador de dicha entidad, hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, tras revelar distintos audios comprometedores que retrataban al dirigente tricolor como un político cínico y corrupto. Al inicio, como suele ocurrir con este tipo de filtraciones, Alito Moreno negó la veracidad de esos audios, incluso dentro de distintos programas y espacios que el priista buscó, defendió frontalmente la idea de que eran un montaje y estaban editados, sin embargo nunca negó que él fuera quien hablaba en ellos. Dentro de los temas que se han revelado en los audios, destacan supuestos pagos por temas electorales, conflictos de interés, recepciones de fuertes sumas de dinero, denostaciones hacia empresarios, periodistas e incluso hacia la misma militancia priista, entre otros temas controversiales, por los que incluso se promovió una solicitud de desafuero en su contra.
Sin embargo, cuando parecía que el presidente del PRI estaba contra las cuerdas y que ante las evidencias, no bastaría mucho tiempo para que la militancia volviera a pedir su renuncia (como se hizo en junio, tras el fracaso electoral en los pasados comicios estatales), Layda Sansores anunció a principios de este mes, que no hablaría más sobre «Alito» Moreno, hasta que se resolviera el amparo que este interpuso para evitar la difusión de audios. Pero como dicen por ahí, en política no hay coincidencias… Cabe destacar que el anuncio de la gobernadora de Campeche, se dio unos días después de que la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa de ley para extender de 2024 a 2028, el plazo en que el titular del Ejecutivo Federal pueda recurrir al Ejército y la Marina Armada en tareas de seguridad pública, es decir que las fuerzas armadas sigan en las calles, hasta 2028, bajo el argumento de que “(…) la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa; por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello”.
Este escenario prendió las alertas en las dirigencias del PAN y el PRD, quienes en conferencia de prensa, afirmaron que no secundaban esta iniciativa y que esperaban que el partido tricolor la retirara o que en su defecto, vote en contra de la reforma al artículo quinto transitorio constitucional, que extendería la presencia de fuerzas armadas, y por consiguiente significa un triunfo para el presidente López Obrador. Aunado a esto, los dirigentes de ambos partidos de oposición, anunciaron que la alianza partidista Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, entra en una suspensión temporal, hasta nuevo aviso, lo que representa un triunfo doble para el partido oficialista: un enemigo político que cede y se pone de su lado, provocando una fractura en la oposición, debilitando su alianza, lo que traería cambios importantes rumbo a las elecciones de 2024, donde el triunfo de MORENA parece inevitable.
Posterior a este hecho, «Alito» Moreno junto con un grupo de priistas, salió a defender la iniciativa de la diputada, afirmando que no hay ningún acuerdo con Morena y que el PRI está del lado del pueblo y por ello, retirar a los militares, sería entregar el país al crimen organizado: “Nosotros no tenemos ningún acuerdo en lo obscuro, nuestros acuerdos son públicos. Es una posición que tenemos (…) No tengo nada que esconder, no tengo nada que pactar, no hay nada”.
Pero por si no fuera coincidencia, dentro de esta misma semana se gestó la integración de la Sección Instructora, el grupo es el encargado de investigar y comprobar la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público; en este caso, serán los responsables de determinar si procede o no, la solicitud de desafuero de «Alito» Moreno, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche de presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, después de la iniciativa de la diputada Yolanda, el tema del desafuero de «Alito» pasó a segundo plano y ya que no se ha hablado más del asunto; todo parece indicar dejarán pasar los 30 días para el desahogo de pruebas, no nos sorprenda que además se pida la prórroga para extenderlo hasta 60 días, y que incluso, se determine no proceder en su contra.
En política no hay coincidencias y en este caso tenemos una muestra más de ello: MORENA tiene doblado al que fuera su principal opositor y una figura relevante dentro del PRI, generando fracturas entre los partidos de oposición, teniendo una iniciativa a modo para extender la presencia de las fuerzas armadas y fortalecerse como partido rumbo a las elecciones de 2023, donde seguramente logrará arrebatarle al PRI sus bastiones políticos del Estado de México y Coahuila y ni se diga en 2024, ante la falta de opciones serias, que puedan representar realmente una tercera vía política en un país lleno de polarización… Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.