Opinión
Las redes invisibles
Hace una semana, nos enteramos del secuestro y desaparición de un grupo de 23 personas que viajaban con destino a Saltillo, Coahuila. Dicho grupo, adquirió los servicios de traslado en dos camionetas, con la agencia de viajes y renta de camionetas “Grupo Eiffel”, con sede en León, Guanajuato.
El caso cobró relevancia el 4 de abril, cuando una de las camionetas fue encontrada abandonada y sin pasajeros, en el libramiento de Matehuala, San Luis Potosí; un día después, la empresa de viajes reportó el caso a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, asegurando que las personas que viajaban habían sido retenidas como parte de un secuestro. Según la versión de la empresa, el martes 4 de abril, perdieron comunicación con los choferes y se reportó que una de las camionetas se desvió de la carretera en Matehuala, San Luis Potosí.
Un par de días más tarde, tras un operativo interestatal por parte del gobierno de Guanajuato, el de San Luis Potosí y apoyo de fuerzas federales, se informó del hallazgo de 35 personas en una brecha de Matehuala. Entre ellas se ubicaban los 23 reportados como desaparecidos, además se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de varias camionetas con reporte de robo, y armas de diverso calibre.
Conforme pasaban los días, el caso se fue llenando de interrogantes y declaraciones a medias, hasta que el pasado jueves, se dio a conocer que las 23 personas desaparecidas en Matehuala, no eran turistas, sino personas migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela y Honduras.
Sin embargo, aquí la cosa no terminó, ya que gracias al operativo llevado a cabo, se logró localizar y rescatar a 105 personas en total, que habían sido privadas de su libertad en esa zona, la mayoría de ellos, personas migrantes que tenían el objetivo de llegar hacia Estados Unidos.
Vaya paradoja, ¡buscaban a 23 y encontraron a 105! ¿Cuántos más no habrá?
Estos hechos sin duda, abrieron la cloaca de una red de trata de personas y tráfico de inmigrantes, que opera principalmente en los estados de Guanajuato, San Luis y Coahuila, gracias a la complicidad de empresas privadas, autoridades y grupos del crimen organizado.
Esta sería una de las tantas redes invisibles que existen en el país desde hace muchos años y que desgraciadamente, va en aumento; según cifras recopiladas por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el número de víctimas de trata de personas en México aumentó 67.3% entre el 2020 y el 2021.
Si bien, el mayor porcentaje de los casos de trata de personas está asociado con la explotación sexual, en el caso de los migrantes, la red de trata se da a través del “coyotaje”, bajo la promesa de cruzar a Estados Unidos, las personas migrantes confían y pagan miles de dólares a los “coyotes”.
Según la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF SUR), 7 de cada 10 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estado Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía o «coyote», quienes en promedio pagaron 4.559 dólares por ello, lo que implica que la mayoría de estos cruces están subordinados a una red de tráfico, que se alimenta de la corrupción entre autoridades y crimen organizado.
Tan solo en 2019, se calcula que las ganancias de tráfico de migrantes ascendieron a 615 millones de dólares; un importante negocio que implica la complicidad de distintos sectores, no solo a lo largo y ancho del país, sino internacional, para poder garantizar los cruces fronterizos. Toda una maquinaria que lucra con el dinero, los sueños, y en muchos casos, la vida de las personas migrantes que solo buscan un mejor futuro para sus familias…
Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.