Opinión
Nuevo León y su gobernador: El Congreso contra la percepción alterada de Samuel García
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ha admitido recientemente una verdad incómoda: todos en el partido son corresponsables de la crisis política desatada en Nuevo León, desencadenada por los contratiempos en la aspiración presidencial de Samuel García, el aparentemente, «gobernador» del estado. Esta situación, que trasciende el ámbito local para convertirse en un asunto nacional, ha sacudido los cimientos de Movimiento Ciudadano.
La raíz del problema parece residir en la ambición presidencial de Samuel García, quien, al parecer, ignoró los procedimientos legales establecidos en la constitución de Nuevo León. Esta omisión no solo pone en duda su habilidad para la negociación política, sino que también generó una crisis de gobernabilidad, marcada por la incertidumbre sobre quién realmente gobierna el estado. Además, García desacató una orden judicial que le exigía retomar su puesto como gobernador, sumiendo a Nuevo León en una mayor confusión.
En este contexto, el senador Castañeda reconoció la necesidad de un análisis exhaustivo dentro de Movimiento Ciudadano para identificar los errores y aciertos, a pesar de que el proceso electoral aún no ha comenzado. Según él, «Movimiento Ciudadano está vivo», pero las tensiones internas y rumores sugieren que la propia figura de Samuel García podría haber sido el arquitecto de su caída.
Más allá de la crisis de gobernabilidad, este caso subraya la importancia de un Congreso robusto, capaz de actuar como un verdadero contrapeso al poder ejecutivo. La historia nos enseña que no siempre podemos confiar en que un gobernador actúe con sensatez. Cuando emergen figuras como Samuel García, que parecen tener la percepción de la realidad alterada, es crucial que un Congreso fuerte ejerza su autoridad para mantener el equilibrio de poder.
Aunque el Congreso de Nuevo León, dominado por el PRI y el PAN, tiene sus propios intereses políticos, su capacidad para supervisar al ejecutivo es, desde mi perspectiva, un elemento positivo. Esta facultad no solo protege el estado de decisiones arbitrarias del gobernador en turno, sino que también puede evitar crisis de gobernabilidad severas.
Es fundamental seguir de cerca el desarrollo de esta crisis en Nuevo León. Su resolución rápida es esencial para minimizar el impacto en los ciudadanos, y el caso en sí ofrece una lección valiosa para otros estados. La necesidad de legislativos locales fuertes y capaces de contrarrestar a los ejecutivos nunca ha sido más evidente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.