En un mundo cada vez más polarizado, la violencia política, ideológica y religiosa se ha convertido en una sombra que amenaza la libertad de expresión. Los lamentables y recientes casos de violencia, como los ataques contra Charlie Kirk y el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, sumados a atentados históricos como el de Luis Donaldo Colosio en México, el intento de homicidio del presidente Donald Trump cuando era candidato a la presidencia y el atentado contra el Papa Juan Pablo II, nos obligan a enfrentar una cruda realidad: la vida de los pensadores y líderes está en constante riesgo. Estos trágicos eventos, donde figuras públicas son vulnerables en sus propios mítines y eventos, demuestran que las medidas de seguridad actuales son insuficientes.

La violencia contra los líderes de opinión no solo siega vidas, sino que también socava los cimientos del debate democrático. Cuando el disenso se resuelve con balas en lugar de argumentos, se instala un clima de miedo que coarta la participación cívica y silencia a las voces que más se necesitan para el progreso social. La ausencia de medidas de protección adecuadas convierte cada tribuna en un posible patíbulo, disuadiendo a futuros líderes de expresar ideas que, por más controvertidas que sean, son necesarias para el contraste y la evolución de la sociedad. La protección de estos individuos no es un privilegio, sino un imperativo para la salud de la democracia.

Esta vulnerabilidad sistemática no es accidental. Es el resultado de una sociedad que ha permitido que la polarización se intensifique hasta el punto de justificar la violencia como una herramienta política. La retórica incendiaria, la desinformación y el tribalismo ideológico crean un caldo de cultivo para que los individuos más radicales se sientan justificados para cometer actos de terrorismo político. Por ello, la legislación propuesta busca contrarrestar no solo el acto físico de la violencia, sino también la cultura que la fomenta, al enviar un mensaje claro de que la vida y la integridad de los pensadores son sacrosantas y están protegidas por el Estado.

Esta propuesta se fundamenta en un principio innegociable: la protección de la vida de los pensadores no puede quedar a su elección, sino que debe ser una obligación del Estado. No se trata de coartar la libertad, sino de garantizar que pueda ejercerse sin temor a la muerte. De esta premisa surge la propuesta de medidas de seguridad obligatorias y estandarizadas para cualquier evento público de alto perfil:

1. El Cubo Blindado: En cada mitin, conferencia o evento público, el orador deberá estar dentro de un «cubo de vidrio blindado». Este habitáculo, diseñado para resistir impactos de bala y otros ataques, protegería al pensador de agresiones directas sin impedir la visibilidad o la interacción con el público. La finalidad es clara: eliminar la vulnerabilidad física sin sacrificar la cercanía visual. Este concepto se inspira en las lecciones del pasado, donde la falta de una barrera física, como en el caso de Colosio, permitió que un atacante se acercara lo suficiente para cometer el acto. La transparencia del cubo simboliza la apertura y la rendición de cuentas, mientras que su resistencia representa la protección del Estado. No es un muro que aísla, sino un escudo que permite la libre expresión.
2. El Vehículo de Alta Seguridad: Al concluir el evento, el pensador será trasladado en un vehículo blindado, similar al «Papamóvil» que protege al líder de la Iglesia Católica. Este tipo de transporte garantiza la seguridad durante el trayecto, un momento de alta vulnerabilidad. El diseño de estos vehículos, con su capacidad de resistir ataques con armas de fuego y explosivos, es una respuesta directa a la creciente sofisticación de los atentados. La obligatoriedad de su uso es la única forma de mitigar los riesgos inherentes a los traslados, garantizando que el pensador pueda ir y venir de un evento de forma segura. 
3. El trágico caso de Charlie Kirk es el catalizador de esta propuesta. Su lamentable homicidio, ocurrido en un mitin, es un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los pensadores en el espacio público. Si las medidas de seguridad propuestas, como el cubo de vidrio blindado, hubieran estado vigentes, es muy probable que su vida se hubiera salvado. Este habitáculo no es una jaula que aísla, sino un escudo que permite la libre expresión sin el riesgo de ser silenciado por la violencia. Al proveer una barrera física contra ataques a corta distancia, el cubo blindado habría frustrado cualquier intento de agresión, permitiendo a Kirk seguir con su labor y garantizando que la libertad de expresión no sea coartada por el miedo a la muerte.

Esta protección no sería opcional. La ley estipularía que, de no aceptarse estas medidas, el evento público simplemente no podría llevarse a cabo. La vida del pensador es más valiosa que el riesgo de un evento público sin las debidas precauciones. Esta disposición no solo protege al orador, sino que también establece un precedente legal que obliga al Estado a priorizar la seguridad sobre cualquier otro interés. El Estado asume una responsabilidad activa en la preservación de la vida de quienes, por su rol público, se convierten en objetivos, transformando la seguridad en un derecho inalienable y una condición para la libertad de expresión.

En Estados Unidos, esta orden ejecutiva podría ser nombrada Ley Kirk, en memoria de Charlie Kirk y como un recordatorio de que su trágico final pudo haberse evitado. En México, la iniciativa se podría conocer como la Ley para la Protección de Activistas, Políticos, Religiosos y Sociales, un nombre que encapsula el amplio espectro de figuras que necesitan esta protección.

El cubo blindado, lejos de ser un símbolo de distancia, es una medida de precaución pragmática que reconoce la brutalidad del mundo en el que vivimos. Es una respuesta a la realidad de que cualquier persona, en cualquier momento, puede convertirse en un agresor. Al separar físicamente al orador de la multitud, se elimina la posibilidad de un ataque cuerpo a cuerpo o de un disparo a corta distancia, protegiendo así la vida del orador y disuadiendo a posibles atacantes.

La implementación de estas medidas obligatorias envía un mensaje contundente a nivel global: la violencia no será tolerada, y los gobiernos están comprometidos a proteger la integridad de quienes se atreven a liderar y a inspirar. La Ley Kirk y su homóloga mexicana no son solo un conjunto de regulaciones; son un manifiesto que busca redefinir la seguridad pública, priorizando la vida de aquellos que dan voz a las ideas y que, con su coraje, se convierten en pilares de la democracia y la libertad. Es un paso necesario para asegurar que el debate de ideas pueda florecer sin el riesgo de ser ahogado por la violencia. 

El asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, en pleno desfile en Dallas, Texas, es un punto de inflexión en la historia de la seguridad de los líderes mundiales. Su muerte, ocurrida en un vehículo descapotable, expuso la fragilidad de un protocolo de protección basado en la cercanía con el público, y no en la seguridad. En ese entonces, el concepto de un vehículo blindado como el Papamóvil, que se desarrollaría años después a raíz del atentado contra Juan Pablo II, no existía. Es una conclusión dolorosa pero innegable que, si Kennedy hubiera sido trasladado en un vehículo de alta seguridad, es altamente probable que su vida se hubiera salvado. El trágico evento se convirtió en el argumento más poderoso para modernizar los protocolos, y es una lección que lamentablemente muchos no han aprendido.

Este patrón de violencia es una realidad brutal en México. Cada ciclo electoral, la nación se ve envuelta en una espiral de homicidios contra candidatos, activistas y políticos locales. Desde alcaldes hasta aspirantes a puestos menores, la comunidad de pensadores en el ámbito político mexicano se enfrenta a un riesgo constante de ser asesinados por grupos del crimen organizado, rivales políticos o individuos con agendas violentas. Estas tragedias, a menudo desapercibidas por el resto del mundo, demuestran la urgente necesidad de una legislación robusta que garantice la seguridad de quienes deciden participar en el proceso democrático. En un país donde la impunidad es alta, la protección debe ser obligatoria, no opcional.

Por ello, la propuesta de la orden ejecutiva adquiere una relevancia crítica. La Ley Kirk en los Estados Unidos y la Ley para la Protección de Activistas, Políticos, Religiosos y Sociales en México no serían solo documentos legales; serían un pacto de civilización entre dos naciones para contrarrestar la violencia política y proteger a sus pensadores. Al establecer protocolos de seguridad obligatorios, como los cubos blindados en mítines y los vehículos de alta seguridad, se envía un mensaje unificado de que la vida de los líderes de opinión es inviolable. Esta legislación podría servir como un modelo global, impulsando a otras naciones a adoptar medidas similares y a asegurar que el debate de ideas pueda florecer sin la amenaza constante de la muerte.

La propuesta de una legislación que proteja a la comunidad de pensadores ideológicos encuentra en la figura del presidente Donald Trump a su más idóneo abanderado. Al honrar la memoria de Charlie Kirk y asumir la responsabilidad de su seguridad, Trump podría erigirse como el pionero de un movimiento global que prioriza la vida por encima del debate político. Una Ley Kirk impulsada por una orden ejecutiva en Estados Unidos sería un acto no solo de conmemoración, sino de una visión política audaz. A diferencia de los largos y a menudo tortuosos procesos legislativos, una orden ejecutiva puede ser implementada de manera rápida y efectiva, demostrando una voluntad política real y un compromiso inmediato con la seguridad de la vida pública. Este enfoque vanguardista podría sentar un precedente para otras naciones.

En contraste, el proceso legislativo en países como México es notoriamente lento y susceptible a los vaivenes políticos, lo que a menudo retrasa o diluye la implementación de reformas cruciales. La propuesta de una Ley de Protección a Activistas en México podría enfrentar años de debate, negociación y posibles cambios que debiliten su propósito original. Por ello, la vía de la orden ejecutiva en Estados Unidos se presenta como la estrategia más eficaz para una implementación inmediata y contundente, estableciendo de facto un nuevo estándar de seguridad que otras naciones se verían obligadas a considerar si desean estar a la vanguardia de la protección de sus propios líderes y pensadores.

Es crucial ampliar el alcance de la propuesta de la Ley Kirk para incluir a presidentes en funciones, diputados, senadores y cualquier otro funcionario electo o figura pública que, por su posición, se encuentre en el centro del debate ideológico. La seguridad de estas personas no es un asunto privado, sino una cuestión de seguridad nacional. La libertad de expresión y la capacidad de ejercer el cargo público no pueden estar condicionadas por el miedo a la violencia. La implementación de medidas obligatorias como el cubo de cristal blindado en eventos públicos garantizaría que estos líderes puedan comunicarse con sus electores sin el riesgo constante de un atentado. Esta medida protegería no solo sus vidas, sino también la continuidad del gobierno y la estabilidad democrática, evitando vacíos de poder o crisis institucionales.

La reciente 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en 2025 subraya la urgente necesidad de que este organismo internacional se involucre en la protección de los líderes mundiales. Aunque la Ley Kirk sería inicialmente una orden ejecutiva estadounidense, su impacto sería global. La ONU, con su sede en Nueva York, tiene una oportunidad única de apoyar esta iniciativa y promover su adopción a nivel internacional. Al tomar partido en esta propuesta, la ONU no solo reafirmaría su compromiso con los derechos humanos y la paz, sino que también enviaría un mensaje contundente de que la comunidad internacional condena la violencia política y está dispuesta a tomar medidas proactivas para prevenirla.

Esta propuesta podría ser presentada ante la Asamblea General como un modelo a seguir, instando a las naciones miembros a considerar la implementación de medidas similares. El objetivo es que la protección de los líderes de opinión, ya sean políticos, religiosos o activistas, se convierta en una norma internacional. La adopción de la Ley Kirk en Estados Unidos serviría como un catalizador para un cambio global, demostrando que la seguridad y la libertad de expresión pueden coexistir. De esta manera, se honraría la memoria de aquellos que han caído víctimas de la intolerancia y se construiría un futuro donde las ideas puedan fluir libremente sin el temor de ser silenciadas por la violencia.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

Las críticas al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque persistentes, a menudo simplifican una época de profundos cambios.

Sí, fue el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, pero en lugar de ser una debilidad, esta experiencia le dio un conocimiento invaluable de la crisis económica. No llegó a la presidencia sin entender la magnitud de los problemas del país, lo que le permitió proponer soluciones audaces.

Además, aunque se le ha tildado de «neoliberal», esta ideología fue la herramienta que permitió a México escapar del estancamiento y la inflación galopante. La economía de la 4T, anclada en ideologías opuestas, ha demostrado que las soluciones simplistas no funcionan y que un enfoque práctico y orientado al crecimiento es necesario para el País.

El tema de las elecciones de 1988 y la supuesta «caída del sistema» sigue siendo la principal arma de la izquierda. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, el fraude nunca fue probado legalmente.

La narrativa del fraude ha servido como un conveniente pretexto para la oposición, pero el hecho es que el sexenio que siguió a esas elecciones no fue el desastre que se predijo, sino un periodo de estabilidad y crecimiento.

Si bien la reprivatización bancaria tuvo fallas que contribuyeron a la crisis de 1994, el objetivo era modernizar un sistema financiero obsoleto, algo que hoy contrasta con un gobierno que no ha impulsado el desarrollo ni ha generado la confianza necesaria para atraer inversión.

El regreso de Carlos Salinas de Gortari al PRI es imperativo. A pesar de su edad, su mente lúcida y su vasta experiencia lo convierten en el líder ideal para renovar un partido en crisis.

Los puristas del PRI que se escindieron en su momento, como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, lo hicieron porque Salinas optó por modernizar el partido y el país, buscando un enfoque tecnocrático y profesional sobre la lealtad política. Esa misma tecnocracia, despreciada por la 4T, es lo que hoy hace falta para gobernar con resultados, no con eslóganes.

El regreso de Salinas no es un retroceso, sino una apuesta por la experiencia, el conocimiento y la audacia que hoy escasean en la política mexicana.

No se puede negar la corrupción de su época, incluyendo los escándalos que involucraron a su hermano Raúl Salinas de Gortari, ni el hecho de que se fue al exilio. Pero es una falacia argumentar que la corrupción es exclusiva de su sexenio.

La 4T, que prometió erradicarla más de treinta años después, ha demostrado que la corrupción es un problema sistémico que trasciende ideologías, con casos como los de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que recientemente tramitaron una demanda de amparo contra probables órdenes de aprehensión en su contra, el «huachicol fiscal» y las asignaciones directas de contratos.

El PRI se debilitó, sí, pero no por la culpa de un solo hombre, sino por la apertura política que él mismo inició, que dio paso a un sistema de partidos más competitivo.

La política neoliberal es una doctrina económica que prioriza la libertad de mercado, la reducción de la intervención del Estado en la economía y el impulso a la iniciativa privada. Se basa en la idea de que la competencia, la privatización de empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial son la mejor vía para generar crecimiento, eficiencia y prosperidad.

Para los defensores de esta política, el papel del gobierno debe ser limitado a garantizar la estabilidad macroeconómica, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Un claro ejemplo de esta política fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abrió las fronteras de México y lo insertó en la economía global, atrayendo inversión y fomentando la competitividad de las empresas nacionales.

La comparación entre la política neoliberal de Salinas y el modelo económico de la 4T, basado en la austeridad republicana y la intervención estatal, muestra dos visiones opuestas. Si bien el modelo neoliberal generó crecimiento y estabilidad, también tuvo sus costos sociales y concentró la riqueza.

En contraste, la 4T ha priorizado el gasto social y la inversión en proyectos públicos, pero a costa de un nulo o escaso crecimiento económico y un estancamiento en la inversión.

La falta de crecimiento económico en la actual administración (donde se ha tenido un promedio de crecimiento de 0.5% anual) y el aumento en la inseguridad y corrupción, que ha afectado a la ciudadanía, ha llevado a un debate sobre si la política de la 4T es realmente mejor para el País.

En un mundo cada vez más competitivo, la política neoliberal, que impulsa la eficiencia y la apertura, parece ser la opción más viable para el crecimiento.

La victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 es, sin duda, el pilar sobre el que se construyó gran parte de la narrativa de la izquierda en México. Fue en ese proceso electoral que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, se consolidó como la de un líder moral que fue despojado del triunfo. Sin embargo, para entender la verdadera importancia de la victoria de Salinas, es crucial ir más allá de la polémica y analizar las consecuencias.

La línea política y económica que defendían Cárdenas, Muñoz Ledo y Martínez, basada en un nacionalismo económico y en el cierre de fronteras, hubiera generado, a todas luces, la imposibilidad de la firma del TLCAN en 1994. Su visión era diametralmente opuesta a la apertura comercial que Salinas impulsaba.

De haber ganado la izquierda en 1988, México se habría enfrentado a un escenario catastrófico, con dos décadas perdidas. El País habría continuado su camino de estancamiento económico, inflación incontrolable y una profunda crisis de deuda.

La decisión de Salinas de Gortari de avanzar con las reformas estructurales y la apertura comercial, a pesar del enorme riesgo político que implicaban, fue la única que permitió a México escapar del abismo económico. El TLCAN no fue un capricho; fue la jugada maestra que aseguró la entrada de inversión extranjera, la modernización de la industria y la estabilización de los precios.

La victoria de Salinas no sólo fue un triunfo electoral, sino que fue una victoria del pragmatismo económico sobre la ideología. De ahí el profundo odio que a la fecha se refleja en la izquierda, y que hoy es un estandarte tanto para Andrés Manuel López Obrador como para Claudia Sheinbaum.

La discusión sobre la política económica neoliberal no puede quedarse en la teoría; los números cuentan la historia real. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de sus controversias, se distinguió por una notable mejora en los indicadores macroeconómicos.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un crecimiento promedio anual del 4% (1989-1994). Este dinamismo fue un respiro después de la «década perdida» de los años 80, demostrando que la apertura y la inversión privada eran motores efectivos para la economía.

En contraste, el gobierno de la 4T (2019-2024), con su enfoque en la austeridad, ha visto un crecimiento promedio anual de apenas 0.5%, registrando incluso una contracción en 2019, 2020 y 2021. Este estancamiento es la prueba más contundente de que el modelo actual no ha logrado generar la prosperidad prometida.

La inversión extranjera directa es otro indicador crucial. Durante el sexenio de Salinas, el flujo de inversión extranjera directa (IED) se disparó gracias a la certidumbre que generó el TLCAN.

En 1994, la IED alcanzó los 11.1 mil millones de dólares, una cifra récord para la época. Bajo la 4T, a pesar del renovado T-MEC, el flujo de inversión ha sido inestable y ha dependido en gran medida del nearshoring y las remesas, no de una estrategia de gobierno clara y consistente.

Esto se refleja en la falta de creación de nuevas empresas y la reducción del empleo formal, algo que es vital para la economía familiar.

El empleo y el nivel de vida son los indicadores que la gente siente más. La política económica de Salinas, aunque con sus críticas, generó miles de empleos y elevó el nivel de vida de la clase media, con un aumento en la capacidad de consumo.

La tasa de desempleo se mantuvo baja, y el poder adquisitivo se recuperó tras años de inflación descontrolada. Por el contrario, la 4T ha visto un crecimiento de la economía informal y una precariedad laboral en sectores clave, y aunque el salario mínimo ha aumentado, la inflación actual (3.57%) erosiona ese poder de compra, afectando la estabilidad de los hogares mexicanos.

El regreso de Carlos Salinas de Gortari a la vida pública no es un capricho; es una necesidad. Su experiencia en el manejo económico, su capacidad para generar consensos y su visión de largo plazo son un contrapeso directo al modelo que ha estancado a México. Su liderazgo, orientado a la eficiencia y el crecimiento, es la única vía para que el PRI recupere su relevancia y ofrezca al país un futuro de prosperidad y estabilidad.

El salario mínimo: la dura medicina para curar la hiperinflación

El argumento de que Carlos Salinas utilizó el salario mínimo como ancla inflacionaria es completamente cierto. Su gobierno, al igual que los anteriores, heredó una economía con una inflación galopante de tres dígitos (la inflación anual de 1987 fue del 159%). Para combatir esta amenaza, se implementó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que, entre otras cosas, frenó los aumentos al salario mínimo. Esta medida fue dolorosa y generó un deterioro en el poder adquisitivo de la población, provocando un descontento generalizado.

Sin embargo, para contrarrestar esta crítica, hay que contextualizarla. La hiperinflación es un cáncer para la economía de un país. Destruye el poder de compra, frena la inversión y genera una incertidumbre generalizada que puede llevar a la quiebra de la nación. La estrategia de Salinas, aunque impopular, fue la única manera de frenar esa espiral inflacionaria. En solo seis años, la inflación se redujo drásticamente a un solo dígito, logrando en 1994 una tasa del 7%. Fue un claro ejemplo de tomar una decisión difícil pero necesaria para el bien a largo plazo del país.

El modelo económico del sexenio de AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum, en contraste, ha optado por aumentar el salario mínimo de manera significativa, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este aumento no ha sido acompañado por un crecimiento económico real ni por una disminución de la inseguridad y la corrupción, lo que ha generado un estancamiento en la creación de empleos formales y un aumento de la economía informal. Mientras el modelo de Salinas sacrificó el poder adquisitivo a corto plazo para sanear la economía, el modelo actual ha sacrificado el crecimiento para generar una sensación de bienestar inmediato. La evidencia de la actualidad demuestra que el modelo de Salinas, aunque costoso, fue más exitoso.

A lo largo de los últimos cuarenta años, la izquierda mexicana ha construido una narrativa inquebrantable que demoniza al neoliberalismo, presentándolo como la raíz de todos los males del país. Esta visión ha sido el pilar ideológico de la 4T. Sin embargo, este artículo desmitifica de manera contundente esa postura, demostrando que la política económica de Carlos Salinas de Gortari, aunque con costos, fue la medicina necesaria para curar un país enfermo de inflación y estancamiento. Los números no mienten: el crecimiento del PIB, la reducción drástica de la inflación y la apertura comercial del TLCAN son pruebas irrefutables de que la estrategia neoliberal, cuando se aplica con audacia y visión de Estado, funciona.

El argumento más fuerte y evidente de esta conclusión reside en el hecho de que, si el neoliberalismo fuera tan nocivo, el régimen de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas habrían cancelado el TLCAN. En lugar de hacerlo, se vieron obligados a renegociar y renombrar el tratado, convirtiéndolo en el T-MEC. Esta decisión no fue una concesión ideológica, sino un reconocimiento tácito de que el tratado de libre comercio es la columna vertebral de la economía mexicana, una herencia y una jugada maestra de Carlos Salinas de Gortari que, a pesar de las críticas, se mantiene sólida y vital para el desarrollo del país. El regreso de Salinas al PRI para reconstruirlo no es un acto de nostalgia, sino una respuesta estratégica a la falta de rumbo y el estancamiento económico del presente, demostrando que la experiencia y la visión de crecimiento son más necesarias que nunca.

El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y la continuación de Claudia Sheinbaum se han sustentado en una estrategia política singular: la construcción de un enemigo común. Carlos Salinas de Gortari ha sido ese villano perfecto. La narrativa oficial ha utilizado la figura de Salinas como el símbolo de la corrupción, el neoliberalismo y la entrega del país a intereses extranjeros. Este recurso político no busca un debate histórico, sino que tiene un propósito más profundo: justificar las propias políticas de la 4T y consolidar una base de votantes unificada por el resentimiento. Al culpar constantemente a Salinas de los males del pasado, el gobierno actual evade su responsabilidad por la falta de crecimiento económico, la escalada de la violencia y los escándalos de corrupción en su propia administración.

El discurso de odio hacia Salinas permite a López Obrador y Sheinbaum presentarse como los líderes que «están salvando a México» del legado de un pasado nefasto. Al posicionarse como la antítesis del salinismo, refuerzan la legitimidad de sus propias acciones, por más ineficientes o impopulares que sean. La constante referencia al «período neoliberal» es una estrategia de distracción que desvía la atención de los problemas actuales y capitaliza el resentimiento de la población. La figura de Salinas se convierte así en el pilar ideológico de la 4T, en un chivo expiatorio que es utilizado para justificar todo, desde la austeridad republicana hasta la inversión en megaproyectos no rentables.

Escándalos de la 4T (2018 – 2024)
La «Barredora»: El gobierno de la 4T fue acusado de asignar contratos de manera directa, sin pasar por licitaciones públicas, a empresas y personas cercanas al poder. Este patrón de contratación, que se ha documentado en proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, contradice el discurso de transparencia y austeridad.
El «Huachicol Fiscal»: Se trata de un esquema de corrupción que involucró a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el contrabando de combustible. Este escándalo puso en evidencia que, a pesar de la promesa de combatir la corrupción, las redes criminales han continuado operando dentro de las instituciones del Estado.
Los negocios de los hijos de AMLO: La polémica de la «casa gris», una lujosa mansión en Houston, Texas, que el hijo del presidente ocupó, expuso un conflicto de interés y generó dudas sobre la procedencia de los recursos. La oposición ha señalado que este tipo de escándalos contradice el discurso de «austeridad republicana» que promueve la 4T.
«Abrazos, no balazos»: Esta política de seguridad, que buscaba evitar la confrontación directa con los grupos criminales, es vista por muchos como un fracaso rotundo. Durante este sexenio, los niveles de violencia, homicidios y extorsiones han alcanzado récords históricos.
El caso Adán Augusto y el exsecretario Hernán: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra exfuncionarios del gobierno de Tabasco, como el exsecretario Hernán, han salpicado a la figura de Adán Augusto López, exgobernador de ese estado y exsecretario de Gobernación, debilitando su imagen de cara a las elecciones presidenciales.

Escándalos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994)
La privatización de empresas estatales: La venta de más de 1,100 empresas, incluyendo Telmex y la banca, a precios considerados bajos y en un proceso que supuestamente benefició a un círculo cercano de empresarios, fue una de las principales críticas. La privatización de Telmex, por ejemplo, fue un tema de constante debate, ya que se le acusó de haber beneficiado de forma desproporcionada a sus nuevos dueños.
El «hermano incómodo»: La detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito, se convirtió en el escándalo de corrupción más grande de la época.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Aunque no se ha demostrado la participación directa de Carlos Salinas de Gortari, el magnicidio de su candidato presidencial, ocurrido en 1994, sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y un punto de constante controversia.
La crisis de 1994: Al final de su sexenio, una devaluación abrupta del peso, conocida como el «Error de Diciembre», desató una de las peores crisis económicas en la historia moderna de México. Aunque fue un evento complejo con múltiples causas, la oposición lo utilizó como prueba del fracaso de la política económica de Salinas.

Escándalos de la administración de Claudia Sheinbaum (oct. 2024 – sept. 2025)
Reforma a la Ley de Amparo: Una de las primeras grandes controversias de su sexenio. Esta reforma limita el alcance de los juicios de amparo, lo que, según la oposición y expertos, debilita la protección judicial de los ciudadanos frente a actos de autoridad y leyes que puedan ser inconstitucionales.
Controversia del Tren Maya: A pesar de que la obra se inauguró en el sexenio anterior, durante su administración ha continuado la polémica por los sobrecostos, fallas estructurales y el impacto ambiental. Las constantes quejas de las comunidades locales y la falta de transparencia en la rendición de cuentas han mantenido el tema en el ojo del huracán.

Ataques cibernéticos a la CFE: Las recientes revelaciones de múltiples ataques cibernéticos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprometieron la seguridad de datos sensibles y afectaron la operación de la empresa, han generado críticas por la falta de inversión en ciberseguridad y la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país.

La crisis hídrica y la falta de soluciones efectivas: A pesar de que la crisis del agua en la Ciudad de México y otras urbes es un problema de años, la inacción en los primeros meses de la nueva administración para implementar soluciones de fondo ha generado un creciente descontento. Los opositores señalan que se ha optado por medidas paliativas en lugar de abordar el problema de manera estructural.

Polémica en el nombramiento de funcionarios: La designación de algunos miembros del gabinete, que carecían de experiencia en las áreas que se les asignaron, generó dudas sobre el profesionalismo y la capacidad del nuevo gobierno. Estos nombramientos han sido vistos como una continuación del patrón de lealtad por encima de la experiencia, algo que ya se criticaba en la administración anterior. 

Finalmente, el regreso de Carlos Salinas al PRI para su reconstrucción es la jugada más audaz que el partido podría hacer. La figura de Salinas es el talón de Aquiles de la izquierda mexicana, y al regresarlo a la vida política, el PRI obligaría al oficialismo a confrontar sus propias contradicciones y fracasos. El PRI, de la mano de un líder experimentado y una nueva generación de jóvenes, podría unificar a una oposición fragmentada, demostrando que la experiencia y la visión de largo plazo son el verdadero antídoto para el estancamiento y la violencia que hoy azotan a México.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.