Presupuesto público y derecho al mínimo vital

Diversos autores consideran que la actividad hacendaria del Estado y de manera más concreta el presupuesto de egresos, es la columna vertebral que permite la articulación y funcionamiento de los diversos mecanismos y piezas de la vida pública y privada de una sociedad contemporánea, porque en su proceso y resultados se expresan los compromisos realizables por los gobernantes y funcionarios públicos, sin duda es un producto primordial de la clase política de una sociedad.
Es así que en el mes de enero de cada año nuestro país experimenta lo que David Easton llamaría un proceso vital del sistema político: la difusión y ejercicio del presupuesto público. Si bien la teoría macroeconómica nos recuerda que el presupuesto es un proceso interconectado con diversos actores que actúan en diferentes arenas de vida política, se puede resumir que el proceso inicia con la formulación y diseño que proyecta el gasto público por las instituciones públicas, continua con la integración por el poder ejecutivo y su presentación ante el Poder Legislativo para su deliberación y aprobación, posteriormente se publica en los medios oficiales e inician la etapas de ejercicio, comprobación, fiscalización y evaluación, entre otras micro-etapas.
Enfoque basado en derecho humanos
Si bien existen diversos ángulos de discusión de éste fenómeno burocrático es pertinente explorar visiones complementarias a las premisas de austeridad y ahorro que prevalecen hoy en día sobre el tema y ampliar el estudio con los avances que en el ámbito internacional ha cobrado gradualmente y cada vez con mayor fuerza por el sentido y magnitud que el constitucionalismo imprime a este proceso, por lo que analizar el proceso presupuestario a la luz del derecho al mínimo vital, amplia el horizonte para la interpretación y evaluación del cumplimiento o no de las obligaciones de las autoridades públicas.
En este contexto es pertinente recordar que los efectos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México en el año 2011 es que el enfoque basado en derecho humanos (EBDH) se convierte en una obligación fundamental de toda autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, modificando el estilo de actuar oficiosa a una de tipo garantista, esto quiere decir, entras cosas la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad, además de incorporar la interpretación pro persona como criterio de decisión y actuación públicas…. Pero ¿qué tiene que ver esto con el presupuesto y cómo se relaciona con el derecho al mínimo vital?
La normativa que en el marco jurídico internacional apuntala el derecho al mínimo vital como derecho humano consiste en:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Artículo 25-1.-
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
DUDH, Artículo 23-3.-
“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículo 11-1.-
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo de San Salvador» (PSS) 4
Artículo 6.1.- “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.”
PSS, Artículo 7.a.
“Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (a) una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción…”
PSS, Artículo 9.
“(1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
Las principales resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la materia son las siguientes[1]:
Año | Tesis | Elementos sobresalientes |
2007 | 172545 | El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. |
2013 | 159820 | …abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) que permiten respetar la dignidad humana … ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal … si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país. |
2016 | 2011316 | El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. [2] |

Fotos: Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga.
Es decir, nuestro país cuenta con un ensamble entre el marco jurídico internacional y resoluciones jurisdiccionales nacionales, que brindan respaldo al diseño, ejecución e incluso evaluación de una de la piezas fundamentales de la administración pública federal, estatal y municipal: el presupuesto de egresos, a fin de que éste se diseñe y ejecute en favor del desarrollo integral de las personas. Esto implica también que se debe concretar la dotación de bienes y servicios que en su conjunto permitan el cumplimiento de los satisfactores fundamentales de la existencia humano, surge entonces la pregunta ¿cuáles son los estándares básicos que conforman al mínimo vital como derecho humano? Utilizando como referencia los elementos para la medición de la pobreza estipulados en la ley general de desarrollo social, específicamente los indicadores expuestos en el artículo 16 de esta ley, identificamos los siguientes:
1-.
Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; VIII. Grado de cohesión social y Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.
De esta manera tambiéncontamos con categorías concretas para identificar los rubros que cada persona debe tener resueltas para valorar que se cumple con su derecho al mínimo vital. Pero en qué medida los poderes e instituciones públicas conocen y aplican el fundamento y alcances del mínimo vital en sus tareas administrativas, en el caso que revisamos, en lo relativo a la confección y ejercicio del presupuesto de egresos. La evidencia no es alentadora, las discusión y efectos de la aprobación del presupuesto se observa limitada a criterios de corte político-partidista, y en los casos federal y estatal, se asoma el criterio de la austeridad y ahorro como avasallantes y neutralizadores de un debate público abierto, racional y fundamentado sobre el destino de la hacienda pública.
Los casos de Jalisco, Veracruz y CDMX
Y entre los año de 2016,2017 y 2018 tan sólo los estados de Jalisco, Veracruz y Ciudad de México han incorporado en sus constituciones locales, disposiciones relativas al derecho del mínimo vital, lo cual sitúa a estas entidades en la vanguardia de diseño jurídico, no obstante, la inscripción en la constitución no garantiza plenamente su observancia en el proceso presupuestario, incluso la meta sería que fuera un componente de análisis en el ciclo de la políticas públicas que los gobiernos diseñan, ejecutan y evalúan.
Así mismo, no obstante, el derecho al mínimo vital no se resuelve en la interacción entre el poder ejecutivo (quien propone el presupuesto) y el poder legislativo (quien lo autoriza y fiscaliza), sino que el poder judicial cobra un papel relevante, no sólo en la emisión de tesis constitucionales, ya que ante el ejercicio pleno de los derechos humanos implica también la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos. Por lo que también entramos a la dimensión de calidad de ciudadana. Resulta fundamental distinguir que el derecho al mínimo vital es para toda persona, pero la persona que ejerce y exige el cumplimiento de sus derechos y reclama la obligación de las autoridades públicas, respecto al cumplimiento de sus derechos y libertades, es ante todo un ciudadano o ciudadana.
Exigibilidad
La exigibilidad para el cumplimiento y garantía de las derechos libertades en una sociedad, supone la existencia de un cuerpo de ciudadanía activa, formada y comprometida, y es precisamente este ciudadano o ciudadana quien puede y debe llevar a los problemas de incumplimiento de las autoridades públicas, para ser dirimido y resuelto ante tribunales locales, nacionales e incluso internacionales, es por tanto la justiciabilidad, un imperativo del derecho al mínimo vital.
Así como, ¿cómo logar entonces avanzar hacia escenarios y condiciones sociales que permitan ese anhelado derecho al mínimo vital? Una agenda minimalista en esta materia debe comprender:
Conocimiento de la clase política y los funcionarios públicos de qué es, en qué consisten y cuáles son los alcances del derecho al mínimo vital y su vinculación con los derechos humanos.
Incorporación de los criterios y estándares a cumplir en el diseño presupuestario, tanto en las instituciones hacendarias del Poder Ejecutivo federal y estatales, como en los gobiernos municipales y organismos autónomos.
Inclusión en los principios y normas de evaluación y fiscalización del gasto público, por parte de las Auditorias superiores del gasto público, Contralorías y organismos de evaluación de programas y políticas públicas.
Comunicación con los organismos internacionales para conocer las buenas prácticas y avances que en otros países se ha logrado alcanzar en esta materia, la CEPAL es un organismo líder en este rubro.
Se debe entender que transformar y refundar las instituciones públicas, implica la adopción de normas jurídicas y prácticas que garanticen a la sociedad la satisfacción de sus necesidades fundamentales, de alimentación, salud, seguridad, vivienda, empleo, recreación, cultura y esparcimiento, sólo así la democracia cumplirá sus expectativas de ser la mejor opción de gobierno para la humanidad.
[1] Tabla elaborada a partir de: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172545&Clase=DetalleTesisBL; https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=159820&Clase=DetalleTesisBL y http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2011316&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
[2] Tesis Aislada 2011316 publicada el 28 de marzo de 2016, disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2011316&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
Huachicol fiscal es traición a la patria

Las recientes revelaciones que apuntan a una presunta defraudación fiscal masiva conocida como “huachicol fiscal” han puesto en el centro del debate público la integridad del erario mexicano.
De acuerdo con datos que ascienden a 600 mil millones de pesos, información que, desde la tribuna del Congreso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, advierte que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo del conocimiento público que el fraude señalado lo realizaron figuras políticas de alto nivel en el sexenio del líder moral del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.
El impacto patrimonial al Estado es tan grande que exige no sólo la restitución, sino una respuesta penal acorde con la magnitud del daño a la nación.
La cifra de 600 mil millones de pesos no es sólo un número; es un boquete fiscal que amenaza la capacidad de acción del Estado. Para entender su dimensión real, es imperativo situarla en el contexto de la economía mexicana.
Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México de 2023, que ronda los 32.6 billones de pesos, se calcula que la pérdida atribuida al huachicol fiscal representa aproximadamente el 1.84 % del PIB total del País.
Esto significa que casi el dos por ciento de toda la riqueza que México genera en un año simplemente dejó de ingresar a las arcas nacionales.
En términos de inversión pública, esta cantidad podría haber servido para:
Duplicar o triplicar el presupuesto asignado a programas sociales federales esenciales.
Financiar una parte sustancial de los proyectos de infraestructura y desarrollo social del país.
Fortalecer de manera crucial los sistemas de salud y educación pública a nivel nacional.
La pérdida es, en esencia, un freno de mano al desarrollo nacional, negando a millones de mexicanos el acceso a servicios y oportunidades financiados por esos recursos.
Para medir el verdadero impacto del boquete fiscal, lo comparamos con la producción económica (PIB) de naciones enteras.
El monto de 600 mil millones de pesos (aproximadamente 33 mil millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio) es comparable, en términos de PIB nominal, al tamaño total de las siguientes economías nacionales:
La pérdida estimada equivale al Producto Interno Bruto (PIB) total anual de países como Uruguay o Costa Rica. En términos comparativos, el boquete financiero es tan grande que podría equipararse incluso a la suma de la producción económica de naciones bálticas como Estonia o Letonia.
El hecho de que el desfalco sea del tamaño de la economía de un país entero subraya que no se trata de un simple acto de corrupción local, sino de un delito de alcance macroeconómico que afecta la posición financiera de México en el ámbito global.
La comparación más contundente a nivel nacional se hace con la producción de los estados que son verdaderos motores económicos.
El monto de los 600 mil millones de pesos es equiparable al PIB total anual de entidades federativas vitales para la economía, como Puebla o Guanajuato.
Guanajuato y Puebla son centros industriales clave, con economías dinámicas impulsadas por los sectores automotriz y manufacturero. Su pujanza es vital para el crecimiento del PIB nacional.
El desfalco, por lo tanto, es el equivalente a que uno de estos estados, los cuales son clave en la economía de México, dejara de producir riqueza por completo durante un año. Esto profundiza el argumento de que este acto atenta directamente contra la estabilidad económica de la República.
Dada la colosal afectación de 600 mil millones de pesos y el señalamiento de que este fraude fue orquestado desde las esferas del poder, el tratamiento legal del caso no puede limitarse a la simple defraudación fiscal.
La magnitud del desfalco exige que los responsables sean investigados por el delito de traición a la patria.
El concepto de traición a la patria en el Código Penal Federal se configura cuando un acto atenta gravemente contra los intereses fundamentales de la nación y su seguridad.
Afectación a la soberanía financiera: un boquete fiscal de esta magnitud debilita la capacidad del Estado mexicano para sostenerse y cumplir con sus obligaciones. Al minar la Hacienda Pública de esta manera, se está atentando contra la soberanía económica del País.
Abuso de la función pública para dañar a la nación: si se comprueba la participación de altos funcionarios, su acto implica utilizar el poder conferido por la nación para dañarla profundamente. Esto transforma el fraude en un acto hostil cometido desde dentro.
El perjuicio nacional: al impedir que esos 600 mil millones ingresaran a la nación, los responsables incurrieron en un daño directo al patrimonio de todos los mexicanos.
El artículo 123 del Código Penal Federal de México define la traición a la patria como un acto que atenta contra la seguridad de la nación con el propósito de someterla a un gobierno, grupo (cárteles narcoterroristas) o persona extranjera.
Este delito abarca acciones concretas y graves, como el espionaje, la colaboración militar con un país enemigo o la entrega de territorio nacional. Es un delito de resultado o de peligro que requiere una intención de someter a la nación y una acción material que atente contra su soberanía.
El huachicol fiscal es uno de los mayores desfalcos en la historia reciente de México. La presunta participación de altos funcionarios agrava el crimen, convirtiéndolo en un acto que mina la confianza social y la capacidad financiera del Estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) debe llevar a cabo una investigación sin precedentes, sin importar los niveles jerárquicos de los involucrados. Es imperativo que se determine si la conducta encuadra en los supuestos del delito de traición a la patria.
De ser hallados responsables, los culpables deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal Federal y vinculados a proceso con toda la rigidez del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
La justicia no puede ser selectiva; el mensaje debe ser que el robo masivo y organizado al erario público, equivalente a paralizar un estado pujante, es un crimen de traición a la patria que requiere la máxima pena.
La restitución de los 600 mil millones de pesos y el castigo ejemplar son la única vía para restaurar la legalidad y la seguridad económica de la nación.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
¿Por qué el PRI necesita al genio de Salinas de 1988?

En la narrativa política mexicana, Carlos Salinas de Gortari ha sido demonizado por décadas. Pero ¿y si esa historia fuera un mito? ¿Y si el PRI necesitara regresar a la frescura, la alegría y el pragmatismo tecnocrático de su sexenio para salir del coma político?
Durante más de treinta años, a los mexicanos se nos ha contado una historia de demonización que ha calado hondo en el inconsciente colectivo. Con 42 años actualmente, en 1994, yo era un niño de diez y, como la mayoría de los de mi generación, me fue imposible comprender la complejidad de lo que sucedía en el país.
Hoy, en la edad adulta, es evidente que a nuestra generación se le mintió de manera sistemática. Nos hicieron creer que Carlos Salinas de Gortari, su visión tecnocrática y la política neoliberal eran la fuente de todos los males, cuando en realidad, fueron el antídoto que salvó a México del estancamiento y nos preparó para un futuro globalizado.
La verdad, sin embargo, es que los verdaderos anacrónicos y acartonados son aquellos que han construido su carrera política sobre la base de esta mentira: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (los dos últimos ya se extinguieron). Ellos son los verdaderos «dinosaurios» con los que Salinas, con su frescura y modernidad, quería terminar en 1988.
Su retórica, que demoniza al neoliberalismo, es una cortina de humo que esconde una falta de visión y preparación. Critican el modelo, pero al mismo tiempo se benefician de él con el ahora T-MEC, lo que demuestra la profunda contradicción y la falta de un proyecto de nación propio.
La figura de Salinas, lejos de ser un villano, emerge como un líder visionario que, a través de su preparación académica y su audacia política, logró lo que parecía imposible: modernizar a México y sacarlo de la crisis.
La demonización de su figura es el arma principal de una clase política que teme a la tecnocracia y a la preparación, y que prefiere perpetuar el anacronismo con fines electorales. Es hora de que los mexicanos, dejen de lado el rencor que fue infundado y reconozcamos que la visión de Salinas fue la que sentó las bases para el crecimiento económico de nuestro país.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en una encrucijada, una situación que una reciente serie de ViX ha puesto de relieve. Enfrentando la urgente necesidad de una reconstrucción profunda y total, el partido ya no puede conformarse con una simple renovación de figuras, sino que requiere una auténtica refundación ideológica y estructural para dejar de ser una «reliquia del pasado» y convertirse en una fuerza política moderna y relevante.
En este contexto, la figura de Carlos Salinas de Gortari, a menudo demonizada, emerge como la clave para revitalizar al partido. Con una mente lúcida y una vasta experiencia, Salinas es visto como el «arquitecto» que podría devolverle a México el rumbo y la responsabilidad que la administración actual carece.
El sexenio de Salinas (1988-1994) representó una ruptura con el viejo estilo del PRI, caracterizado por el dogma político y las estructuras corporativistas. Contrario a la imagen acartonada de líderes como Cuauhtémoc Cárdenas (este último la mantiene) y Porfirio Muñoz Ledo(este otro ya se extinguió), Salinas, con un doctorado en Economía de Harvard, encarnó una figura política joven y fresca. Su visión tecnocrática priorizó la eficiencia y la racionalidad por encima de la lealtad política, buscando modernizar el país para enfrentar los desafíos de una economía globalizada.
La frescura de Salinas, con su carisma y alegría, siempre sonriente, transmitía felicidad, un gusto emanaba en su rostro al desempeñar el cargo de presidente de la República, contrastaba fuertemente con la rigidez de sus opositores. Mientras Cárdenas y Muñoz Ledo defendían un idealismo anacrónico, la figura de Salinas no era acartonada ni rígida, representando lo opuesto que él quería reconstruir en el PRI. Esta vitalidad era clave para renovar un partido que había caído en la obsolescencia.
La habilidad de Salinas para conectar con el público, con un estilo moderno, le permitió presentar su visión de un México diferente, alejado de la política dinosaurica que representaban los fundadores del PRD(ya se extinguió), que es una copia barata del PRI, pero con una visión de izquierda anacrónica, nunca ganaron.
La escisión de Cárdenas y Muñoz Ledo en 1988 se debió a que Salinas optó por este enfoque profesional, la tecnocracia. Mientras que Morena, como mutación del PRD, ha heredado este anacronismo y la carencia de preparación de sus líderes, la tecnocracia de Salinas se basó en el conocimiento técnico y la capacidad de gestión. Su visión se basó en que la clase política de México requería una preparación académica para enfrentar los desafíos de una economía globalizada. Por el contrario, los líderes de Morena, con perfiles más ideológicos que profesionales, demuestran que el verdadero «dinosaurio» no es el PRI renovado de Salinas, sino el viejo PRI del 88 que no pudo vencerlo y que ahora se ha convertido en Morena.
El sexenio de Salinas se distinguió por una notable bonanza económica, con un crecimiento promedio anual del 4%, un respiro después de la «década perdida» de los años 80. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abrió las puertas a una prosperidad sin precedentes, atrayendo inversión extranjera y modernizando la industria nacional. Este proyecto de largo plazo, basado en el neoliberalismo y la tecnocracia, tenía un sucesor claro en Luis Donaldo Colosio. Colosio, considerado el mejor alumno de Salinas, estaba destinado a consolidar a México como una gran potencia económica.
La línea político-económica del neoliberalismo que Salinas defendió es lo que ha permitido que México siga a flote económicamente. Si el neoliberalismo fuera tan nefasto como lo han señalado López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, no habrían mantenido la política económica de apertura que él implementó. Su retórica, que demoniza al neoliberalismo, contrasta con su pragmatismo al no cancelar el TLCAN, un tratado que es el motor de la economía nacional y un legado indiscutible de Salinas. Esta contradicción expone el doble discurso de un partido que critica el modelo, pero se beneficia de sus resultados, una muestra del anacronismo que heredaron de sus fundadores.
La hipótesis de que los homicidios de Colosio y José Francisco Ruiz Massieu provinieron de un grupo del mismo partido que Salinas buscó eliminar sostiene que estos crímenes no solo terminaron con las vidas de dos grandes políticos, sino que también cortaron de tajo el proyecto de nación que buscaba restaurar al PRI y a México. La victoria de la oposición en el año 2000, liderada por el PAN, se vio como una consecuencia directa de este quiebre.
Hoy, el PRI está «en coma». Sin embargo, puede revivir si se nutre de las bases que Salinas sentó: la importancia del neoliberalismo, el perfil tecnocrático y la frescura política. La verdadera «revolución» para el partido no será la de la lucha armada del siglo XX, Salinas en el año de 1988 ya iba en contra de esa ideología ANACRONICA que tuvieron sus antecesores, sino una revolución de idealistas y gente preparada, tecnócratas mexicanos, con visión fresca y alegre.
El regreso de Salinas a la vida política del partido sería una estrategia audaz para sacudir su inercia, no con un afán de protagonismo personal, sino con el objetivo de ser un «arquitecto de líderes» que capacite a las nuevas generaciones.
Esto permitiría al PRI construir una alternativa sólida que, en un momento en que la oposición está fragmentada y carente de figuras carismáticas, podría ofrecer una esperanza a un país que anhela un rumbo distinto. El regreso de su frescura, alegría y preparación a la vida pública es clave. Su figura, por su peso histórico y su antagonismo con el oficialismo, es la única que tiene el potencial de obligar a la oposición a dejar de lado sus diferencias y unificarse en torno a un objetivo común: detener el anacronismo y falta de preparación de los líderes de Morena que es el viejo PRI del 88.
En un momento de profunda crisis y fragmentación para el Partido Revolucionario Institucional, el camino hacia la supervivencia no está en la búsqueda de nuevas fórmulas, sino en un regreso audaz a las raíces de la modernización que él mismo sembró. La figura de Carlos Salinas de Gortari, a sus 77 años, lejos de ser anacrónica, se mantiene lúcida y fresca, encarnando la visión tecnocrática que el partido y el país necesitan con urgencia. Su regreso como presidente nacional del PRI, aunque polémico, es la jugada más inteligente y estratégica que el partido podría hacer.
Salinas, con su doctorado en Harvard, es más que un político: es el arquitecto de la modernización de México y un estratega cuyo conocimiento técnico y experiencia son invaluables. Su liderazgo no se basa en el idealismo acartonado que ha demostrado ser infructuoso, sino en el pragmatismo que salvó a México de la crisis económica en los años 80 y lo posicionó como una potencia emergente.
La firma del TLCAN, su legado más tangible, no solo es una muestra de su visión de largo plazo, sino un motor económico que ha salvado a millones de mexicanos de la crisis durante más de tres décadas. La permanencia de este tratado bajo administraciones que lo han criticado es la prueba fehaciente de su éxito y de que la tecnocracia y el neoliberalismo, lejos de ser una ideología demoníaca, son la herramienta que ha permitido a México prosperar.
El PRI necesita despertar de su coma y la figura de Salinas es la única capaz de inyectarle la vitalidad, la frescura y la preparación que sus líderes actuales no tienen. Su regreso no solo sería para dirigir al partido, sino para fungir como el mentor y arquitecto de una nueva generación de líderes tecnócratas, capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. La pregunta que debe resonar en la mente de todos los mexicanos es: ¿Cuántos mexicanos tienen un doctorado en Harvard? La respuesta pone en perspectiva el valor del conocimiento y la preparación, cualidades que hoy son más necesarias que nunca para guiar a México hacia un futuro de prosperidad y estabilidad, dejando atrás el anacronismo y la improvisación.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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