Opinión
Qué le pasa a nuestras instituciones, entre ellas la Fiscalía de Nuevo León
*Sean estas líneas un muy sencillo homenaje a todas aquellas personas víctimas de la violencia que se ha vuelto una costumbre en nuestro México, así como a sus familias, con especial mención a aquellas que fueron víctimas de feminicidio o transfeminicidio. Nos faltarán siempre todas ustedes.
Hace un par de semanas fui invitada a dar una plática acerca de la bioética en México a una institución pública de salud. Además de este, se abordaron otros temas con distintos profesionales, que nos llevaron a charlar acerca de las solicitudes de información que los sujetos obligados reciben.
Entonces me hicieron una pregunta que me sorprendió, pero al mismo tiempo, no. Me explico. El primer caso fue porque a muchísimos años de ver la luz la diversa legislación en materia de transparencia y acceso a la información la siguen haciendo. Pero no me sorprendió porque eso explica la situación generalizada que vivimos, en el que cada día atestiguamos y también somos víctimas del resultado del derrumbe de lo poco que queda de nuestro Estado de Derecho.
La pregunta, amable lector o lectora, fue que por qué la gente podía mandar solicitudes de acceso a la información de forma anónima y que, además, deberían mencionar para qué necesitan esa información, pues atenderlas les quita mucho tiempo. En ese momento agradecí usar mascarilla, pues ya imagino la expresión facial que se asomó.
Por supuesto, le recordé que era servidora pública y le sugerí reflexionar acerca de sus palabras, que demostraron que entre sus prioridades no estaba garantizar el derecho de acceso a la información, y mucho menos, pensé para mis adentros, el de acceso a la salud. ¿Qué pasa entonces con la información que le solicita uno de sus pacientes? ¿Si la pregunta le parece, a discreción, por supuesto, tonta o impertinente, simplemente se abstiene de responder? Seguramente así es, aunque esté mal por adelantar juicios.
Pero, sobre todo, le recordé que en este país, en que los derechos humanos solo son letra muerta en una Constitución venerada por su edad, pero pisoteada en cada oportunidad, vivimos una situación de violación sistemática de esos derechos humanos que consagra y por eso necesitamos dotar de mecanismos que los garanticen, aunque a nosotros como servidores públicos nos cueste más minutos de nuestro valioso tiempo atenderlos.
En diez años que llevo en el servicio público me he encontrado de todo, pero las raras avis son las personas que quieren aprender y servir, no servirse del erario. Las últimas hasta convierten la vocación del servicio público en una bonita utopía. Como he dicho muchísimas veces, se nos olvida que no por ser funcionarios dejamos de ser mexicanos y mexicanas. Antes de ser otra cosa y ponernos múltiples títulos “nobiliarios”, académicos o laborales, somos Ana, Pedro, Juana o José. La única ventaja de ese nombramiento es que tenemos el honor de servir a nuestra comunidad, no el salario fijo con prestaciones y la impunidad que lo rodea con frecuencia.
Por eso escuchar al papá de Debanhi me parte el alma. Tiene razón: ¿cómo es posible que no la encontraron antes? ¿Acaso “sembraron” el cuerpo de su hija? Pero su pregunta se traslada (sin banalizarla y salvando las distancias) a cualquier ámbito: ¿cómo que no aparece mi expediente? ¿Cómo que se le traspapeló mi solicitud? ¿Cómo que se le olvidó notificar mi asunto? O peor aún, ¿notificarme? Está en todo su derecho y es lógico que no confíe en las autoridades a cargo del caso de su hija. Y me atrevo a decir que ninguno confiamos ya en las instituciones de este país, porque las hemos sufrido o porque al ser parte de ellas, sabemos cuán podridas se encuentran sus entrañas.
No quiero ser injusta y también es cierto que esas raras avis, en su mayoría sufren condiciones de trabajo por no ser parte del sistema, tales como ver truncado su crecimiento profesional. Se encuentran en la disyuntiva de cumplir con la garantía de derechos humanos que cuando ellos exigen para sí mismos, no resultan más que objetos de burla de sus superiores y su única alternativa es aguatar o renunciar. Muchos no pueden hacerlo por necesidad.
¿Qué debemos hacer entonces para echar a andar un verdadero diseño institucional en el que el marco jurídico se vea efectivamente aplicado? Con esta interrogante me quedo en esta entrega, que escribo con mucho miedo, frustración y rabia, por todas aquellas personas que ya no están con nosotros y porque cualquiera podríamos ser la siguiente víctima. Porque contrario a lo que la clase política piensa, ninguno estamos exentos de vivir esos horrores.
Sobre la autora
Ana Olvera es hidalguense, con intereses en protección de datos, privacidad y bioética.