Opinión
¿Qué son los derechos culturales?

Los derechos culturales permiten a todas las personas participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana.
Estos derechos son fundamentales en el establecimiento de la armonía social y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos.
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) ha orientado a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural. El Comité también ha destacado que estos derechos incluyen cinco características esenciales, de las cuales destacan dos para los fines del presente texto:
1. Disponibilidad. Los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para que todas las personas disfruten y se beneficien de ellos, incluidas las instituciones y los eventos (como bibliotecas, museos, teatros, cines y estadios deportivos), los espacios abiertos compartidos y los bienes culturales intangibles (tales como los idiomas, las costumbres, las creencias y la historia).
2. Accesibilidad. El acceso a la cultura consiste en cuatro elementos claves: i) la no discriminación, ii) la accesibilidad física, iii) la accesibilidad económica y iv) la accesibilidad de la información. Los Estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. Los Estados deben garantizar que toda persona tenga el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre la cultura en el idioma de su elección.
Desde esa perspectiva, y añadiendo lo sugerido por Texeira Coelho, la política cultural se posiciona como una ciencia de la organización de las estructuras culturales y se comprende como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas y/o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales de un determinado grupo social o población, y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas, dichas necesidades se conciben como derechos culturales que deben protegerse y garantizarse en dirección al bienestar.
Dicho de otro modo, el diseño e implementación, así como la evaluación de una política cultural consiste en la protección y garantía de la vivencia plena de los derechos culturales que radican en las propias manifestaciones expresivas, como el mismo proceso en el que estas se desenvuelven individual y colectivamente, caracterizando como principales partícipes a sus creadores y a la sociedad beneficiaria.
Dentro del contexto mexicano, dicha labor por parte del Estado viene precedida de considerar el acceso, promoción y protección de las manifestaciones culturales como un derecho de todas las personas acorde a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017). De igual modo, la misma ley, en su artículo 1, inciso II, coloca al Estado como responsable del establecimiento de los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales, es decir que adquiere un carácter democrático.
De modo que la propuesta de una política cultural supone decisiones con un margen amplio de implicaciones complejas, una definición clara de prioridades, planificación rigurosa de los recursos económicos, técnicos, materiales, entre otros, con una perspectiva democrática y politizando a la población, tal y como propondría Luiza Erundina, construir una política de ciudadanía cultural.
Lo anterior sugiere que la administración pública tiene por principales rasgos la organización de los servicios de manera descentralizada y participativa con diseños de gestión compartida, fundamentada en la manutención de responsabilidades; ese modelo de gestión cultural no posee fórmulas estandarizadas, dado que ellas son concebidas a partir de realidades locales e informadas por una nueva visión que se aleja de modelos burocráticos o gerenciales, necesita crear o ampliar canales e instrumentos que propicien la participación activa de la sociedad en los procesos de decisión, involucrarse en el debate público, tales como la realización de foros, conferencias o la creación de cámaras y/o consejos ciudadanos.
Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA EXTINCIÓN DE LOS INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA: ¿FALTA DE EMPATÍA O INDIFERENCIA?
Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
-
ZMG2 abril 2025
Muere, tras ataque, Teresita González, buscadora y comerciante
-
Jalisco31 marzo 2025
Zapopan multará al Auditorio Telmex; Frangie pide no deslindarse
-
ZMG1 abril 2025
Guardianes Viales operarán en 21 cruceros conflictivos de Zapopan
-
Deportes31 marzo 2025
Lemus lanza Copa Jalisco Infantil 2025