Opinión
¿Qué son los derechos culturales?
Los derechos culturales permiten a todas las personas participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana.
Estos derechos son fundamentales en el establecimiento de la armonía social y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos.
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) ha orientado a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural. El Comité también ha destacado que estos derechos incluyen cinco características esenciales, de las cuales destacan dos para los fines del presente texto:
1. Disponibilidad. Los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para que todas las personas disfruten y se beneficien de ellos, incluidas las instituciones y los eventos (como bibliotecas, museos, teatros, cines y estadios deportivos), los espacios abiertos compartidos y los bienes culturales intangibles (tales como los idiomas, las costumbres, las creencias y la historia).
2. Accesibilidad. El acceso a la cultura consiste en cuatro elementos claves: i) la no discriminación, ii) la accesibilidad física, iii) la accesibilidad económica y iv) la accesibilidad de la información. Los Estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. Los Estados deben garantizar que toda persona tenga el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre la cultura en el idioma de su elección.
Desde esa perspectiva, y añadiendo lo sugerido por Texeira Coelho, la política cultural se posiciona como una ciencia de la organización de las estructuras culturales y se comprende como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas y/o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales de un determinado grupo social o población, y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas, dichas necesidades se conciben como derechos culturales que deben protegerse y garantizarse en dirección al bienestar.
Dicho de otro modo, el diseño e implementación, así como la evaluación de una política cultural consiste en la protección y garantía de la vivencia plena de los derechos culturales que radican en las propias manifestaciones expresivas, como el mismo proceso en el que estas se desenvuelven individual y colectivamente, caracterizando como principales partícipes a sus creadores y a la sociedad beneficiaria.
Dentro del contexto mexicano, dicha labor por parte del Estado viene precedida de considerar el acceso, promoción y protección de las manifestaciones culturales como un derecho de todas las personas acorde a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017). De igual modo, la misma ley, en su artículo 1, inciso II, coloca al Estado como responsable del establecimiento de los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales, es decir que adquiere un carácter democrático.
De modo que la propuesta de una política cultural supone decisiones con un margen amplio de implicaciones complejas, una definición clara de prioridades, planificación rigurosa de los recursos económicos, técnicos, materiales, entre otros, con una perspectiva democrática y politizando a la población, tal y como propondría Luiza Erundina, construir una política de ciudadanía cultural.
Lo anterior sugiere que la administración pública tiene por principales rasgos la organización de los servicios de manera descentralizada y participativa con diseños de gestión compartida, fundamentada en la manutención de responsabilidades; ese modelo de gestión cultural no posee fórmulas estandarizadas, dado que ellas son concebidas a partir de realidades locales e informadas por una nueva visión que se aleja de modelos burocráticos o gerenciales, necesita crear o ampliar canales e instrumentos que propicien la participación activa de la sociedad en los procesos de decisión, involucrarse en el debate público, tales como la realización de foros, conferencias o la creación de cámaras y/o consejos ciudadanos.
Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.