Opinión
Una mirada crítica a los foros de paz de AMLO

Foros de paz de AMLO.
Nuestro país sigue sumido en una espiral de violencia. La atención desviada a los procesos políticos de estos últimos meses ha vuelvo a concentrarse en la violencia derivada del narcotráfico con las noticias de erupciones sorprendentes de asesinatos en zonas turísticas de la Ciudad de México y la escalofriante noticia de que las víctimas de la violencia literalmente han rebasado la capacidad de las morgues de nuestro estado, Jalisco, y los cuerpos tiene que colocarse en contenedores de tráiler.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado una serie de foros de consulta y escucha a lo largo del País para interactuar con las víctimas de la violencia en varios estados de la República.
Estos foros mandan una señal positiva a las víctimas de la violencia que, en muchos casos, son tratadas con una distancia institucional que procura disfrazar la debilidad de nuestras instituciones de justicia. Sin embargo, divorciados de una intención más clara del gobierno para comenzar un proceso de pacificación y con una nebulosa, complicada y muy controversial propuesta de amnistía, vale la pena echar un vistazo histórico a procesos similares de pacificación y analizar lo insuficiente que pueden resultar estos foros, sobre todo a la luz de procesos exitosos de búsqueda de paz como el colombiano.
Caso Colombia
Tres ejemplos para ilustrar qué los foros sin método claro y, sobre todo, sin un encargado institucional, legítimo y ciudadano de guardar la memoria histórica de este proceso, son sólo muestras simbólicas de buena voluntad que poco harán para darles a las víctimas acceso a la verdad y la justicia.
Primero: en Colombia, se creó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica.

Foto: Cuartoscuro.
Personas que habían participado en el movimiento armado y que ya estaban desmovilizadas dieron su testimonio para que las víctimas pudieran saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y qué se proponían.
En nuestro país se propone, a diestra y siniestra, cierta clemencia legal a quienes han participado del narcotráfico sin hacerlos partícipes de un proceso del cual ya fueron parte -su historia y las claves que puedan proporcionar para entender mejor el fenómeno social del narcotráfico en nuestro país-. Hacerlo de manera oficial, sin dejarlo a la dolida sociedad civil dedicada a buscar cadáveres en México, es imperativo.
Segundo: la capacitación seria de fiscales especializados en los delitos específicos vinculados con el narcotráfico y la violencia en México.
Restructura de la Fiscalía
En Colombia, la fiscalía se reestructuró de manera agresiva, creando un criterio de priorización para la investigación de delitos y una Unidad de Análisis y Contextos. De manera fuerte, se reorientó la tarea del poder judicial al reto de seguridad más apremiante en México.
En contraste, en nuestro País, los fondos estatales y registros de atención a víctimas operan de manera timorata cuando lo hacen o a veces simplemente no operan. El reconocimiento del delito vinculado a la violencia y narcotráfico como el problema más grande de nuestro país debe de venir acompañado de una reorientación entera del poder judicial en México. Los mensajes del presidente electo a la futura tarea del poder judicial, es uno de los discursos ausentes en los foros y en los mensajes públicos.
Tercero: el apoyo irrestricto de gobiernos municipales y federal a las víctimas en procesos de construcción de paz.
Las intervenciones del gobierno federal generalmente son para la construcción de infraestructura faltante con la esperanza de que el ‘tejido social’ ocupe espacios anteriormente inexistentes o rehabilitados.

Cartón de Qucho.
La marcha del ladrillo
En Colombia, alcaldes de todo el municipio de Granada, duramente azotado por la violencia, abrazaron la marcha del ladrillo, un esfuerzo multitudinario donde habitantes recolectaron, donaron y cargaron ladrillos y una enorme manta que rezaba ‘territorio de paz’ para reconstruir viviendas destruidas.
Encontraron en sus alcaldes refugio a una iniciativa suya y que fue retomada para varias otras poblaciones después.
En México seguimos presas de un esquema de petición; –las víctimas se presentan ante la autoridad para pedir que resuelva un crimen y la autoridad escucha-.
El costo político de aceptar que un alcalde poco puede hacer en lo inmediato para combatir la impunidad de delitos violentos como la desaparición forzada hace que permanezcan distantes para evitar ese costo político, en lugar de hacer suyas las demandas de justicia y paz.
Es una pena, pero estos foros no solamente se antojan insuficientes; sino como un esfuerzo simbólico porque de una población herida y azotada por la violencia vengan todas las respuestas. El enfoque multilateral de paz mostró esfuerzos por apaciguar un conflicto, que duró decenas de años, en otro lugar de América Latina.
Los foros de pacificación son un tímido intento de lograr algo –solamente que aún no se ve claro qué-. Por el bien del país esperamos que el enfoque de paz y estos tres ejemplos contribuyan a dar claridades a un gobierno entrante que se antoja primerizo y titubeante.
*Luis Sánchez Pérez es investigador de Medios de Información y Mecanismos de Participación Ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática (LID) y Consejero en Defensa de las Audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Bolígrafo Laboratorio de Innovación Democrática
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Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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