Opinión
Y cuando despertó, la militarización aún estaba ahí
Para hablar de la militarización en México, no podemos delimitar el tema exclusivamente a lo que vivimos en los últimos gobiernos, es indispensable irnos más atrás, ya que desde década de los años sesenta y setenta, encontramos episodios negros en la historia, donde las fuerzas armadas se han visto involucradas de manera directa o indirecta: Tlatelolco en 1968, el “Jueves de Corpus” en 1971, la masacre de Aguas Blancas en 1995, la matanza de Acteal en 1997, entre otros escenarios de la llamada “Guerra Sucia”, donde la opacidad, irregularidades, inconsistencias, pérdida de vidas humanas y la impunidad hasta la fecha, son una constante.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas tomaron el rol de tareas de seguridad pública, adquiriendo una mayor magnitud a través de su participación en la estrategia de ataque al crimen organizado, principalmente a todo lo relacionado con tráfico de drogas. Posteriormente en el gobierno de Peña Nieto se continuó con dicha estrategia y se intentó dar un marco legal a su participación a través de la Ley de Seguridad Interior. Después con la llegada de López Obrador, se tenía la esperanza de que cambiara la estrategia de seguridad, ya que él mismo siendo candidato, prometió que las fuerzas armadas volvieran a sus cuarteles y dejaran de realizar tareas de seguridad; sin embargo, todo se desvaneció desde Marzo de 2019, con la reforma constitucional que dio pie a la creación de la Guardia Nacional y recientemente en 2022, al aprobarse el decreto donde se amplía hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Los académicos estadounidenses, Hall y Coyne, en su libro “La militarización de la policía de Estados Unidos”, hablan sobre que existen dos tipos de militarización. Según lo descrito arriba, en México vivimos una militarización directa, ya que las fuerzas militares han sido desplegadas para participar en labores de control interno. Por otro lado, la militarización indirecta se asocia con los marcos institucionales en los que las policías civiles adquieren características militares, a través de estrategias, armamento y tácticas. Algo muy similar a lo que ocurrió en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado, donde policías de distintos países latinos, recibían entrenamiento y financiamiento de los Estados Unidos.
En todo ese periodo, las fuerzas armadas mexicanas han estado en el ojo del huracán, debido a diversas denuncias por violaciones a derechos humanos, las cuales han sido registradas en los estados donde tienen mayor presencia, por periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil. Según el último informe de la organización México Unido Contra la Delincuencia, dentro del periodo del 1ero de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019, además la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH) analizó 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejército, la Marina y la Policía Federal; dando como resultado, un total de 301 casos y 1,712 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos: tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales.
Todo parece indicar que la estrategia de abrazos no balazos, no ha sido del todo así… Hace un par de días, circularon diversos videos en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas que confrontan a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en algunas escenas se aprecia cómo las personas insultan y golpean a uno de los elementos, les arrojan piedras y comienza el forcejeo entre ellos, hasta que uno de los militares acciona su arma corta y comienza a disparar hacia el suelo para dispersar a la población. En redes sociales se afirmó que los hechos ocurrieron después de que una grúa enganchó una camioneta aparentemente relacionada con el Cartel del Noreste. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció en un comunicado, que los militares habían acribillado a 6 jóvenes al salir de un antro cercano a dicha localidad, la madrugada del 26 de febrero: «Esta nueva masacre ocurrida en esta frontera enardeció a cientos de habitantes y decenas de familiares de las víctimas que enfrentaron al personal militar, incluso a golpes, por considerar que las víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraría».
De acuerdo con el comunicado, el vehículo recibió más de 20 disparos y al menos dos jóvenes habrían sido rematados en la nuca cuando estaban tirados en el pavimento. Otras versiones afirman que las familias estaban defendiendo al grupo delictivo y que eso originó el enfrentamiento. Hasta el momento la SEDENA no se ha pronunciado sobre el caso y existen muchas interrogantes alrededor de lo sucedido. Lo que es un hecho es que mientras los militares sigan ejerciendo labores de patrullaje cotidiano, en vez de apostar por un modelo que estandarice la formación, profesionalización, certificación, dignificación y equipamiento de las corporaciones policiacas, incluyendo perspectiva de género y proximidad social. Buscando una policía proactiva y orientada a la resolución de conflictos comunitarios. Esta idea era originalmente parte del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, sin embargo no logró llevarse a cabo debido a la reducción de presupuesto de esta administración. Dando como resultado un mayor poder a las fuerzas armadas y una nula capacitación a los policías, lo que nos sitúa en el mismo círculo vicioso del que aparentemente no saldremos en este sexenio…
Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.