Primero hay que explicar cómo se conforma el financiamiento de la Universidad de Guadalajara (UdeG), un organismo público constitucional autónomo del estado de Jalisco. Tiene tres fuentes de financiamiento:

1. Inversión estatal.

2. Inversión federal.

3. Ingresos propios.

Desde 2016, existe un convenio que establece que el Gobierno de Jalisco proporcionará el 48 por ciento del subsidio total recibido por la Universidad, y que el 52 por ciento restante será otorgado por el Gobierno Federal.

Hay dos problemas relacionados con el presupuesto de la Universidad de Guadalajara.

El primer problema es que el convenio antes mencionado no se cumple por parte del Gobierno Federal. En 2024, el Gobierno del Estado otorgó a la Universidad siete mil 600 millones de pesos y el Gobierno Federal siete mil 300 millones de pesos, ya redondeados. Hagan sus cuentas: las proporciones no cuadran. El Gobierno del Estado está aportando más del 50 por ciento, es decir, las proporciones están invertidas. Este convenio no se ha cumplido al menos en los últimos seis años.

El segundo problema es el del rezago presupuestal. Incluso si se cumpliera el convenio que hasta ahora no ha respetado el Gobierno Federal, el rezago presupuestal de la Universidad de Guadalajara es enorme, por decir poco.

Pongamos en perspectiva: si dividimos el subsidio federal que recibe la UdeG entre su matrícula, es decir, para obtener la inversión federal por alumno. En 2023, la UdeG atendió a 335 mil 538 estudiantes, mientras que la UNAM tuvo 373 mil 340 estudiantes. A pesar de tener una matrícula casi equivalente, la UNAM recibió 47 mil 659 millones de pesos federales, mientras que la UdeG solo 7 mil 321 millones.

Este desequilibrio se refleja aún más claramente en la inversión federal por estudiante del año 2024. Mientras que la UNAM contó con 135 mil 46 pesos por estudiante, como debe ser, la UdeG apenas recibió 21 mil 820 pesos. Esta enorme disparidad en los criterios para la asignación de recursos públicos dificulta gravemente el esfuerzo de la UdeG para mantener a largo plazo la calidad educativa, especialmente en un contexto en que la matrícula sigue creciendo de manera sostenida.

Aún más desconcertante es que la UdeG también enfrenta una situación desfavorable en comparación con otras universidades estatales. Instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y otras perciben una inversión federal por alumno significativamente mayor. Por ejemplo:

• UANL: recibe $31,747 pesos por estudiante.
• BUAP: recibe $43,357 pesos por estudiante.
• UAS: recibe $36,320 pesos por estudiante.

La UdeG se encuentra en el lugar 34 de 35 universidades públicas estatales en cuanto a inversión federal por estudiante, lo que evidencia una profunda desigualdad en la distribución de los recursos.

Entonces, ¿de qué tamaño es el rezago presupuestal? La media nacional de inversión federal por alumno en universidades públicas estatales es de 46 mil 362 pesos. Si la UdeG recibe solo 21 mil 820 pesos por estudiante, para alcanzar la media nacional necesitaría 24 mil 542 pesos adicionales por alumno. Multiplicando esta cifra por su matrícula, el rezago presupuestal asciende a poco más de 8 mil millones de pesos. Es decir, la universidad tendría que recibir más del doble de lo que actualmente recibe para estar al mismo nivel que el promedio nacional.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan el actual rector, Ricardo Villanueva, y sobre todo la rectora electa, Karla Planter, respecto al presupuesto de la universidad?

Desde mi perspectiva, lo primero es garantizar que se cumpla el convenio federal y estatal de financiamiento, lo cual, de lograrse, y considerando el incremento del presupuesto constitucional del Estado de Jalisco, le daría a la Universidad de Guadalajara aproximadamente dos mil millones de pesos federales adicionales. Aunque sería un logro extraordinario, esto no resuelve por completo el rezago presupuestal.

Una vez garantizado el cumplimiento del convenio, la Universidad no debería simplemente pedir un incremento en el presupuesto bajo las mismas condiciones. La clave está en cambiar los criterios que definen la distribución presupuestal federal, tanto para la Universidad de Guadalajara como para el resto de las universidades del país. 

Se deberían incluir indicadores como:

• Inversión federal por alumno.
• Indicadores de productividad.
• Relevancia de las instituciones, entre otros.

Con un plan paulatino y gradual, se podría aspirar a reducir el rezago presupuestal de la universidad. Con la voluntad política necesaria, en un período de seis a diez años, la UdeG podría alcanzar al menos la media nacional de inversión por estudiante.

Aunque lo ideal sería que la UdeG, como la segunda universidad pública más importante del país después de la UNAM, recibiera el mismo trato que merecidamente tiene la UNAM, considero que es un escenario poco realista en el corto-mediano plazo. Por lo tanto, una vez alcanzada la inversión federal por alumno hasta la media nacional, esperar el mismo trato que la UNAM será una lucha que deberá plantearse para el futuro.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.

Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.

Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.

El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.

No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.

La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.

Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.

Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.

La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.

El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.

La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.

El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.

A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.

Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.

Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.

Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.

Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.

Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.

Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.

Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.

El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.

Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.

Continuidad versus Cambio

Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.

Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.

Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.

Desafíos Financieros y Políticos

Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.

Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.

Un nuevo rostro para la transformación

Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.

Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.

La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.