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Jalisco

Detienen a siete personas por operar tiradero clandestino en Zapopan

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La Fiscalía de Jalisco cobros de entre 400 y 600 pesos por permitir la descarga de residuos. Foto: Especial.

Siete personas, seis hombres y una mujer, quedaron detenidas por su presunta participación en la operación de un tiradero clandestino en Zapopan, donde las autoridades estiman daños ambientales superiores a 410 millones de pesos.

El predio, de aproximadamente 10 hectáreas, ya contaba con sellos de clausura, pero las autoridades detectaron nuevas descargas de escombro, basura y maleza sin autorización.

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El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó este jueves (22.10.26) que el terreno se encuentra cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Precisó que el tiradero opera en un predio despoblado que se ubica en Zapopan, básicamente entre la carretera Nogales y prolongación de la avenida Ramón Corona, en las inmediaciones del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara.

Las autoridades municipales y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) habían clausurado el sitio por el depósito irregular de residuos.

Sin embargo, nuevos reportes alertaron sobre el retiro de los sellos de clausura y el ingreso de vehículos para descargar desechos.

La Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social, el Ayuntamiento de Zapopan y la Proepa participaron en el operativo de cateo.

Durante la inspección, los agentes confirmaron que “los sellos de clausura efectivamente habían sido retirados y que había movimientos de personas en su interior, así como vehículos”.

También encontraron nuevos cúmulos de basura y escombro en distintas áreas del terreno.

Investigan cobros de hasta 600 pesos por tirar residuos

González de los Santos explicó que la Fiscalía analiza las responsabilidades de las siete personas que detuvieron durante el operativo.

De manera preliminar, cinco enfrentarían acusaciones por quebrantar los sellos de clausura, mientras que las otras dos podrían responder por delitos ambientales.

“Cinco de los detenidos podrían ser procesados por la violación de los sellos de clausura impuestos previamente, mientras que dos más podrían ser procesados por delitos ambientales por estar tirando desechos en un espacio sin contar con los permisos necesarios”.

La Fiscalía también investiga si cinco de los detenidos administraban el acceso al terreno y cobraban a los conductores por depositar residuos.

El fiscal señaló que “presuntamente cobraban entre 600 y 400 pesos por permitir la descarga de residuos en el lugar”.

Las autoridades incorporarán nuevos elementos a la carpeta de investigación para determinar la participación de cada persona y establecer posibles responsabilidades penales.

Calculan daños ambientales superiores a 410 mdp

De acuerdo con las evaluaciones del Ayuntamiento de Zapopan, el depósito irregular de residuos provocó daños ambientales que superan los 410 millones de pesos.

La estimación corresponde a la valoración del daño ambiental.

Durante la inspección, las autoridades también encontraron animales dentro del predio, entre ellos cuatro caballos y varios cerdos.

El fiscal reportó el hallazgo de “algunos animalitos, cuatro caballos y algunos cerdos, mismos que fueron puestos bajo resguardo de la Unidad de Protección Animal de Zapopan”.

Por su parte, el procurador estatal de Protección al Ambiente, Iker Frangie Martínez Gallardo, señaló que el tiradero carecía de las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

El funcionario advirtió sobre los riesgos que representa el depósito de residuos en sitios que no cumplen con los requisitos ambientales.

“Es importante señalar que la disposición de los residuos es un grave problema que aqueja a nuestro estado”, destacó Frangie Martínez.

El procurador pidió a la ciudadanía utilizar sitios autorizados para el manejo de residuos y evitar que continúe la operación de vertederos clandestinos.

La Fiscalía y la Proepa continuarán las investigaciones y los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades por la operación del predio y los daños ambientales.

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