‘¡Yo no fui!’: secretario de Seguridad rechaza haber ordenado uso de gas lacrimógeno

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, negó haber ordenado el uso de gas lacrimógeno y agua a presión contra manifestantes durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, este jueves (22.10.26), el funcionario aseguró que supervisó parte del operativo policial, pero no asumió la responsabilidad por la orden de dispersar a los ciudadanos.

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“Eh… ¡Yo no fui! Lo que te puedo decir es de que yo estaba eh supervisando parte de las actuaciones de los policías, lo que era del costado de de Montreal y bueno, ya hay bastante evidencia de lo que estuvo sucediendo del costado de Ontario”, señaló.

La declaración surgió después de que periodistas cuestionaron directamente al secretario sobre quién autorizó el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra los asistentes a la marcha por agua limpia.

La Secretaría de Seguridad mantiene investigaciones contra 17 policías por presunto uso excesivo de la fuerza durante los enfrentamientos frente a la residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus.

Investigan a tres mandos policiales; prevén primeras sanciones

Hernández informó que las investigaciones también incluyen a tres mandos policiales y que la Comisión de Honor y Justicia podría analizar los primeros expedientes durante la próxima semana.

“Hay tres mandos involucrados, probablemente recibirán una sanción, dependerá de las actuaciones que se sigan haciendo y probablemente la próxima semana ya podríamos estar sesionando en la Comisión de Honor y Justicia para sancionar a los primeros policías”, aseguró.

El secretario explicó que las autoridades continúan con la revisión de las actuaciones de los elementos y sus superiores para determinar las posibles responsabilidades administrativas.

Las sanciones dependerán de las pruebas que reúna Asuntos Internos y de las determinaciones que adopte la Comisión de Honor y Justicia.

Alarcón reserva identidad de quien ordenó lanzar gas

Por su parte, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, rechazó revelar quién ordenó utilizar gas lacrimógeno y agua a presión durante la protesta.

El funcionario argumentó que divulgar esa información podría poner en riesgo a los servidores públicos involucrados y que los datos forman parte de las carpetas de investigación.

“Esa es una información que por protección de quien haya ordenado eso no se puede informar a la comunicación. Será parte integrante de las carpetas de investigación que se hayan iniciado ante las autoridades competentes”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas, Alarcón Estrada defendió la reserva de los nombres por motivos de seguridad.

“Recordemos que todos los funcionarios en ejercicio de sus funciones pueden estar expuestos a un ataque por parte de los detenidos, de sus familiares, de cualquier otra persona”, apuntó.

Las autoridades no identificaron públicamente al responsable de autorizar el uso de los agentes químicos y del agua a presión durante la movilización.

Fiscalía rechaza fabricación de pruebas contra manifestantes

En la misma conferencia, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, respondió a los señalamientos de los abogados defensores de personas detenidas durante la protesta.

Los representantes legales han denunciado presuntas irregularidades en las investigaciones y posibles actos de fabricación de pruebas contra sus defendidos.

González de los Santos rechazó las acusaciones y sostuvo que la Fiscalía fundamenta sus actuaciones en los informes policiales homologados que entregaron las corporaciones de seguridad.

“Nosotros no inventamos investigaciones. Todo ello se derribó a raíz de las puestas a disposición de estos detenidos que vienen respaldados desde luego con un informe policial homologado”, señaló el fiscal general.

El funcionario también aseguró que las autoridades practicaron valoraciones médicas a las personas detenidas y que algunas necesitaron exámenes adicionales.

“Incluso hubo algunos que hubo necesidad de hacer una revisión más profunda y fueron trasladados a puestos de socorro, desde luego priorizando la salud de ellos”, indicó.

Respecto a los plazos legales para determinar la situación jurídica de las personas bajo custodia ministerial, González de los Santos explicó las obligaciones de la dependencia.

“La fiscalía tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos, es decir, dejarlos en libertad o bien ponerlos a disposición del juez en turno”, puntualizó.

El Artículo 16 de la Constitución establece ese plazo ordinario para que el Ministerio Público determine si libera a una persona detenida o la presenta ante la autoridad judicial.

Las investigaciones continúan mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantienen su seguimiento a los presuntos abusos policiales del 11 de octubre.