El juez estadounidense Brian Cogan sentenció al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a 38.8 años de prisión, de los cuales ya cursó casi cinco años desde que fue arrestado el 9 de diciembre de 2019. 

García Luna fue sentenciado a 466 meses en prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares. 

Además, tras cumplir su sentencia, el ex secretario de Seguridad Pública deberá pasar cinco años de libertad supervisada. 

El ex funcionario que fue encontrado culpable por cinco cargos, entre ellos narcotráfico y crimen organizado. 

Medios internacionales señalaron que la defensa de Genaro García Luna solicitó que la condena se cumpla en una prisión federal de Washington.

Cargos por los que fue encontrado culpable García Luna

El jurado declaró culpable por los delitos de: Conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, participar en la dirección de una empresa criminal continua y dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses. 

Los más de 650 mil choferes y repartidores de plataformas digitales en México —como Uber, Didi y Rappi— tendrán seguridad social, anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria informó que será enviada una propuesta de reforma a la Ley General del Trabajo para que se reconozca la relación laboral entre repartidores y aplicaciones digitales.

“Son 658 mil trabajadores y trabajadoras (en el País) que están vinculadas con las plataformas digitales (…). Este trabajo (…) aumentó mucho en la pandemia (de Covid-19) (…)”, recordó Sheinbaum.

“La mayoría son empresas transnacionales (…), aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas (nacionales), (que) generaron una forma de incorporar a lo repartidores que no tiene nada que ver con la Ley del Trabajo”.

Con la finalidad de no reconocer sus obligaciones patronales, los empleadores contratan actualmente a los repartidores como “socios” con lo que evitan darles la seguridad social que les mandata la Ley, explicó Sheinbaum.

La propuesta de reforma reconoce la subordinación discontinua y acotada (horarios flexibles) al tiempo efectivamente trabajado, y no modifica el modelo de negocio de las plataformas digitales.

“Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar (…)”, explicó Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social.

“Se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son los que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas”.

A partir de esta reforma se busca que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro General de Conciliación y Registro Laboral, así como el otorgamiento de la protección social.

“Las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS: riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guardería”, explicó Bolaños López.

“También tendrán derecho a créditos del Infonavit como cualquier otro trabajador formalmente registrado y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de tiempo efectivamente trabajado”.

Tampoco se permitirá la desconexión de la plataforma sin previo aviso, es decir, el trabajador deberá estar enterado que ya no forma parte de la plantilla de la plataforma al menos con tres días de anticipación.

En todos los casos de desconexión deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas —y no por algoritmos o computadoras—, con perspectiva de género, incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de acoso, hostigamiento o similares, así como pago de utilidades.

De acuerdo con las autoridades, al rededor de 272 mil empleados de estas plataformas logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual, es decir, que esa podría ser su principal o única fuente de ingresos.

Un millón de viviendas nuevas serán construidas a lo largo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con las autoridades federales, el Programa de Vivienda y Regularización tendrá un costo de 600 mil millones de pesos (mdp), financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y por Financiera para el Bienestar (Finabien).

“El millón de viviendas que vamos a construir será una parte con el Infonavit y la otra con Conavi; es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos”, explicó Sheinbaum.

Edna Elena Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que la meta a cumplir en 2025 es de 165 mil viviendas nuevas y 100 mil mejoramientos de viviendas en la zona oriente del Estado de México y 120 mil escrituras.

La atención del Gobierno Federal estará centrada en las regiones sur, sureste y norte del País, donde se registra la mayor escasez de viviendas, explicó la funcionaria.

En la región sur se construirán 351 mil nuevas viviendas; en el centro, 239 mil 400; en el centro-norte, 280 mil 800, y en el norte, 206 mil 800, incluyendo áreas urbanas y rurales. Buena parte de las nuevas viviendas serán destinadas a mujeres, jóvenes, familias indígenas y adultos mayores.

Al término del sexenio se habrán realizado dos millones de acciones de vivienda, con la construcción de un millón de casas y la regularización de un millón de escrituras, explicaron las autoridades.