Los Depósitos Vehiculares de Jalisco enfrentan una problemática con la sobrepoblación de motocicletas en sus instalaciones, ya que diariamente ingresan entre 100 y 150 unidades a los corralones del estado.

El director de Depósitos y Custodia Vehicular, Jonadab Martínez, señaló en rueda de prensa este martes (02.06.26) que esta cifra incluso puede elevarse hasta 200 unidades durante operativos especiales. 

De acuerdo con Martínez, uno de los principales problemas para la liberación de los vehículos reside en que sus propietarios no acreditan la propiedad legal de las motocicletas, por lo que solo una de cada diez unidades aseguradas regresa a sus dueños.

“De cada diez (motocicletas) que ingresan una se recupera y nueve no, debido a que el primer requisito legal es acreditar la propiedad y muchas motocicletas que circulan el propietario no puede acreditar su posesión por diversas causas”, detalló Martínez. 

Las autoridades estatales registran, más de un millón de motocicletas en circulación en Jalisco.

De acuerdo con información de la Policía Vial, entre enero y noviembre de 2025 más de 16 mil motocicletas ingresaron a los corralones del estado.

La Dirección General de Depósitos y Custodia Vehicular administra los vehículos ingresados y aplica los procedimientos de liberación que exigen la acreditación de la propiedad, explicó el funcionario. 

Jalisco ya cuenta con padrón de grúas 

También, durante la rueda de prensa se informó sobre el padrón de grúas autorizadas que al mes de mayo de 2026, registra ya 201 empresas y mil 17 vehículos regularizados.

El padrón actualizado de autorizaciones de grúas permite a los usuarios identificar a las empresas y vehículos que operan fuera de este registro, pues se les considera «piratas» al no contar con validación estatal.

Este padrón busca prevenir fraudes o estafas a las y los automovilistas que requieren del servicio de una grúa. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) de Jalisco informó que actualmente realiza verificaciones en más de 80 bardas denunciadas en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con el organismo, estas diligencias forman parte de los procedimientos iniciados tras la recepción de denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada de servidores públicos y otras posibles faltas en materia electoral.

Suman 34 denuncias, informó el IEPC Jalisco

En lo que va de 2026, el Instituto ha recibido 34 denuncias. Además, se han presentado nueve denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género.

El IEPC Jalisco señaló que cada denuncia requiere una serie de actuaciones técnicas, jurídicas y de investigación para integrar los expedientes correspondientes.

Entre las acciones que realiza se encuentran la revisión de los escritos de denuncia y de las pruebas aportada; así como verificaciones físicas de propaganda denunciada, incluyendo bardas, lonas y espectaculares.

Personal de la oficialía electoral también lleva a cabo levantamientos fotográficos y la elaboración de actas circunstanciadas para documentar los hallazgos obtenidos durante las inspecciones.

A estas labores se suma el análisis de publicaciones en internet y redes sociales, así como la revisión de imágenes, videos y otros materiales digitales relacionados con los hechos denunciados.

El Instituto informó que también realiza requerimientos de información a autoridades de distintos órdenes de gobierno; así como a otras instancias y plataformas digitales, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para el análisis de cada caso.

Una vez integrados los expedientes y reunidas las pruebas correspondientes, el IEPC Jalisco determina si la denuncia debe admitirse o desecharse.

Cuando una queja es admitida, el asunto se remite a la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo, instancia encargada de analizar los hechos denunciados y, en su caso, determinar la procedencia de medidas cautelares.

Posteriormente, las determinaciones se someterán a consideración del Consejo General del Instituto.

El organismo electoral precisó que mientras las investigaciones permanecen en curso no puede emitir conclusiones sobre la existencia o no de infracciones, ya que sus resoluciones deben sustentarse en el análisis integral de las pruebas y en el cumplimiento de la legislación aplicable.