A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

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La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

La discusión sobre el reconocimiento legal de la identidad de género para niñas, niños y adolescentes ha cobrado especial relevancia en los últimos años, y Jalisco no es la excepción.

La iniciativa conocida como “Ley de Infancias Trans de Jalisco” surge para dar respuesta a un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó al Congreso estatal legislar en materia del derecho a la identidad de género autopercibida de las personas menores de edad.

El contexto legal y la obligación de legislar

Todo inició con la determinación de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, donde declaró inválida la porción normativa del Artículo 23, fracción VIII de la Ley del Registro Civil de Jalisco que limitaba el cambio de acta de nacimiento —para el reconocimiento de la identidad de género— únicamente a personas mayores de edad.

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Según el fallo, esta restricción discriminaba a quienes, siendo menores de 18 años, deseaban reconocer legalmente una identidad de género distinta a la asignada al nacer.

Aunado a ello, la Corte no solo exigió que se eliminara la restricción por edad, sino que también instó a crear un procedimiento sumario, ágil y gratuito, diseñado con perspectiva de infancia, para garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes trans a documentos de identidad acordes con su identidad de género.

Los puntos clave de la iniciativa

En respuesta a lo anterior, y tras varios debates y sesiones extraordinarias en el Congreso de Jalisco, la propuesta de reforma a la Ley del Registro Civil incluye:

1-. Eliminación de la restricción por mayoría de edad. Ahora se reconoce el derecho de toda persona, sin importar su edad, a solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género.

2-. Creación del Artículo 23 Bis. Se establece la figura de la representación legal para la niñez y adolescencia. Quien ejerza la patria potestad o la tutela debe firmar un consentimiento por escrito para el cambio registral.

3-. Procedimiento en caso de negativa. Si padres, madres o tutores se niegan a brindar ese consentimiento, se faculta a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes a representarlos y a otorgar la anuencia necesaria, siempre con la premisa de salvaguardar el interés superior de la niñez.

4-. Confidencialidad de los datos. El acta de nacimiento original se resguarda, y no se hace pública salvo orden judicial o petición del propio titular, para proteger la privacidad y evitar riesgos de discriminación.

Por qué esta ley es trascendente

En el escenario internacional, diversos países —entre ellos Argentina, Uruguay y España— han avanzado en la protección de los derechos de la comunidad trans menor de edad. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo: garantizar el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una identidad de género acorde con la vivencia y la dignidad de cada persona.

La Ley de Infancias Trans de Jalisco se inscribe en esta tendencia global y busca encaminar al estado hacia una mayor inclusión. Cabe subrayar que los estándares internacionales en derechos de la niñez (Convención sobre los Derechos del Niño, Observaciones Generales de la ONU, Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana, entre otros) reconocen que ninguna persona debe ser discriminada con base en su edad o su identidad de género.

Un llamado a la empatía y la responsabilidad

Si bien el debate legislativo se ha visto marcado por posturas diversas, la esencia de la norma radica en asegurar que ninguna niña, niño o adolescente experimente exclusión por no ver reconocida su identidad de género. Detrás de estas reformas, hay historias de menores de edad que enfrentan discriminación y violencia al no poder contar con documentos oficiales que reflejen quienes son.

Más allá de la discusión jurídica, la “Ley de Infancias Trans de Jalisco” representa un avance en materia de derechos humanos. Su éxito dependerá de la responsabilidad de las autoridades encargadas de aplicar el nuevo marco legal y, sobre todo, de la voluntad colectiva de respetar y proteger la dignidad de la infancia y la adolescencia trans.

En definitiva, con esta ley, Jalisco apunta hacia una sociedad más respetuosa de la diversidad, en la que se busca que todos sus integrantes, sin importar su edad, accedan a la justicia y vean reconocidos sus derechos fundamentales.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona.