El caso más reciente es el del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien durante su campaña prometió la construcción de la Línea 5 de Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero terminó confirmando que, en lugar de un tren, se desarrollará un sistema de transporte eléctrico tipo BRT.

Este ejemplo es revelador en varios sentidos. Primero, exhibe la falta de mecanismos formales para que la ciudadanía exija el cumplimiento de lo prometido.

Aunque Lemus argumenta que la decisión se debe a recomendaciones técnicas y a la apuesta por la electromovilidad, lo cierto es que el proyecto final difiere de lo que se anunció en campaña. ¿Por qué es grave esto?

Porque las promesas electorales son compromisos que un aspirante a gobernar establece con la sociedad y deberían ser vinculantes de alguna manera. Cuando la esencia de la propuesta se modifica drásticamente, no hay una sanción clara ni una figura legal que exija explicaciones detalladas.

En la práctica, queda en la discrecionalidad de los gobernantes el cumplir parcial o totalmente lo que prometieron.

En un país que busca consolidar su democracia, resulta esencial instaurar mecanismos que permitan la vigilancia y fiscalización de las promesas de campaña.

Al igual que se audita el uso de recursos públicos, se debería auditar el grado de cumplimiento de los compromisos oficiales, en especial aquellos que se convirtieron en banderas electorales. Ello no implica entorpecer la gestión pública con más burocracia, sino promover la transparencia y la rendición de cuentas, recordando que un gobierno electo fue, en teoría, “contratado” por la ciudadanía para ejecutar un programa de gobierno que prometió.

¿En qué países se hace algo similar?

Estados Unidos: Existen iniciativas independientes de verificación, como Politifact o FactCheck.org, que monitorean si las promesas de campaña se concretan o no cuando el político asume el cargo. Estas organizaciones, aunque no tienen carácter oficial, funcionan como una poderosa herramienta de transparencia y presión social.

Canadá: El Parliamentary Budget Officer (Oficina del Director Parlamentario de Presupuesto) revisa la viabilidad de ciertas propuestas de campaña y monitorea el gasto público, lo que ejerce un control indirecto sobre el cumplimiento de promesas, ya que obliga a los políticos a presentar cifras realistas.

Reino Unido: Aunque no existe una figura legal que penalice directamente el incumplimiento del manifiesto (programa de gobierno), el debate público y la cultura política generan presión para que los partidos cumplan lo que se comprometen a realizar. Además, diversos grupos de la sociedad civil rastrean y evalúan el nivel de cumplimiento de dichas promesas.

Algunos países de Europa: En naciones como Alemania, los acuerdos de coalición (Koalitionsvertrag) se consideran una especie de “contrato” entre partidos, y, aunque no hay una fiscalización judicial, el sistema parlamentario exige reportes constantes sobre el progreso de los compromisos pactados. Por su parte, grupos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales también monitorean de manera independiente el cumplimiento de lo prometido.

Estas experiencias en el extranjero demuestran que es factible, e incluso benéfico, obligar a los políticos a rendir cuentas sobre lo que ofrecen durante sus campañas. Si bien no hay un modelo universal, la fiscalización puede realizarse desde organismos gubernamentales, a través de la sociedad civil organizada o mediante una combinación de ambas.

Por supuesto, es legítimo que un proyecto se ajuste cuando existen causas de fuerza mayor o hallazgos técnicos que lo justifiquen. Sin embargo, la ciudadanía merece explicaciones claras y oportunas cuando un plan se modifica. Si desde el principio se sabía que la Línea 5 de Tren Ligero era inviable, se debió informar responsablemente en lugar de “vender” la idea para obtener votos.

Fiscalizar las promesas de campaña no es un capricho ni un obstáculo burocrático: es un paso necesario para robustecer nuestra democracia. Sólo así los proyectos que surjan de la voluntad popular se ejecutarán de manera transparente, y la ciudadanía dejará de ver cómo sus ilusiones se traducen en obras recortadas o simplemente inexistentes.

El caso de la Línea 5 en Jalisco es un ejemplo más de por qué México necesita avanzar hacia la rendición de cuentas y la vigilancia activa de los compromisos electorales. Es hora de que los políticos entiendan que sus promesas no son simples discursos, sino compromisos reales que deben cumplirse o, al menos, justificarse de forma creíble ante la sociedad.

Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Inversión federal.

3. Ingresos propios.

Desde 2016, existe un convenio que establece que el Gobierno de Jalisco proporcionará el 48 por ciento del subsidio total recibido por la Universidad, y que el 52 por ciento restante será otorgado por el Gobierno Federal.

Hay dos problemas relacionados con el presupuesto de la Universidad de Guadalajara.

El primer problema es que el convenio antes mencionado no se cumple por parte del Gobierno Federal. En 2024, el Gobierno del Estado otorgó a la Universidad siete mil 600 millones de pesos y el Gobierno Federal siete mil 300 millones de pesos, ya redondeados. Hagan sus cuentas: las proporciones no cuadran. El Gobierno del Estado está aportando más del 50 por ciento, es decir, las proporciones están invertidas. Este convenio no se ha cumplido al menos en los últimos seis años.

El segundo problema es el del rezago presupuestal. Incluso si se cumpliera el convenio que hasta ahora no ha respetado el Gobierno Federal, el rezago presupuestal de la Universidad de Guadalajara es enorme, por decir poco.

Pongamos en perspectiva: si dividimos el subsidio federal que recibe la UdeG entre su matrícula, es decir, para obtener la inversión federal por alumno. En 2023, la UdeG atendió a 335 mil 538 estudiantes, mientras que la UNAM tuvo 373 mil 340 estudiantes. A pesar de tener una matrícula casi equivalente, la UNAM recibió 47 mil 659 millones de pesos federales, mientras que la UdeG solo 7 mil 321 millones.

Este desequilibrio se refleja aún más claramente en la inversión federal por estudiante del año 2024. Mientras que la UNAM contó con 135 mil 46 pesos por estudiante, como debe ser, la UdeG apenas recibió 21 mil 820 pesos. Esta enorme disparidad en los criterios para la asignación de recursos públicos dificulta gravemente el esfuerzo de la UdeG para mantener a largo plazo la calidad educativa, especialmente en un contexto en que la matrícula sigue creciendo de manera sostenida.

Aún más desconcertante es que la UdeG también enfrenta una situación desfavorable en comparación con otras universidades estatales. Instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y otras perciben una inversión federal por alumno significativamente mayor. Por ejemplo:

• UANL: recibe $31,747 pesos por estudiante.
• BUAP: recibe $43,357 pesos por estudiante.
• UAS: recibe $36,320 pesos por estudiante.

La UdeG se encuentra en el lugar 34 de 35 universidades públicas estatales en cuanto a inversión federal por estudiante, lo que evidencia una profunda desigualdad en la distribución de los recursos.

Entonces, ¿de qué tamaño es el rezago presupuestal? La media nacional de inversión federal por alumno en universidades públicas estatales es de 46 mil 362 pesos. Si la UdeG recibe solo 21 mil 820 pesos por estudiante, para alcanzar la media nacional necesitaría 24 mil 542 pesos adicionales por alumno. Multiplicando esta cifra por su matrícula, el rezago presupuestal asciende a poco más de 8 mil millones de pesos. Es decir, la universidad tendría que recibir más del doble de lo que actualmente recibe para estar al mismo nivel que el promedio nacional.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan el actual rector, Ricardo Villanueva, y sobre todo la rectora electa, Karla Planter, respecto al presupuesto de la universidad?

Desde mi perspectiva, lo primero es garantizar que se cumpla el convenio federal y estatal de financiamiento, lo cual, de lograrse, y considerando el incremento del presupuesto constitucional del Estado de Jalisco, le daría a la Universidad de Guadalajara aproximadamente dos mil millones de pesos federales adicionales. Aunque sería un logro extraordinario, esto no resuelve por completo el rezago presupuestal.

Una vez garantizado el cumplimiento del convenio, la Universidad no debería simplemente pedir un incremento en el presupuesto bajo las mismas condiciones. La clave está en cambiar los criterios que definen la distribución presupuestal federal, tanto para la Universidad de Guadalajara como para el resto de las universidades del país. 

Se deberían incluir indicadores como:

• Inversión federal por alumno.
• Indicadores de productividad.
• Relevancia de las instituciones, entre otros.

Con un plan paulatino y gradual, se podría aspirar a reducir el rezago presupuestal de la universidad. Con la voluntad política necesaria, en un período de seis a diez años, la UdeG podría alcanzar al menos la media nacional de inversión por estudiante.

Aunque lo ideal sería que la UdeG, como la segunda universidad pública más importante del país después de la UNAM, recibiera el mismo trato que merecidamente tiene la UNAM, considero que es un escenario poco realista en el corto-mediano plazo. Por lo tanto, una vez alcanzada la inversión federal por alumno hasta la media nacional, esperar el mismo trato que la UNAM será una lucha que deberá plantearse para el futuro.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.

El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.

No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.

La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.

Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.

Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.

La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.

El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.

La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.

El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.

A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.

Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.

Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.

Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.

Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.

Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.

Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.

Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.