Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

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Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo” 

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa. 

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana 

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna 

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro 

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso 

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua 

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado 

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos 

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior 

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones 

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.