Opinión
¿Cómo se barren las escaleras? o cómo erradicar la corrupción
Durante la actual campaña electoral para la Presidencia de la República el tema de la corrupción se ha colocado como uno de los temas recurrentes, no sólo por ser el principal argumento esgrimido por uno de los candidatos (el puntero, por cierto), sino porque la indignación por actos de corrupción ha crecido entre la ciudadanía. La mayor parte de las encuestas pre electorales evidencian que este tema también se encuentra en la agenda de prioridades del electorado. Sin embargo, resulta contrastante con ese hecho que en la discusión pública resulte prácticamente imposible dilucidar las diferencias que las opciones plantean representan para este atender este tema.
Más allá de aplaudir apasionados discursos y creativas analogías domésticas (como la de barrer las escaleras), los electores debiéramos preguntarnos (y preguntar a los candidatos a su vez), cómo se hace frente a la corrupción, qué alternativas institucionales y de política pública resulta sensato plantearse a la luz de la experiencia internacional, qué medidas serias se emplean en el mundo para lidiar (así como con los toros, pues) con este asunto. Sobre todo porque resulta inverosímil que la mejor alternativa sea “mi presencia en la presidencia, es el camino, la verdad y la vida”.
Qué inhibe la corrupción
Existen múltiples ejemplos de estudios serios realizados sobre el tema, pero para este caso sólo me referiré a los estudios realizados por la organización internacional Integridad Global, y por el Instituto para la Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotenburgo, Suecia; ambas con una larga trayectoria en el estudio de las medidas de política pública que permitan inhibir y en su caso, sancionar efectivamente la incidencia en actos de corrupción.
La principal coincidencia en este tipo de estudios es que factores de integridad, efectividad y calidad en las actuaciones gubernamentales se relacionan con una menor presencia de actos de corrupción; es decir, aspectos como la certeza sobre la actuación de la autoridad en la provisión de servicios públicos, la capacidad operativa de la burocracia, la competencia por el acceso a los puestos de servicio público, así como su independencia respecto de las presiones políticas, y la credibilidad sobre la actuación del gobierno en la implementación de políticas públicas.
Foto: Cuartoscuro
Sistema de servicio civil
En la más reciente Encuesta sobre Calidad de Gobierno 2015, realizada por el Instituto para la Calidad del Gobierno entre más de mil doscientos expertos de 196 países, se encontró que aquellos contextos donde hay una menor parcialidad percibida en la toma de decisiones y por tanto una mayor certeza sobre la actuación del gobierno, se perciben también con mayor intensidad mecanismos de acceso competitivo y meritocrático a los cargos del servicio público; al igual que más mecanismos formales para contratación, el despido y la promoción de los servidores públicos, y de las remuneraciones que reciben; así como características de apertura del proceso de acceso para el involucramiento de organizaciones civiles relevantes.
Desde luego, también hay contextos donde conviven estas medidas con factores asociados con factores políticos, como las relaciones políticas de los oficiales del servicio público con actores políticos, y donde éstos precisamente tienen un importante peso en la remoción de los oficiales del servicio público. Sin embargo, resulta claro que un sistema de servicio civil efectivo se asocia con menores niveles de corrupción.
En ese sentido, resulta necesario que los electores exijamos alternativas de política pública sensatas para reducir y sancionar los actos de corrupción, antes que avalar la premisa de que la sola presencia de uno u otro candidato, es suficiente para enfrentar este lastre, ¿o de qué otra forma se barre las escaleras?
Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.