¿Cuántas más?, ¿cuántas menos?

El 6 de junio finalizó el proceso electoral 2021, una situación que representa un desgaste en general para la sociedad y que es aún más complicado en medio de una pandemia. Con este se pone la atención en propuestas y colores que buscan dar una solución a problemáticas de seguridad, economía, salud, educación, entre otras; también es una de las primeras contiendas en las que el País pone en práctica distintos marcos institucionales para asegurar que la lucha feminista esté presente; no obstante, es imposible afirmar que estos fueron efectivos.

Este proceso electoral le costó la vida a decenas de mujeres -tanto precandidatas, candidatas y militantes de partidos-, según lo compartió la Observatoria Ciudadana Todas MX en rueda de prensa el pasado 1 de junio. Estas muertes no son casualidad, ellas representan una serie de factores que permiten concluir que aún no se tienen los elementos necesarios para asegurar la participación política de las mujeres en condiciones seguras.

Cambios a ocho leyes 

El 13 de abril de 2020 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a ocho leyes, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; éstas serían las bases para que, en teoría, las elecciones 2021 se desarrollaran con respeto a la participación de las mujeres. Acompañando a esto, desde colectivas feministas se impulsaron iniciativas como la 3 de 3 Contra la Violencia y lineamientos para lograr paridad en gubernaturas, esfuerzos que demuestran como es el propio movimiento el que emprende acciones para la garantía de los derechos de las mujeres.

Habiendo modificado ocho leyes, que corresponden a distintas instancias encargadas de generar las condiciones adecuadas para que las mujeres no fueran víctimas de violencia política en el citado proceso electoral, es de gran preocupación el hecho de que se tenga constancia de asesinatos por estas condiciones. Sobre este punto es pertinente recordar que no se trata de un homicidio más, nos encontramos ante feminicidios con una variable que muestra el grado de peligrosidad que representa el buscar espacios de representación para las mujeres. Un análisis con enfoque de género sobre estas situaciones daría cuenta de cómo el quitarle la vida a una mujer que busca llegar al poder representa la máxima expresión de repudio hacia la reivindicación de nuestros derecho, así como que el sistema patriarcal se vale de todos los medios existentes para mantener su dominación, aún cuando eso signifique terminar con vidas.

Sobre este tipo de asesinatos y el contexto que los reviste vale la pena comenzar a acuñar el concepto que la analista Viridiana Ríos establece como “candidatxscidio”, aquel punto de encuentro entre grupos criminales, violencia generalizada, captura del poder y en palabras de la autora un intento deliberado de controlar gobiernos locales y un reflejo de la incapacidad del gobierno por controlar al crimen.

Esto pone en evidencia distintas situaciones, por un lado un patrón que manifiesta como las mujeres que luchan por la garantía de sus derechos –activistas, defensoras de derechos y políticas- invariablemente están en un constante riesgo; así como la falta de una respuesta institucional ante ello; también se demuestra como  las mencionadas reformas dejaron de lado el contexto feminicida del país, de manera que se minimizó el riesgo de perder la vida al querer ejercer derechos civiles y políticos.

Al hablar de la protección de un derecho tan básico como lo es la propia vida, se esperaría que las autoridades emprendan todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones a esta. Se habla de accionar mecanismos jurídicos, legislativos, políticos, administrativos, culturales y los que sean necesarios para evitar  la violación de un derecho, es  aquí donde el contexto tiene un rol fundamental para que el actuar de las autoridades sea efectivo.

Sobre la muerte por violencia política de la cual fueron víctimas decenas de mujeres en el proceso electoral de 2021, se debió tomar en consideración que históricamente las mujeres han sido impedidas de llegar al poder, era de esperar que las condiciones particulares de ellas las orillaran a ser víctimas de un feminicidio. Por ello se insiste en que se debieron tomar las previsiones necesarias para actuar de inmediato ante la mínima sospecha de violencia en su contra; lógicamente para poder ejercer derechos civiles y políticos en espacios de representación popular, primero se tiene que estar viva, pero las autoridades fallan con esta pre condición, haciendo imposible que se garantice el resto de  derechos.

Son necesarias las garantías 

Erradicar la muerte de mujeres por violencia política no es tarea sencilla, pero es evidente que la creación de mecanismos de protección que permitan una adecuada evaluación del riesgo que corre la mujer y la implementación de  medidas inmediatas para evitarlo es de extrema necesidad. En este punto regreso a la idea de cómo cualquier mujer que decide levantar la voz y luchar por sus derechos incrementa su vulnerabilidad, pues tampoco en estos espacios se cuenta con la protección necesaria para garantizar que no serán sujetas de violaciones a su vida e integridad.

Para lo anterior, es urgente que las instancias encargadas de salvaguardar los derechos de las mujeres que deciden estar en espacios de representación política actúen con perspectiva de género y diseñen políticas, planes, directrices o los instrumentos que consideren apropiados para actuar con celeridad y sin imponer obstáculos para salvaguardar a las mujeres con indicios de riesgo en el tema. Para esto es necesaria la correcta articulación de Fiscalías Especializadas, Subsecretarías de Derechos Humanos, Comisiones y Sistemas ya existentes de atención a víctimas, para la creación de rutas de acción integrales enfocadas en los feminicidios en contextos de violencia política.

Las víctimas de los multicitados asesinatos por violencia política en razón de género no pueden ser olvidadas, sus casos deben servir de ejemplo para demostrar que lejos de las divisiones partidistas se deben se debe actuar en conjunto para exigir el goce de derechos político y civiles en condiciones libres de violencia, donde las mujeres verdaderamente puedan acceder al poder y no pierdan la vida en el intento.

Sobre la autora

Abogada en formación por el ITESO, con experiencia en investigación jurídica enfocada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, análisis de políticas anticorrupción y líneas efectivas de combate. Co-coordinadora de las colectivas MagistradaYA y Designaciones Jalisco. Escribe a: dbonillacastaneda@gmail.com

Etiquetas: Facebook          Twitter         Youtube         Siker