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¿Cuántas más?, ¿cuántas menos?

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violencia a las mujeres

El 6 de junio finalizó el proceso electoral 2021, una situación que representa un desgaste en general para la sociedad y que es aún más complicado en medio de una pandemia. Con este se pone la atención en propuestas y colores que buscan dar una solución a problemáticas de seguridad, economía, salud, educación, entre otras; también es una de las primeras contiendas en las que el País pone en práctica distintos marcos institucionales para asegurar que la lucha feminista esté presente; no obstante, es imposible afirmar que estos fueron efectivos.

Este proceso electoral le costó la vida a decenas de mujeres -tanto precandidatas, candidatas y militantes de partidos-, según lo compartió la Observatoria Ciudadana Todas MX en rueda de prensa el pasado 1 de junio. Estas muertes no son casualidad, ellas representan una serie de factores que permiten concluir que aún no se tienen los elementos necesarios para asegurar la participación política de las mujeres en condiciones seguras.

Cambios a ocho leyes 

El 13 de abril de 2020 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a ocho leyes, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; éstas serían las bases para que, en teoría, las elecciones 2021 se desarrollaran con respeto a la participación de las mujeres. Acompañando a esto, desde colectivas feministas se impulsaron iniciativas como la 3 de 3 Contra la Violencia y lineamientos para lograr paridad en gubernaturas, esfuerzos que demuestran como es el propio movimiento el que emprende acciones para la garantía de los derechos de las mujeres.

Habiendo modificado ocho leyes, que corresponden a distintas instancias encargadas de generar las condiciones adecuadas para que las mujeres no fueran víctimas de violencia política en el citado proceso electoral, es de gran preocupación el hecho de que se tenga constancia de asesinatos por estas condiciones. Sobre este punto es pertinente recordar que no se trata de un homicidio más, nos encontramos ante feminicidios con una variable que muestra el grado de peligrosidad que representa el buscar espacios de representación para las mujeres. Un análisis con enfoque de género sobre estas situaciones daría cuenta de cómo el quitarle la vida a una mujer que busca llegar al poder representa la máxima expresión de repudio hacia la reivindicación de nuestros derecho, así como que el sistema patriarcal se vale de todos los medios existentes para mantener su dominación, aún cuando eso signifique terminar con vidas.

Sobre este tipo de asesinatos y el contexto que los reviste vale la pena comenzar a acuñar el concepto que la analista Viridiana Ríos establece como “candidatxscidio”, aquel punto de encuentro entre grupos criminales, violencia generalizada, captura del poder y en palabras de la autora un intento deliberado de controlar gobiernos locales y un reflejo de la incapacidad del gobierno por controlar al crimen.

Esto pone en evidencia distintas situaciones, por un lado un patrón que manifiesta como las mujeres que luchan por la garantía de sus derechos –activistas, defensoras de derechos y políticas- invariablemente están en un constante riesgo; así como la falta de una respuesta institucional ante ello; también se demuestra como  las mencionadas reformas dejaron de lado el contexto feminicida del país, de manera que se minimizó el riesgo de perder la vida al querer ejercer derechos civiles y políticos.

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Al hablar de la protección de un derecho tan básico como lo es la propia vida, se esperaría que las autoridades emprendan todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones a esta. Se habla de accionar mecanismos jurídicos, legislativos, políticos, administrativos, culturales y los que sean necesarios para evitar  la violación de un derecho, es  aquí donde el contexto tiene un rol fundamental para que el actuar de las autoridades sea efectivo.

Sobre la muerte por violencia política de la cual fueron víctimas decenas de mujeres en el proceso electoral de 2021, se debió tomar en consideración que históricamente las mujeres han sido impedidas de llegar al poder, era de esperar que las condiciones particulares de ellas las orillaran a ser víctimas de un feminicidio. Por ello se insiste en que se debieron tomar las previsiones necesarias para actuar de inmediato ante la mínima sospecha de violencia en su contra; lógicamente para poder ejercer derechos civiles y políticos en espacios de representación popular, primero se tiene que estar viva, pero las autoridades fallan con esta pre condición, haciendo imposible que se garantice el resto de  derechos.

Son necesarias las garantías 

Erradicar la muerte de mujeres por violencia política no es tarea sencilla, pero es evidente que la creación de mecanismos de protección que permitan una adecuada evaluación del riesgo que corre la mujer y la implementación de  medidas inmediatas para evitarlo es de extrema necesidad. En este punto regreso a la idea de cómo cualquier mujer que decide levantar la voz y luchar por sus derechos incrementa su vulnerabilidad, pues tampoco en estos espacios se cuenta con la protección necesaria para garantizar que no serán sujetas de violaciones a su vida e integridad.

Para lo anterior, es urgente que las instancias encargadas de salvaguardar los derechos de las mujeres que deciden estar en espacios de representación política actúen con perspectiva de género y diseñen políticas, planes, directrices o los instrumentos que consideren apropiados para actuar con celeridad y sin imponer obstáculos para salvaguardar a las mujeres con indicios de riesgo en el tema. Para esto es necesaria la correcta articulación de Fiscalías Especializadas, Subsecretarías de Derechos Humanos, Comisiones y Sistemas ya existentes de atención a víctimas, para la creación de rutas de acción integrales enfocadas en los feminicidios en contextos de violencia política.

Las víctimas de los multicitados asesinatos por violencia política en razón de género no pueden ser olvidadas, sus casos deben servir de ejemplo para demostrar que lejos de las divisiones partidistas se deben se debe actuar en conjunto para exigir el goce de derechos político y civiles en condiciones libres de violencia, donde las mujeres verdaderamente puedan acceder al poder y no pierdan la vida en el intento.

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Sobre la autora

Abogada en formación por el ITESO, con experiencia en investigación jurídica enfocada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, análisis de políticas anticorrupción y líneas efectivas de combate. Co-coordinadora de las colectivas MagistradaYA y Designaciones Jalisco. Escribe a: dbonillacastaneda@gmail.com

 

 

 

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Nuevo proyecto educativo para Sheinbaum

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El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco

El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco el pasado 11 de julio, no solo reunió a las principales voces en el ámbito educativo, sino que planteó con claridad los retos y las oportunidades para el próximo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Este foro, convocado y liderado por la incansable diputada Mara Robles, puso sobre la mesa las propuestas más urgentes y necesarias para transformar la educación en nuestro País.

A las 10:30 horas, figuras de renombre como Sylvia Schmelkes, Sylvia Ortega, Martha Vergara y Enrique Velázquez se dieron cita en el Patio Constituyentes del Congreso para discutir las reformas que se requieren para enfrentar los desafíos actuales en la educación. Cada uno de estos expertos presentó recomendaciones específicas que, si son adoptadas por el próximo gobierno, podrían dar un giro crucial al sistema educativo mexicano.

Mara Robles destacó su apoyo a Claudia Sheinbaum, reconociendo su trayectoria como defensora de la educación pública y como académica de alto nivel. Subrayó que el objetivo de este foro fue garantizar que las propuestas de los expertos lleguen a las autoridades nacionales y se conviertan en acciones concretas.

“La educación debe ser una prioridad estratégica”, afirmó Robles, convencida de que este es el momento para relanzar el debate educativo no solo en Jalisco, sino en todo el País.

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Sylvia Schmelkes, por su parte, insistió en la necesidad de recuperar la percepción de la educación como un derecho humano fundamental, lamentando el impacto negativo que la pandemia ha tenido en la matrícula escolar, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. Schmelkes planteó que es urgente mejorar los resultados de aprendizaje en habilidades básicas como la lectura y las matemáticas, y pidió al nuevo gobierno que invierta más en educación, no solo en cantidad, sino también en calidad y equidad .

Sylvia Ortega ofreció una perspectiva más estructural, sugiriendo una reforma educativa integral que aborde los cambios demográficos, tecnológicos y ambientales que impactan al país. Ortega abogó por una coordinación intersectorial que permita a la educación ser un verdadero motor de transformación social y económica .

El diputado Enrique Velázquez también puso sobre la mesa propuestas clave, señalando que la educación debe ser vista como una herramienta crucial para reducir la pobreza. Velázquez destacó la importancia de vincular los programas sociales con la educación para evitar la deserción escolar, además de una mayor inversión en áreas clave como matemáticas y lectura .

Finalmente, Martha Vergara hizo un llamado urgente para mejorar la infraestructura educativa en Jalisco y en todo el país, señalando que sin instalaciones adecuadas y suficientes, los esfuerzos por mejorar la calidad educativa estarán condenados al fracaso

La pregunta que nos deja el foro no es si podemos hacerlo, sino si Claudia Sheinbaum está dispuesta a ser la líder que transforme la educación en México. Ya no hay espacio para la tibieza. ¿Será Claudia la presidenta que finalmente ponga a la educación en el centro de su agenda, o permitirá que se pierda esta oportunidad histórica?

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El momento es ahora, y la educación no puede esperar. Si el nuevo gobierno toma decisiones firmes desde el principio, esta podría ser la administración que logre lo que tantas otras han prometido sin cumplir. Claudia tiene el poder y la visión para hacerlo, y México espera que se atreva a dar ese paso.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Órganos autónomos en la mira: El debate sobre su desmantelamiento 

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El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Escribe Humberto Mendoza
El debate sobre el desmantelamiento de los órganos autónomos marcará la agenda legislativa. Foto: Especial.

El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Por un lado, el oficialismo defiende la medida como una forma de racionalizar el gasto público y redirigir recursos hacia programas prioritarios, mientras que la oposición y diversos sectores de la sociedad ven en esta acción un riesgo para la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.

Argumentos a favor: Austeridad y eficiencia

Los defensores de la propuesta del presidente destacan que la eliminación de estos órganos autónomos podría generar un ahorro significativo para el erario. Según estimaciones del propio López Obrador, se podrían liberar más de 100 mil millones de pesos que, en su visión, podrían destinarse a programas sociales y proyectos estratégicos que beneficiarían directamente a la población, como las pensiones para adultos mayores.

Además, se argumenta que muchos de estos organismos, creados en un contexto de desconfianza hacia el Poder Ejecutivo en los años noventa, ya no cumplen con su propósito original de manera eficaz. Los críticos de los órganos autónomos señalan que estos, en ocasiones, han caído en la burocratización y la falta de transparencia que se suponía debían combatir. Ejemplos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han sido señalados por no cumplir completamente con sus objetivos, lo que cuestiona la justificación de su existencia independiente.

Otro punto a favor de la iniciativa es la idea de que estos órganos autónomos operan de manera aislada del Poder Ejecutivo, lo que podría hacerlos menos sensibles a las demandas y necesidades del electorado. Al incorporar sus funciones dentro de las secretarías de Estado, se busca que estas decisiones respondan más directamente a las políticas públicas del gobierno en turno, lo que, según los defensores, podría generar una mayor coherencia en la implementación de políticas.

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Argumentos en contra: Transparencia y equilibrio de poderes

Por otro lado, los opositores a la medida advierten que la desaparición de estos órganos autónomos podría debilitar los contrapesos esenciales en una democracia. Estos organismos fueron creados para garantizar que ciertas decisiones técnicas y de regulación no estuvieran sujetas a las fluctuaciones políticas, manteniendo así un grado de independencia necesario para la estabilidad institucional.

Un ejemplo citado frecuentemente es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha jugado un papel crucial en la promoción de la transparencia gubernamental. Sin la autonomía que le permite actuar sin la influencia directa del ejecutivo, existe el riesgo de que las prácticas de opacidad y falta de rendición de cuentas se intensifiquen.

Además, la propuesta del presidente ha sido criticada por su falta de claridad en cuanto a cómo se gestionarán las funciones de estos órganos una vez que se integren en las secretarías de Estado. La ausencia de un plan detallado de reingeniería institucional y presupuestal genera incertidumbre sobre si las secretarías tendrán la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir estas responsabilidades sin que se vea afectada la calidad del servicio público.

También se han planteado preocupaciones respecto a los compromisos internacionales de México, como los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Algunos de los órganos en riesgo de desaparecer, como la Cofece y el IFT, son fundamentales para cumplir con las obligaciones de regulación económica exigidas por estos acuerdos internacionales. Su eliminación podría traer repercusiones negativas en las relaciones comerciales y económicas de México con sus socios internacionales.

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Un futuro en juego

En resumen, el debate sobre la eliminación de los órganos autónomos en México enfrenta posturas bien definidas. Por un lado, se busca reducir el gasto público y centralizar las funciones en el Ejecutivo para una mayor coherencia en la implementación de políticas. Por otro, se teme que esta medida socave los contrapesos democráticos y la transparencia, pilares fundamentales en una democracia moderna.

El desenlace de esta iniciativa aún está por definirse, y dependerá en gran medida de cómo se aborden las preocupaciones y se presenten soluciones claras para garantizar que, de llevarse a cabo, la eliminación de estos organismos no signifique un retroceso en la calidad de la gobernanza y en los derechos de los ciudadanos. En este sentido, es crucial que el debate se mantenga abierto, informado y centrado en el interés público.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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La donación de sangre es un acto solidario y altruista: entre la vida y la muerte

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El Día Mundial del Donante de Sangre fue el pasado 14 de junio, como ocupantes de lo público, comprometidos con informar y concienciar a la sociedad, es imperativo sumarnos a difundir la importancia de la donación de sangre.

La sangre, a manera de recordatorio, es ese líquido vital que transporta oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro organismo, desempeña un papel crucial en la lucha contra las infecciones y la coagulación de la sangre. Por eso es fundamental destacar la necesidad constante de transfusiones sanguíneas para seguir salvando vidas.

Según datos de fuentes oficiales, cada año se requieren aproximadamente 130 millones de donaciones de sangre a nivel global para atender las necesidades de salud de la población. Sin embargo, es preocupante que solo el 1% de la población mundial done sangre de forma regular, lo que genera una escasez de sangre segura en muchos países.

En México, la situación no es diferente, ya que se estima que se necesitan 4.5 millones de donaciones de sangre al año, pero solo se obtienen alrededor de 1.8 millones.

Desde accidentes y traumas hasta enfermedades de la sangre y partos complicados, las transfusiones de sangre son esenciales para tratar una variedad de condiciones médicas.

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En México, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte por traumatismo, y las transfusiones de sangre juegan un papel vital en salvar vidas de víctimas. Tan solo en 2022, las muertes por accidentes de tránsito en el país ascendieron a 15,464 personas.

El cáncer, en sus diversas manifestaciones, requiere de transfusiones de sangre regulares para su tratamiento. En 2020, en México se registraron 193 mil 129 casos nuevos de cáncer, lo que resalta aún más la importancia de contar con un suministro adecuado de sangre para atender estas necesidades. Y las enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme, también hacen de las donaciones de sangre un salvavidas para quienes las padecen. Se estima que la prevalencia de la anemia falciforme en México es del 0.1%.

En el caso de partos complicados, las hemorragias postparto son una de las principales causas de muerte materna en México.

En 2020, la tasa de mortalidad materna en el país fue de 19.1 por cada 100 mil nacidos vivos, evidenciando la importancia de contar con un suministro adecuado de sangre para evitar estas tragedias.

Con el pasado Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio) es imperativo actuar y motivar a más personas a donar sangre de forma regular.

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La donación de sangre es un acto solidario y altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

¡Sumémonos juntos a esta noble causa y salvemos vidas a través de la donación de sangre! Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar desde espacios más informados que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

Sobre el autor

Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

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