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Opinión

De paralelismos y quesos manchegos en Acuerdo México-Unión Europea

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Negociación contra AMLO, Acuerdo Unión Europea México, queso manchego

Por Cristian J. Vargas Díaz*

Mediante un comunicado conjunto el 21 de abril, los Comisionados de la Unión Europea (EU), Cecilia Malmström (Comercio), Phil Hogan (Agricultura y Desarrollo Rural) y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, anunciaron que la UE y México lograron alcanzar “un acuerdo en principio” emanado de los esfuerzos por revisar y darle mayor dinamismo al marco legal bilateral.

Los principales puntos acordados (aunque no los únicos) —tras dos años de negociaciones— son en materia de comercio e inversión, por lo que ello supone una actualización del Tratado de Libre Comercio UE-México (TLCUEM) que, a su vez, forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. Pero este Acuerdo es de larga data, pues fue firmado en 1997, siendo presidente Ernesto Zedillo, para finalmente entrar en vigor en julio del 2000 durante el sexenio de Vicente Fox.

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Lo que lograron las rondas de negociaciones que culminaron este 21 de abril, es una modernización de sus alcances: la eliminación, prácticamente en su totalidad, de aranceles sobre los bienes comerciados; la entrada de nuevos temas en la agenda bilateral, como el medio ambiente y el combate a la corrupción; y la incorporación de acuerdos en materia agrícola, un tema que en el pasado se había enfrentado con reticencias (no es casual que Phil Hogan participara en las negociaciones). Más sobre esto, en unos momentos.

Hace dos décadas, la firma de este acuerdo y del TLCUEM en específico, supuso un intento al término de la presidencia de Zedillo por lograr diversificar las relaciones de México con el mundo, tratando de relajar el enorme peso que ha tenido sobre el país la relación bilateral con Estados Unidos. Por su parte, para el sexenio de Fox, la Unión Europea representó uno de los bloques económicos resaltados como esenciales y prioritarios dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, una vez que llegó al poder.  Dicha región creció en importancia para el primer gobierno panista, con el fin de dinamizar la actividad internacional mexicana e impulsar el desarrollo interno, buscando dar un giro de timón que desmarcase claramente su sexenio de las administraciones priístas.

Ernesto Zedillo, Acuerdo México Unión Europea data de 1997,

Foto: Gobierno de México.

La Cláusula Democrática

Entre los factores internos que resultaron cruciales para lograr pactar el acuerdo, dicen diversos autores, está la transición democrática que comenzaba a sentirse en el país y que era seguida de cerca por el resto del mundo; los “aires democráticos” se veían reflejados en las encuestas de tendencias electorales que situaban a Fox como el puntero. Otro de los factores fueron las giras realizadas por Ernesto Zedillo a ciertos países de la Unión Europea, durante el año de 1996, para efectos de cabildeo.

Con todo ello, logró firmarse el también llamado Acuerdo Global; pese a las reticencias iniciales de Bruselas por temor al incumplimiento mexicano de la denominada “cláusula democrática” establecida en el Acuerdo. Esta cláusula se refiere a los primeros tres artículos del texto legal, donde se establece de manera implícita el apego de ambas partes a “los principios democráticos y a los Derechos Humanos fundamentales”. Tal y como está redactado el acuerdo, dicha cláusula se convirtió en una condicionante para los acuerdos económicos y el diálogo político. La UE no podía darse el lujo de que se le señalara como promotora de acuerdos con países antidemocráticos (el PRI llevaba casi 70 años en el gobierno, después de todo) y México necesitaba reforzar su imagen como una democracia líder en América Latina.

El bono desaprovechado

Una vez que el político panista llegó a Los Pinos, el potencial del llamado “bono democrático” no tardó en manifestarse, en vista de que uno de los compromisos globales que México asumió desde la llegada de Fox al poder, consistió en la promoción de los Derechos Humanos y la democracia; o eso decía su gobierno en los foros internacionales. Con todo, ambos eran temas que se habían mantenido fuera de las agendas de política exterior en las administraciones priístas, “optando por principios legalistas tradicionales como el de la No Intervención” (Velázquez, 2010) .

Pero una serie de factores conjugados en el sexenio de Vicente Fox, tanto internos como del contexto internacional mismo, llevarían a un franco desaprovechamiento del Acuerdo Global. Fue dejándose de lado la expectativa del contrapeso surgida desde el sexenio de Zedillo, una vez que el gobierno de Fox colocó de nuevo a Estados Unidos como la prioridad en materia de política exterior, dada la estrategia de seguridad en la que buscó insertarse su gobierno. Del mismo modo, la búsqueda del tan anhelado acuerdo migratorio ocupó gran parte de la agenda bilateral con Estados Unidos —un acuerdo que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, quedaría lejos de alcanzarse—, relegando a segundo plano los acuerdos alcanzados con la Unión Europea.

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Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Negociar en bloque

Si bien el Acuerdo Global de 2000 fue calificado en su momento como un tratado sui generis; —en tanto que fue el primero que firmó la UE con un país latinoamericano y debido a la amplitud de los temas pactados—; los acuerdos en materia agrícola quedaron como una asignatura pendiente. Esto se explica, en parte, por las complejidades de la Política Agrícola Común europea (PAC); pues el agrícola es uno de los mayores sectores económicos para todos los países miembros. Negociar en bloque sobre este punto fue forzosamente complicado.

No obstante, en las rondas de negociación iniciadas en 2016, la propia Comisión Europea expresó su deseo de incorporar mayores productos de este tipo en la nueva versión del Acuerdo.  Pero si dichos bienes entraron a la mesa de negociaciones, quedó claro que los lácteos siguen siendo un tema sensible para la Unión Europea; no olvidemos lo importantes que son para el continente las industrias chocolateras o los derivados lácteos como el queso, porque no sólo pertenecen al terreno comercial, sino que están ligados culturalmente a Europa.

Discusiones manchegas

Justo sobre ese punto, la prensa reportó a inicios de 2018 que las delegaciones europeas y mexicanas comenzaron a chocar por el asunto del queso manchego. Y es que Europa mantenía que sólo se le puede llamar como tal al queso proveniente de la región de La Mancha en España; si los productores mexicanos querían colocar su producto en los supermercados, debían cambiarle el nombre.

Un argumento razonable, si tenemos en cuenta que la denominación de origen es fundamental para un comercio justo. Pero la importancia que esto tiene para México radica en que la industria quesera nacional se ha abierto camino en diversos mercados (uno de ellos el estadounidense) y el ceder espacios podría considerarse como un retroceso. Finalmente, como señala para El País el chef español Pablo San Román, “el manchego en México es una marca y en España un origen”. Adicionalmente, el manchego mexicano está hecho con leche de vaca, mientras que el español con leche de oveja. En términos prácticos, dándole entrada al criterio del consumidor, no debería existir tal conflicto.

Pero el asunto quedó zanjado por el ya citado Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, quien anunció en el comunicado final  que México puede conservar la denominación de su queso manchego, siempre y cuando:

1) las etiquetas no muestren información engañosa que equipare esta variedad a la producida en La Mancha

2) que se especifique que está hecho con leche de vaca.

Hasta Don Quijote quedó contento.

 El Acuerdo en perspectiva

Si bien falta que el texto sea ratificado para poder entrar en vigor, se da por terminada la tarea más importante: llegar a un acuerdo. Los detalles técnicos pendientes se irán resolviendo hacia el cierre de 2018. En resumidas cuentas, casi todos los bienes quedan desgravados e incrementa el número de servicios en esta situación; se deja listo el terreno para fomentar mayores inversiones directas; las empresas mexicanas y europeas podrán participar en licitaciones públicas y obtener contratos por ambas partes; se refuerzan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático; dando preferencia a soluciones sustentables en las industrias; y se integra el combate a la corrupción (tanto en el sector público como el privado); a los temas democráticos y de defensa de los Derechos Humanos, que ya estaban presentes desde el primer acuerdo.

¿Pero cuál es la relevancia de que nuestro país firme un instrumento como este? Según los datos presentados en el portal del Banco de México, del total de exportaciones mexicanas correspondientes a febrero de 2018 (35, 210 millones de dólares): el 86% tuvo como destino a Estados Unidos, mientras que apenas un 7% le correspondió a la Unión Europea. En un contexto donde el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte continúa extendiéndose, es evidente que la diversificación de la estrategia comercial mexicana adquiere un carácter prioritario.

El clima de proteccionismo

Aun así, parece que solemos interesarnos en buscar contrapesos hasta que ya sentimos pasos en la azotea. Trazando un paralelismo con el contexto en que se firmó el acuerdo de 1997; quizá estamos en la búsqueda por diversificar nuestro comercio porque la situación ya es urgente. El TLCAN 2.0 se está tardando más de lo esperado, como ya se dio, y no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Pero el apuro no sólo es por parte de México. Decía Cecilia Malmström que este acuerdo envía un claro mensaje a todos aquellos escépticos del libre comercio que se rehúsan a creer que la modernización de los tratados comerciales es posible, habiendo voluntad por ambas partes. (Léase, Estados Unidos). Después de todo, los planes de la Unión Europea por alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU. (planteado durante la administración de Obama); y que eventualmente se habría convertido en un acuerdo transatlántico de grandes proporciones, se congelaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Una semana después de la actualización del TLCUEM, la Canciller alemana Angela Merkel declaraba en una entrevista que, así como siguen robusteciéndose los acuerdos bilaterales, es de suma importancia fortalecer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante un clima de creciente proteccionismo y discursos engañosos en el terreno del comercio internacional.

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Foto: Reuters.

Algunas interrogantes

Volviendo a México, ¿será que la incorporación del combate a la corrupción le traerá  un nuevo reto al gobierno mexicano? ¿Podemos considerar esta temática transversal como la nueva “cláusula democrática”? Con el recrudecimiento de la violencia desde el año 2000, y el crecimiento de los índices de impunidad; ¿qué tanto hemos cumplido con dicha cláusula? Después de las elecciones de 2012, ¿podemos decir que somos más democráticos?

Apenas tres días después de finalizar el acuerdo, señalaban los eurodiputados pertenecientes al Grupo de los Verdes, que las negociaciones habían sido precipitadas por temor a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral que nos ocupa estos meses. Apuntaron que todo fue parte de un acuerdo ente las élites empresariales de ambas partes para “blindarse” frente a un candidato tendiente a la implementación de barreras comerciales, a su juicio. Tanto si este análisis es acertado como si no, es innegable que quien ocupe la presidencia no debe perder de vista la necesidad de diversificar el comercio y realizar un cabildeo oportuno que nos permita mantener un rol activo en el intercambio internacional de bienes y servicios.

Es tiempo de que nuestro país siga buscando estrategias para profundizar sus múltiples acuerdos y tratados comerciales, teniendo como propósito el sacarles mayor provecho. De este modo, evitaríamos poner todos los huevos, o los quesos, en la misma canasta.

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1 Comment

1 Comments

  1. Ramon vargas

    05/05/2018 at 08:40

    Pues como siempre muy concreto y completo tu comentario.

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Opinión

La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

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La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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Opinión

Ley de Infancias Trans en Jalisco: ¿qué es y por qué importa?

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Ley de Infancias Trans en Jalisco: ¿qué es y por qué importa?
La Ley de Infancias Trans de Jalisco surge para dar respuesta a un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial.

La discusión sobre el reconocimiento legal de la identidad de género para niñas, niños y adolescentes ha cobrado especial relevancia en los últimos años, y Jalisco no es la excepción.

La iniciativa conocida como “Ley de Infancias Trans de Jalisco” surge para dar respuesta a un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó al Congreso estatal legislar en materia del derecho a la identidad de género autopercibida de las personas menores de edad.

El contexto legal y la obligación de legislar

Todo inició con la determinación de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, donde declaró inválida la porción normativa del Artículo 23, fracción VIII de la Ley del Registro Civil de Jalisco que limitaba el cambio de acta de nacimiento —para el reconocimiento de la identidad de género— únicamente a personas mayores de edad.

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Según el fallo, esta restricción discriminaba a quienes, siendo menores de 18 años, deseaban reconocer legalmente una identidad de género distinta a la asignada al nacer.

Aunado a ello, la Corte no solo exigió que se eliminara la restricción por edad, sino que también instó a crear un procedimiento sumario, ágil y gratuito, diseñado con perspectiva de infancia, para garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes trans a documentos de identidad acordes con su identidad de género.

Los puntos clave de la iniciativa

En respuesta a lo anterior, y tras varios debates y sesiones extraordinarias en el Congreso de Jalisco, la propuesta de reforma a la Ley del Registro Civil incluye:

1-. Eliminación de la restricción por mayoría de edad. Ahora se reconoce el derecho de toda persona, sin importar su edad, a solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género.

2-. Creación del Artículo 23 Bis. Se establece la figura de la representación legal para la niñez y adolescencia. Quien ejerza la patria potestad o la tutela debe firmar un consentimiento por escrito para el cambio registral.

3-. Procedimiento en caso de negativa. Si padres, madres o tutores se niegan a brindar ese consentimiento, se faculta a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes a representarlos y a otorgar la anuencia necesaria, siempre con la premisa de salvaguardar el interés superior de la niñez.

4-. Confidencialidad de los datos. El acta de nacimiento original se resguarda, y no se hace pública salvo orden judicial o petición del propio titular, para proteger la privacidad y evitar riesgos de discriminación.

Por qué esta ley es trascendente

En el escenario internacional, diversos países —entre ellos Argentina, Uruguay y España— han avanzado en la protección de los derechos de la comunidad trans menor de edad. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo: garantizar el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una identidad de género acorde con la vivencia y la dignidad de cada persona.

La Ley de Infancias Trans de Jalisco se inscribe en esta tendencia global y busca encaminar al estado hacia una mayor inclusión. Cabe subrayar que los estándares internacionales en derechos de la niñez (Convención sobre los Derechos del Niño, Observaciones Generales de la ONU, Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana, entre otros) reconocen que ninguna persona debe ser discriminada con base en su edad o su identidad de género.

Un llamado a la empatía y la responsabilidad

Si bien el debate legislativo se ha visto marcado por posturas diversas, la esencia de la norma radica en asegurar que ninguna niña, niño o adolescente experimente exclusión por no ver reconocida su identidad de género. Detrás de estas reformas, hay historias de menores de edad que enfrentan discriminación y violencia al no poder contar con documentos oficiales que reflejen quienes son.

Más allá de la discusión jurídica, la “Ley de Infancias Trans de Jalisco” representa un avance en materia de derechos humanos. Su éxito dependerá de la responsabilidad de las autoridades encargadas de aplicar el nuevo marco legal y, sobre todo, de la voluntad colectiva de respetar y proteger la dignidad de la infancia y la adolescencia trans.

En definitiva, con esta ley, Jalisco apunta hacia una sociedad más respetuosa de la diversidad, en la que se busca que todos sus integrantes, sin importar su edad, accedan a la justicia y vean reconocidos sus derechos fundamentales.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona.

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