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Opinión

Ecuador, otro espejo del avance de la izquierda en Latinoamérica

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Luis Sánchez Pérez

El pasado domingo, en Ecuador se llevaron a cabo las elecciones donde se eligieron 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y cuatro mil 84 vocales principales de las juntas parroquiales. A diferencia de México, Ecuador está dividido en 24 provincias, 221 cantones y mil 228 parroquias, de las cuales 412 son urbanas y 816 son rurales; las provincias y cantones, son el equivalente a los estados y municipios, respectivamente. Cada provincia tiene un prefecto y un gobierno provincial, que está integrado por todos los alcaldes de los cantones de dicha provincia, junto a un gobierno municipal conformado por concejales urbanos y rurales. Por otro lado, las parroquias se conforman por barrios, recintos, caseríos, comarcas o comunas, pueden ser urbanas o rurales, según su ubicación.

Esta serie de figuras que fueron electas en el país andino, contrastan directamente con los puestos de elección popular que tenemos en México y es imposible no cuestionarnos si podemos replicar aquí, otras formas de representación popular más democráticas y mejores.

Algo similar que pudiera funcionar en nuestro país, sería cambiar la manera en que se eligen a los regidores (por lista junto al presidente municipal) e integrar nuevas figuras administrativas como las demarcaciones, para que cada regidor perteneciera a una sección de la ciudad, como barrios, colonias y secciones, permitiendo así una mayor representatividad; esta forma de elección únicamente existe en los estados de Guerrero y Nayarit. Dicha división política y administrativa, favorece la gestión de procesos democráticos y la representación de las personas de una manera más integral y funcional, dadas las figuras existentes que contemplan otros espacios, como la parte rural y urbana; además de integrar pequeñas divisiones al interior de los municipios, que posibilitan los trabajos en pro del conocimiento y resolución de las necesidades de quienes habitan en barrios, colonias, localidades y rancherías.

Lamentablemente previo a las elecciones, hubo el asesinato de dos candidatos, Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López en la costa ecuatoriana, y Julio César Farachio, candidato a alcalde de la ciudad de Salinas, ambos asesinados por arma de fuego, en medio de un clima de violencia política que ha venido a sacudir a Ecuador, ya que no se habían registrado estos hechos previamente. Los analistas políticos coinciden que estos asesinatos tienen que ver con la presencia de “dinero sucio” en las elecciones ecuatorianas y la manera en la que el crimen organizado busca penetrar en estas esferas, por fortuna, no se registraron otro tipo de incidentes violentos durante la jornada electoral.

Por otro lado, además de la elección de puestos populares mencionados, se votaron también ocho preguntas como parte de un referéndum que impulsaba el gobierno en turno, para poder realizar enmiendas constitucionales y con ello impulsar su agenda política. Las preguntas del referéndum estaban relacionadas con los siguientes temas:

● Extradición de ecuatorianos que tengan relación con narcotráfico
● Cambios en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General
● Reducción de legisladores
● Que los movimientos políticos cuenten con determinado número de afiliados y estén registrados ante el Consejo Nacional Electoral
● Modificación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana
● Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
● Entregar compensaciones regularizadas por el Estado, a quienes generen servicios ambientales.

Sin embargo, contrario a lo previsto por el actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la población votó en contra de dichas enmiendas y el “No” se impuso con un 15 por ciento. Aunado a estos resultados, que significan un revés y un duro golpe para la actual administración, que aún le quedan dos años de gobierno, en medio de una fuerte oposición y una baja aceptación ciudadana. Y como reflejo del desgaste que vive actualmente el gobierno ecuatoriano, los resultados de las elecciones favorecieron al movimiento de la Revolución Ciudadana, el nuevo movimiento político del ex presidente Rafael Correa, se llevaron los municipios y las provincias más pobladas del país: Pichincha, Azuay, Santo Domingo, Santa Elena, Manabí, Guayas y Guayaquil, éstas dos últimas son pieza clave, ya que durante más de 30 años, habían sido bastión político del partido conservador, Partido Social Cristiano (PSC).

Además, el movimiento indígena Pachakutik consiguió las prefecturas de Cotopaxi, Tungrahua, Bolívar, Morona Santiago, Napo y Santa Elena, manteniendo su hegemonía en las provincias con importante influencia indígena y siendo una importante oposición para el oficialismo en esas zonas.

Ante los resultados electorales y el “No” al referéndum, se reconfigura el escenario político en Ecuador, con un claro rechazo al régimen actual y la posibilidad de que en 2025, vuelva a triunfar la izquierda en dicho país, al igual que la tendencia de los últimos años en sus países vecinos, como Colombia, Perú, Argentina y recientemente Brasil, el resurgimiento de la izquierda latinoamericana se ve cada vez más cerca y con ello, la posibilidad de generar acuerdos entre países y a nivel continental, similares a los de la Unión Europea, de esto y más, hablaremos en las próximas entregas.

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

 

 

 

Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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