Opinión
El INAI, organismo fundamental para la vida pública

El 11 de junio de 2002 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo descentralizado que comenzó sus operaciones a partir de 2003 y hasta 2015, cuando cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El IFAI fue el primer organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales del país a transparentar el uso de recursos y dar conocimiento de las acciones que éstas realizaban, a través de las solicitudes de acceso a la información estipuladas dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En 2015, con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), el IFAI no sólo cambió su nombre a INAI, sino que se renovó como organismo autónomo y adquirió nuevas funciones para garantizar dos derechos fundamentales que se encuentran presentes en nuestra constitución dentro de los artículos 6 y 16, respectivamente: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Gracias a su labor, durante el sexenio pasado pudimos conocer expedientes para ahondar más sobre lo que ocurrió en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o Apatzingán, donde hubo innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. Por otro lado, también sirvió para develar casos de corrupción como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, los contratos y empresas que tenían Javier Duarte y otros políticos que se enriquecieron a costa del pueblo, y que hoy mantienen a algunos tras las rejas o cuentan con órdenes de aprehensión. Además, el trabajo que han realizado distintos periodistas en todo el país, para dar a conocer irregularidades en los gastos gubernamentales de gobiernos locales, los presupuestos destinados para distintos rubros, así como el conocimiento de las verdaderas cifras de denuncias, personas desaparecidas y distintos delitos que se buscan mantener en la opacidad, no hubieran visto la luz, de no ser por la labor de la transparencia y protección a datos personales que realiza este organismo autónomo.
Lamentablemente, desde el 1 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se convirtió en inoperante, después de que el comisionado Francisco Javier Ramírez Acuña terminó su periodo, quedando así el pleno de comisionados incompleto para poder sesionar, ya que se requieren un mínimo de 5 comisionados de un total de 7, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones de su pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia.
A mediados de marzo, el presidente López Obrador, haciendo uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI, vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados. Este veto coincidió con el término de periodo de Francisco Javier Acuña Llamas a finales de marzo, por lo que es necesario que para volver a su operatividad, la Junta de Coordinación Política en el Senado, integrada por todos los grupos parlamentarios, encuentre la manera de conciliar las diferencias y obtener el consenso sobre los aspirantes y posteriormente ponerlo a consideración del pleno.
Sin embargo, para los senadores oficialistas (Morena, PES, PT y PVEM), este tema no es algo prioritario, incluso el mismo Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un audio filtrado a través de la plataforma de noticias LatinUs, afirma que para el “mundo ideal” del presidente, no es urgente que se elijan nuevos comisionados y que el Instituto vuelva pronto a sus labores:
“Me dijo (el presidente), y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos”, se escucha en el audio.
Si a esto le sumamos las declaraciones de López Obrador, durante su conferencia mañanera de este martes, donde afirmó que el INAI es “(…) un cero a la izquierda, que no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción…”, nos queda claro que para esta administración que aunque navega con la bandera de combate a la corrupción, así como en otros aspectos, es un aspecto meramente discursivo, porque no se puede combatir la corrupción sin un organismo que proteja el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Les invito a que no quitemos el dedo del renglón y estemos pendientes de la discusión alrededor de este organismo, porque como ciudadanos, nos toca defender los derechos que tanto nos ha costado tener.
Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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