En Guadalajara, ¿el arte es público?

Apreciable lector/a, permítame contarle la siguiente anécdota que brinda un punto de partida hacia el establecimiento del motivo y la intención de este texto, cuyo tema principal es, a grandes rasgos, la política cultural en la ciudad de Guadalajara. Verá, pasé mis vacaciones decembrinas en el extranjero y en mi retorno en los primeros días de enero del año en curso, estando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cogí un taxi y el trayecto que tomamos de regreso a mi casa fue por avenida Lázaro Cárdenas; cuando pasamos el cruce con la calle Fuelle, difícilmente vi el conjunto escultórico “Las Tres Gracias” del artista plástico Sergio Garval. Debido a la velocidad con la que se circula en dicha avenida, es prácticamente imposible contemplar dicha obra, salvo que el tráfico lo permita.
Posteriormente, fui a la plazoleta que alberga las tres esculturas y me percaté de que el lugar estaba por cerrar, puesto que su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de ello, el elevador, pensado para personas con discapacidad, no funcionaba. Estos eventos que conjuntan la situación relatada me llevaron a una primera inferencia en torno a la pertinencia del programa al cual pertenecen estas piezas artísticas. En efecto, estas y otras obras forman parte del programa Arte Público lanzado en agosto de 2016, cuando Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, era presidente municipal de Guadalajara y que sigue vigente, aún no se tiene claro cómo esta política pública de carácter cultural ha impactado en la sociedad tapatía.
Es decir, y de acuerdo con Enrique Alfaro y su equipo de trabajo del área de cultura durante su gestión como alcalde de Guadalajara, existía una importante y distintiva tradición artística que se ha ido perdiendo y junto con ella, el respeto y el amor al patrimonio cultural, afirmación dicha sin ningún tipo de sustento; por este supuesto motivo, se crea el programa en cuestión con el que se pretendía hacer de la ciudad una galería para reactivar este sentido de pertenencia entre los tapatíos, lo cual puede interpretarse como el objetivo general, a través de cinco líneas de trabajo que se enlistan a continuación:
- Recuperación del patrimonio.
- Colosos urbanos.
- Esculturas de bienvenida a Guadalajara.
- Murales urbanos.
- Premio de Escultura Juan Soriano.
Se puede inferir que los objetivos particulares de cada línea de trabajo previamente mencionados del programa Arte Público, denotan un intento de política cultural a nivel municipal y procuran acercarse a lo pretendido por parte del gobierno de Guadalajara, pero que no terminan por resultar en pro de la ciudadanía tapatía.
Para la primera línea de trabajo referente a la recuperación del patrimonio, entabla la restauración, conservación y promoción del patrimonio cultural bajo la coordinación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO); los objetivos para las líneas 2 y 3 que abordan los colosos urbanos y las esculturas de bienvenida a la ciudad respectivamente, indican la elaboración de intervenciones y esculturas de grandes dimensiones y para luego ubicarlas en puntos destacados dentro de la Perla Tapatía. La producción de estas obras estuvo a cargo de varios artistas reconocidos no solo en la escena local, sino nacional e incluso internacional, nombres como los de Dolores Ortiz, el referido Sergio Garval, Ismael Vargas, José Fors, Pedro Escapa, entre otros. Los criterios para la elección de estos artistas fueron socializados, pero se decidieron unilateralmente, lo cual no funciona para los fines de la democratización de la política cultural. Las líneas 4 y 5, sobre los murales urbanos y el Premio Juan Soriano, básicamente invitan a las y los jóvenes artistas locales, nacionales e incluso extranjeros, a la creación de nuevas obras manifestadas en murales de diferentes espacios públicos y en esculturas bajo el premio mencionado.
Arte Público, como potencial caso de estudio de política cultural en Guadalajara, nace del supuesto de regeneración y recuperación del espacio público basado en una perspectiva que pretende la continuidad -claramente no lograda- de “una tradición artística (y gubernamental) y amor por el patrimonio” de implementación de políticas de arte público con la finalidad de propiciar el acceso y vivencia de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, así como el disfrute y ocupación del espacio público a través de la contemplación de obras de arte. Sin embargo, solo es parte de los argumentos que definen la problemática que envuelve a esta política, asimismo, cobra importancia analizar si en la construcción de la agenda pública de dicha política ha estado presente el seguimiento por parte de las autoridades y los sistemas oficiales que legitiman las artes.
En agosto de 2016, el gobierno de Guadalajara, en ese entonces encabezado por Enrique Alfaro, llegó a la débil conclusión de que “la tradición artística y monumental de Guadalajara hizo que fuera reconocida en todo México por su riqueza cultural y su compromiso con el arte. “No obstante, luego de más de 30 años de malos gobiernos, el abandono es evidente en los espacios de la ciudad: la infraestructura vial y de servicios, los espacios recreativos, sus monumentos y jardines, son el testimonio de una riqueza urbana dejada al olvido”.
Dicha declaración detonó la formulación de Arte Público como política cultural, asimismo, fue la única justificación que arrojaron las autoridades en consecuencia del diagnóstico realizado, lo cual recayó en la detección y definición del problema para el diseño e implementación de la referida política. Este planteamiento puede comprenderse de mejor forma si se considera que para que una problemática sea prioridad en la agenda, debe tener relevancia pública para la comunidad en cuestión, en este caso, la ciudadanía de Guadalajara con los enfoques relativos a la democracia participativa y con la intención de garantizar sus derechos culturales a partir de necesidades radiografiadas.
Por lo tanto, la detección de la problemática fue realizada por la autoridad municipal unilateralmente, lo cual constata un dictamen de 2016 y el “Informe de final de actividades del Programa de Arte Público” de 2018, lo que muestra que, en realidad, las decisiones sobre Arte Público se dan bajo influencia política y agendas privadas. Lo anterior expone que la decisión del gobierno para el diseño e implementación de esta política cultural se basó en una justificación incierta, por lo que su definición de la problemática fue parcial y no se realizó con la profundidad requerida y tampoco contó con el apoyo de suficientes instrumentos de participación ciudadana.
El diseño, la implementación y la evaluación de toda política cultural debe hacerse por todos los agentes sociales, es decir, Estado, grupos comunitarios, sector privado, sociedad civil organizado, la academia, etc., puesto que, si se formula solo por el Estado, esto cobra un sentido particular cerrando las puertas a una política de ciudadanía cultural. La intención de Arte Público era incorporar el arte y reavivar la cultura como parte de la agenda pública y, aunque no se haya cumplido cabalmente, se convierte en un precedente a nivel nacional y se coloca en la óptica para un estudio más profundo, sin embargo, hay evidentes sesgos y debilidades en su estructuración que deben ser exploradas.
El descontento de la ciudadanía se percibe por la escasa participación de la sociedad civil (artistas emergentes o colectivos independientes, gestores y en general habitantes de la ciudad) en los procesos de toma de decisiones, es decir, no hubo mayor fortalecimiento en el ejercicio democrático y los intentos llevados a cabo no lograron trascender contundentemente en la aplicación de esta política cultural. En síntesis, en materia de toma de decisiones, las autoridades tomaron las más esenciales, esto es: definición de la problemática, formulación de la política pública y de estrategias de implementación sin evidentes mecanismos de seguimiento y evaluación.
El gobierno de Guadalajara ejerció un control de la agenda, lo que le permitió realizar modificaciones sin democratización para lograr un resultado alineado a los intereses particulares de la autoridad en turno. Esto se considera como el mayor desacierto de esta política cultural, debido a que para que esta tenga durabilidad y aplicabilidad, debe surgir de una discusión que genere acciones de consenso en un contexto determinado y que desencadene una legitimación y votación. No obstante, se reconoce que Arte Público logró colocar al arte y la cultura en el debate público y se posicionó con cierta importancia en la agenda pública, sin embargo, aunque el debate no fue propiciado como un ejercicio democrático, da muestras de un ligero avance en la politización de la ciudadanía en materia de cultura. También se destaca que es una política con carácter innovador y funge como antecedente y referente nacional con mucho que examinar. La elección de artistas que participaron en la creación de las obras escultóricas se hizo unilateralmente, por lo que, de nueva cuenta, no hay democratización. Aunado a lo anterior, la revisión y análisis en torno a los motivos, construcción y características de la política en cuestión, revela las deficiencias tanto en la definición del problema, como en su justificación, formulación y evaluación, sobre todo por el fuerte control de la agenda, la toma de decisiones sin consenso y los nulos mecanismos de participación ciudadana, aspectos esenciales para definir si una política pública es o no eficiente.
En conclusión, las políticas culturales son el fruto de los cimientos sociales, de la mediación de todos los agentes sociales que conforman itinerarios y estrategias para lograr la garantía de los derechos culturales. Arte Público es un caso relevante que deja un interesante referente que puede fungir como base para el diseño de futuras políticas, no por su éxito, sino por las deficiencias señaladas y que, a pesar de ellas, se muestra un intento por considerar al arte y la cultura como punto relevante dentro de la agenda pública, pero, para ello, siempre se debe considerar la participación activa de la sociedad civil en el proceso de democratización y politización en la toma de decisiones, convirtiéndonos en una ciudadanía cultural.
Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.
La ‘Gestapo del mundo’

El escenario geopolítico de 2026 nos sitúa frente a una de las encrucijadas más peligrosas del siglo XXI. La retórica de la administración Trump respecto a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela bajo la bandera de «limpieza» y «restauración del orden» no debe leerse como un acto de filantropía internacional, sino como la instauración formal de una Gestapo del mundo: una policía global que no reconoce fronteras, tratados ni la autodeterminación de los pueblos.
Estados Unidos intervino en Venezuela bajo el argumento de erradicar un régimen, estableciendo un precedente jurídico aterrador: la muerte del Estado Soberano. La soberanía no es una concesión graciosa de las potencias, sino la base del orden internacional.
Si el mundo acepta que Washington puede «limpiar» una casa ajena sin mandato de la ONU y por encima de las leyes locales, estamos regresando a una Doctrina Monroe 2.0. Venezuela es hoy el laboratorio de una fórmula que mañana, con cualquier pretexto, se aplicará en el resto del continente.
Para México, el espejo de Venezuela es una advertencia directa. El argumento del narcotráfico y el fentanilo se ha convertido en el «caballo de Troya» para justificar una intervención en nuestro territorio. Es tentador para muchos ciudadanos, agotados por la violencia, aplaudir la entrada de la «Gestapo del Mundo» para erradicar al crimen organizado.
El argumento es simple pero devastador: «Tu casa está en desorden y el humo me molesta, así que entraré, sacaré a tu familia y yo manejaré tus cuentas». Como juristas, sabemos que el principio de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio) es la base de la civilización moderna. Si Donald Trump señala que Estados Unidos se hará cargo de la administración de un país soberano, está borrando de un plumazo décadas de Derecho Internacional. ¿Dónde queda el derecho de un pueblo a equivocarse o a corregir su propio rumbo?
Esta es la pregunta que nos quema las manos: ¿Qué pasaría en México? Los problemas del narcotráfico en nuestro País son una hidra de mil cabezas, un cáncer que ha permeado las instituciones. La tentación de decir «que vengan ellos y nos salven» es el canto de las sirenas para una sociedad agotada por la impunidad.
Sin embargo, como jurista, sostengo que el orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Entregar la facultad de ejercer la fuerza pública a una potencia extranjera es abdicar de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Si permitimos que «ellos» resuelvan nuestro problema de seguridad, les estamos entregando también el derecho de decidir sobre nuestras leyes, nuestra economía y nuestro futuro. La “Gestapo” no sólo busca criminales; busca el control absoluto del territorio.
Si el orden internacional se reduce a la voluntad del más fuerte de extraer y procesar a líderes extranjeros en cortes domésticas, entonces el sistema de tratados y la propia ONU han quedado obsoletos.
Es imperativo cuestionar nuestra propia identidad. Tenemos 60 millones de mexicanos una nación entera viviendo en el corazón de los Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en esta crisis de soberanía?
No podemos seguir siendo una nación de espectadores que solo se reconoce como tal cada 15 de septiembre gritando una independencia de oropel, o cada 12 de diciembre rezando por un milagro ante la Virgen de Guadalupe. El folclore y la fe son pilares de nuestra cultura, pero la soberanía se defiende con agencia política, no con símbolos. Si esa enorme diáspora mexicana no despierta como un sujeto político capaz de influir en las decisiones del imperio, seguirán siendo testigos mudos de la erosión de su patria de origen.
La historia no tendrá misericordia con la generación que, por miedo o comodidad, entregó las llaves de la nación. La «Gestapo del mundo» solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley.
México no necesita tutelaje; necesita instituciones sólidas, un Estado de Derecho inquebrantable y una ciudadanía que entienda que la soberanía es el único escudo que nos separa de ser una simple colonia administrativa. La pregunta no es si Trump puede entrar; la pregunta es si nosotros, como mexicanos, estamos dispuestos a dejar de serlo.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.
Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.
Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.
El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.
En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.
La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.
Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.
El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.
Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.
Logros Clave de Gavin Newsom en California:
Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.
Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.
Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.
Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.
Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.
Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.
El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.
Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.
La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.
Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.
La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.
Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).
El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.
Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.
El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.
El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.
El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.
El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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