En Guadalajara, ¿el arte es público?
Apreciable lector/a, permítame contarle la siguiente anécdota que brinda un punto de partida hacia el establecimiento del motivo y la intención de este texto, cuyo tema principal es, a grandes rasgos, la política cultural en la ciudad de Guadalajara. Verá, pasé mis vacaciones decembrinas en el extranjero y en mi retorno en los primeros días de enero del año en curso, estando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cogí un taxi y el trayecto que tomamos de regreso a mi casa fue por avenida Lázaro Cárdenas; cuando pasamos el cruce con la calle Fuelle, difícilmente vi el conjunto escultórico “Las Tres Gracias” del artista plástico Sergio Garval. Debido a la velocidad con la que se circula en dicha avenida, es prácticamente imposible contemplar dicha obra, salvo que el tráfico lo permita.
Posteriormente, fui a la plazoleta que alberga las tres esculturas y me percaté de que el lugar estaba por cerrar, puesto que su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de ello, el elevador, pensado para personas con discapacidad, no funcionaba. Estos eventos que conjuntan la situación relatada me llevaron a una primera inferencia en torno a la pertinencia del programa al cual pertenecen estas piezas artísticas. En efecto, estas y otras obras forman parte del programa Arte Público lanzado en agosto de 2016, cuando Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, era presidente municipal de Guadalajara y que sigue vigente, aún no se tiene claro cómo esta política pública de carácter cultural ha impactado en la sociedad tapatía.
Es decir, y de acuerdo con Enrique Alfaro y su equipo de trabajo del área de cultura durante su gestión como alcalde de Guadalajara, existía una importante y distintiva tradición artística que se ha ido perdiendo y junto con ella, el respeto y el amor al patrimonio cultural, afirmación dicha sin ningún tipo de sustento; por este supuesto motivo, se crea el programa en cuestión con el que se pretendía hacer de la ciudad una galería para reactivar este sentido de pertenencia entre los tapatíos, lo cual puede interpretarse como el objetivo general, a través de cinco líneas de trabajo que se enlistan a continuación:
- Recuperación del patrimonio.
- Colosos urbanos.
- Esculturas de bienvenida a Guadalajara.
- Murales urbanos.
- Premio de Escultura Juan Soriano.
Se puede inferir que los objetivos particulares de cada línea de trabajo previamente mencionados del programa Arte Público, denotan un intento de política cultural a nivel municipal y procuran acercarse a lo pretendido por parte del gobierno de Guadalajara, pero que no terminan por resultar en pro de la ciudadanía tapatía.
Para la primera línea de trabajo referente a la recuperación del patrimonio, entabla la restauración, conservación y promoción del patrimonio cultural bajo la coordinación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO); los objetivos para las líneas 2 y 3 que abordan los colosos urbanos y las esculturas de bienvenida a la ciudad respectivamente, indican la elaboración de intervenciones y esculturas de grandes dimensiones y para luego ubicarlas en puntos destacados dentro de la Perla Tapatía. La producción de estas obras estuvo a cargo de varios artistas reconocidos no solo en la escena local, sino nacional e incluso internacional, nombres como los de Dolores Ortiz, el referido Sergio Garval, Ismael Vargas, José Fors, Pedro Escapa, entre otros. Los criterios para la elección de estos artistas fueron socializados, pero se decidieron unilateralmente, lo cual no funciona para los fines de la democratización de la política cultural. Las líneas 4 y 5, sobre los murales urbanos y el Premio Juan Soriano, básicamente invitan a las y los jóvenes artistas locales, nacionales e incluso extranjeros, a la creación de nuevas obras manifestadas en murales de diferentes espacios públicos y en esculturas bajo el premio mencionado.
Arte Público, como potencial caso de estudio de política cultural en Guadalajara, nace del supuesto de regeneración y recuperación del espacio público basado en una perspectiva que pretende la continuidad -claramente no lograda- de “una tradición artística (y gubernamental) y amor por el patrimonio” de implementación de políticas de arte público con la finalidad de propiciar el acceso y vivencia de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, así como el disfrute y ocupación del espacio público a través de la contemplación de obras de arte. Sin embargo, solo es parte de los argumentos que definen la problemática que envuelve a esta política, asimismo, cobra importancia analizar si en la construcción de la agenda pública de dicha política ha estado presente el seguimiento por parte de las autoridades y los sistemas oficiales que legitiman las artes.
En agosto de 2016, el gobierno de Guadalajara, en ese entonces encabezado por Enrique Alfaro, llegó a la débil conclusión de que “la tradición artística y monumental de Guadalajara hizo que fuera reconocida en todo México por su riqueza cultural y su compromiso con el arte. “No obstante, luego de más de 30 años de malos gobiernos, el abandono es evidente en los espacios de la ciudad: la infraestructura vial y de servicios, los espacios recreativos, sus monumentos y jardines, son el testimonio de una riqueza urbana dejada al olvido”.
Dicha declaración detonó la formulación de Arte Público como política cultural, asimismo, fue la única justificación que arrojaron las autoridades en consecuencia del diagnóstico realizado, lo cual recayó en la detección y definición del problema para el diseño e implementación de la referida política. Este planteamiento puede comprenderse de mejor forma si se considera que para que una problemática sea prioridad en la agenda, debe tener relevancia pública para la comunidad en cuestión, en este caso, la ciudadanía de Guadalajara con los enfoques relativos a la democracia participativa y con la intención de garantizar sus derechos culturales a partir de necesidades radiografiadas.
Por lo tanto, la detección de la problemática fue realizada por la autoridad municipal unilateralmente, lo cual constata un dictamen de 2016 y el “Informe de final de actividades del Programa de Arte Público” de 2018, lo que muestra que, en realidad, las decisiones sobre Arte Público se dan bajo influencia política y agendas privadas. Lo anterior expone que la decisión del gobierno para el diseño e implementación de esta política cultural se basó en una justificación incierta, por lo que su definición de la problemática fue parcial y no se realizó con la profundidad requerida y tampoco contó con el apoyo de suficientes instrumentos de participación ciudadana.
El diseño, la implementación y la evaluación de toda política cultural debe hacerse por todos los agentes sociales, es decir, Estado, grupos comunitarios, sector privado, sociedad civil organizado, la academia, etc., puesto que, si se formula solo por el Estado, esto cobra un sentido particular cerrando las puertas a una política de ciudadanía cultural. La intención de Arte Público era incorporar el arte y reavivar la cultura como parte de la agenda pública y, aunque no se haya cumplido cabalmente, se convierte en un precedente a nivel nacional y se coloca en la óptica para un estudio más profundo, sin embargo, hay evidentes sesgos y debilidades en su estructuración que deben ser exploradas.
El descontento de la ciudadanía se percibe por la escasa participación de la sociedad civil (artistas emergentes o colectivos independientes, gestores y en general habitantes de la ciudad) en los procesos de toma de decisiones, es decir, no hubo mayor fortalecimiento en el ejercicio democrático y los intentos llevados a cabo no lograron trascender contundentemente en la aplicación de esta política cultural. En síntesis, en materia de toma de decisiones, las autoridades tomaron las más esenciales, esto es: definición de la problemática, formulación de la política pública y de estrategias de implementación sin evidentes mecanismos de seguimiento y evaluación.
El gobierno de Guadalajara ejerció un control de la agenda, lo que le permitió realizar modificaciones sin democratización para lograr un resultado alineado a los intereses particulares de la autoridad en turno. Esto se considera como el mayor desacierto de esta política cultural, debido a que para que esta tenga durabilidad y aplicabilidad, debe surgir de una discusión que genere acciones de consenso en un contexto determinado y que desencadene una legitimación y votación. No obstante, se reconoce que Arte Público logró colocar al arte y la cultura en el debate público y se posicionó con cierta importancia en la agenda pública, sin embargo, aunque el debate no fue propiciado como un ejercicio democrático, da muestras de un ligero avance en la politización de la ciudadanía en materia de cultura. También se destaca que es una política con carácter innovador y funge como antecedente y referente nacional con mucho que examinar. La elección de artistas que participaron en la creación de las obras escultóricas se hizo unilateralmente, por lo que, de nueva cuenta, no hay democratización. Aunado a lo anterior, la revisión y análisis en torno a los motivos, construcción y características de la política en cuestión, revela las deficiencias tanto en la definición del problema, como en su justificación, formulación y evaluación, sobre todo por el fuerte control de la agenda, la toma de decisiones sin consenso y los nulos mecanismos de participación ciudadana, aspectos esenciales para definir si una política pública es o no eficiente.
En conclusión, las políticas culturales son el fruto de los cimientos sociales, de la mediación de todos los agentes sociales que conforman itinerarios y estrategias para lograr la garantía de los derechos culturales. Arte Público es un caso relevante que deja un interesante referente que puede fungir como base para el diseño de futuras políticas, no por su éxito, sino por las deficiencias señaladas y que, a pesar de ellas, se muestra un intento por considerar al arte y la cultura como punto relevante dentro de la agenda pública, pero, para ello, siempre se debe considerar la participación activa de la sociedad civil en el proceso de democratización y politización en la toma de decisiones, convirtiéndonos en una ciudadanía cultural.
Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.
El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional.
Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales.
Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.
Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.
En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:
1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.
2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel
3. Alianzas temporales con otros grupos criminales. Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales.
La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.
No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.
Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.
En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.
Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.
Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.
La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.
Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.
Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.
A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.
Parálisis por “Federalismo punitivo”
Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa.
El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.
Fragmentación de la Mesa Metropolitana
El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.
Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.
Obstrucción judicial interna
Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.
Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.
El “fuego amigo” prematuro
No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.
El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.
Radicalización de la oposición en el Congreso
El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.
Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.
Politización de la gestión del agua
A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.
Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.
El “efecto escaparate” del crimen organizado
El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.
Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.
El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos
Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.
El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.
Gentrificación y desplazamiento violento
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.
Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.
Infiltración criminal en policías municipales del interior
El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.
La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.
Conclusiones
El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.
El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.
El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.
En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
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