Apreciable lector/a, permítame contarle la siguiente anécdota que brinda un punto de partida hacia el establecimiento del motivo y la intención de este texto, cuyo tema principal es, a grandes rasgos, la política cultural en la ciudad de Guadalajara. Verá, pasé mis vacaciones decembrinas en el extranjero y en mi retorno en los primeros días de enero del año en curso, estando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cogí un taxi y el trayecto que tomamos de regreso a mi casa fue por avenida Lázaro Cárdenas; cuando pasamos el cruce con la calle Fuelle, difícilmente vi el conjunto escultórico “Las Tres Gracias” del artista plástico Sergio Garval. Debido a la velocidad con la que se circula en dicha avenida, es prácticamente imposible contemplar dicha obra, salvo que el tráfico lo permita.  

Posteriormente, fui a la plazoleta que alberga las tres esculturas y me percaté de que el lugar estaba por cerrar, puesto que su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de ello, el elevador, pensado para personas con discapacidad, no funcionaba. Estos eventos que conjuntan la situación relatada me llevaron a una primera inferencia en torno a la pertinencia del programa al cual pertenecen estas piezas artísticas. En efecto, estas y otras obras forman parte del programa Arte Público lanzado en agosto de 2016, cuando Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, era presidente municipal de Guadalajara y que sigue vigente, aún no se tiene claro cómo esta política pública de carácter cultural ha impactado en la sociedad tapatía.  

Es decir, y de acuerdo con Enrique Alfaro y su equipo de trabajo del área de cultura durante su gestión como alcalde de Guadalajara, existía una importante y distintiva tradición artística que se ha ido perdiendo y junto con ella, el respeto y el amor al patrimonio cultural, afirmación dicha sin ningún tipo de sustento; por este supuesto motivo, se crea el programa en cuestión con el que se pretendía hacer de la ciudad una galería para reactivar este sentido de pertenencia entre los tapatíos, lo cual puede interpretarse como el objetivo general, a través de cinco líneas de trabajo que se enlistan a continuación: 

1. Recuperación del patrimonio. 
2. Colosos urbanos. 
3. Esculturas de bienvenida a Guadalajara. 
4. Murales urbanos. 
5. Premio de Escultura Juan Soriano. 

Se puede inferir que los objetivos particulares de cada línea de trabajo previamente mencionados del programa Arte Público, denotan un intento de política cultural a nivel municipal y procuran acercarse a lo pretendido por parte del gobierno de Guadalajara, pero que no terminan por resultar en pro de la ciudadanía tapatía. 

Para la primera línea de trabajo referente a la recuperación del patrimonio, entabla la restauración, conservación y promoción del patrimonio cultural bajo la coordinación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO); los objetivos para las líneas 2 y 3 que abordan los colosos urbanos y las esculturas de bienvenida a la ciudad respectivamente, indican la elaboración de intervenciones y esculturas de grandes dimensiones y para luego ubicarlas en puntos destacados dentro de la Perla Tapatía. La producción de estas obras estuvo a cargo de varios artistas reconocidos no solo en la escena local, sino nacional e incluso internacional, nombres como los de Dolores Ortiz, el referido Sergio Garval, Ismael Vargas, José Fors, Pedro Escapa, entre otros. Los criterios para la elección de estos artistas fueron socializados, pero se decidieron unilateralmente, lo cual no funciona para los fines de la democratización de la política cultural. Las líneas 4 y 5, sobre los murales urbanos y el Premio Juan Soriano, básicamente invitan a las y los jóvenes artistas locales, nacionales e incluso extranjeros, a la creación de nuevas obras manifestadas en murales de diferentes espacios públicos y en esculturas bajo el premio mencionado.   

Arte Público, como potencial caso de estudio de política cultural en Guadalajara, nace del supuesto de regeneración y recuperación del espacio público basado en una perspectiva que pretende la continuidad -claramente no lograda- de “una tradición artística (y gubernamental) y amor por el patrimonio” de implementación de políticas de arte público con la finalidad de propiciar el acceso y vivencia de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, así como el disfrute y ocupación del espacio público a través de la contemplación de obras de arte. Sin embargo, solo es parte de los argumentos que definen la problemática que envuelve a esta política, asimismo, cobra importancia analizar si en la construcción de la agenda pública de dicha política ha estado presente el seguimiento por parte de las autoridades y los sistemas oficiales que legitiman las artes.  

En agosto de 2016, el gobierno de Guadalajara, en ese entonces encabezado por Enrique Alfaro, llegó a la débil conclusión de que “la tradición artística y monumental de Guadalajara hizo que fuera reconocida en todo México por su riqueza cultural y su compromiso con el arte. “No obstante, luego de más de 30 años de malos gobiernos, el abandono es evidente en los espacios de la ciudad: la infraestructura vial y de servicios, los espacios recreativos, sus monumentos y jardines, son el testimonio de una riqueza urbana dejada al olvido”.

Dicha declaración detonó la formulación de Arte Público como política cultural, asimismo, fue la única justificación que arrojaron las autoridades en consecuencia del diagnóstico realizado, lo cual recayó en la detección y definición del problema para el diseño e implementación de la referida política. Este planteamiento puede comprenderse de mejor forma si se considera que para que una problemática sea prioridad en la agenda, debe tener relevancia pública para la comunidad en cuestión, en este caso, la ciudadanía de Guadalajara con los enfoques relativos a la democracia participativa y con la intención de garantizar sus derechos culturales a partir de necesidades radiografiadas.  

Por lo tanto, la detección de la problemática fue realizada por la autoridad municipal unilateralmente, lo cual constata un dictamen de 2016 y el “Informe de final de actividades del Programa de Arte Público” de 2018, lo que muestra que, en realidad, las decisiones sobre Arte Público se dan bajo influencia política y agendas privadas. Lo anterior expone que la decisión del gobierno para el diseño e implementación de esta política cultural se basó en una justificación incierta, por lo que su definición de la problemática fue parcial y no se realizó con la profundidad requerida y tampoco contó con el apoyo de suficientes instrumentos de participación ciudadana.  

El diseño, la implementación y la evaluación de toda política cultural debe hacerse por todos los agentes sociales, es decir, Estado, grupos comunitarios, sector privado, sociedad civil organizado, la academia, etc., puesto que, si se formula solo por el Estado, esto cobra un sentido particular cerrando las puertas a una política de ciudadanía cultural. La intención de Arte Público era incorporar el arte y reavivar la cultura como parte de la agenda pública y, aunque no se haya cumplido cabalmente, se convierte en un precedente a nivel nacional y se coloca en la óptica para un estudio más profundo, sin embargo, hay evidentes sesgos y debilidades en su estructuración que deben ser exploradas.  

El descontento de la ciudadanía se percibe por la escasa participación de la sociedad civil (artistas emergentes o colectivos independientes, gestores y en general habitantes de la ciudad) en los procesos de toma de decisiones, es decir, no hubo mayor fortalecimiento en el ejercicio democrático y los intentos llevados a cabo no lograron trascender contundentemente en la aplicación de esta política cultural. En síntesis, en materia de toma de decisiones, las autoridades tomaron las más esenciales, esto es: definición de la problemática, formulación de la política pública y de estrategias de implementación sin evidentes mecanismos de seguimiento y evaluación.  

El gobierno de Guadalajara ejerció un control de la agenda, lo que le permitió realizar modificaciones sin democratización para lograr un resultado alineado a los intereses particulares de la autoridad en turno. Esto se considera como el mayor desacierto de esta política cultural, debido a que para que esta tenga durabilidad y aplicabilidad, debe surgir de una discusión que genere acciones de consenso en un contexto determinado y que desencadene una legitimación y votación. No obstante, se reconoce que Arte Público logró colocar al arte y la cultura en el debate público y se posicionó con cierta importancia en la agenda pública, sin embargo, aunque el debate no fue propiciado como un ejercicio democrático, da muestras de un ligero avance en la politización de la ciudadanía en materia de cultura. También se destaca que es una política con carácter innovador y funge como antecedente y referente nacional con mucho que examinar. La elección de artistas que participaron en la creación de las obras escultóricas se hizo unilateralmente, por lo que, de nueva cuenta, no hay democratización. Aunado a lo anterior, la revisión y análisis en torno a los motivos, construcción y características de la política en cuestión, revela las deficiencias tanto en la definición del problema, como en su justificación, formulación y evaluación, sobre todo por el fuerte control de la agenda, la toma de decisiones sin consenso y los nulos mecanismos de participación ciudadana, aspectos esenciales para definir si una política pública es o no eficiente. 

En conclusión, las políticas culturales son el fruto de los cimientos sociales, de la mediación de todos los agentes sociales que conforman itinerarios y estrategias para lograr la garantía de los derechos culturales. Arte Público es un caso relevante que deja un interesante referente que puede fungir como base para el diseño de futuras políticas, no por su éxito, sino por las deficiencias señaladas y que, a pesar de ellas, se muestra un intento por considerar al arte y la cultura como punto relevante dentro de la agenda pública, pero, para ello, siempre se debe considerar la participación activa de la sociedad civil en el proceso de democratización y politización en la toma de decisiones, convirtiéndonos en una ciudadanía cultural.

Sobre el autor

Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.

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