Cada junio, Guadalajara repite el ritual del alcohólico funcional: promete que ahora sí va a cambiar, se pone seria frente al espejo y, a la primera tormenta, vuelve a despertar tirada en López Mateos. Flotan los autos, se paralizan el BRT y el Tren Ligero —tan modernos hasta que cae agua— y aparece el funcionario de turno —da igual si es del Siapa, CEA o Segia, todos comparten guion—, con impermeable moral y libreto reciclado, a invocar a la vieja confiable: la “lluvia atípica”.

Esa criatura fantástica, tan útil como indemostrable, que sirve para explicar todo y responsabilizar a nadie. El problema, para mala suerte del discurso oficial, es que los datos tienen la pésima costumbre de no pedir permiso: dicen justo lo contrario.

Empecemos por lo que cualquier tapatío cercano a los cincuenta años recuerda: la Guadalajara de los años setenta era una ciudad fresca, arbolada, de camellones con jardín y lluvias copiosas que jamás se consideraron una tragedia. Cinco décadas de mala planificación y especulación inmobiliaria después —con sus respectivos cárteles, esos que sí saben manipular expedientes, aunque no el clima—, la Ciudad perdió áreas verdes por habitante a un ritmo que ningún departamento de Ecología logró frenar, invadió cauces con fraccionamientos y selló con concreto y viviendas la capacidad de infiltración que antes amortiguaba cualquier aguacero.

Convertimos a la naturaleza en nuestro enemigo mientras nos acostumbraron al desorden, al grado que hasta un monumento costoso e inerme nos impusieron, a manera de instituto. La naturaleza no cambió radicalmente de comportamiento; la ciudad sí, y para peor; de alguna manera, los tapatíos nos hemos acostumbrado a gobiernos que venden humo con maestría: prometen infraestructura hidráulica y entregan discursos, mientras las colonias populares, especialmente, se convierten en ríos cada temporal.

Veamos la incómoda aritmética. La escala oficial de precipitación —1 milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado— clasifica como “lluvia torrencial” todo lo que supera 75 mm en 24 horas (Semar, s. f.). El día más lluvioso de la última década en el Área Metropolitana de Guadalajara fue el 13 de junio de 2022, con 158 mm: récord absoluto en cuarenta años, superando incluso la marca de 1983 (Milenio, 2022). Ese sí fue un evento extraordinario. Pero ese no es el promedio que inunda la ciudad cada temporal.

El desglose diario de probabilidad e intensidad de lluvia para el AMG —construido a partir del registro histórico de las estaciones meteorológicas de la última década para los cuatro meses de temporal de lluvia que tenemos cada año— muestra que julio, el mes más crítico, combina una probabilidad promedio de 65 %, veinticinco días con probabilidad superior a 60 % y una lluvia promedio de apenas 8.8 mm.

Agosto sostiene 23 días por encima de ese umbral, con un máximo de 7.5 mm. Es decir: los días que más se repiten no traen diluvios bíblicos, traen entre 7 y 13 milímetros. Ninguna ciudad con drenaje funcional se inunda con eso; si 13 mm anegan tu ciudad, tu ciudad está mal diseñada, punto. No importa cuántos programas de “resiliencia urbana” anuncien en ruedas de prensa. No importa cuántas veces nos digan que “estamos trabajando en ello”. El agua no cree en promesas de campaña.

Veámoslo gráficamente:

La gráfica destruye el argumento de la “lluvia atípica”, que se cae por su propio peso. Si más de 600 puntos de inundación se activan con lluvias moderadas —no con la tormenta récord de 2022, sino con el aguacero ordinario de cualquier martes de julio—, lo que tenemos no es un fenómeno meteorológico extraordinario, es una falla estructural ordinaria, repetida, presupuestada y, aparentemente, tolerada. El gobernador lo reconoció sin pretender disfrazarlo, pero olvidó revisar la información cuando afirmó que el drenaje profundo de la ciudad tiene entre 40 y 50 años y su renovación costará unos 9 mil millones de pesos, a desembolsar “poco a poco” durante todo el sexenio (El Informador, 2025). Sucede que en Guadalajara no existe un sistema de “drenaje profundo” como el de Ciudad de México; la ciudad opera con una red de drenaje semicombinado (aguas pluviales y residuales juntas), con algunos tramos diseñados para recibir volúmenes de agua de lluvia, como el colector intermedio oriente, que explotó en 1992 y fue reconstruido posterior a la tragedia. Mientras tanto, el Imeplan ya identificó 35 túneles de “alta prioridad” que pueden anegarse en minutos durante cualquier tormenta (El Informador, 2025).

Pero nuestra especialidad para dejar las cosas mal hechas o para después ya tiene un monumento literal a la desidia: ahí están los Arcos del Milenio, presupuestados en 12 millones de pesos en 1999, inflados a 70 millones con apenas tres de los cuatro arcos construidos, inconclusos hasta hoy, veintiséis años después (Gaceta UdeG, 2022). En ese punto, la avenida que corre debajo se inunda con regularidad casi litúrgica, casualmente desde 2007, en la época de su construcción; en algún momento después se proyectó un colector de 38 millones de pesos, estrenado en 2018 para resolver justamente ese punto, pero fracasó en su primera prueba de fuego (Newsweek en Español, 2018). Ese arco de metal sin terminar es, sin proponérselo, la escultura más honesta que tiene la ciudad: un monumento al dispendio que no resuelve nada, parado justo encima del encharcamiento de agua que logró enaltecer y consolidar en el recuerdo de quienes cruzamos por ese desafortunado punto.

La conclusión técnica, antes de pasar a la factura social que se cobra distinto según el código postal —tema de la segunda entrega—, es esta: el patrón climático explica la temporada de riesgo, pero la magnitud de las inundaciones en el AMG apunta a drenaje insuficiente, impermeabilización acelerada y una planeación urbana que decidió, hace mucho, que ante todo van primero los negocios propios y de amigos, y que, periódicamente, el agua era un problema de otro sexenio.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

La repentina salida de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), deja muchas más interrogantes que las que la cobertura mediática ha planteado hasta ahora. Más allá del relato de una «renuncia por motivos personales» y tras una gestión severamente cuestionada, hay otras lecturas que no han sido abordadas.

La consejera presidenta que se va construyó buena parte del capital político institucional de su gestión a partir de narrativas de paridad, inclusión de grupos históricamente discriminados y mecanismos de participación ciudadana; durante su gestión el impulso y promoción de esos temas era una divisa de uso común. No obstante, la realidad y algunas evidencias empíricas muestran lo contrario. Desde el año pasado circuló en algunos medios una denuncia por violencia política en razón de género de Bertha Rocío Reyes Reyes, funcionaria del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del IEPC, quien fue removida y rotada arbitrariamente de su adscripción original por lo que denunció, a la consejera presidenta, a un consejero y a dos consejeras más, por acoso laboral y por violar el estatuto del SPEN. Aquí aparece una disonancia entre la «marca personal» externa de quienes integran el órgano máximo de dirección del IEPC y lo que habría ocurrido al interior del propio organismo. Esa brecha entre política pública de cara afuera y cultura organizacional hacia adentro es, probablemente, un dato muy relevante para entender una de las causas de la renuncia.

En México, la única autoridad facultada para remover a una consejera o un consejero electoral es el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de un recurso de remoción, un proceso público, documentado y con efectos para sentar precedentes. Una renuncia «personal e irrevocable» negociada directamente con la presidenta del INE en una reunión en la Ciudad de México, permitiría evitar ese expediente público y estaríamos ante la consolidación de una ruta de salida que normaliza procesar y resolver crisis de gobernanza electoral sin escrutinio formal ni rendición de cuentas documentada, algo que sentará una peligrosa referencia para casos futuros en otros organismos electorales.

Otro problema de fondo es de tiempos, el inexorable calendario electoral sigue caminando. Una decisión de la magnitud de cubrir una vacante como la aquí comentada, tomada bajo presión de cronómetro y en plena preparación del proceso 2026-2027, es exactamente el tipo de ventana que un sistema de partidos confrontado y polarizado puede capturar mediante negociaciones cruzadas o vetos, no necesariamente por un plan maquiavélico ¿cómo creen?, sino por la lógica, que no por informal es menos utilizada, de reparto político ante un puesto vacante de mucha trascendencia.

En un momento en que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han enfrentado presiones derivadas de recortes presupuestales, cuestionamientos sobre sus funciones y propuestas de reforma que incluso han planteado reducir sus atribuciones o desaparecerlos es un contexto latente. Una salida turbulenta, con denuncias internas no resueltas y un vacío de liderazgo justo antes de un proceso electoral, es precisamente el tipo de episodio que se puede usar como evidencia anecdótica para argumentar que los OPLE son disfuncionales y que conviene centralizar sus funciones en el INE. El riesgo no es únicamente quién dirige el IEPC, sino si el episodio se convierte en un caso de estudio dentro del debate sobre la sobrevivencia del propio Instituto.

Por otro lado, la secuencia de los hechos de la renuncia reproduce exactamente el mismo patrón de manejo reactivo que ya había mostrado fallas durante el cómputo de 2024, cuando el IEPC comunicó, de manera improvisada y defectuosa, amenazas y denuncias de forma fragmentada y bajo presión mediática. Lo que no se ha señalado es que este patrón deja pasivos narrativos sin cerrar para quien tome la Presidencia; esos pasivos son la denuncia de violencia política de género sin resolución pública, la última controversia con la consulta ciudadana para decidir sobre el paso de las elecciones con partidos políticos a un sistema indígena de usos y costumbres, y la ausencia de explicación oficial sobre las causas reales de la salida. El próximo o la próxima presidenta del IEPC no únicamente heredará un proceso electoral 2026-2027 en arranque, sino un inventario de temas explosivos que la gestión saliente nunca cerró comunicacionalmente, y que en cualquier momento pueden reactivarse como antecedente directo.

Es preciso recordar que la mayoría de los análisis y críticas hacia el IEPC en la elección del 2024 se concentraron en los litigios poselectorales y las controversias derivadas de las elecciones del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Gubernatura del Estado. Sin embargo, el problema más profundo es que el organismo electoral local perdió capacidad para construir confianza pública. En una democracia moderna, la legitimidad no depende únicamente de hacer bien los cómputos, sino de que los actores políticos y la ciudadanía crean que la autoridad actúa con imparcialidad. La defensa técnica de los procedimientos fue constante, no obstante, la construcción narrativa de la confianza fue deficiente. El instituto ganó varias discusiones jurídicas, no todas, pero perdió la batalla de la percepción pública.

Después de la jornada electoral del 2024, la Presidencia del IEPC actuó como una autoridad técnica explicando procedimientos, porcentajes y reglas, no siempre de manera oportuna y eficaz. El problema es que los actores políticos estaban demandando algo distinto, demandaban una figura capaz de contener tensiones, generar interlocución y transmitir certidumbre en un contexto altamente polarizado. La diferencia entre administrar una elección y liderar una institución electoral quedó expuesta. La comunicación se concentró en datos cuando la sociedad estaba demandando confianza.

La gran lección del 2024 es que en contextos de polarización ya no basta con organizar bien las elecciones. Las autoridades electorales deben ser capaces de administrar confianza, percepción pública y legitimidad democrática en tiempo real.

El verdadero examen para el IEPC será demostrar en los próximos meses que aprendió de esa experiencia y que puede llegar al 2027 como una institución más resiliente, menos dependiente de la discrecionalidad y personalización de una sola figura, con estrategias comunicacionales robustas para gestionar crisis y blindada contra dinámicas de presión partidistas. De no hacerlo, pende sobre el IEPC la posibilidad de que el INE ejerza la facultad de asunción para asumir directamente la organización del proceso electoral local. 

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.