Resulta curioso cómo la promesa de «casa propia» se transformó, en cuestión de dos generaciones, de un derecho alcanzable a un privilegio de nicho. Mientras nuestros padres -hoy, los abuelos de quienes estarían comprando casa- podían adquirir una vivienda con alrededor de cinco años de trabajo constante, en esta época, los jóvenes mexicanos necesitan ganar 48 mil pesos mensuales para acceder a un crédito hipotecario de una vivienda medianamente habitable. Algo cambió en el camino; o, más bien, alguien cambió las reglas del juego mientras distraídos, transitábamos de la televisión a las pantallas con streaming; y, de ahí, a las pantallas de los dispositivos móviles y la adicción a las redes sociales.

El AMG no es la excepción: el precio de la vivienda registró un incremento anual de 11.78% en 2025. En términos simples: los salarios de los jóvenes caminan y los precios inmobiliarios vuelan. El salario promedio por hora de personas entre 15 y 29 años es de menos de 50 pesos. Hagamos las cuentas: una jornada laboral completa apenas cubre el interés diario de un crédito hipotecario promedio. La matemática no miente; solo incomoda.

¿Qué hay detrás de esta brecha? 

Primero, la especulación del suelo urbano y la financiarización de los inmuebles. La vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse en instrumento de especulación. Veamos por ejemplo, el caso de un terreno para vivienda en Guadalajara:

En 1970 el salario mínimo ($950/mes) permitía comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($30,000) podía pagarse en 31 meses; es decir, poco más de 2 años y medio.

En 2020, cinco décadas después, el salario mínimo ($3,746/mes) permitió comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($1’000,000) podía pagarse en ¡288 meses! Es decir, 24 años.  En números absolutos, hace 6 años, se requirió 10 veces más esfuerzo en años de trabajo… Y sigue creciendo la brecha.

No fue inflación; fue rentabilidad asegurada para capitales que encontraron en el ladrillo un refugio más cómodo que la producción, o bien, para blanquear capitales en la capital del lavado de dinero, nuestra Perla Tapatía.

Segundo, el mercado laboral pauperizante. Más de la mitad de jóvenes entre 25 y 35 años carece de acceso a vivienda. No es falta de esfuerzo; es precarización estructural. Cuando el empleo formal ofrece salarios que no crecen al ritmo del costo de vida, el ahorro para el enganche se vuelve aritméticamente imposible.

Tercero, y aquí convendría observar fríamente, con lupa crítica: la construcción temprana de patrones de consumo que luego se presentan como «decisiones individuales de placer». Desde la infancia, especialmente a las niñas, se les entrena en una suerte de «princesificación» o disneyficación de la existencia. El castillo, los vestidos, el momento mágico: toda una estética del consumo inmediato que prepara el terreno para adultas que priorizan experiencias foto-atractivas sobre activos duraderos. No es casualidad que el mercado de «experiencias instagrameables» tenga rostro predominantemente femenino. Se nos vende felicidad en cuotas mensuales porque se sabe que quien aprendió a esperar príncipes azules también aprende a creer que la economía, en general, solo es fruto del esfuerzo individual.

Ante la imposibilidad de proyectos a largo plazo, el mercado ofrece compensación emocional empaquetada: teléfonos, gadgets, viajes, ropa, momentos. No es frivolidad juvenil; es adaptación psicológica a la incertidumbre o al abandono. ¿Para qué ahorrar diez años para un enganche que seguirá siendo insuficiente? Mejor vivir algo ahora, aunque sea prestado. La lógica es impecable; lástima que sea la lógica del cautiverio, no de la liberación.

Las mujeres jóvenes enfrentan una doble brecha: techos de cristal y mayor responsabilidad en cuidados no remunerados. El crédito hipotecario, diseñado para trayectorias laborales continuas, penaliza interrupciones que, estadísticamente, las afectan más. Sin embargo, son ellas quienes reciben mayor presión social por «verse bien», «vivir bonito», «disfrutar la vida». Como si la estética pudiera pagar la renta o la mensualidad de la hipoteca.

La salida no está en los procesos dogmatizantes de coaching, tampoco en los libros de autoayuda ni en la educación financiera que culpabiliza al individuo, sino en políticas de suelo urbano y vivienda con enfoque de derechos que todos deberíamos exigir. Esto implica: gravámenes a la concentración del suelo o vivienda; regulación de precios de tierra, vivienda social en zonas consolidadas y créditos diferenciados por trayectorias laborales reales, no ideales. Infonavit ha intentado flexibilizar requisitos para menores de 35 años, pero mientras el precio del suelo siga anclado en lógica especulativa, los ajustes crediticios son analgésicos sobre una herida estructural.

La pregunta incómoda persiste: ¿aceptaremos que la próxima generación viva peor? Si la tendencia continúa, los 39 años como edad promedio para comprar casa serán solo un recuerdo. Nuestros nietos asumirán que vivir con los padres hasta los 50 es el nuevo normal. ¿Ese es el futuro que planeamos? O, más bien, ¿el futuro que permitimos que otros planeen por nosotros?

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado.  Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

La historia de los grandes cambios sociales casi siempre comienza con un grupo reducido de personas que se niegan a aceptar lo inaceptable, que deciden plantar cara a la injusticia cuando la inmensa mayoría parece resignarse ante el peso del sistema.

Hoy, 3 de marzo de 2026, la ciudad de Guadalajara y todo el estado de Jalisco tienen en 35 jóvenes estudiantes un auténtico faro de dignidad ciudadana, resistencia y valentía. Es un día para celebrar con todas nuestras fuerzas a estos muchachos y muchachas que se animaron a hacer lo que muchos creían imposible: demandar el amparo de la justicia federal contra el abuso sistemático del gobierno del estado.

Con su histórica victoria legal de esta tarde, no solo han protegido sus propios derechos constitucionales, sino que han desnudado la perversidad de un sistema diseñado para exprimir a los más vulnerables.

El agravio contra la ciudadanía jalisciense tiene dos rostros, a cuál más de indignante y clasista. El primero es el infame “tarifazo” que elevó el costo del transporte público a la asfixiante cantidad de 14.50 pesos. En una economía fracturada donde las familias trabajadoras y los estudiantes hacen auténticos malabares financieros para llegar a fin de quincena, cobrar esa cantidad por un servicio deficiente es un acto de crueldad gubernamental y de absoluta desconexión social. Obligar a la gente a destinar una parte grotesca de su salario solo para ir a la escuela o al trabajo es violencia institucional. Pero la peor parte, la verdadera trampa que motivó esta justificada rebelión estudiantil, es la extorsión disfrazada de modernidad tecnológica que el gobierno estatal ha intentado imponer a través de la tarjeta única “Al estilo Jalisco”.

La inmensa gravedad de esta política pública radica en su naturaleza de chantaje, en la mercantilización de los derechos humanos. Si tú, como estudiante, adulto mayor o persona trabajadora, quieres acceder al descuento que por ley te corresponde, la realidad es cruda: el gobierno, en este caso Pablo Lemus, le está diciendo a la gente: “a fuerzas tienes que volverte cliente de este banco privado”, firmar un contrato y entregarles tu información personal. Te obligan a someterte a sus términos y condiciones corporativas, y a entregarles en bandeja de plata tus datos más sensibles. Han convertido una obligación del Estado y un subsidio público en un jugoso modelo de adquisición de clientes para una empresa privada, lucrando con la necesidad de quienes menos tienen.

Pero mientras estos 35 jóvenes libraban una agotadora batalla jurídica, estudiando leyes, organizándose y defendiendo el derecho a la ciudad para todos, resulta inevitable y profundamente indignante preguntarse: ¿qué está haciendo el titular del Ejecutivo? Pablo Lemus parece gobernar para una revista de sociales, viviendo en una burbuja de privilegios de cristal que lo desconecta por completo de la dura realidad que se respira todos los días en los paraderos del Macrobús, en el Tren Ligero o en las rutas alimentadoras de la periferia. Se la pasa de fiesta en fiesta, de cóctel en cóctel, asistiendo a eventos glamurosos y obsesionado con despilfarrar los recursos públicos en la promoción del Mundial de la FIFA 2026. Actúa como si un torneo de fútbol de unas cuantas semanas fuera a resolver la crisis de movilidad, la desigualdad y el encarecimiento de la vida en la metrópoli.

Lemus camina por Jalisco sintiéndose el gran galán de la política, buscando siempre su mejor ángulo para las cámaras, cuidando su imagen superficial. Anda por la calle y por los eventos de élite abrazando a todo el mundo, regalando sonrisas de plástico que esconden una profunda insensibilidad hacia el dolor y el bolsillo de la gente. Ese abrazo de político en campaña perpetua es una burla cruel cuando, por la espalda, su administración te apuñala con un pasaje de 14.50 pesos y busca obligarte a entregar tus datos a entidades bancarias. Es muy fácil posar para la foto internacional presumiendo una supuesta «modernidad» cuando tú viajas en camionetas blindadas y no sufres la extorsión de regalar tu privacidad para que te hagan válido un descuento de unos cuantos pesos.

Y en esta historia de abusos desde el poder, también es imperativo señalar las oscuras complicidades y las omisiones dentro del propio sistema de justicia, que muchas veces le hace el trabajo sucio a los gobernantes. Hay que criticar con toda firmeza, indignación y decepción a los jueces del Poder Judicial de la Federación que, en primera instancia, decidieron darle la espalda al pueblo. Los jueces del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, en un acto de cobardía institucional y de evidente sumisión al poder ejecutivo estatal, negaron inicialmente la suspensión provisional a estos estudiantes. Esos juzgadores prefirieron proteger la maquinaria recaudadora, tapar las espaldas del gobernador y cuidar los oscuros negocios bancarios antes que salvaguardar los derechos humanos y la protección de datos de la juventud. Actuaron como empleados del gobierno y no como contrapesos de la República.

Por fortuna, los estudiantes y los abogados de la Comisión Legal del Tarifazo no se rindieron ante el primer portazo en la cara. Dieron la pelea técnica y, mediante un recurso de queja, lograron llevar el caso hasta una instancia superior. Fue allí donde el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa impuso la cordura, el respeto a la ley y la perspectiva de derechos humanos. Los magistrados le corrigieron la plana a los jueces sumisos de primera instancia y otorgaron, mediante la resolución de la queja, la medida cautelar que hoy celebramos. Gracias a esto, los jóvenes seguirán recibiendo su subsidio pagando en efectivo o con sus tarjetas anteriores.

Este triunfo histórico no es el final del camino; debe ser la chispa que encienda la pradera de la movilización social en todo el estado. Es el momento exacto de pasar a la ofensiva ciudadana. Hoy, desde esta tribuna, convoco de manera urgente y enérgica a todos los jóvenes, a las y los universitarios, a los alumnos de preparatoria, a las personas trabajadoras y a los adultos mayores de Jalisco a que sigan el inmenso ejemplo de estos 35 valientes.

¡Hay que ampararse de forma masiva! Saturemos los juzgados federales con nuestra exigencia de justicia y hagamos colapsar su intento de bancarización forzada. Pero la lucha en los tribunales no basta. Es indispensable que la indignación desborde los expedientes y tome las calles. Convoco a la juventud y a la sociedad entera a manifestarse pacífica pero contundentemente contra la tarifa abusiva de 14.50 pesos y contra el robo descarado de nuestros datos personales. No permitamos que la frivolidad de un gobierno elitista defina nuestro futuro. A Pablo Lemus y a sus socios financieros les damos un mensaje claro: Jalisco ya despertó. El transporte es un derecho, la privacidad es innegociable y la dignidad no se vende. ¡A ampararnos y a tomar las calles!

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.