Los claroscuros de la reforma electoral

El diseño de un sistema electoral es uno de los aspectos más importantes para una sociedad porque se encarga de las reglas para competir por el poder. En concreto, sirve para convertir los votos de las personas en cargos de gobierno y en espacios de representación política. Lleva también intrínsecamente una veta importante para la gobernabilidad del sistema político porque determina qué se vota, por quién se vota y cómo se vota, además de especificar qué se puede hacer y qué no en las contiendas políticas, lo que brinda legitimidad de origen a los vencedores en la liza electoral.

Optar por un sistema electivo o modificar las reglas de competencia electoral es una de las decisiones institucionales más importantes en una sociedad democrática por lo que sería deseable que estos cambios fueran producto de una profunda deliberación. Desafortunadamente, es muy común, nuestra historia así nos lo muestra, que casi siempre han sido producto de decisiones articuladas en términos de necesidades políticas coyunturales. La búsqueda de dividendos y ventajas políticas es casi siempre el factor determinante en las reformas electorales, cuando no el único.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó hace días una iniciativa de reforma electoral, se dice que producto de más de sesenta audiencias públicas que arrojaron más de mil trescientas propuestas, pero lo más seguro es que sea el resultado de las decisiones de la Comisión para la Reforma Electoral, creada ex profeso, para promover una normativa que consideran les puede reportar ventajas político-electorales. Dicha iniciativa ahora se encuentra en proceso legislativo en la búsqueda de su aprobación.

Los apologistas mencionan que la reforma integra aspectos positivos:  erradicar la supremacía de las cúpulas partidistas en la elaboración de listas para las curules de representación proporcional, reducción de costos electorales y de financiamiento a partidos, regular el uso de la inteligencia artificial en campañas, entre lo que más destacan.

Hay algunos puntos en los que me quiero detener. En lo que respecta a transitar hacia un nuevo modelo de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. El modelo de “mejores perdedores” favorece estructuralmente al partido más grande. Cien diputaciones plurinominales se asignarían a los candidatos que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mayores porcentajes dentro de su partido. Lo que el debate no ha diseccionado con suficiente rigor es la mecánica real de este mecanismo: el partido que más candidatos postula en más distritos (efectivamente, es Morena) tendrá estadísticamente más “mejores perdedores” que posicionar en la lista. No se trata de un complot, sino de aritmética electoral. El sistema premia la escala organizacional, y en México hay un solo partido que tiene esa escala en todo el territorio nacional. La iniciativa no plantea algo más importante, eliminar o regular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un mecanismo que ha permitido a Morena, en conjunto con sus aliados, dar trámite a reformas constitucionales sin necesidad de construir consensos con la oposición.

Por lo que respecta a la reducción del financiamiento, esta reducción golpea desproporcionadamente a partidos pequeños y a la oposición. Estaremos ante una austeridad asimétrica. La reducción del presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario se calcula actualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa reduce la segunda variable a menos del 49 por ciento. El argumento de “austeridad” es política y mediáticamente irresistible, en el argot futbolero se diría que se juega para la tribuna, nadie puede estar en contra de la reducción de gastos y de que se les otorgue menos recursos a los partidos, pero esconde una trampa estructural: Morena tiene acceso a redes territoriales, estructuras gubernamentales de proximidad, cobertura mediática orgánica y una base militante activa que no depende del financiamiento público para operar. La oposición, en cambio, requiere de ese financiamiento para existir competitivamente. Reducirlo un 25 por ciento no afecta a todos por igual: es una poda que debilita más a las oposiciones; además al reducir el financiamiento público a los partidos se abre la puerta al financiamiento privado, con todas las implicaciones que ello pueda suponer en términos de ilegalidad, poderes fácticos e incluso el crimen organizado para incidir en las disputas por el poder político.

Otro punto que ha quedado fuera de foco es el de los tiempos parlamentarios. La aceleración legislativa viola el espíritu constitucional de la deliberación pública y representativa. El Poder Legislativo tiene menos de tres meses para aprobar la iniciativa, ya que ésta, junto con las leyes secundarias, debe ser avalada a más tardar en mayo para que sea aplicada en el próximo proceso electoral, cuando se elijan 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales. Una reforma que modifica 11 artículos constitucionales, reconfigura la arquitectura del Congreso y establece nuevas reglas para la IA, el financiamiento y la representación, aprobándose en pocas semanas, sin foros amplios ni dictámenes profundos, es una contradicción en sus propios términos; se habla de fortalecer la democracia con métodos que históricamente han producido reformas electorales fallidas. La prisa legislativa es el mayor riesgo de implementación de toda la propuesta.

Un aspecto que atrae la atención es la ausencia del crimen organizado en los mecanismos de control. La propuesta prohíbe recibir o ejercer gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso que provenga de algún gobierno extranjero, organismo extranjero o persona extranjera, pero no menciona recursos provenientes del narcotráfico ni del llamado “huachicol”. Esta omisión no es menor. La mayor amenaza a la integridad electoral en México no viene de fondos extranjeros sino del dinero del crimen organizado que financia campañas, compra candidaturas y coopta autoridades locales. Se establece de manera genérica que no se podrá utilizar ningún recurso de procedencia ilícita, pero ningún mecanismo de fiscalización bancaria en tiempo real puede detectar lo que circula en efectivo fuera del sistema financiero formal, que es precisamente cómo opera el dinero criminal en campañas.

La presidenta Sheinbaum admitió que tiene un Plan B en caso de que la reforma electoral no sea aprobada por la oposición del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pero no dio mayores detalles sobre cuál sería la otra alternativa. ¿Qué implica institucionalmente este “Plan B”? Implica una presidenta que presiona a sus propios aliados con la amenaza de una alternativa no explicada. Implica una presidenta que reconoce que su reforma no tiene el consenso mínimo necesario para ser legítima en términos políticos, aunque pueda ser legal en términos constitucionales. Una reforma electoral que fractura la coalición gobernante antes de ser votada, y que se impulsa con el reloj corriendo hacia los comicios de 2027, no es reforma democrática: es política electoral en busca de ventajas disfrazada de arquitectura institucional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.