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Los claroscuros de la reforma electoral

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Los claroscuros de la reforma electoral

El diseño de un sistema electoral es uno de los aspectos más importantes para una sociedad porque se encarga de las reglas para competir por el poder. En concreto, sirve para convertir los votos de las personas en cargos de gobierno y en espacios de representación política. Lleva también intrínsecamente una veta importante para la gobernabilidad del sistema político porque determina qué se vota, por quién se vota y cómo se vota, además de especificar qué se puede hacer y qué no en las contiendas políticas, lo que brinda legitimidad de origen a los vencedores en la liza electoral.

Optar por un sistema electivo o modificar las reglas de competencia electoral es una de las decisiones institucionales más importantes en una sociedad democrática por lo que sería deseable que estos cambios fueran producto de una profunda deliberación. Desafortunadamente, es muy común, nuestra historia así nos lo muestra, que casi siempre han sido producto de decisiones articuladas en términos de necesidades políticas coyunturales. La búsqueda de dividendos y ventajas políticas es casi siempre el factor determinante en las reformas electorales, cuando no el único.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó hace días una iniciativa de reforma electoral, se dice que producto de más de sesenta audiencias públicas que arrojaron más de mil trescientas propuestas, pero lo más seguro es que sea el resultado de las decisiones de la Comisión para la Reforma Electoral, creada ex profeso, para promover una normativa que consideran les puede reportar ventajas político-electorales. Dicha iniciativa ahora se encuentra en proceso legislativo en la búsqueda de su aprobación.

Los apologistas mencionan que la reforma integra aspectos positivos:  erradicar la supremacía de las cúpulas partidistas en la elaboración de listas para las curules de representación proporcional, reducción de costos electorales y de financiamiento a partidos, regular el uso de la inteligencia artificial en campañas, entre lo que más destacan.

Hay algunos puntos en los que me quiero detener. En lo que respecta a transitar hacia un nuevo modelo de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. El modelo de “mejores perdedores” favorece estructuralmente al partido más grande. Cien diputaciones plurinominales se asignarían a los candidatos que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mayores porcentajes dentro de su partido. Lo que el debate no ha diseccionado con suficiente rigor es la mecánica real de este mecanismo: el partido que más candidatos postula en más distritos (efectivamente, es Morena) tendrá estadísticamente más “mejores perdedores” que posicionar en la lista. No se trata de un complot, sino de aritmética electoral. El sistema premia la escala organizacional, y en México hay un solo partido que tiene esa escala en todo el territorio nacional. La iniciativa no plantea algo más importante, eliminar o regular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un mecanismo que ha permitido a Morena, en conjunto con sus aliados, dar trámite a reformas constitucionales sin necesidad de construir consensos con la oposición.

Por lo que respecta a la reducción del financiamiento, esta reducción golpea desproporcionadamente a partidos pequeños y a la oposición. Estaremos ante una austeridad asimétrica. La reducción del presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario se calcula actualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa reduce la segunda variable a menos del 49 por ciento. El argumento de “austeridad” es política y mediáticamente irresistible, en el argot futbolero se diría que se juega para la tribuna, nadie puede estar en contra de la reducción de gastos y de que se les otorgue menos recursos a los partidos, pero esconde una trampa estructural: Morena tiene acceso a redes territoriales, estructuras gubernamentales de proximidad, cobertura mediática orgánica y una base militante activa que no depende del financiamiento público para operar. La oposición, en cambio, requiere de ese financiamiento para existir competitivamente. Reducirlo un 25 por ciento no afecta a todos por igual: es una poda que debilita más a las oposiciones; además al reducir el financiamiento público a los partidos se abre la puerta al financiamiento privado, con todas las implicaciones que ello pueda suponer en términos de ilegalidad, poderes fácticos e incluso el crimen organizado para incidir en las disputas por el poder político.

Otro punto que ha quedado fuera de foco es el de los tiempos parlamentarios. La aceleración legislativa viola el espíritu constitucional de la deliberación pública y representativa. El Poder Legislativo tiene menos de tres meses para aprobar la iniciativa, ya que ésta, junto con las leyes secundarias, debe ser avalada a más tardar en mayo para que sea aplicada en el próximo proceso electoral, cuando se elijan 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales. Una reforma que modifica 11 artículos constitucionales, reconfigura la arquitectura del Congreso y establece nuevas reglas para la IA, el financiamiento y la representación, aprobándose en pocas semanas, sin foros amplios ni dictámenes profundos, es una contradicción en sus propios términos; se habla de fortalecer la democracia con métodos que históricamente han producido reformas electorales fallidas. La prisa legislativa es el mayor riesgo de implementación de toda la propuesta.

Un aspecto que atrae la atención es la ausencia del crimen organizado en los mecanismos de control. La propuesta prohíbe recibir o ejercer gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso que provenga de algún gobierno extranjero, organismo extranjero o persona extranjera, pero no menciona recursos provenientes del narcotráfico ni del llamado “huachicol”. Esta omisión no es menor. La mayor amenaza a la integridad electoral en México no viene de fondos extranjeros sino del dinero del crimen organizado que financia campañas, compra candidaturas y coopta autoridades locales. Se establece de manera genérica que no se podrá utilizar ningún recurso de procedencia ilícita, pero ningún mecanismo de fiscalización bancaria en tiempo real puede detectar lo que circula en efectivo fuera del sistema financiero formal, que es precisamente cómo opera el dinero criminal en campañas.

La presidenta Sheinbaum admitió que tiene un Plan B en caso de que la reforma electoral no sea aprobada por la oposición del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pero no dio mayores detalles sobre cuál sería la otra alternativa. ¿Qué implica institucionalmente este “Plan B”? Implica una presidenta que presiona a sus propios aliados con la amenaza de una alternativa no explicada. Implica una presidenta que reconoce que su reforma no tiene el consenso mínimo necesario para ser legítima en términos políticos, aunque pueda ser legal en términos constitucionales. Una reforma electoral que fractura la coalición gobernante antes de ser votada, y que se impulsa con el reloj corriendo hacia los comicios de 2027, no es reforma democrática: es política electoral en busca de ventajas disfrazada de arquitectura institucional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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Una sede mundialista con alta percepción de inseguridad

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Una sede mundialista con alta percepción de inseguridad

A tres días de la inauguración del Mundial 2026, tres de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llegan a esta fiesta deportiva con una alta percepción de inseguridad.

El primer trimestre de 2026 (de enero a marzo) reportó incrementos de doble dígito en la percepción de inseguridad en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá.

Tan sólo en la capital jalisciense el 90.2 por ciento de las personas asegura sentirse insegura, es decir que nueve de cada 10 tapatíos temen ser víctimas de la violencia o vivir algún tipo de delito.

En Zapopan, donde se encuentra el Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026, la percepción de inseguridad subió 16.1 puntos de un trimestre a otro, al pasar de 54.7 a 70.8, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), publicada el pasado 26 de abril.

En Tonalá, el indicador aumentó 11.6 puntos, al subir de 56.5 a 68.1 por ciento.

Este incremento entre el pasado trimestre (de octubre a diciembre de 2025) y el primer trimestre de 2026 parece responder a los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero, cuando se logró la captura y abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.   

En Guadalajara, el porcentaje de personas que se sienten inseguras pasó de 79.2 en diciembre de 2025 a 90.2 en marzo de 2026.

Los datos también muestran un aumento en Puerto Vallarta, principal destino de playa de la entidad, donde la percepción pasó de 32.0 a 59.9. Este municipio registró el mayor incremento del periodo en Jalisco, con un alza de 27.9 puntos porcentuales.

En contraste, la Ensu reporta una disminución en la percepción de inseguridad en municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque.

Tlajomulco de Zúñiga reportó una disminución en la percepción de inseguridad, al pasar de 73.9 a 70.1. En San Pedro Tlaquepaque, el indicador también bajó, de 65.8 a 62.5.

Aunque la disminución ronda los tres puntos, es relevante en uno de los trimestres más complejos registrados en Jalisco.

El Mundial de Futbol de 2026 está por comenzar y la seguridad es la prioridad para las autoridades, la meta es que la estancia de las y los visitantes sea tranquila y que los jaliscienses vivan esta fiesta sin percances.

En los centros de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco se ofrecerán actividades para estos días de competencia deportiva, las autoridades locales aseguran que se desplegarán los operativos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Como ciudadanas y ciudadanos confiemos en que la máxima fiesta deportiva se realizará en paz y con saldo blanco.

La próxima Ensu se publicará el 24 de julio, justo después de la final del Mundial, entonces veremos los resultados de las estrategias de seguridad implementadas previamente y durante la justa deportiva.


Mayra Torres de la O es maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales. Ha escrito para medios como El Informador y Milenio.

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El castigo cotidiano de trasladarse en Guadalajara. Parte 2

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Columna de Sergio E Gómez Partida

En teoría, las ciudades fueron hechas para la convivencia; Guadalajara, llamada en los arcos de la antigua Garita de San Pedro “la de los de Jalisco”, parece empeñada en educar a sus habitantes en la paciencia forzada. Moverse de un punto a otro se ha vuelto una rutina extenuante. Una penitencia bastante democrática: castiga tanto al usuario del transporte público como al automovilista que creyó haber comprado una vía de escape. Aquí nadie se mueve bien; apenas se atasca con distinta tapicería.

El problema no consiste en enumerar las penurias del usuario “de a pie”. El verdadero “tema” (como le llaman hoy) es que Guadalajara no solo se mueve mal: está normalizando su inmovilidad. Lo revelador es que este desastre tiene método: este colapso no fue producto del azar. Fue planeado, financiado, diagnosticado y adornado con solemnidad institucional. Entre renders impecables, anuncios grandilocuentes y discursos sobre modernidad —más cercanos a un manual de coaching que a una política pública—, la Ciudad quedó atrapada en un esquema de movilidad que ya no da más de sí.

No hace tanto, la ciudad todavía podía presumir cierta fluidez. El quiebre llegó en la última década. El índice de motorización se disparó hasta rozar los 500 autos por cada mil habitantes y hoy la metrópoli carga con 823 vehículos por cada mil habitantes. El desenlace era previsible, aunque en esta Ciudad la sorpresa suele administrarse como si fuera política pública: la velocidad promedio cayó de 25 kilómetros por hora a apenas 12 o 14 en las horas pico. Una gran urbe con más de 5 millones de personas que avanza, paradójicamente, en reversa.

Mientras tanto, los institutos, observatorios y oficinas encargadas de la movilidad han producido durante años una respetable biblioteca de buenas intenciones: planes climáticos, ordenamientos territoriales, polígonos de resiliencia y otras piezas de liturgia burocrática, concebidas para vivir y morir en PDF. Mantener esa maquinaria nos cuesta cientos de millones de pesos, con un escandaloso 87% del presupuesto evaporado en nómina. Mucho diagnóstico, poca calle. Mucho experto en Canvas, poco ciudadano llegando a tiempo.

¿Hay salida? Sí, pero no en el catálogo habitual de simulaciones urbanas. Hace falta dejar de administrar el síntoma y empezar a tratar la enfermedad. Si el problema se atiende en sus causas, y no en sus efectos más vistosos, una agenda metropolitana seria tendrá que abrir varios frentes para integrar la movilidad al desarrollo urbano, con menos rollo y más racionalidad.

I. Transporte público efectivo, conectividad multimodal y una alternativa aérea

Toda ciudad delata sus prioridades en aquello que facilita. Guadalajara ha decidido favorecer al automóvil y convertir en obstáculo la vida de quienes no se mueven en él. Mientras el transporte público no sea la columna vertebral del sistema, todo lo demás será escenografía vial.

• La alternativa aérea (teleféricos metropolitanos): mientras se gastan millones en simuladores virtuales para ver cómo se atoran los camiones en el asfalto, experiencias como el cablebús en CDMX recuerdan que la movilidad masiva puede, literalmente, despegar del suelo.

Columna de Sergio E Gómez Partida

El teleférico, en promedio, cuesta mucho menos por kilómetro que una línea del Tren Ligero y puede mover hasta 3 mil pasajeros por hora por sentido. Su ventaja en Guadalajara no necesita demasiada explicación: ocupa poco espacio en superficie y queda fuera del tráfico y de las inundaciones que cada temporal y el Siapa convierten en rutina. En una ciudad sofocada abajo, mirar arriba ya no es una extravagancia; es sentido común.

• Rediseñar el modelo de autobús: rutas trazadas según la demanda real, subsidios condicionados al desempeño y retiro inmediato de la concesión para quien incumpla de manera reiterada los estándares básicos de puntualidad, seguridad y trato al usuario.

 Control ciudadano en la palma de la mano: una app de uso obligatorio para concesionarios y operadores, que permita rastrear unidades, reportar saturación y evaluar en tiempo real la calidad del servicio y la conducta del chofer.

 Un nuevo modelo financiero: calcular el costo real del sistema para garantizar tarifas justas y descuentos sin condicionamientos. El transporte público debe ser un derecho urbano, no una franquicia política.

• Adiós a los camiones de carga: sustituir unidades pensadas para cargar ganado en terracería por autobuses con suspensión neumática, piso bajo y accesibilidad real.

 Extender la vida nocturna de las rutas: ampliar horarios de madrugada en corredores estratégicos, con seguridad específica para trayectos laborales y de esparcimiento.

II. Gestión vial inteligente y rendición de cuentas

La infraestructura vial no puede seguir funcionando como una coartada de concreto. Tiene que servir para mover personas, no para justificar presupuestos ni para administrar el caos con vocabulario técnico.

 Exigir cuentas a los planificadores del caos: si no mejoran la velocidad comercial ni reducen siniestros, los (ir)responsables deben irse. La impunidad administrativa también congestiona.

 Semaforización realmente inteligente: sensores y ajustes dinámicos según cargas vehiculares, no un sistema que presume inteligencia solo en la licitación.

 Velocidades razonables y auditoría a las fotomultas: ajustar límites según horario para que la seguridad no siga funcionando como una trampa fiscal con radar.

• Adecuación de los topes: auditarlos caso por caso; no todos calman el tránsito, muchos solo castigan la circulación.

• Pavimentos acordes con la realidad: apoyar a los municipios para adaptar mantenimiento y materiales al peso real que soportan sus vialidades.

• Regulación de nuevos vehículos ligeros: scooters y bicicletas eléctricas rápidas necesitan reglas claras; el camellón no es pista de pruebas.

III. Desincentivar el automóvil y reorganizar los horarios de la Ciudad

La Ciudad no puede seguir premiando el automóvil individual mientras simula combatir el colapso. No se puede declarar la guerra al congestionamiento y, al mismo tiempo, subsidiar cada una de sus causas.

• Gravar el uso efectivo del automóvil: una tenencia verde o descuentos a quien demuestre menor uso. Si contaminar y saturar sale barato, seguiremos comprando congestión vial.

• Parquímetros en sentido inverso: que estacionarse en vía pública deje de subsidiar el hábito de llevar auto para todo, mediante tarifas regresivas y no progresivas por tiempo de un auto en desuso.

 Servicios y distribución nocturnos: basura, mantenimiento y reparto de mercancías deberían operar de noche, con incentivos municipales para los negocios que se sumen.

• Cercanía laboral y horarios escalonados: estímulos a empresas que contraten cerca de sus centros de trabajo y flexibilicen entradas y salidas para despresurizar las horas pico.

• Limitar el acceso a vehículos pesados: evitar el ingreso de vehículos de carga al área urbana, con descuentos en libramientos y horarios de circulación restringidos a periodos de baja congestión.

IV. Micromovilidad, infraestructura verde y cambio cultural

Ninguna reforma sobrevivirá sin un cambio de hábitos y sin espacio digno para moverse de otra manera. Las ciudades no se transforman solo con obra pública; también con cultura pública, que suele ser bastante más escasa y mucho más difícil de promover.

 Educación vial desde la infancia: devolver a las aulas la formación cívica y vial que ayuda a producir ciudadanos, no solo conductores impacientes, a quienes nadie les explicó que usar la direccional no consume gasolina.

• Transporte escolar institucionalizado: reducir las filas interminables de autos particulares en zonas escolares, públicas y privadas.

• Ciclovías arboladas y seguras: priorizar vialidades secundarias, sombra urbana e iluminación continua para que pedalear no sea un acto de fe.

• Evolución de MiBici: asegurar disponibilidad y mantenimiento, con una tarifa que premie a quien más use la bicicleta pública.

• Corredores y parques lineales: rescatar trazos subutilizados para convertirlos en rutas seguras hacia la escuela y el trabajo.

La movilidad eficiente no es una cortesía gubernamental ni una dádiva que se agradece con docilidad: es un derecho. Seguir creyendo que el problema se resolverá con otro paso a desnivel, otra obra vistosa o la siguiente animación institucional es, a estas alturas, una superstición cara y bastante ordinaria.

Los problemas estructurales de una metrópoli de más de cinco millones de habitantes no se corrigen solos, ni por cortesía del mercado ni por iluminación repentina de la burocracia.

Mientras los ciudadanos sigamos confundiendo estatus con el tamaño del vehículo, Guadalajara seguirá perfeccionando su especialidad más costosa: ser una ciudad extraordinaria para vivir y cada vez más difícil para llegar.


Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

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