Los pros y los contras de la Reforma Electorera

En la entrega anterior, hicimos un breve análisis de la Reforma Electoral que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en abril pasado y que en días recientes comenzó su discusión en el Congreso. A estas alturas, los argumentos que más resuenan cuando se habla de ella tienen que ver con la desaparición del INE y su transformación en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), el cual seguiría siendo autónomo; la elección directa de las autoridades electorales; la eliminación de los organismos públicos locales y la eliminación de legisladores plurinominales. Las modificaciones constitucionales que se deben realizar si la reforma se aprueba, cambiarían por completo la forma del juego electoral (algo que es urgente desde hace varios años).

Hace unas semanas, Brasil tuvo unas elecciones presidenciales históricas y polarizadas entre el conservador Jair Bolsonaro y el ex presidente y líder social, Luis Ignacio Lula da Silva, quien resultó victorioso, pero no fue hasta la segunda vuelta electoral o balotaje, como se le conoce en algunos países de Latinoamérica, ya que en la primera elección no logró conseguir el 51 por ciento del apoyo popular. Por otro lado, el voto electrónico permitió conocer al ganador de la contienda, tan solo un par de horas después de haber cerrado las casillas. Este tipo de modificaciones e implementaciones, son las acciones que a nuestro sistema electoral le urgen, para poder avanzar a ejercicios democráticos cada vez más representativos, incluyentes y legítimos. El problema actual con la reforma electoral que se discute en el Congreso, es que entre tanto ruido se están dejando de ver modificaciones, que lejos de ser un avance democrático, representan un riesgo de concentración de poder para el partido en turno. Algo que a Morena le cae como anillo al dedo, con dos elecciones importantes en puerta previo al 2024, ya que se juega el próximo año, las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, bastiones históricos para el PRI, donde nunca ha perdido una elección.

Desde una primera lectura, la iniciativa tiene aspectos positivos que fortalecen a la democracia, ya que la elección directa de las autoridades electorales, abriría nuevas posibilidades para la participación ciudadana en el proceso de integración de los órganos rectores del sistema electoral, trayendo consigo una ampliación en los derechos políticos de los ciudadanos, a partir de una mayor incidencia de la participación en los procesos electorales, así como una mayor responsabilidad. En consecuencia, la lógica nos dice que habría mayor confianza hacia las autoridades electorales, lo que generaría una renovación de la vida institucional. Sin embargo, como si fuera un caballo de Troya, la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, trae consigo una serie de riesgos al convertir a las autoridades electorales, en juez y parte del juego por el poder, ya que además de quitar el aspecto técnico e institucional para llevarlo al plano de la elección dependiendo el humor político o afinidad a cierto candidato por su campaña, abre la puerta a que los partidos sean quienes mediante acuerdos impongan a los candidatos, ya que en ningún lado se establece ningún candado que evite que las personas candidatas al Consejo General del INEC y la Sala Superior del TEPJF tengan algún tipo de vínculo con los partidos políticos, como sí ocurre en los requisitos para otros cargos públicos.

Por otro lado, al eliminar los plurinominales y dejar que cada estado emita la lista de los legisladores, se borran las formas de acceder al poder para otros partidos que no logran la representación directa, generando un sistema de pesos y contrapesos, ya que los partidos políticos más sólidos, recibirán la mayoría de la votación, en este caso, Morena. Por lo que si esta reforma se aprueba dentro del presente periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre próximo, las elecciones del 2023 y 2024 tendrán una lógica muy distinta, favoreciendo principalmente al partido en el poder, por ello, la reforma debe analizarse con detenimiento y poner especial énfasis en los criterios que nos lleven a ser más democráticos, no a darle más poder al poder, porque entonces hablamos de una mera reforma electorera…

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

Sobre el autor

Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

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